La devaluación y eliminación de retenciones, combinadas con el tarifazo de la luz, aceleraron la inflación horadando el poder adquisitivo de los trabajadores y llevando a la economía a la recesión, con despidos en el sector público y privado.

Recetas ideológicas

Por Martín Kalos *

En términos económicos, los primeros 100 días del Gobierno de Mauricio Macri serán recordados por su abrupta contracción de la demanda interna. Para lograrla echó mano tanto a las políticas cambiaria (devaluación) y monetaria (menor emisión, suba de tasas de interés) como fiscal (echando trabajadores del Estado, avalando despidos en el sector privado y recortando subsidios). Estos ajustes se deben en parte a los desbalances acumulados en los últimos años del kirchnerismo (dólar y tarifas atrasadas, inflación elevada, crecimiento y empleo estancados) pero en buena medida se originan en una concepción ideológica de lo que el Estado “debe hacer”. Así, se cerraron áreas enteras y despidieron más de 30.000 trabajadores, sin siquiera las auditorías prometidas en la campaña electoral. La meta es avanzar a un Estado menos regulador del mercado, con menos capacidad de intervención en la esfera privada: en definitiva, un Estado con menos herramientas que los trabajadores puedan utilizar para defender sus intereses. No es menor: en un sector privado desregulado, los trabajadores son quienes menos poder tienen para negociar.

Un endeudamiento público masivo parece ser, en este contexto y con la ideología de este Gobierno, la última carta que Macri puede jugar para intentar evitar una recesión mayor que la actual. Ya el ministro de Hacienda se excusó por la supuesta “ingenuidad” con que esperaron los desembarcos masivos de dólares del extranjero para inversiones, que vendrían de la mano del “shock de confianza” de elegir presidente a Macri. Es cierto que el contexto internacional es incierto: hay crisis política y económica en Brasil, menor crecimiento chino y falta de dinamismo en Europa y Estados Unidos. Pero en ese marco, podría haberse esperado que la desregulación, liberalización y medidas promercado que se expanden desde las políticas de Cambiemos ubiquen a Argentina como una oportunidad de inversión y de especulación financiera para los capitales extranjeros. No ocurrió, hasta ahora.

Hoy el endeudamiento externo es la única fuente masiva de recursos que el Gobierno tiene a disposición, para así simultáneamente ingresar divisas al país (y moderar la pérdida de reservas, que acerca un nuevo quiebre de la economía vía restricción externa) y tener dinero disponible para generar gastos públicos que incrementen la demanda (por ejemplo, con obras de infraestructura). El costo de acceder a este nuevo financiamiento es históricamente significativo, tanto por el pago inmediato a los holdouts (que se suma al precio ya acordado por el kirchnerismo con el mismo objetivo, con Ciadi, Repsol y Club de París) como por el riesgo de nuevos juicios. Incluso si estos nuevos juicios carecen de fundamentos legales sólidos, ese mero riesgo alcanzará para mantener la incertidumbre sobre la capacidad de pago de la deuda pública, y continuará encareciendo por un tiempo los nuevos créditos que se otorguen al país.

Mientras tanto, todas estas políticas perjudican a los trabajadores y a los pequeños empresarios de nuestro país. El intento de poner techo a las paritarias en 25 por ciento apunta a una reducción del poder adquisitivo del salario, frente a la aceleración de la inflación, que también afecta a asignaciones familiares y jubilaciones; que se suma a una reforma al régimen del impuesto a las ganancias que hace que cada vez más trabajadores deban pagarlo; “ceses de contrato” en el Estado y falta de intervención ante los despidos en el sector privado; y aumentos de tarifas de servicios públicos, aún en marcha, que no apuntan a mejorar las inversiones ni la calidad de las prestaciones. En paralelo, se transfirió una enorme masa de recursos a grandes empresas que tienen poco de argentinas: firmas exportadoras agroalimentarias (beneficiadas con el fin de las retenciones, que les significa 130.000 millones de pesos más sólo este año), mineras (eliminación del 5 por ciento de retenciones que se les aplicaba desde 2009) y explotadoras de yacimientos hidrocarburíferos (compensadas por la caída del precio internacional del barril de petróleo), así como bancos comerciales (menos controles sobre las operaciones financieras y en particular cambiarias). En su gran mayoría son transnacionales cuyo interés son sus propias ganancias que girarán al extranjero, y no ningún desarrollo de las fuerzas productivas argentinas. La apertura de las importaciones también golpea a empresas pequeñas en sectores que, como el textil, en los últimos años habían logrado convertirse en proveedores de las grandes cadenas que operan en el país, para verse ahora relegados por la competencia sin filtros de una producción mundial de salarios (injusta y deslealmente) ultra bajos.

