Del editor: qué significa. El blanqueo es la gran apuesta recaudatoria del Gobierno para los próximos meses. Busca atenuar el déficit con los dólares que ingresen

El oficialismo, que espera recaudar US$ 20.000 millones, logró el apoyo de gobernadores peronistas; se aprobó el pago a jubilados por reajuste de haberes

A pesar de las fuertes críticas y rechazos al blanqueo, el oficialismo aprobó anoche en el Senado la ley de “sinceramiento fiscal” y de pago de la deuda con los jubilados por reajuste de haberes, gracias a los votos del sector delFrente para la Victoria (FPV) que responde a los gobernadores. La ley se sancionó por 55 votos a favor, 11 en contra y una abstención.

El masivo apoyo en general que recibió el proyecto se vio sensiblemente disminuido a la hora de la votación en particular con el capítulo relacionado con el proceso de blanqueo de capitales. Esto llegó a provocar momentos de angustia en el oficialismo, que temió por la posibilidad de que se cayera un apartado clave. Eso habría obligado a la iniciativa a volver a la Cámara baja en segunda revisión.

La estrategia del Gobierno de incluir el pago a jubilados junto con la devolución de fondos a las provincias generó fuertes críticas durante el extenso debate.

“Esta ley es un chantaje, mansa pero violenta”, afirmó Fernando Solanas (Proyecto Sur-Capital). “Es una maniobra extorsiva para los senadores”, definió, en tanto, Ruperto Godoy (FPV-San Juan).

El rechazo total al proyecto se circunscribió al sector kirchnerista del FPV, que otra vez volvió a sufrir deserciones, como había ocurrido en la sesión en la que se votaron los pliegos de los nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia. A ellos, se sumó el rechazo de Lucila Crexell (MPN-Neuquén). Solanas, en tanto, se abstuvo.

El pago a jubilados

La propuesta propone el pago de cerca de 50.000 sentencias judiciales a los jubilados que reclamaron por el reajuste de sus haberes.

Mediante acuerdos extrajudiciales cuya mecánica se determinará en la reglamentación, la iniciativa abre la posibilidad de cancelar las causas en proceso y hasta la de aquellos beneficiarios que no hayan accionado ante la Justicia. Por otra parte, establece la actualización de haberes de cerca de 2,4 millones de beneficios.

También se crea una pensión graciable a la vejez para mayores de 65 años, equivalente al 80% de la jubilación mínima. Quienes accedan a este beneficio tendrían acceso a la cobertura del PAMI.

Para financiar estos cambios, la norma autoriza al Gobierno a utilizar hasta el 7% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

La fuente principal de financiamiento, según las promesas del Gobierno, será lo recaudado por el plan de blanqueo de capitales, que tendrá vigencia hasta el último día de marzo de 2017. El Poder Ejecutivo aspira a que el “sinceramiento fiscal” alcance a unos US$ 20.000 millones. El Estado recaudará el 5% del total. También se podrán regularizar las deudas de los principales impuestos nacionales hasta en 60 cuotas, con un 15% de descuento si se abona al contado.

Riesgos de desfinanciamiento

Durante el debate, que duró más de siete horas, se escucharon serias advertencias sobre el posible desfinanciamiento del sistema previsional que podría generar la propuesta del Gobierno.

Según el cálculo realizado por Eduardo Aguilar (FPV-Chaco) la cancelación de deudas demandará un costo de $ 450.000 millones durante los próximos tres años. “Son 30.000 millones de dólares; ése será el déficit de la Anses, una magnitud que es seis veces el valor de YPF y tres veces el juicio de los fondos buitre”, aseguró el legislador. “Si no se toman decisiones rápidas, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad va a durar un lustro”, alertó.

“No es necesaria esta ley para pagarles a los jubilados, sólo hace falta la voluntad política de reconocerle sus derechos”, afirmó, por su parte, la neuquina Crexell, que rechazó el proyecto por considerarlo “un engaño”.

La tónica de los discursos a favor del proyecto en el bloque del FPV giró en torno al acuerdo para la devolución de fondos reclamados por los gobernadores del PJ. Así lo destacó el jefe de la bancada opositora, Miguel Pichetto (Río Negro), quien señaló que “con esta ley se está reconociendo la deuda, un viejo reclamo de las provincias”.

En la misma línea y a pesar de rechazar el blanqueo, el pampeano Daniel Lovera terminó justificando su apoyo al proyecto macrista en el hecho de que “tiene asignación específica, porque ata su recaudación al pago de los jubilados”.

