Documento que muestra el domicilio de Foxchase Trading S.A. en Panamá.

El periodista Hugo Alconada Mon reveló al declarar ante el juez Sebastián Casanello sobre los Panamá Papers, que en la nómina de empresas offshore detectadas por esa investigación aparecen datos de otra sociedad “denominada Macri Group”, que se suma a otras dos ya conocidas.

“Aparecieron datos sobre otra sociedad denominada Macri Group” contestó el periodista al declarar bajo juramento ante el titular del Juzgado Federal 7 por la revelación de que el Presidente figura como directivo de la sociedad “Fleg Trading LTD” asentada en Bahamas.

“También aporta documentos al juzgado”, precisa el acta de la declaración del periodista de La Nación que participó de la investigación sobre las sociedades armadas en paraísos fiscales por el estudio jurídico panameño Mossak Fonseca.

Fuentes judiciales dijeron que el periodista no pudo confirmar si la sociedad pertenecía en realidad al presidente, pero que lo declaró porque prefería que fuera la Justicia quien lo determine.

A través de un mensaje publicado en la red social Twitter, Alconada Mon dijo que “hasta donde sabemos Macri Group sería un falso positivo”, en referencia a una posible firma homónima que no tendría relación con el ex jefe de Gobierno porteño.

El periodista negó en cambio que la empresa “Kagemusha”, vinculada a la familia presidencial por otra investigación periodística, integrara la filtración de ese estudio ya que había sido constituida por otra consultora panañema.

El fiscal Federico Delgado, que impulsó la investigación sobre la firma off shore vinculada a Macri, pidió al periodista Tomás Lukin, del diario Página/12, la información sobre la segunda empresa adjudicada al presidente.

Alconada Mon, del diario La Nación, brindó detalles de la investigación que realizó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre las empresas y cuentas armadas en países con reguardo de confidencialidad, generalmente para eludir impuestos en sus países de origen.

Allí, aseguró que la primera mención del apellido Macri detectado en las gigantesca base de datos filtrada, se produjo el martes 8 de diciembre de 2015 y la realizó su colega Iván Ruiz, del equipo de investigación del mismo diario.

A partir de ese momento, “comenzaron a rastrear el apellido Macri” como así también de sociedades en que aparecía vinculado a los empleados y ejecutivos de Mossak Fonseca que manejaban su legajo.

La investigación comenzó a revelarse el 3 de abril, momento en el que se habían recopilado “diez documentos de distinta extensión” referidos al presidente, que el periodista entregó hoy al juzgado.

Alconada Mon precisó que un mes antes de la publicación un periodista español que integra el consorcio consultó en la Presidencia, comunicándose con el vocero presidencial Iván Pavlovsky, quien prometió responderle pero le entregó “unos pocos e insuficientes datos”, lo que hizo ampliar la consulta al secretario de Prensa, Jorge Greco.

Alconada Mon se comprometió ante el juzgado a facilitar el soporte digital de la investigación periodística para que se copie las referencias al presidente.

“Sólo aparece información y acotada sobre los dueños de esa sociedad de la que sólo surgen quienes son sus directivos”, añadió.

No obstante admitió que información complementaria podría obtenerse en “el registro de comercio de Panamá, el Banco Central de Panamá, autoridades tributarias de Panamá, al igual que de Bahamas”.

En relación a “Fleg Trading LTD” recordó que “se activó, se paralizó durante cuatro o cinco años, se revitalizó durante el 2004 y se habría cerrado en 2009”.

Alconada Mon negó haber consultado registros en Brasil, donde según Macri su padre, el empresario Franco Macri, pensaba realizar una inversión que motivó la constitución de la empresa offshore.

Por su parte, la experta en sociedades, Silvana Martínez, colaboradora de Margarita Stolbizer y exfuncionaria de la IGJ, dijo que las sociedades deberían ser declaradas ante la AFIP en la medida de que existan dividendos. Y en el caso de los directores “deben ser declaradas en el caso de recibir remuneración por los servicios prestados”.

Ambos testigos prestaron declaración ante el juez Sebastián Casanello. Además, el magistrado avanzará en la recopilación de los informes que autorizó y recibirá la unificación de su expediente con la denuncia presentada por el abogado Eduardo Barcesat ante la Procuraduría Antilavado.

