Un nuevo estudio de OIT destaca la necesidad de continuar con las reformas legislativas que equiparen los derechos de las trabajadoras domésticas con el resto de trabajadores y las medidas complementarias que las hagan realidad. 12 países de la región han ratificado el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico. Su aplicación, sin embargo, sigue siendo un reto de enormes dimensiones.

En los hogares de América Latina hay 18 millones de personas trabajadoras domésticas, el 7 por ciento de todos los ocupados de la región, de las cuales casi 80 por ciento están en condiciones de informalidad laboral, sin acceso a seguridad social, con salarios muy bajos y jornadas extenuantes, destacó un informe de la Oficina Regional de la OIT difundido hoy.

“El trabajo doméstico es una de las ocupaciones con mayores tasas de empleo informal en América Latina y el Caribe, 8 de cada 10 personas en trabajo doméstico están en condiciones de informalidad. Esto representa 10 por ciento del empleo informal en la región”, dijo el Director Regional de la OIT, José Manuel Salazar, al referirse al nuevo informe.

Salazar añadió que “esta es una situación de discriminación compleja, con arraigos históricos en nuestras sociedades en regímenes de servidumbre y con actitudes que contribuyen a hacer invisible el trabajo de las mujeres, muchas de ellas indígenas, afrodescendientes y migrantes”.

“Mejorar las condiciones de trabajo de las trabajadoras domésticas es una deuda histórica y una necesidad si queremos dar un salto cualitativo en la erradicación de las desigualdades, la discriminación de género y la pobreza en la región”, planteó el Director Regional de OIT.

El informe “Políticas de Formalización del trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe” destaca que si bien la tasa de informalidad entre personas trabajadoras domésticas se ha reducido en más de 2 puntos porcentuales desde 2009, continúa siendo de 77,5 por ciento. Esto es unos 30 puntos por encima de la tasa regional para todos los trabajadores no agrícolas, que según los datos más recientes es de 47 por ciento.

El informe también recalca que esta situación de informalidad afecta principalmente a las mujeres, que representan 93 por ciento de las personas en trabajo doméstico en la región, es decir alrededor de 16,5 millones de mujeres.

Esta ocupación genera empleo para el 14,3 por ciento de las mujeres, es decir, 1 de cada 7 mujeres ocupadas en la región son trabajadoras domésticas. Por lo tanto, mejorar las condiciones de trabajo de las trabajadoras domésticas es fundamental para la reducción de la desigualdad de género.

Salazar recordó que la OIT adoptó en 2011 el Convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos , y que esta norma internacional ha sido ratificada hasta la fecha por 22 países, de los cuales 12 son de América Latina y el Caribe.

Al nivel mundial, América Latina tiene 37 por ciento de todas las trabajadoras y trabajadores domésticos del mundo, lo cual la coloca en segundo lugar después de Asia.

“Durante los últimos años ha habido importantes avances en numerosos países de la región, especialmente a través de la adopción de nuevas leyes para equiparar los derechos laborales de las personas trabajadoras domésticas con los del resto de los trabajadores. Pero las reformas legales por si solas no bastan, y deben ir acompañadas de medidas complementarias que promuevan su cumplimiento”, explicó el Director de la OIT.

Por otra parte dijo que “tampoco podemos olvidar que a pesar de esas buenas noticias, hay todavía un número importante de países de la región donde el trabajo doméstico sigue teniendo un régimen legal diferenciado y menos garantista, y eso es justamente lo que el Convenio 189 trata de erradicar”.

De acuerdo con el informe los países que han tenido más éxito en la formalización son los que han aplicado estrategias multidimensionales.

Esto significa que junto con las reformas legales para equiparar derechos, hay otras medidas específicas tales como:

  • Acciones para garantizar el derecho de las trabajadoras domésticas a la seguridad social, reconociendo las especificidades del sector;
  • cobertura e incremento del salario mínimo hasta igualarlo al de sectores de similares niveles de cualificación;
  • registro de los contratos en los Ministerios de Trabajo y acciones específicas con la inspección del trabajo para facilitar la fiscalización;
  • incentivos tributarios y económicos;
  • medidas para promover la sindicalización y posibilitar el diálogo social; y
  • campañas de sensibilización e información.

Sólo 28 por ciento de las personas que se dedican al trabajo doméstico contribuyen a la seguridad social, comparado con 47 por ciento del total de personas ocupadas.

Por otro lado, sigue habiendo países donde el salario mínimo no cubre esta ocupación, y otros donde el salario mínimo para este grupo es el más bajo de la escala. Ambos fenómenos hacen que el ingreso promedio de las trabajadoras domésticas esté entre los más bajos de todos los trabajadores y en muchos casos no cubra las necesidades básicas, situando a estas trabajadoras por debajo de la línea de pobreza.

“Esta poca valoración del trabajo doméstico está relacionada con el hecho de que es un trabajo que han realizado históricamente las mujeres en los hogares sin ninguna retribución. Además este trabajo, insuficientemente regulado y mal pagado, sigue siendo el principal proveedor de cuidados, a falta de políticas públicas universales de cuidado en la mayoría de países de la región”, dijo Maria José Chamorro, especialista de género de la OIT.

Precisó que “enmarcar la mejora de las condiciones de trabajo de las trabajadoras domésticas en la reflexión más amplia sobre la redistribución del cuidado en nuestras sociedades es vital para el desarrollo sostenible de la región”.

El Convenio 189 de la OIT define el trabajo doméstico como “el trabajo realizado para o dentro de un hogar o varios hogares”.

OIT