La conferencia de prensa de Juan José Aranguren, ministro de Energía y Minería, para explicar los nuevos cuadros tarifarios para el sector eléctrico, podría resumirse en una frase. “La factura promedio del 70 por ciento de los usuarios residenciales de Edesur de menor consumo (hasta 400 kw/hora por mes) pasará de 26 pesos a 158 pesos, y la del 80 por ciento de los usuarios residenciales de Edenor (en el mismo rango de consumo) pasa de 25 a 150 pesos.” Esto es, un incremento del 507,7 por ciento en el primer caso y del 500 por ciento en el segundo. Como el impacto del aumento difiere en cada caso, según la categoría y la variación de consumo respecto del año anterior, dicho promedio no refleja la situación del conjunto, ya que habrá aumentos por debajo y por encima. El consumo promedio en Ciudad Autónoma y Gran Buenos Aires es de poco más de 370 kw/h mensuales, y se estima que, entre dicho nivel y los 500 kw/h mensuales, el aumento del precio del servicio eléctrico en febrero se ubicará entre el 550 y el 600 por ciento. Según aclaró Aranguren, este aumento rige para los próximos tres meses, y en mayo habrá una revisión tarifaria para seguir el reordenamiento que busca terminar con el subsidio sobre el costo de la generación eléctrica. Antes, en el mes de marzo, se haría efectivo el aumento en la tarifa del gas, según fuentes oficiales.

El titular de Energía destacó el ahorro que obtendrá el Estado por la quita parcial del subsidio a la generación (centrales eléctricas) y la distribución (Edenor y Edesur). En el caso del precio de la energía, hizo la comparación en dólares: en 2015 el Estado pagó 9800 millones por subsidio a la generación y este año, tras las modificaciones en el esquema de pagos, el subsidio se reduce a 5800 millones de dólares. El ahorro de 4000 millones quedará a cargo de los usuarios de todo el país, que lo pagarán con el aumento de tarifas.

Con respecto a la distribución, Aranguren indicó que en 2015 el Estado afrontó transferencias a favor de Edenor y Edesur (las distribuidoras del resto del país tienen regulación y regímenes locales) por 10.400 millones de pesos, que complementaban el pago de los usuarios por 4200 millones de pesos en concepto de “valor agregado de distribución” (la retribución a las prestadoras de ese servicio). En 2016, con el nuevo esquema tarifario, el Estado dejará de pagarle a las distribuidoras.

El “ahorro” del Estado lo pagará el usuario, pero con un “plus”, porque lo que abonará por Valor Agregado de Distribución más el Focede (fondo de compensación eléctrico) sumará este año 16.300 millones de pesos. Traducido a pesos, el “ahorro” total del Estado por subsidio eléctrico será de 70 mil millones de pesos (estimando un dólar a 15 pesos). La carga extra para los usuarios, consecuencia del nuevo esquema, suma 72.100 millones. La diferencia es un ingreso extra de Edenor y Edesur.

Otro de los aspectos enfatizados por Aranguren fue que el régimen anterior había provocado una fuerte discriminación en contra de las provincias y a favor del área metropolitana, con tarifas que llegaban a representar entre siete y ocho veces las vigentes en la Ciudad Autónoma y el conurbano. Según un reciente estudio de Fundelec, es lo que resulta al comparar las tarifas de las distribuidoras de Río Negro, Tierra del Fuego, Santa Fe, Córdoba, entre Ríos y Jujuy, con respecto a las de Edenor y Edesur para distintos niveles de consumo. Esta distorsión no se resolverá con el nuevo esquema tarifario: tan sólo se reduciría y no en todos los casos. Es que a pesar de las altas tarifas ya vigentes, el costo de la electricidad también sufrirá fuertes incrementos, del orden del 100 al 150 por ciento (San Juan y Mendoza, por ejemplo), con casos extremos como el de Catamarca y Santiago del Estero, que al tener la energía subsidiada y los valores del servicio más próximos a los de Edenor y Edesur (“tan sólo” entre 150 y 200 por ciento más caros), estiman que podría sufrir incrementos en las facturas superiores al 400 por ciento.

En cuanto a la tarifa social, que le será asignada a jubilados, beneficiarios de programas sociales, empleados con sueldo menor a dos salarios mínimos, y discapacitados, Aranguren estimó que, dentro del universo de clientes de Edenor y Edesur, de 4,6 millones de hogares, le correspondería a aproximadamente 900 mil: poco menos del 20 por ciento. Recordó que quienes reciban esta asignación no abonarán el valor de la energía por el consumo de hasta 150 kw/hora mensuales (pero sí otros ítems de la factura, como el VAD, el Focede e impuestos). Por el excedente, el precio se definirá según supere o no el consumo del mismo mes del año 2015. Si hay mayor consumo, todo el excedente paga la tarifa normal. Si hay ahorro, será una tarifa reducida (10 por ciento de la normal). Con todas estas variantes, el Ministerio de Energía estimó que un usuario residencial con un consumo promedio de 202 kw/hora mensuales, que reciba la asignación de Tarifa social, sufrirá un aumento del 72 por ciento en la factura con el nuevo régimen desde febrero.

El premio por bajar el consumo respecto del año pasado es grande. El aumento de la tarifa es fuerte. El mensaje del gobierno es claro: busca reducir el consumo residencial, sugiriendo un uso más racional de la energía. En el caso de la pequeña industria, el menor consumo puede ser el equivalente a menor actividad, lo cual puede ser una de las consecuencias no deseadas del nuevo modelo de suministro eléctrico que ayer, Juan José Aranguren, presentó en sociedad.