• Sociedad

En su última Declaración Jurada de bienes, el presidente Mauricio Macri informó que posee participación en Macri Group Invesment S.A., una empresa que coincide con otra del mismo nombre fundada por su padre Francisco en el Reino Unido y que hoy tiene entre sus controlantes a otra firma offshore con sede en Panamá.

La Macri Group Invesment que declaró el mandatario se creó en julio de 2000, fijó dirección en Eduardo Madero 940, piso 15, y estaría inactiva desde noviembre de 2006.

La inglesa se fundó en junio de 2014 bajo el código OC393507, está radicada en el domicilio 20-22 Bedford Row, de Londres, y tenía hasta el 23 de diciembre de 2014 solo cuatro directores: Francisco Macri, Florencia Macri -su hija menor- y los nietos Rodrigo y Franco Valladares Macri. Los dos jóvenes de 24 y 21 años son hijos de Sandra Macri, la segunda hija de Franco, fallecida en 2014, y exmujer de Néstor Leonardo y antes de Hugo Valladares.

La MGI porteña estuvo registrada para brindar servicios de financiación y actividades financieras. Esa habilitación oficial, permite inversión en acciones, títulos, fondos comunes de inversión, la actividad de corredores de bolsa, las sociedades de inversión inmobiliaria y sociedades de cartera, arrendamiento financiero o leasing, securitización, entre otros, pero no incluye actividades financieras relacionadas con el otorgamiento de créditos.

La MGI extranjera sumó a fines de 2014 a dos sociedades controlantes: Foxchase Trading S.A. y Gresoni S.A. La primera firma tiene domicilio en Torre Banco General, piso 21, oficina 2102, de Panamá. La segunda queda ubicada en el 1125 de la calle Rambla del Perú, de la capital uruguaya Montevideo.

La vinculación entre la nueva offshore y el Presidente llegó por su última Declaración Jurada Patrimonial Integral de Carácter Público presentada ante la Oficina Anticorrupción. En ese documento, Macri figura como poseedor de “acciones, cuotas, participaciones sociales sin cotización en el país” de “Macri Investmet Group”, con una fecha de ingreso al patrimonio en diciembre de 2001. Por error u omisión, en la DDJJ a la MGI porteña le falta una letra ene en su nombre.

Ámbito financiero

Panamá Papers: Macri transfirió acciones a otra empresa offshore de su familia

El escándalo que salpica al presidente Mauricio Macri en relación a los Panamá Papers y sus sociedades offshores registradas en paraísos fiscales continúa creciendo: el pasado 19 de febrero, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) autorizó la transferencia de las acciones que el máximo mandatario poseía en la empresa Yacylec S.A a Sideco Americana S.A, sociedad que se encuentra registrada en Panamá, uno de los principales paraísos fiscales del mundo.

Boletín oficial del ENRE

La lista de los integrantes de esa sociedad offshore coincide con los principales hombres de confianza de Franco Macri, el padre del presidente, y algunos de ellos también estuvieron involucrados en la causa de triangulación de activos, en la cual también estuvo procesado Macri.
Según consta en el registro público de Panamá, Eloy Alfaro de Alba fue uno de los agentes que hizo la empresa, un hombre poderoso de Panamá, que llegó incluso a ser embajador en los Estados Unidos.
Felipe Santiago Tapia Castillo, otro de los integrantes pareciera ser una persona ficticia, a raíz de que ocupa varios puestos similares y en lapsos de tiempos cronológicamente imposibles: ostenta actualmente cinco puestos diferentes como suscriptor, director, vice-presidente, secretario y presidente en mil empresas de Panamá, Colón (Panamá).
¿Quién es quién en la Sideco offshore de los Macri?

Roberto Ringhini- Tesorero:
Fue designado por el Grupo Macri en la Comisión Vial del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, cuando como Ministro del menemismo, Roberto Dromi, le otorgó a los Macri en una reunión donde Righini participó, el 11 por ciento de las concesiones de rutas nacionales.

