Acuerdo con buitres para lanzar el plan deuda. Por Cristian Carrillo

El gobierno de Mauricio Macri acordó pagarles en efectivo 4653 millones de dólares a los cuatro fondos buitre que encabezan la demanda contra la Argentina por sus tenencias en bonos defolteados desde 2001. Este pago comprendería al 75 por ciento de la deuda en litigio y deberá realizarse antes del 14 de abril próximo. Si se suman otros fondos litigantes que aceptaron la propuesta del gobierno, la resolución alcanzaría al 85 por ciento de la deuda demandada. El dinero provendrá de la colocación de nuevos títulos públicos, por aproximadamente unos 15.000 millones de dólares, para lo cual requerirá que el Congreso apruebe antes de esa fecha la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano. El arreglo con el 93 por ciento de los bonistas que aceptaron las reestructuraciones del kirchnerismo había ascendido a 30.000 millones de dólares. “En tres meses lo pudimos hacer”, sostuvo al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, al anunciar junto al secretario de Finanzas, Luis Caputo, el acuerdo alcanzado sobre el que sólo pudo hacerse una poda del 25 por ciento sobre la sentencia sin discutir capital. Los canjes de 2005 y 2010 se habían realizado con una quita de 67 por ciento. El gobierno espera cerrar lo antes posible este acuerdo para poner en marcha la maquinaria del endeudamiento. “La única forma para llevar adelante el país es con crédito”, afirmó Prat-Gay, quien explicó que si no se consigue ese financiamiento externo bajar el déficit fiscal requeriría de un ajuste menos gradualista.

El pasado 5 de febrero el equipo económico de Macri había presentado una oferta para abonar 6500 millones de dólares sobre un total de 9000 millones, que se componía de capital e intereses, a fondos buitre y otros acreedores en litigio, entre los que se encuentran demandantes con sentencia firme por la cláusula pari passu y los denominados me too (yo también, en inglés). EM Limited y Montreux Partners, dos de los seis principales fondos especulativos, que ganaron juicios con sentencia firme en Nueva York, fueron los primeros en aceptar la oferta, por la cual cobrarán 849,2 millones y 298,66 millones de dólares, respectivamente. Pero los carroñeros más duros, NML Capital y Aurelius, jugaron un rato más con la desesperación del gobierno macrista por emitir deuda, no aceptaron y siguieron negociando.

La noticia de un preacuerdo entre el gobierno y los buitres comenzó a circular temprano desde el despacho de Daniel Pollack, el Special Master (mediador judicial) designado por el juez Thomas Griesa. “Argentina llegó a un principio de acuerdo con el fondo NML Capital de Paul Singer y otros holdouts para pagarles hasta el próximo 14 de abril 4653 millones de dólares en efectivo y saldar el multimillonario juicio en Nueva York por su deuda en default desde 2001”, anunció a través de un comunicado el mediador. Destacó que el acuerdo alcanza al 75 por ciento de la totalidad de las sentencias, incluyendo capital e intereses. “Este acuerdo, si es consumado, junto con acuerdos en principio previos con otros holdouts, resuelve el 85 por ciento de las demandas de aquellos con restricciones pari passu y me too. Continuaré trabajando hasta que todas las demandas sean resueltas”, dijo.

Por la tarde, Prat-Gay y Caputo ofrecieron una conferencia de prensa, en la que también participaron el coordinador del gabinete económico, Mario Quintana, y Santiago Bausili, técnico en deuda y mercado de capitales. “Es un día muy importante. Hemos llegado a un acuerdo con los fondos más duros en esta negociación”, confirmó el ministro. “Estamos buscando que nos crean en el mundo. No hay país en el mundo que crezca sin créditos. Estamos en una economía suficientemente moderna para expandirse y lo que estamos tratando de hacer justamente es recuperar eso: el crédito”, dijo. De esta manera, el funcionario justificó la premura con la que se arribó a un acuerdo más que generoso respecto a la demanda de los acreedores carroñeros.

El Gobierno pagará a los fondos manejados por Elliott Management, Aurelius Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital, 75 por ciento de sus juicios incluyendo el capital y el interés, además de un pago para arreglar los reclamos fuera del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan) y costas legales. “Nos pusimos duros. No quisimos firmar un acuerdo de confidencialidad. Dijimos que la negociación debía ser transparente”, expresó Prat-Gay, quien aclaró que la gestión macrista jugó “con las reglas, pero con la mayor firmeza posible defendiendo los recursos de los argentinos”. Según las cifras que ofreció, la supuesta dureza en la propuesta se reflejó en una quita de entre 25 y 26 por ciento sobre el monto de la sentencia firme en Nueva York, es decir, sobre los 9000 millones de dólares a los que asciende la deuda con los intereses corridos de los últimos quince años. Esa quita no fue sobre el capital sino que se explica por un recorte del 40 por ciento sobre intereses punitorios y costas legales.