* Economista. Miembro de la Sociedad de Economía Crítica y el IADE.

Tres estrategias

Por Daniel Schteingart *

A cien días del 10 de diciembre, el gobierno de Cambiemos ha transformado el optimismo inicial respecto a lo económico en preocupación. Hay varios puntos que explican este cambio de ánimo. En primer lugar, el traslado a precios que acarreó la salida del cepo fue mayor al que se esperaba. En los albores de la asunción de Macri, Prat-Gay decía que la mayoría de los precios ya estaban “adelantados” y fijados al blue, por lo que la salida del cepo (con la consiguiente devaluación) iba a ser ligeramente inflacionaria. Asimismo, se minimizó el efecto de la devaluación sobre los precios domésticos de los bienes exportables (alimentos).Si bien el traslado a precios inmediato de la salida del cepo fue menor al de la devaluación de enero de 2014 (25 contra 45 por ciento), fue mayor al estimado por los funcionarios de la cartera económica.

Otro factor que contribuyó a la preocupación gubernamental en las últimas semanas fue el precio del dólar. Desde el 10 de diciembre, ha habido claramente tres enfoques respecto a esta cuestión. El primero, vigente hasta los últimos días de diciembre, fue el de tasa de interés alta para volver más atractivas las posesiones en pesos y para así planchar el dólar en torno a los 13,50 pesos. En efecto, el BCRA no intervino para mantener fijo el dólar en esas dos semanas, evitando perder reservas.

En los últimos días de 2015 se vio un nuevo cambio de estrategia: el BCRA apostó por desinflar fuerte la tasa de interés. Dos pueden haber sido las razones (complementarias entre sí) de esta tendencia: la primera, que se temiera que una tasa muy alta tuviera efectos contractivos, al encarecer el crédito. La segunda, que Sturzenegger haya pensado en la necesidad de un tipo de cambio real algo más alto para fomentar la competitividad de las exportaciones. Ahora bien, el correlato de este cambio en la política monetaria supuso una nueva y fuerte depreciación del peso, que pasó de poco más de 13 a superar los 16 pesos entre fines de diciembre y fines de febrero. Recién el 18 de febrero, cuando el dólar estaba bien arriba de los 15 pesos, el BCRA comenzó a intervenir activamente en el mercado de cambios. A pesar de ello, la estrategia no tuvo éxito, ya que el dólar siguió subiendo y el BCRA sacrificó más de 1.300 millones de reservas en apenas once días.

De allí que el 1º de marzo el Central volviera a cambiar de estrategia, al subir fuerte las tasas de interés. Desde entonces, el dólar logró frenar su senda alcista y retrocedió hasta por debajo de los 15 pesos. Asimismo, el BCRA dejó de perder reservas (hoy en torno a los 28.000 millones de dólares). Posiblemente, el nuevo cambio de rumbo (al parecer, similar a la de los primeros días de gobierno, aunque con un nivel del tipo de cambio 10 por ciento más alto) se haya debido a un doble motivo: primero, a la percepción por parte del equipo económico de que estaba aflorando una tímida corrida cambiaria. Segundo, a que, pese a las prédicas monetaristas y la aspiración de pesos desde que Sturzenegger reemplazó a Vanoli, se entendió que la nueva suba del dólar estaba trayendo un nuevo recalentamiento inflacionario, a todas luces indeseable cuando comienzan a discutirse las paritarias.

Un punto adicional: en los últimos años, el kirchnerismo había procurado moderar la inflación utilizando varias anclas que repercuten fuerte en los costos de las empresas, como dólar y tarifas/subsidios de servicios públicos. El macrismo quiso levantar tales anclas y ha pretendido usar los salarios (que, a la vez que son fuente clave de la demanda, explican el 45 por ciento de los costos de la economía) en su lugar. Dicho plan quedó de manifiesto en la estrategia de enero y febrero (devaluación, tarifazo y pedidos de paritarias al 25 por ciento), y se mostró especialmente riesgoso: por un lado, políticamente es difícil utilizar a los salarios como ancla, ya que la resistencia sindical es muy fuerte en Argentina. Segundo, que ello implica un desplome de la actividad, la cual ya está cayendo desde diciembre. Vale decir que apostar a la salida exportadora por la vía de la licuación salarial es en estos momentos equivocado, pues el comercio mundial está estancado y nuestro principal socio comercial (Brasil) está sumido en una profunda recesión que hace que sus demandas por productos argentinos esté en caída libre. Quizá alguno de estos puntos también haya incidido en el reciente cambio de estrategia cambiaria.