Miguel Angel Pucci-Vicepresidente:

Fue director de SEVEL cuando en el 2000 Franco y Mauricio Macri fueron procesados por contrabando de auto partes y vehículos. Pucci obtuvo la falta de méritos para ser procesado.
Luis Da Costa-Secretario:
Fue directivo de SEVEL y procesado junto a Mauricio Macri por “contrabando agravado” por la causa en la que se investigaban presuntas maniobras de la automotriz Sevel por las que se exportaban piezas de autos a Uruguay y se importaban desde allí vehículos terminados, cobrando reembolsos de exportación en la Argentina.
Eloy Alfaro de Alba- Suscriptor:
Abogado, Ex Embajador de Panamá ante Casa Blanca, Ex Magistrado de Corte Suprema de Justicia, Ex Director de la Autoridad del Canal de Panamá.

Macri, con cincuenta sellos de goma

Después de una relajada jornada en las playas de Yamacraw en la isla de Nassau, capital de Bahamas, la caminata vespertina puede incluir una recorrida por las tiendas que ofrece la ciudad. El local de la exclusiva marca italiana Gucci está instalado en una galería llamada Saffrey Square. En el primer piso de ese edificio están las oficinas del juez bahameño Milton Evans y al subir las escaleras se encuentra la Suite 205. En ese segundo piso funcionan más de cincuenta empresas: “Saffrey Square Suite 205, Bank Lane”, es el domicilio legal informado por firmas como Boka Group, The Sovereing Group, Sterling, International Secretary Services, First Capital Holding Company, Wiken International, Alpha Maima Group, Fanapel Investment, Mirren Holdings, Juanmpa Trading y Apache Footwear. Pero la única de las sociedades que funcionan en esa oficina que apareció en los Panama Papers es Fleg Trading, el sello creado en 1998 por la familia Macri.

La localización de la firma offshore que tuvo al presidente Mauricio Macri, su padre Franco y su hermano menor Mariano como directivos era hasta ahora desconocida. Esos datos no figuraban en los documentos filtrados de Mossack Fonseca. Aparecen en el registro oficial de empresas en Brasil. La documentación del “Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)” del Ministerio de Fazenda del país vecino, al que accedió Página/12, no solo permite conocer el hacinado domicilio de Fleg Trading en Bahamas sino el momento en que el holding Macri decidió inscribirla en Brasil: el 12 de diciembre de 2002, cuatro años después de su nacimiento. De acuerdo a esos registros públicos, la “empresa domiciliada no exterior” (Bahamas) recibió el CNPJ 05.456.410/0001-65. Se trata del número obligatorio para todas las empresas brasileñas y extranjeras que quieran invertir en el país vecino.

La versión del presidente Macri asegura que la firma bahameña fue creada en 1998 para “extender Pago Fácil a Brasil”. El mandatario aseguró que la sociedad offshore encabezada por su padre Franco quedó inactiva durante una década porque la operación no se concretó. Sin embargo, este diario reveló ayer cómo el holding Macri creó Global Colletion Service do Brasil para poner en marcha la empresa de servicios de pagos y cobranzas en San Pablo y Río de Janeiro. De acuerdo a los registros de la Junta Comercial paulista, la sociedad inició sus actividades el 5 de abril de 2001. La empresa utilizada para el desarrollo de Pago Fácil se mantuvo abierta y controlada por los Macri –incluso tuvo como administrador al hermano menor del presidente– durante siete años, hasta que el 2 febrero de 2007, cuando el grupo familiar se retiró.

Los registros paulistas sumaron interrogantes sobre la estrategia de Socma, que montó firmas offshore en guaridas fiscales para realizar una inversión en el país vecino, pese a que tenía una arraigada y diversificada presencia. Sin embargo, entre los datos informados por las empresas del grupo no existe ninguna mención o vínculo registrado a la firma radicada en Bahamas con la que, según Mauricio Macri, su padre pretendía canalizar ese negocio.

Los datos públicos del Ministerio de Fazenda publicados en esta edición evidencian que el intento de desarrollo de Pago Fácil coincidió temporalmente con la habilitación formal de Fleg Trading para invertir en Brasil. “Deseo aclarar que la sociedad denominada Fleg Trading, registrada en jurisdicción de Bahamas, era de mi propiedad y que la misma fue debidamente declarada ante las autoridades competentes”, sostuvo Franco Macri la semana pasada al referirse a la documentación brasileña a la que accedió este diario.