La deuda no se pagará con fondos de las alicaídas reservas ni tampoco se entregarán nuevos bonos por el importe. A los buitres se les pagará en efectivo, pero para ello el gobierno pretende emitir dos o tres bonos por un total de 15.000 millones de dólares. Según explicó el ministro, el objetivo de hacerlo así es para que los fondos demandantes no tiren abajo los precios de los títulos; es decir, que no los tomen muy por debajo de su valor técnico. Para poner en marcha esta maquinaria de endeudamiento se enviará esta semana un proyecto de ley que permita ejecutar estos acuerdos con los holdouts.

El Congreso deberá derogar la Ley Cerrojo y de Pago Soberano, que en conjunto impiden una reapertura de las exitosas reestructuraciones de 2005 y 2010, a las que se adhirieron el 93 por ciento de los bonistas. El juez Griesa, con el objetivo de forzar al país a aceptar sus controversiales fallos, había dispuesto en julio de 2014 congelar los fondos depositados por el Estado argentino a los tenedores de deuda reestructurada que cobraban en Nueva York por 539 millones de dólares. Con el acuerdo, Griesa levantaría la medida.

Caputo manifestó su confianza en que se llegará bien a la fecha límite para el pago a los buitres, “el 14 de abril, pero puede haber una extensión”. “Si estamos encaminados no va a ser un problema”, dijo en referencia a la posibilidad de solicitar una prórroga. “Es muy importante la discusión que se dará en el Congreso de la Nación. No queremos que el 14 de abril luzca como un impedimento en la discusión”, agregó PratGay. El funcionario dejó en claro que el objetivo de esta negociación acelerada es poder endeudarse. “Si no tenemos un horizonte para financiarnos, si alguien no nos presta, no hay margen para el gradualismo en bajar el déficit fiscal”, sostuvo. Fiel a su concepción monetarista, el funcionario sostuvo que la emisión de pesos no es una posibilidad, porque genera inflación, y que sin financiamiento el programa fiscal y monetario requerirá de “un gran ajuste, incluso en áreas sensibles”. “Pero esta no es la propuesta de este equipo”, aseguró el integrante de un gobierno que hasta el momento sólo llevó a cabo recetas recesivas y despidos en casi todas las áreas del Estado.

Los fondos de cobertura le ganaron a Argentina con osadía y persistencia

La apuesta que transfiguró a Wall Street esta semana bien se podría llamar la negociación más larga de la historia.

El ganador es Elliott Management Corp., un fondo de cobertura de Nueva York que administra US$26.000 millones y que inició la inversión durante los primeros días del primer mandato de George W. Bush como presidente de Estados Unidos.

En esa entonces, un gestor de cartera de Elliott llamado Jay Newman estaba buscando una oportunidad de inversión en deuda argentina, que entonces se negociaba a sólo 20 centavos sobre el dólar. Elliott calculó que podría llevarle algunos años cosechar las ganancias.

Este domingo, el fondo llegó a un acuerdo con el nuevo gobierno de Argentina para poner fin a lo que funcionarios presentaron como un asalto coercitivo al orgullo y las finanzas del país sudamericano.

El país acordó en principio pagar US$4.650 millones a Elliott y otros tres fondos de cobertura para resolver los reclamos pendientes sobre su deuda impaga, según Daniel Pollack, el mediador que un juez estadounidense puso a cargo de supervisar el caso.

La inversión, que duró más que los gobiernos de cinco presidentes de Argentina, se convirtió en una labor de tiempo completo para Newman, dicen amigos.

“No se iba a dar por vencido”, señaló uno de sus allegados. “Había una cualidad de Moby Dick y Ajab”.

Mientras tanto, un juez de distrito de EE.UU. avanzó el miércoles hacia la decisión de permitir que Argentina volviera a los mercados de deuda después de más de 20 años y en contra de las peticiones de bonistas más pequeños. La prohibición será levantada automáticamente en dos semanas siempre y cuando Argentina cumpla ciertas condiciones.

Originalmente, Newman, un abogado de 64 años que empezó a trabajar en Elliott en 1995, divisaba varias maneras de obtener ganancias de los bonos argentinos, según fuentes que lo conocen. Si la economía argentina repuntaba, el precio de los bonos subiría. Si el país caída en cesación de pagos, Elliott pasaría a integrar un comité de acreedores, como ocurre con casi todas las reestructuraciones, y trataría de beneficiarse de una refinanciación.

Los bonos ofrecían cláusulas que parecían asegurar que todos los acreedores serían tratados por igual en el caso de un incumplimiento, lo que tranquilizó a Newman y su fondo.

Abogados externos expresaron en algunas ocasiones su desacuerdo con el análisis de Newman, pero Paul Singer, fundador de Elliott, lo respaldó ya que algunos años antes, había realizado una jugada muy rentable con bonos peruanos en problemas que tenían protecciones similares.

Argentina entró en cesación de pagos en 2001 y rápidamente sus líderes rechazaron la idea de negociar con acreedores, un golpe para Newman.