Una última cuestión: sin reservas en el BCRA, volver a usar el dólar como ancla (y relajar el ancla salarial) es imposible. El gobierno lo sabe: de ahí su interés por resolver el conflicto con los holdouts (que supondría acceso al financiamiento externo), y en el manejo de la tasa de interés como herramienta de política económica.

* Becario Conicet (Idaes-Unsam), profesor en UNQ y miembro de SID-Baires.

Página 12

Los 100 días de Macri: cambios y continuidades en temas clave

El final del cepo, el giro en la relación con la prensa, las modificaciones impositivas, el nuevo panorama político y la relación con la oposición. Un repaso por las primeras medidas.

Se pueden comprar dólares pero más caros

Seis días después de asumir, el ministro de Finanzas y Hacienda Alfonso Prat-Gay anunció el fin del cepo cambiario, que había implementado Cristina Kirchner el 31 de diciembre de 2011. Se eliminaron las distorsiones cambiarias y se unificó el valor de la moneda estadounidense. Un día después del anuncio el tipo de cambio pasó de $ 9,84 a $ 13,95: una devaluación del 42%. Sin embargo, durante el primer mes de flotación “libre”, su precio se mantuvo estable. El 17 de febrero el Banco Central intervino por primera vez en el mercado para bajar el precio del dólar que había trepado por encima de los $ 15,36. El 1 de marzo el precio trepó a $ 16 para retroceder en las últimas semanas y cerrar en $ 15,08 el viernes. Parte del ahorro se trasladó a los plazos fijos que en marzo aumentaron un 60% en comparación a 2015.

El dólar desde que asumió Maccri

Se abre el camino para el arreglo con los buitres

El secretario de Finanzas Luis Caputo viajó reiteradas veces a Nueva York para negociar con los holdouts. A mediados de febrero firmó con los fondos Montreux y EM Limited por US$ 1.132 millones. El 29 de febrero, Alfonso Prat-Gay anunció el acuerdo con los buitres más duros con una quita del 25% y anunció la decisión de emitir un bono de US$ 15 mil millones para pagarles. Para hacer efectivo el pago antes de la fecha límite –el 14 de abril– el Gobierno empujó en el Congreso la derogación de la Ley Cerrojo y de Pago Soberano, que blindaban al país. El miércoles pasado en Diputados, el oficialismo –con aliados opositores– consiguió darle media sanción a la iniciativa, que ahora deberá refrendar el Senado. “Sin acuerdo con los holdouts habrá ajuste o hiperinflación”, advirtió Macri la semana pasada.

Volvieron las conferencias de prensa

La llegada de Macri a la presidencia restableció hábitos que durante el kirchnerismo habían desaparecido, como las conferencias de prensa. El salón de conferencias de la Casa Rosada tiene una intensa actividad. La dinámica es siempre la misma: un brevísimo anuncio de los funcionarios involucrados para después permitir preguntas por alrededor de 20 minutos. Alfonso Prat-Gay fue el único que dio conferencias que duraron más de una hora. El jefe de Gabinete Marcos Peña ejerce un férreo control de la comunicación del Gobierno, que también se sirve de “anuncios”, redes sociales y visitas parecidas a las que Macri hacía en campaña. Con la nueva administración también volvieron las reuniones de Gabinete, que Macri suele encabezar los martes, y se terminaron los discursos por cadena nacional.

 Aumentó la luz, y subirá el gas y el transporte

El 15 de diciembre el ministro de Energía Juan José Aranguren declaró la emergencia energética. Un mes después anunció el aumento de la luz, que empezó a correr a partir de diciembre. Fue, sin dudas, la medida más impopular de la actual adminsitración. Para los consumos medios, que van de 300 a 1.000 kilovatios bimestrales, el aumento de la factura de la luz rondó el 600%. Las tarifas de gas correrán la misma suerte. “En la tarifa de gas estamos haciendo un análisis similar al caso eléctrico; estamos analizando los pasos procesales correspondientes desde el punto de vista legal”, señaló Aranguren. El Gobierno dilata por ahora los aumentos. Si bien el ministro de Transporte Guillermo Dietrich prometió no quitar los subsidios al transporte, pero advirtió que habrá modificaciones en los precios.

La inflación sigue alta y prometen que bajará

El aumento generalizado de precios es –según todas las encuestas– la principal preocupación de la ciudadanía. Y también del Gobierno. “La inflación llegó a niveles inaceptables”, sentenció Macri en febrero, cuando la inflación acumulada del año llegó a 8,3%. El Ejecutivo promete “una baja sensible” de la inflación después del segundo semestre. Por ahora, el INDEC continúa sin calcular el aumento de precios y Graciela Bevacqua fue despedida del instituto que conduce Jorge Tedesca. El Gobierno utiliza como referencia las mediciones de la Ciudad y de San Luis. Sergio Massa y Margarita Stolbizer distribuyen en tanto el IPC Congreso. El ministro de Trabajo Jorge Triaca insinuó que las paritarias no superarían el 25% y Marcos Peña debió salir a aclarar que las negociaciones salariales no tendrán techo.