También hubo voces en el FPV que salieron al cruce de las críticas de sus propios compañeros de bancada. Así, Rodolfo Urtubey (Salta) le recordó al kirchnerismo que durante sus administraciones “se usaron fondos de la Anses para pagar planes como el Procrear”.

Por su parte, Walter Barrionuevo (Jujuy) replicó a quienes denunciaron como un chantaje la inclusión del pago de las deudas con las provincias. “Esos fondos debimos haberlos devuelto nosotros”, se sinceró.

Desde el oficialismo se defendió de manera enfática el proyecto ómnibus, calificándolo como una “reparación histórica” para los jubilados.

“Esta iniciativa pone a prueba el carácter social y federal del gobierno nacional y viene a saldar con sensatez y equidad las deudas internas más serias que tenemos los argentinos”, sentenció el jefe del interbloque Cambiemos, Angel Rozas (UCR-Chaco).

Claves de un proyecto ómnibus

Los alcances del proyecto aprobado anoche por el Senado

Beneficiados

El Estado pagará a 2,4 millones de jubilados que tienen sentencia favorable, juicios en curso y a quienes no iniciaron acciones.

Financiamiento

Se podrá disponer de hasta el 7% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Expectativa

También se utilizará para cancelar deudas lo recaudado por el blanqueo. El Gobierno espera que alcance los US$ 20.000.

Condiciones

El blanqueo, del que no podrán participar funcionarios, permitirá pagar deudas por impuestos nacionales en 60 cuotas. Pensión a la vejez

Se crea la pensión graciable a la vejez para mayores de 65 años, que cobrarán el 80% de la jubilación mínima.

Devolución

Se consagra el acuerdo para devolver el 15% coparticipable que se les retuvo a las provincias para financiar a la Anses.

La Nación


Con el jubilado adelante y el fugador detrás

Cambiemos logró convertir en ley el megaproyecto que reúne al menos cinco leyes en una. Detrás de la supuesta “reparación histórica” a jubilados, se votó el perdón para los capitales fugados sin declarar y exenciones de impuestos a grandes patrimonios.

El Senado convirtió ayer en ley el paquete de medidas que incluyó el Gobierno como un único proyecto, con 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención. La ley ómnibus de pago de sentencias y retroactivos a jubilados y actualización de haberes previsionales y blanqueo de capitales contó con el apoyo clave del Bloque Justicialista y de los senadores puntanos, además de los votos que sumaron el radicalismo y el PRO para la alianza Cambiemos. El rechazo provino del kirchnerismo duro, en el cual se encuentran las cuatro senadoras de La Cámpora (María de los Angeles Sacnun, Anabel Fernández Sagasti, Ana Almirón y Virginia García). También votaron en contra por el FPV: Marcelo Fuentes, Ruperto Godoy, Nancy González, María Inés Pilatti, Sandra Giménez y María Ester Labado. Se sumó Carmen Crexell, del Movimiento Popular Neuquino. El oficialismo no aceptó ningún tipo de modificaciones al proyecto. La mayor resistencia de la oposición, incluso de los que votaron favorablemente en el tratamiento general, se concentró en el blanqueo y en los criterios para administrar el fondo de garantía de sustentabilidad de la Anses, lo que quedaría plasmado en el acompañamiento de cada bloque en la votación en particular de cada artículo.

El paquete contempla la liquidación de los juicios de jubilados, la actualización de haberes previsionales y una pensión por vejez que permite a partir de los 65 años percibir el 80 por ciento de la mínima. Todo esto se financiará con dinero del blanqueo incluido en el proyecto, las utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y, cuando haga falta, con la venta de las acciones que posee Anses en empresas privadas. Este punto es el más resistido entre los legisladores de la oposición, junto con el alcance y el sentido de la oportunidad del blanqueo. También incluye una moratoria impositiva, ratifica los acuerdos por la devolución del 15 por ciento de Coparticipación a las provincias que se destinaba a la Anses, cambios y reducción para el pago de Bienes Personales y el traspaso de la Unidad de Información Financiera (UIF) al ámbito del Ministerio de Hacienda (ver aparte).