Sobrevinieron años de disputas y para 2005, Argentina logró presionar a cerca de 75% de los acreedores para que canjearan sus bonos por nuevos valuados en apenas 30 centavos por dólar. La oferta los obligaba a aceptarla o rechazarla y el país promulgó una ley que hacía ilegal el pago a los bonistas rebeldes o “holdouts”.

Pero Newman no aceptó la oferta con el argumento de que la cláusula de los bonos significaba que el fondo conseguiría un mejor acuerdo a través de las negociaciones.

La seguridad de Newman parecía equivocada tras la crisis financiera de 2008, cuando los bonos se llegaron a cotizar por centavos sobre el dólar. Newman montaba a caballo en su hacienda de Nueva York para bajar el estrés, según su amigo.

El abogado pasó a ser el rostro público de la inversión de Elliott. Mientras que Singer es conocido por sus opiniones políticas y por sus diatribas de inversionista, Newman asumió un tono más conciliador, con la esperanza de que los funcionarios argentinos cedieran.

“Jay Newman lideró el ataque durante 13 años. En ciertas ocasiones, lo consumió”, dijo David Tawil, director gerente del fondo de cobertura neoyorquino Maglan Capital LP, que tiene inversiones en Argentina.

En 2009, Newman viajó a Argentina para tratar de negociar un acuerdo, pero fue infructuoso. En un momento dado, le preocupaba que “lo detuvieran en una celda oscura,” dijo alguien que participó en las conversaciones.

Para 2010, 93% de los bonistas había intercambiado su deuda de 30 centavos sobre el dólar.

Elliott recurrió a medidas extraordinarias. En 2012, convenció a un tribunal en Ghana para que confiscara la Fragata Libertad, el buque escuela de la Armada de Argentina, con una tripulación de 200 personas, cuando ancló en el país. La medida irritó al gobierno argentino y un acuerdo parecía cada vez más distante. Un corte internacional ordenó a Ghana liberar el buque dos meses después.

Hace dos años, el fondo interpuso una demanda infructuosa en California para impedir que SpaceX, la empresa ligada a Elon Musk, lanzara un par de satélites para Argentina.

Las medidas crearon más antagonismo con Argentina. La entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner se negó a negociar y acusó a Elliott y otros fondos de ser “buitres” y “terroristas económicos”.

Elliott obtuvo una victoria legal en 2014 cuando la Corte Suprema de EE.UU. negó una apelación final de Argentina a un fallo de una Corte de Distrito estadounidense que le prohibía pagar intereses sobre los bonos canjeados sin pagar también a los bonistas que no aceptaron la reestructuración. Si no podía pagar a los tenedores de bonos existentes, Argentina no sería capaz de recaudar dinero mediante nueva deuda, un golpe para una economía en problemas.

En julio de ese año, Axel Kicillof, el ministro de Economía de Argentina en el momento, les dijo a Newman y a un grupo de inversionistas que “nunca obtendrían” más de 30 centavos por dólar por los bonos, de acuerdo a fuentes al tanto. Al día siguiente, Argentina volvió a caer en default, esta vez sobre los bonos que los inversionistas habían recibido en los canjes de 2005 y 2010.

No obstante, la elección a fines del año pasado de Mauricio Macri renovó las esperanzas de Newman y sus colegas. El nuevo mandatario se fijó como prioridad la solución de la disputa.

El 18 de febrero, Newman y otros acreedores se reunieron con los negociadores argentinos en la oficina en Manhattan del mediador designado por la corte. Después de más de ocho horas, las dos partes acordaron los términos clave del acuerdo.

“Oh, Dios mío”, exclamó Pollock, cuando se cerró el acuerdo. El ejecutivo dio la vuelta a la mesa corriendo para estrechar la mano de los representantes argentinos. “Tenemos un trato”.

-Taos Turner contribuyó a este artículo.

La Nación 

La emisión de deuda que impulsa el Gobierno es la mayor en el mundo desde 1996

La emisión de deuda por 15 mil millones de dólares que plantea el gobierno de Mauricio Macri para pagarle a los fondos buitre es la mayor que se haya realizado en el mundo para una economía  emergente desde 1996. Así lo indicó hoy el diario Financial Times que destacó que Argentina está a punto de emitir la mayor suma de deuda para cualquier nación en desarrollo desde 1996″, al tiempo que señaló que “en los mercados financieros globales la pregunta es a qué tasa Buenos Aires será forzado a pagar luego de 15 años de ausencia de los mercados”.

El diario londinense también señaló que los mercados se preguntan “quién querrá invertir en un país que ha sido culpable de varios defaults seriales durante los últimos 200 años” y remarcó que el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay impulsa una emisión de deuda por 15 mil millones de dólares pero que nuevas oleadas de enedeudamiento “se esperan para más adelante durante este año”.

“Eso haría de la Argentina el mayor emisor de bonos en moneda dura en mercados emergentes desde que México pidió 16 mil millones de dólares hace 20 años, de acuerdo a la compañía Dealogic”, precisa el texto, al tiempo que aclara que “las emisiones de deuda por parte de países emergentes han bajado durante este año, ante el fortalecimiento del dólar y la baja del apetito por inversiones de riesgo”.

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