Inflación en la Ciudad

No hay más 678 y el fútbol sigue siendo gratis

678, el programa ultrakirchnerista y símbolo del “periodismo militante” siguió emitiéndose las primeras dos semanas del Gobierno de Macri. En su última emisión, el 22 de diciembre, Máximo Kirchner brindó una entrevista. Jorge Dorio, conductor del programa K, continuó en la programación de radio Nacional, una excepción. En materia de medios, el Gobierno intervino la AFSCA modificó la ley de Medios por decreto y creó el Enancom, que absorbió a la AFTIC y al ente que dirigía Martín Sabbatella. Macri continuó con el programa de Fútbol para Todos –que dirige Fernando Marín– y cedió la televisación de los partidos de los grandes a Canal 13, Telefe y América a cambio de $ 185 millones. Ahora prepara una licitación y más cambios. Los medios afines al kirchnerismo agonizan sin la pauta oficial.

Subió Ganancias, y hay más gente que paga

El 18 de febrero Macri anunció que subiría el mínimo no imponible y que solo tributarían quienes recibieran 30 mil pesos brutos. Sin embargo, el Presidente no modificó las escalas, que recién prometió revisar en 2017. Cuando se conoció el DNU que firmó Macri quedó en evidencia que mínimo no imponible en realidad sería de $ 25 mil por mes para los casados y de $ 18.880 por mes para los chicos. Se suponía que 180 mil contribuyentes quedarían exentos del impuesto, pero finalmente se sumaron más contribuyentes al abandonar el valor de referencia de los 15 mil pesos de 2013. La letra chica y la decisión de no elevar las escalas hicieron que la crítica de opositores cercanos como Sergio Massa y del sindicalismo. Los gobernadores se muestran reacios a subir el impuesto, porque el impuesto es coparticipable.

Ya no se pueden cortar las calles, pero se cortan

En su segunda semana en la Rosada, Macri ordenó la creación de un Protocolo para regular la protesta social: el objetivo era terminar con los piquetes. Recién en febrero se conoció el alcance del denominado Protocolo antipiquete. “Si no se van en 5 o 10 minutos, los vamos a sacar”, advirtió la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Ese sería el tiempo de espera que tendrían los manifestantes para levantar un corte, sin necesidad de una orden judicial. También pretendía limitar el acceso del periodismo para cubrir las protestas. El Gobierno prometió utilizar el Protocolo ante la masiva marcha de ATE del 23 de febrero, pero desistió. La única vez que se implementó fue para la movilización oficialista para apoyar a Macri antes de su discurso para inaugurar las sesiones del Congreso. En el Gobierno reconocen errores y que llevará más tiempo.

En el Congreso ya nadie tiene la mayoría fácil

El Gobierno necesita tender puentes en el Congreso, donde no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Por eso apostó a dividir al peronismo en tres, a aislar al kirchnerismo duro y a darle aire a opositores “dialoguistas” y a los gobernadores. La jugada fue exitosa. En febrero Diego Bossio y otros diputados cercanos al kirchnerismo rompieron con el FPV. Como lo demostró la media sanción para el acuerdo con los fondos buitres, el Gobierno depende mucho de los 37 diputados que por ahora tiene el Frente Renovador de Sergio Massa. El tigrense, sin embargo, genera recelos en Balcarce 50. Del otro lado, la encrucijada es la misma: la oposición por ahora permanece muy dividida y tiene dificultad para empujar proyectos propios. Los radicales, aliados de Macri en Cambiemos, ganan fuerza en el Congreso.

El Gobierno porteño maneja toda la Policía

Macri cumplió con una promesa de sus tiempos como jefe de Gobierno y transfirió 21 mil agentes de la Policía Federal a la Ciudad. El traspaso fue con recursos. Por el movimiento le dio más tiempo al ex jefe de la Federal, Franco Di Santo, que recién fue reemplazado la semana pasada. Las cúpulas de las otras fuerzas federales, Gendarmería, la PSA y Prefectura habían sido removidas a fin de año. Macri además decretó la emergencia de Seguridad por decreto y autorizó el derribo de aviones. La medida fue objetada por parte de la oposición, que reclamó un debate en el Congreso. También decidió reforzar las fronteras y prevé un lento ordenamiento de los gendarmes que están cumpliendo tareas en el GBA en vez de las fronteras. La seguridad sigue siendo uno de los principales reclamos de la ciudadanía.

Clarín