Página12

Estiman que la quita de subsidios agregará hasta 9 puntos a la inflación

Un informe del Estudio Bein advierte sobre “la inconsistencia entre el programa fiscal y la meta de inflación”. Es que, asegura, mientras se eliminan subsidios con la consecuente repercusión en la inflación, el gobierno estima en 20% o 25% la expansión de los precios para este año.

El anuncio de recortes en subsidios de 1,5% del PBI efectuado por el Gobierno tendría un impacto directo de 9 puntos en la inflación. Así lo señala el último informe del Estudio de Miguel Bein, principal economista del ex candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. El trabajo describe una situación internacional compleja, pero de todas formas sostiene que “las bajas tasas de interés en los mercados, frente a los obstáculos que encuentra la Fed para apurar la suba de tasas, y la inyección de liquidez de los bancos centrales de la Zona Euro y Japón, abren una ventana para apalancar la economía partiendo de los bajísimos niveles de deuda en el mercado”.

Al respecto, explica que “el apetito por riesgo de los mercados -aunque más selectivo frente a la mayor volatilidad- y la baja deuda en el mercado podrían ayudar a escribir una historia de recomendaciones de compra en Argentina durante los próximos meses”.

Además del humor de los mercados internacionales, según Bein las posibilidades del país de acceder al financiamiento externo dependerán de dos factores. Uno es “el rumbo de las negociaciones con los fondos buitre y la reposición del stay para abrir la cuenta capital y salir del default selectivo”.

Bein no deja de criticar la “inconsistencia entre el programa fiscal y la meta de inflación”. Sostiene que será necesario “el marketing del programa económico, que aleje del radar de los inversores la inconsistencia entre el programa fiscal (con anuncios de recortes en subsidios de 1,5% del PBI que, según nuestros cálculos, tendría un impacto directo de 9 puntos en la inflación) y los anuncios de metas de inflación (20% – 25% interanual para este año)”.

24 baires

Afirman que la suba de tarifas puede impactar sobre el nivel de consumo

La suba de las tarifas de los servicios públicos puede impactar negativamente sobre el nivel de consumo, aunque se compensará con las medidas de alivio tributario planeadas por el Gobierno y por el aumento de las inversiones que puede registrarse en los próximos meses.

Los analistas consultados por LA NACION destacaron la importancia de esta medida como parte de la baja del déficit fiscal comprometido por el Gobierno.

Para saber cuál será el impacto sobre la inflación del mes próximo, los economistas quieren ver todavía el cuadro tarifario definitivo para el sector residencial del área metropolitana, aunque sumaría entre uno y dos puntos.

En tanto, los estudios Bein, Ferreres y ACM ya estimaron que la quita de los subsidios planteada por el Gobierno para este año le agregará entre siete y nueve puntos a la inflación.

Rodrigo Alvarez, director de Analytica, señaló que la decisión de ayer, “es parte de un ordenamiento necesario, porque el esquema actual no es eficiente y genera problemas, no solo desde el punto de vista fiscal sino también de la equidad distributiva”.

El economista aclaró que los aumentos “van a tener impacto sobre la inflación y por eso la meta del 20 al 25 por ciento planteada por el Gobierno no parece sencilla de alcanzar; esperamos más bien un incremento de los precios del 30 al 35 por ciento”.

En cuanto al efecto sobre el consumo, dijo que “está siendo golpeado en forma muy sesgada: hay sectores de ingresos medios que serán afectados por esta suba, pero el resultado final dependerá más de las paritarias, de los cambios en el impuesto a las ganancias y de la universalización de la asignación universal por hijo”.

Para Alvarez, “es posible que la inversión reaccione rápido, aunque no hay que dejar de mirar el consumo”.

Federico Furiase del estudio Bein indicó que “todo ajuste de precios relativos es contractivo sobre el consumo, igual que ocurre con el tipo de cambio, aunque éste fue menor que lo esperado”.

Al respecto expresó que “hasta ahora hubo un equilibrio entre el dólar y las tasas que fue amigable. Y en este contexto, cuanto mayor sea la entrada de capitales, menor será la devaluación y el traslado a precios. Y en cuanto a la tarifa, cuantas más inversiones se consigan, más se amortiguará la corrección fiscal requerida. Pero a su vez, la obtención de inversiones, más allá del clima externo, depende de la resolución del juicio en Nueva York y de la consistencia de los números fiscales”.

Julian Folgar de ACM señaló que si se actualizan el tipo de cambio y las tarifas, “el impacto en los ingresos dependerá de cuánto logren los sindicatos al pedir aumentos salariales, aunque parece que bajará el salario real”.

Por su parte, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) detalló en un informe que la resolución 6/2016 de ayer “va a tener un impacto muy significativo sobre los subsidios, del orden de los 3400 millones de dólares corrientes o, de modo equivalente, un valor cercano al 0.7% del PBI”.

De inmediato aclaró que “el efecto neto de la Resolución, una vez que se tiene en cuenta la devaluación de diciembre de 2015 (que aumentó los subsidios en 400 millones de dólares) y el posible aumento en el precio del gas que paga el sector eléctrico (que agrega otros 1100 millones de dólares), se reduce al entorno de los 2000 millones de dólares, o 0.4% del PIB”. Para Analytica, el ahorro también llegaría a 2000 millones de dólares.

La Nación