La sesión en Senado comenzó con un homenaje al ex presidente Arturo Illía en conmemoración de los 50 años de su derrocamiento. Mientras tanto, en las puertas del Congreso representantes de distintos gremios se manifestaban por el riesgo de destrucción del sistema de seguridad social. “Esta ley hace peligrar fuertemente las jubilaciones docentes, tanto de las cajas nacionales como de las provinciales. El sistema que quieren instalar no tiene en cuenta las tareas que desempeñan los trabajadores. Un sistema no solidario no admite la existencia de regímenes de jubilaciones especiales, algo que para los docentes quedó demostrado entre 1994 y 2005”, explicó a este diario el secretario general de UTE, Eduardo López, luego de hablar en un palco emplazado sobre la avenida Callao.

Debate

La estructura del proyecto, cuyo mascaron de proa fue el pago a los jubilados, contiene detrás una serie de medidas que fueron muy cuestionadas durante el debate. Dentro del paquete se incluyó el acuerdo con las provincias por la devolución del 15 por ciento de Coparticipación y el financiamiento del déficit de las cajas previsionales. Esto le permitió al macrismo poner en caja a varios senadores que buscaron mantener a salvo esos acuerdos. “Eso fue una maniobra y un movimiento de extorsión en el paquete. Al incluir el tema de las provincias en este proyecto, los senadores manifiestan oponerse a un montón de medidas, como al blanqueo, pero apoyan la medida por esos acuerdos”, criticó el sanjuanino Ruperto Godoy (PJ-FPV). “Detrás del chocolate había frutos envenenados”, agregó el senador de Unen, Fernando “Pino” Solanas, en su habitualmente pintoresca alocución, tras la cual anunció que se abstendría a la votación en general y en particular.

El chaqueño (PJ-FPV) Eduardo Aguilar alertó sobre el artículo 27, que habla de la compensación del Estado nacional a las provincias que no transfirieron sus cajas. El artículo condiciona esas transferencias a que las provincias evidencien avances en el proceso de armonización de los aportes. También destacó que el proyecto más que duplica el déficit anual de la Anses.

El otro punto criticado fue que se defina en el primer capítulo de la ley la emergencia en materia de litigio previsional. Los senadores del PJ-FPV rechazaron que haya una emergencia en un sistema que permitió alcanzar un nivel de cobertura del 98 por ciento. “Hubo más de tres millones de jubilados que se incorporaron en un esquema de inclusión social y no de asistencialismo, como plantea el proyecto”, opinó la formoseña María Graciela de la Rosa (PJ FPV), quien consideró que “la emergencia y el título (del proyecto) de reparación histórica sólo encubre el blanqueo”. “Basta de hablar de reparación histórica. Con el gobierno anterior hubo amas de casas que se pudieron jubilar y se otorgaron pensiones no contributivas. Eso es reparación histórica”, agregó la jujeña Liliana Fellner (PJ-FPV). El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera (PJ La Pampa) afirmó que “la cuestión previsional no se agota sólo en esta ley”. “Una reparación histórica integral se logra con un paquete de leyes y políticas públicas”, consideró el senador pampeano.

El tema del perdón fiscal por el blanqueo fue el que recibió más críticas durante las exposiciones y uno de los artículos menos votado en el tratamiento en particular. La misionera Sandra Giménez denunció que el blanqueo favorece a “los amigos de Cambiemos”. “Los amigos que no cumplieron con su palabra, no liquidaron la soja ni repatriaron sus capitales, ahora extorsionan al Gobierno” para abrir el blanqueo, advirtió Giménez, quien días atrás abandonó el FPV. Por su parte, la santafesina María de los Angeles Sancnun (La Cámpora) atribuyó el blanqueo al fracaso de “la lluvia de dólares que habían prometido cuando mandaron al Congreso la ley para pagarle a los fondos buitre”.

El radicalismo defendió el proyecto haciendo hincapié en el pago de fallos y actualización a jubilados. El radical Alfredo Martínez sostuvo que el objetivo es “evitar que sigan proliferando juicios”. Lo mismo hizo su par mendocino Julio Cobos, quien intentó justificar, pero sin éxito, el motivo por el cual el oficialismo haya presentado todas las iniciativas en un solo paquete, y agregó que se busca “terminar de hacer peregrinar a los jubilados por los palacios de Justicia”. El presidente del bloque PJ-FPV, Miguel Angel Pichetto, recordó que “en los últimos años se dispuso entre 10.000 y 12.000 millones de pesos anuales promedio que se aplicaban para el pago sentencias a jubilados”. “Esperemos que se cumplimente el proyecto”, sumó el legislador rionegrino. Por último, la santacruceña María Labado (PJ-FPV) recordó que los términos “emergencia previsional” y “sinceramiento fiscal” se utilizaron durante el menemismo y significaron la excusa para privatizar el sistema jubilatorio.

Página 12