Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Breno Nunes Chas*

A partir de la citación a indagatoria y acusación por parte del juez Claudio Bonadío a varios integrantes del equipo económico del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner  (CFK) y a ella misma, se puso en debate un tema bastante excéntrico: cualquier decisión de política económica (en este caso, monetaria-cambiaria) puede judicializarse.

No obstante, esta actitud ya viene de antes: denunciar y judicializar las decisiones de políticas públicas que tomaba CFK durante sus dos mandatos. La más resonante fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales (que fue pulverizada hace una semana por el actual oficialismo en el Congreso, convalidando los distintos Decretos de Necesidad y Urgencia que implementó el presidente Mauricio Macri).

Antes de analizar el tema, hay que tener en cuenta cómo se germinó esta causa. Esta denuncia fue realizada por los entonces diputados Mario Negri y Federico Pinedo (actualmente presidente del interbloque del oficialista “Cambiemos” en Diputados y presidente provisional del Senado y ex presidente “cautelar” del país doce horas) en plena campaña electoral.

Esta denuncia tiene un hecho implícito bastante interesante: blanquea, para ese entonces, el plan inicial del macrismo (una fuerte devaluación) mientras que durante la campaña presidencial Mauricio Macri desmentía ante todos que no lo iba a hacer. Querían asegurarse de no pagar el costo de perjudicar el balance del Banco Central.

Para empezar a hablar de tema, hay que preguntarse qué son los contratos de dólar futuros. Estos son acuerdos que se realizan en base a la evolución del valor del tipo de cambio durante un tiempo determinado, en la cual existe un compromiso, entre aquellos que forman parte del contrato, en realizar una compensación pecuniaria según el valor pactado y el precio efectivo al final del mismo.

A pesar que estamos hablando de la moneda estadounidense, la operación se realiza en pesos argentinos. El dólar se utiliza más como activo subyacente u oculto por lo que dichas transacciones no afectan las reservas internacionales del Banco Central. Este punto refuta uno de los puntos de la denuncia en el cual BCRA vende dólares que no tiene.

Otro punto de la denuncia es que la Autoridad Monetaria vendía dólares a futuro a un precio menor en comparación a otros valores, principalmente las Non Deliverable Forward (NDF) de la Bolsa de Nueva York.

La diferencia radica principalmente en que éstas se liquidan en dólares y no en moneda local (como sí se hace en el mercado local –ROFEX y MAE- con sus respectivas reglas de funcionamiento). Para poder operar en tal mercado, se requiere que los agentes dispongan de activos externos (dólares) lo suficiente como para realizar compensaciones en casos de pérdidas como en la constitución de garantías exigidas.

Asimismo, el marco regulatorio imperante impide el acceso al Mercado Único Legal de Cambio (MULC) para poder hacer este arbitraje. Un punto adicional es que dichos instrumentos tienen poca liquidez en el mercado.

En relación a lo anterior, está uno de los conceptos más importante en materia de política cambiaria: quién y cómo se establece el valor del tipo de cambio. Según los pensadores del libre-mercado, el precio que establece las autoridades económicas del dólar es un “capricho”. Sin embargo, esto es totalmente absurdo.

La definición de un determinado valor (tanto presente como futuro) se fija en base a un el conjunto de políticas realizadas en forma conjunta entre el BCRA y el gobierno nacional. Las mismas se encuentran esencialmente definidas en los supuestos y las pautas generales fijadas a través de la Ley de Presupuesto que anualmente sanciona el Congreso, entre otros elementos.

Más precisamente, la Ley de Presupuesto 2016 contemplaba para este año un tipo de cambio promedio de 10,60 pesos por dólar, con el fin de dar la mayor consistencia posible al resto de las proyecciones de las variables macroeconómicas.

Asimismo, dentro de los puntos de la denuncia es que el Central “perdió dinero”. Hay que aclarar algo: el Banco Central no está para “ganar dinero” sino que su función es cumplir con el mandato que dice la Carta Orgánica: promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, y el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Interviene en el mercado financiero únicamente para concretar dichas metas.

El BCRA no tiene la lógica de un banco o empresa particular. No tiene que haber alguna referencia de un precio mayor ni la existencia de una potencial ganancia financiera. El Banco Central no fue constituido para ese fin. En la puesta en marcha de la política monetaria, al BCRA emplea sus instrumentos para alcanzar los objetivos que impone su mandato, se expone a variaciones en la composición de su balance, eventuales pérdidas contables, etc. Eso ocurre no sólo cuando interviene en el mercado de futuros, sino también cuando emite LEBACS, etc.

Pero el punto más grotesco de la denuncia es que culpan a la gestión anterior de dicha “pérdida” o “quebranto” cuando, en realidad, fue generada por las nuevas autoridades (el procesado presidente del Banco Central Federico Sturzengger[1] y el Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas Alfonso Prat-Gay) con la liberalización indiscriminada del mercado de cambios y la consecuente devaluación de más del 50% ocurrida después del 10 de diciembre de 2015.

Afirman que era inevitable aunque, en realidad, fue simplemente una decisión política de las nuevas autoridades.Por dicha operatoria, se estima que la pérdida (en sus propios términos) fue de $ 77.000 millones. Sin embargo, esto es sólo la mitad de los $ 150.000 millones que tendrá que pagar el BCRA este año en concepto de pago de intereses por la emisión de LEBACS, que está por convertirse en una bola de nieve de difícil resolución.

Ya para terminar, hay que plantearse algunas preguntas. La primera es si la venta del dólar futuro realizada por el Banco Central fue “ilegítima”, ¿por qué el equipo económico avaló los contratos cumpliéndolos? Si fuera así, debería haber iniciado una acción de lesividad para revocar los contratos y no incurrir en el “quebranto”.

Como mostraron los hechos, sucedió todo lo contrario. La otra es porqué la Justicia no llama además a las autoridades económicas ya que fueron ellos los que generaron esto, o al menos responsables. Sin embargo, como se dio a entender previamente, toda decisión de índole económica no es judicializable, sí discutible. Teniendo en cuenta este marco y la situación política (y parafraseando a Carlos “Indio” Solari), toda denuncia es política…

Notas

1.- http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-289193-2015-12-29.html

*Licenciado en Economía (UBA). Estudiante de Actuario en Economía (UBA). Investigador en OPP-UNDA. “Integrante de Economía Políitica para la Argentina (EPPA)