El Gobierno acordó la emergencia social y destinará $ 30.000 millones adicionales

La medida se extenderá por tres años, según lo pactado con las organizaciones sociales y la oposición; antes de fin de año también se aprobará una reforma consensuada al impuesto a las ganancias.

Bajo presión y con el objetivo de pasar un fin de año en paz, el Gobierno cedió ayer a los reclamos y alcanzó un acuerdo con las organizaciones sociales y con la oposición para sancionar antes de fin de año una ley de emergencia social y una reforma de Ganancias. Los dos temas fueron incluidos en sesiones extraordinarias, a las que el Presidente convocó por decreto, por lo que la oposición accedió a suspender la sesión especial convocada para hoy en la Cámara de Diputados.

El acuerdo por la emergencia está más avanzado y quedó plasmado en un acta compromiso firmada en el Ministerio de Trabajo con los referentes de las organizaciones que convocaron a la movilización del viernes: Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

En ese documento se acuerda declarar la emergencia social por tres años, se crea un registro y un consejo de trabajadores de la economía popular, y se comprometen aumentos millonarios en partidas sociales, de más de $ 30.000 millones hasta 2019. Las organizaciones dejaron de lado el reclamo para la creación de un millón de puestos de trabajo en cooperativas y el aumento de urgencia de 15 por ciento para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Cada uno de esos puntos quedará expresado en un nuevo proyecto de ley, diferente del aprobado por el Senado la semana pasada, que será presentado en los próximos días en la Cámara baja. En cuanto a la reforma de Ganancias, se llegó a un acuerdo sobre el cronograma de tratamiento, pero no sobre el contenido. La oposición negocia una propuesta común, con cambios más profundos que los del proyecto oficial. En minoría, el Gobierno deberá aceptar modificaciones.

El tratamiento de Ganancias y de emergencia empezará la semana que viene. El martes, en una reunión informativa, un plenario de comisiones tratará la reforma del impuesto. La idea es que haya dictamen el jueves 1° de diciembre y que las dos iniciativas se debatan en el recinto el martes 6. El Gobierno muestra voluntad para que se conviertan en ley antes de fin de año.

El acuerdo se anunció en una inusual conferencia de prensa, que reunió a los jefes de los principales bloques de la oposición. “Es una buena noticia que mañana [por hoy] no vamos a enlodarnos en una discusión reglamentaria, sino que llegamos a un acuerdo para debatir los problemas que le importan a la gente”, dijo Mario Negri, jefe del interbloque Cambiemos. Se refería a que la oposición iba a intentar habilitar el tratamiento en la sesión especial, pese a que no contaba con los dos tercios necesarios.

En el patio de la planta baja de Diputados, estaba rodeado por Héctor Recalde (FPV), Graciela Camaño (Frente Renovador), Oscar Romero (Bloque Justicialista), Victoria Donda (Libres del Sur) y Leonardo Grosso (Movimiento Evita). Todos acaban de compartir un breve encuentro con el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, y los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.

En ese mismo patio estaban los referentes de las organizaciones sociales que acababan de cerrar un acuerdo con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y con su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Además de extender la emergencia social hasta diciembre de 2019, se acordó una serie de puntos. Unificar y elevar a 4000 pesos por mes los programas Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Trabajo Autogestionado, hoy con beneficios de 3450 pesos por mes. Los titulares de esos planes van a cobrar un bono de fin de año de 2030 pesos, antes del 29 de diciembre. Se dispuso un aumento del 40 por ciento en las partidas correspondientes a comedores comunitarios y del 63 por ciento en las destinadas a merenderos comunitarios. El Ministerio de Desarrollo Social distribuirá además un millón de canastas navideñas. Respecto del bono de fin de año para titulares de AUH, el Gobierno mantuvo la oferta de 1000 pesos por familia y 250 pesos extras a partir del segundo hijo.

En cuanto al proyecto de emergencia social, se estableció la creación de un “registro nacional de la economía popular” y del “consejo de la economía popular y el salario social complementario”. La implementación del salario social complementario, para que los trabajadores informales alcancen el salario mínimo, “deberá realizarse en forma progresiva en la medida de las posibilidades presupuestarias del Estado nacional”. El desembolso comprometido es de $ 30.000 millones en tres años, que se suman a $ 17.000 millones ya presupuestados para 2017. Si se usaran para crear puestos de trabajos en cooperativas, podría pasarse de los 300.000 actuales a más de 500.000.

