La Argentina volvió a una política de endeudamiento masivo. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, celebró ayer el regreso a los mercados financieros a partir de la colocación de bonos por 16.500 millones de dólares, divisas que en su mayoría irán a parar a las cuentas bancarias de los fondos buitre. El gobierno de Mauricio Macri recibió órdenes de compra por 69.000 millones de dólares para adquirir alguno de los cuatro títulos ofrecidos, con plazos de tres, cinco, diez y treinta años, y una tasa de interés que promedió el 7,2 por ciento anual. La demanda se explica por la decisión de los inversores de inflar las órdenes para asegurarse su cuota en la distribución a prorrata final. “Es la mayor demanda de la historia para un país emergente y es la colocación más grande de la historia argentina”, valoró Prat-Gay en conferencia de prensa. El funcionario insistió en que el endeudamiento es el único camino para evitar “un ajuste fiscal”, ignorando los aumentos de hasta 600 por ciento en tarifas de servicios públicos y el recorte de puestos de trabajo en el sector público y el privado. “Y ahora se viene la segunda etapa, que comienza cuando maduren los beneficios de esta primera etapa”, alentó el ministro.

El raudo camino que inició el gobierno para ingresar en la lógica del sistema financiero internacional y dar el puntapié inicial a un nuevo ciclo de endeudamiento tuvo ayer un primer capítulo con la colocación de 16.500 millones de dólares. La emisión es parte del arreglo alcanzado con un grupo de fondos buitre a fines de febrero y con varios holdouts que se fueron sumando a una generosa propuesta, que les significó a los más beligerantes ganancias de hasta 1600 por ciento por la compra de bonos defolteados en 2001 y el pago que recibirán pasado mañana. Del total recaudado en el mercado financiero, hasta el momento unos 9300 millones de dólares serán transferidos a las cuentas carroñeras, indicó Prat-Gay. El resto, tal como había anticipado este diario, será para cubrir gastos corrientes. “El gasto público equivale a casi el 3 por ciento del PIB, unos 15.000 millones de dólares. Los más de 7000 que restan cubren la mitad”, admitió el funcionario, quien ya dejó de lado el argumento de que los dólares se utilizarían para activar obras públicas.

La operación implicará un incremento del 41,25 por ciento en los pasivos en dólares con acreedores privados y organismos multilaterales de crédito, ya que el peso sobre el PIB pasará del actual 17 por ciento a un 24,1 por ciento. Si bien el perfil de vencimientos no se verá alterado debido a la holgada situación crediticia que heredó el macrismo, producto de la política de desendeudamiento de la anterior administración, el país deberá volver a cumplir con las condicionalidades explícitas e implícitas que imponga la comunidad financiera. Por caso, el Gobierno ya adelantó que vuelve a las revisiones anuales del FMI en el marco del artículo IV del acta constitutiva del organismo. También deberá dar continuas señales promercado para lograr que las calificadoras de riesgo le pongan la nota necesaria para continuar tomando deuda. PratGay afirmó que no habrá más colocaciones este año en mercados internacionales, pero que sí lo hará en la plaza local.

Globos amarillos

El ministro celebró la alta demanda de bonos argentinos por parte de los inversores. El total de ofertas fue por 68.600 millones de dólares. Es un monto significativo pero en buena medida responde a una práctica usual de los inversores y bancos colocadores (algunos cumplieron el doble rol) de inflar las órdenes de compra para asegurarse la cuota de títulos prevista de antemano. Esto suele suceder cuando se preestablece un monto a emitir y la adjudicación es a prorrata. Las entidades coordinadoras fueron los holdings Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander, que recibirán 29,7 millones de dólares por sus servicios, mientras que BBVA, Citigroup y UBS serán los encargados conjuntos de los libros. El JP Morgan y el Deutsche fueron los empleadores del ministro PratGay y del secretario de Finanzas Luis Caputo. Estas entidades además se ven beneficiadas por el status de privilegio de adquirir los bonos al valor del mercado primario (directamente del emisor) respecto del precio que tiene en paralelo en el secundario. Por caso, el bono a diez años fue colocado con un rendimiento (que varia inversamente al precio) del 7,5 por ciento, pero en el secundario ya cotizaba con una tasa implícita (un mayor precio) de hasta un 7,05 por ciento. Esa diferencia representa una ganancia extra para esos bancos.

De acuerdo con el detalle que difundió Hacienda, la serie de bonos más demandada fue el cupón a diez años, con ofertas por 25.700 millones de dólares, seguida por el de treinta (17.900 millones), el de cinco (14.500 millones) y el más corto de tres años (10.500 millones). Los montos adjudicados fueron 2750 millones de dólares para el bono a tres años, 4500 millones a cinco años, 6500 millones a diez y 2750 millones a treinta años. Las tasa promedio fue de 7,14 por ciento, que se explica por un rendimiento de 6,25 por ciento anual para el título a tres años, de 6,87 a cinco años, 7,5 por ciento a 10 y del 7,62 por ciento a treinta años. Según explicó Prat-Gay, el 65 por ciento de la colocación fue adquirida por inversores estadounidenses, un 25 por ciento de países europeos y el restante 10 por ciento en partes iguales de naciones del Lejano Oriente y América latina. “Pudimos emitir el doble, pero no lo hicimos porque creemos que esa tasa se puede ir bajando. Tampoco queríamos ahogar el acceso al crédito a otros sectores, como el privado y gobiernos provinciales”, aseguró.

