El Poder Ejecutivo oficializó la ley aprobada por el Congreso que formaliza la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, y habilita al Estado argentino a vender bonos en el mercado hasta un máximo de 12.500 millones de dólares para cancelar la deuda en default.

La ley también insta al ministro de Economía, Alfoso Prat-Gay, a ir al Congreso para informar trimestralmente el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se arribe durante el proceso de negociación con los tenedores de deuda.

Como quedó establecido tras la discusión de la norma en el Congreso, la ley prevé “la emisión de bonos del Tesoro de la Nación y/o la contratación de otras operaciones de empréstito público por hasta un valor nominal original de dólares” de “12.500 millones de dólares”.

Además, manifiesta que “la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución” de distintos bienes.

En el artículo 13 de la Ley, el Ejecutivo nacional dejó establecido que en 60 días se adoptarán todas las medidas necesarias tendientes para “normalizar el servicio de los títulos públicos emitidos en el marco de la reestructuración de la deuda pública”.

En uno de sus últimos puntos, la norma también establece la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación en el ámbito del Congreso, compuesta por diez senadores y diez diputados.

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Las claves del acuerdo

Para pagarle a los fondos buitre, propietarios del 7,6 por ciento de la deuda defolteada en 2001, se necesitarían al menos 11.700 millones de dólares. Como el desembolso se hará en efectivo, cuando las condiciones legales en Estados Unidos lo permitan, el Ministerio de Hacienda y Finanzas se endeudará con un grupo de bancos extranjeros. El monto, los plazos, las tasas y las comisiones involucradas en la operatoria todavía no fueron divulgadas pero para conseguir esa cifra en efectivo el gobierno deberá emitir títulos por un monto superior. El resultado de la colocación será transferido a las cuentas de los acreedores carroñeros que hayan firmado los acuerdos correspondientes.

Los títulos públicos que todavía se encuentran en default tienen un valor nominal de 6000 millones de dólares y la propuesta del gobierno de Mauricio Macri ya fue aceptada por el 55 por ciento del total. Con el resto se mantiene abierta la negociación a través del abogado mediador Daniel Pollack, impuesto por el juez neoyorquino Thomas Griesa. El tratamiento que recibirá cada acreedor carroñero depende del tipo de demanda y sentencia obtenida pero en todos los casos les permitirá multiplicar entre 1,5 y 3,5 veces el valor nominal de sus bonos mientras que el 92,4 por ciento de los inversores que participaron del canje recibieron 30 centavos por cada dólar.

Las ganancias serán mayores ya que no se trata de inversores genuinos sino que, en su mayoría, adquirieron esos papeles a precio de remate después del default. Si no se presentan trabas judiciales en las próximas semanas, los fondos litigantes más agresivos manejados por las firmas Elliott Management, Aurelius, Davidson Kempner y Bracebridge Capital serán quienes obtengan mayores ganancias. En el mejor escenario para el equipo económico, los pagos comenzarían a realizarse a mediados de abril, pero el plazo previsto en los preacuerdos se extiende hasta finales de junio.

Aproximadamente 4,3 de cada 10 dólares de deuda en default fueron favorecidos por la sentencia de Griesa en Nueva York que les reconoce en total de 9200 millones de dólares. A cargo de la negociación, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el responsable de la coordinación interministerial de la jefatura de Gabinete, Mario Quintana, ofrecieron pagarles con una quita promedio del 25 por ciento.

Prácticamente la totalidad de ese grupo de acreedores carroñeros aceptó la propuesta. Con ese tratamiento los buitres encabezados por Paul Singer multiplicarán sus tenencias originales 3,5 veces. Adicionalmente, en el caso de los acreedores más agresivos las concesiones del equipo económico incluyeron hacerse cargo de sus costas legales. Son más de 200 millones de dólares.

Por su parte, para el resto de los acreedores que no están beneficiados por la sentencia neoyorquina, el Palacio de Hacienda les propuso una fórmula diferente que les permite multiplicar sus tenencias 1,5 veces. En ese grupo se encuentran los denominados “bonistas italianos” que firmaron en febrero pasado un preacuerdo donde recibirán un pago en efectivo por 1440 millones de dólares. Todavía resta que se exprese una porción significativa de los buitres que, por su estrategia judicial, entran en este grupo.

“Respecto al monto total emitir, Argentina tiene deuda en default por 1,4 por ciento del PIB y, con esta oferta, pagará como máximo 2,6 por ciento del producto”, indicó en un informe el economista de la consultora Econométrica, Ramiro Castiñeira. Si bien la operación de endeudamiento necesaria para pagar representa la emisión más grande para una economía emergente de los últimos 20 años, Castiñeira considera que “el pago no cambia la realidad de una Argentina desendeudada”. Si se concreta la operación la deuda publica neta (excluye los pasivos intra Sector Público), quedará en 26,5 por ciento PIB. Aunque no implique un retroceso irreversible, el acuerdo con los buitres es un paso para la reinserción del país en la lógica del sistema financiero internacional y habilita un nuevo ciclo de endeudamiento externo.

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