La Casa Rosada vivió el pacto como un triunfo

Como si se tratara de una bomba a punto de explotar, por la cercanía a fin de año, el Gobierno se arrogaba anoche un triunfo tras el acuerdo por la emergencia social alcanzado con el triunvirato piquetero (CTEP, Barrios de Pie y la CCC). “El proyecto de las organizaciones era provocador, sólo buscaba complicar el fin de año”, dijo a LA NACION un alto funcionario de Gobierno que siguió de cerca la negociación. En el acuerdo no aparece la creación del millón de puestos de trabajo, que reclamaban las organizaciones sociales. La cantidad quedará sujeta finalmente al Consejo de la Economía Popular, un organismo que se creará con la futura ley. “Era un número antojadizo, ellos mismos sabían que era irrealizable. Hubo momentos de mucha tensión, pero conseguimos levantar un foco de conflicto importante”, dijo el funcionario. En el Gobierno explicaron que los puntos del acuerdo firmado el martes en el Ministerio de Desarrollo Social -el bono de fin de año, la actualización en los montos del plan Argentina Trabaja y el aguinaldo para cooperativistas- seguirán vigentes.

La Nación


Un acuerdo forzado para evitar una derrota

Con una negociación en dos planos –en el Congreso y en los ministerios–, el Gobierno selló un acuerdo con la oposición para evitar hoy una derrota del oficialismo en el recinto de la Cámara de Diputados, que mostraría a Cambiemos bloqueando el tratamiento de la Emergencia Social para los sectores sociales más vulnerables y la reforma del Impuesto a las Ganancias reclamado desde las centrales obreras, impulsadas en el Congreso por el abroquelamiento del grueso del arco opositor.

Los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay fueron hasta la Cámara baja para acordar en una reunión con la oposición el levantamiento de la sesión especial de hoy (convocada por los bloques opositores) con el compromiso de incluir ambos temas en las sesiones extraordinarias del Parlamento que se extenderán hasta el 30 de diciembre y cuyo decreto presidencial se conoció por la noche (ver recuadro). Ganancias y la Emergencia Social llegarán al recinto de Diputados el 6 de diciembre para que el Senado pueda convertirlos en ley antes de fin de año.

Acuerdo

Los legisladores de Cambiemos comenzaron una negociación con Sergio Massa para evitar hoy lo que el jefe del interbloque oficialista de diputados, el radical Mario Negri, definió como “chiquero parlamentario”. Negri y el titular de la Cámara baja, el macrista Emilio Monzó, buscaron convencer al líder renovador la intención del Gobierno de incluir Ganancias en las sesiones extraordinarias y que con ese objetivo Prat- Gay había enviado el –cuestionado– proyecto oficial. Pero Massa vio atada su intención negociadora al acuerdo opositor donde los dos temas (Ganancias y Emergencia) iban juntos en las negociaciones con el Gobierno.

En paralelo, en el ministerio de Bienestar Social, la ministra Carolina Stanley remontaba una nueva reunión con las organizaciones sociales que impulsaron la Emergencia -Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie (BdP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC)- tras dos encuentros anteriores que habían fracasado. A la reunión de ayer se sumaron el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el jefe del bloque PRO, Nicolás Massot y el presidente de la comisión de Presupuesto en la Cámara baja, Luciano Laspina. Allí arribaron a un principio de acuerdo con mejoras reclamadas para las organizaciones sociales y la redacción de un borrador sobre una nueva ley de Emergencia.

Por la tarde, las organizaciones sociales convalidaban en asambleas realizadas en distintos municipios del conurbano bonaerense lo que sus negociadores acordaron con la ministra: la suba de las remuneraciones de los cooperativistas beneficiarios de los planes sociales de 3200 a 4000 mil pesos mensuales, un medio aguinaldo o bono en diciembre de 2030 mil pesos, el adelantamiento del pago de los planes de febrero en enero de 2017. Así como un millón de canastas navideñas, un aumento del 40 por ciento de lo que el ministerio destina a comedores comunitarios y un 63 por ciento para los merenderos.