“El resultado de la emisión fue como matar tres pájaros de un tiro: se cierra el default de 2001, se resuelve el tema de los pagos embargados a los bonistas que ingresaron al canje y se recaudaron recursos importantes para el programa financiero de este año”, destacó el ministro. Pese a que la promesa del macrismo fue que la deuda que se tomara en los mercados internacionales tendría como destino obras de infraestructura, los más de 7000 millones de dólares que sobraban hasta ayer respecto de lo necesario para pagarle a los buitres irán a cubrir el déficit presupuestario. “La Argentina no puede crecer ni desarrollarse aislada del mundo”, fue el slogan que eligió el funcionario para justificar la política de endeudamiento. El ministro volvió a agitar el fantasma de la pesada herencia y de la necesidad de tomar crédito para evitar un mayor ajuste de la economía. “Sin acceso al crédito hubiésemos tenido que hacer un ajuste fiscal. Ahora tenemos una estrategia gradualista”, afirmó Prat-Gay. “No creemos en un derrame de esta decisión puntual (la deuda para pagar a los buitres) sino de todas las medidas que estuvimos tomando”, concluyó.

Página12

 

Adiós al desendeudamiento

Por Tomás Lukin

La colocación de 15 mil millones de dólares de nuevos bonos realizada por el gobierno de Mauricio Macri representan un aumento de 37,5 por ciento en los pasivos en dólares con acreedores privados y organismos multilaterales. Cuando se suman esos fondos destinados a cancelar el apresurado acuerdo con la mayor parte de fondos buitre la deuda pública neta trepa del 17,0 al 23,5 por ciento del PIB. Los bajos niveles de endeudamiento heredados y un ordenado perfil de vencimientos han facilitado la emisión de bonos más abultada en los últimos quince años para un país emergente. La operación representa para el equipo económico un paso fundamental en el proceso de reinserción plena en la lógica del sistema financiero internacional. Así, a los dos nuevos pilares de la política económica, la liberalización financiera y apertura comercial, se sumó ayer el acceso al financiamiento externo.

La decisión política de reducir los niveles de deuda externa redundó en una ampliación del margen de maniobra para la política económica argentina. En 2002, después del estallido de la convertibilidad más del 95 por ciento de la deuda pública estaba en manos del sector privado y agencias multilaterales. Fue a partir de 2005 cuando ese lastre comenzó a perder relevancia como resultado del proceso de regularización de pasivos en default –los canjes de 2005 y 2010– y la política de desendeudamiento. Al concluir el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner el nivel de los pasivos externos había caído hasta el 17 por ciento del PIB.

Entre 2005 y 2015, el país desembolsó casi 200.000 millones de dólares para el pago de vencimientos de intereses y capital. Ese excesivo esfuerzo requerido por la política de desendeudamiento no sólo permitió capear con mayor holgura episodios como la crisis internacional sino que garantizó los grados de libertad necesarios para sostener crecientes niveles de demanda interna e impulsar el proceso de redistribución del ingreso. Esa misma plataforma facilitó ayer el regreso al mercado financiero internacional.

De la mano del HSBC, Deutsche Bank, JP Morgan, Santander, BBVA, Citigroup y UBS, el gobierno emitió bonos por 15 mil millones de dólares que serán utilizados para financiar un acuerdo judicial en Estados Unidos con una porción significativa de los buitres.

Volver al mundo

Antes del inicio del proceso de globalización financiera Argentina presentaba indicadores de deuda bajos y estables. Los investigadores del Cedes, Roberto Frenkel, Mario Damill y Martín Rapetti, explican que hasta entonces la deuda externa total, pública y privada, contraída fundamentalmente con organismos multilaterales y gobiernos, osciló en un rango de 10 a 15 por ciento del PIB. Uno de los factores determinantes que impulsaron los procesos de endeudamiento externo (y un cambio en su configuración) fue la escalada del precio internacional del petróleo a comienzos de la década del setenta.

Esos flujos de esos petrodólares fueron facilitados en el plano interno a través de la profunda reforma de liberalización financiera de 1977 llevada a cabo durante la última dictadura militar por el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Esa reforma estuvo acompañada por el progresivo levantamiento de los controles cambiarios a las operaciones privadas por cuenta de capital, entre 1978 y 1980. El proceso de apertura financiera irrestricta y endeudamiento se aceleró a partir de 1990 con el Plan Brady y los programas de “estabilización” del FMI. El 69 por ciento de los títulos de deuda externa en poder de los fondos buitres que cobrarán el viernes fueron emitidos durante el Megacanje en 2001. El 31 por ciento restante corresponde a emisiones regulares entre 1996 y 2001, en pleno auge del modelo de valorización financiera.

La dinámica de sobreendeudamiento que comenzó a mediados de la década del setenta constituyó desde entonces en una restricción para el crecimiento económico y una fuente de fragilidad financiera para el país. Al mismo tiempo, el modelo de valorización financiera que garantizó esa dinámica tenía como condición necesaria la pauperización de los sectores populares que se expresó en las elevadas tasas de desempleo y la precarización de las condiciones laborales.

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