En lo que se mantuvo la negativa del Gobierno respecto al proyecto de Emergencia Social con media sanción del Senado fue en el compromiso de crear un millón de empleo a lo largo de un año. Stanley aceptó el grueso de la propuesta y propuso algunas modificaciones. El borrador establece que se declarará la emergencia social por tres años, cada uno de los cuales se destinará un aumento de 8 mil millones de pesos anuales que servirían sumar gradualmente otros planes.

Se creará el Consejo (integrado por el Ejecutivo y las organizaciones sociales) para negociar un Salario Social Complementario, y un registro nacional de Trabajadores de la Economía Popular.

Aunque el borrador deja afuera el reclamo del 15 por ciento de aumento para las asignaciones universales por hijo y por embarazo.

Prat-Gay y Frigerio llegaron al Congreso cerca de las siete de la tarde para sellar la tregua con la oposición. Los ministros se reunieron con las espadas legislativas del oficialismo en la presidencia de la Cámara, con Monzó, Negri y Massot. Los presidentes de los bloques opositores –Héctor Recalde (FpV-PJ), Graciela Camaño (Frente Renovador), Oscar Romero y Diego Bossio por el Bloque Justicialista, Leonardo Grosso y Lucila Deponti por el Peronismo para la Victoria-Movimiento Evita, y Victoria Donda (Libres del Sur)- esperaron a los funcionarios en el Salón Blanco de la planta baja del Palacio legislativo.

Una hora después -con el decreto presidencial de la convocatoria a sesiones extraordinarias y el temario en la mano- bajaron a reunirse con la oposición. Frigerio fue el encargado de resumir la postura del Gobierno: evitar el enfrentamiento que prometía la sesión de hoy en Diputados, confirmó el principio de acuerdo entre el Ejecutivo y las organizaciones sociales por la Emergencia. Además, pidió “prudencia” a la oposición sobre la reforma de Ganancias y que se respeten los acuerdos previos con las provincias.

Cronograma

Después de las fotos de rigor, los jefes de los bloques opositores dieron a conocer el cronograma de lo acordado. El martes próximo habrá una reunión informativa sobre Ganancias, donde se acordarán todos los proyectos que incluirá el debate, aun los que no habían sido incorporados hasta ahora, incluso el que giró el Gobierno al Parlamento.

El jueves habrá reunión del plenario de comisiones para darle dictámenes de mayoría y los de minoría, que llegarán al recinto el 6 de diciembre. La misma sesión en la que se tratará la Emergencia Social, que también tendría dictamen el jueves de la semana próxima. Para ambas iniciativas lleguen al Senado para tratarse el 16 de diciembre y ambas convertirse en ley con el respaldo del grueso del arco opositor.

A diferencia de la Emergencia Social, cuyo texto será el del acordado entre el Ejecutivo y los movimientos sociales, Ganancias promete una fuerte disputa que encontrará al grueso de las bancadas opositoras enfrentadas a la propuesta oficialista.

Desde el massismo, el kirchnerismo y peronismo disidente hay intenciones de buscar acuerdos y tratar de unificar una propuesta común. Los une el espanto a la “propuesta mezquina” del oficialismo. Todos los cálculos indican que el proyecto oficial terminará por sumar al menos dos millones de trabajadores más que pagarán el impuesto a partir del año próximo si prospera.

Los enunciados que Massa presentó a la noche como propios, en realidad sumaban varias de las coincidencias que los bloques opositores alcanzaron para avanzar en la convocatoria prevista originalmente para hoy. Aunque cada uno de las bancadas opositoras tienen sus propias iniciativas.

De todas maneras, la mayoría de los opositores afirman que desechar la propuesta oficial terminará por beneficiar al Gobierno impulsando el consumo, tras el fracaso del macrismo ante las inversiones extranjeras, la recesión económica y la compleja situación social que generaron sus propias políticas económicas.

Desde el Gobierno resisten que las propuestas de financiamiento opositor, que proponen que el costo fiscal se cubra con gravar parte de la renta financiera y a la minería (a la que el Gobierno le quitó las retenciones a las exportaciones), aunque acepta a regañadientes un gravamen al juego.

La movida oficialista de ayer buscó evitar que el Gobierno cargue con el costo político de negarse a tratar proyectos que benefician a los sectores sociales más vulnerables y las capas de trabajadores mejores remunerados. Lo cierto es que en unos días tendrá que asumir la derrota que la oposición en el Congreso le infligirá a los lineamientos principales de su política económica, que hasta ahora favoreció a los sectores más concentrados de la economía.

Página 12