Hacinamiento

Un solo edificio en el microcentro de Wilmington, la ciudad más grande de Delaware en Estados Unidos, es el domicilio legal para más de 200.000 de las más reconocidas compañías norteamericanas que se “instalan” atraídas por los beneficios tributarios ofrecidos por esa guarida fiscal. En las Islas Caimán, uno de los paraísos más tradicionales, existe una construcción que supuestamente alberga más de 12 mil empresas. Con menores niveles de hacinamiento corporativo y todo el glamour de Gucci, el pequeño edificio de Saffrey Square es la dirección informada por más de cincuenta firmas offshore.

De acuerdo a la información disponible en el Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica de Brasil, en el segundo piso del edificio ubicado a tres cuadras del puerto para cruceros estuvo alojada la compañía Fleg Trading que controlaron los Macri. Quien también informa esa dirección en el corazón del distrito empresarial de Nassau fue Mossack Fonseca & Co, una de las subsidiarias bahameñas de la multinacional de servicios con sede en Panamá que fue contratada por los Macri para crear una de sus sociedades offshore.

tlukin@pagina12.com.ar

Página12

Macri, un ejemplo de coherencia

Nadie debería sorprenderse del entusiasmo de Mauricio Macri por armar sociedades offshore para impulsar sus negocios. Apenas llegó a la Jefatura de Gobierno de la ciudad intentó transformar a Buenos Aires en un paraíso para ese tipo de empresas. Nadie debería sorprenderse tampoco de su obsesión por desplazar a Alejandra Gils Carbó de la Procuración General de la Nación. Fue ella, desde su lugar de fiscal de la Cámara Nacional en lo Comercial, la que durante ocho años consiguió impedirlo. En estos días algunos recordaron que fue mediante la utilización de una sociedad de ese tipo como su empresa Sevel realizó las maniobras de contrabando que llevaron a su procesamiento en febrero de 2001, pero pocos tomaron nota que favorecer el uso de las sociedades offshore estuvo en el centro de sus preocupaciones durante sus dos mandatos como Jefe de Gobierno primero, y en sus escasos meses como Presidente después.

Aunque desde que los Panama Papers dejaron al descubierto sus sociedades en paraísos fiscales Macri trató de tomar distancia del tema culpando a su padre, a poco de asumir como Jefe de Gobierno el ahora presidente impulsó y logró la sanción de una ley para crear una Inspección General de Justicia porteña, destinada a evitar los controles reforzados que bajo la dirección de Ricardo Nissen había impuesto la IGJ nacional. El objetivo de Macri era claro: transformar a la ciudad de Buenos Aires en el refugio de las sociedades offshore que veían dificultado su accionar desde la resistida reforma de Nissen.

La entonces fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Comercial Alejandra Gils Carbó, la actual Procuradora, planteó entonces la inconstitucionalidad de la ley porteña y consiguió impedir su puesta en marcha con una medida cautelar. Durante ocho años, en los que los Kirchner se sucedieron en la presidencia, el expediente recorrió sin éxito más de un cajón de tribunales. Casualmente, hace apenas un mes y medio, cuando Macri y su perro Balcarce ya se turnaban en el sillón presidencial, la jueza subrogante Macarena Marra Giménez rechazó las atribuciones de la fiscalía para presentarse en la causa, sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo, y dejó expedito el camino para que ahora sí, cuando el PRO controla tanto los resortes porteños como los nacionales, las sociedades offshore puedan de una vez enseñorearse en la ciudad. Les queda pendiente solo un obstáculo: conseguir que sea ignorada la apelación presentada por la ahora fiscal general Gabriela Boquin y el fiscal Fabián Canda. Confiados en la influencia que Macri ha demostrado tener sobre extensos segmentos del Poder Judicial en los cortos meses que lleva en la Rosada, en el Gobierno de la Ciudad ya empezaron a diseñar los mecanismos para armar la IGJ local.

La tragedia de las offshore

La Inspección General de Justicia no se limita a la automática inscripción de sociedades sino que juega un papel central en el control de esos entes. Durante los ‘90 proliferaron las sociedades offshore provenientes de los más variados paraísos fiscales. En 2004, la tragedia de Cromañón en el barrio de Once, donde murieron 194 personas, derivó en la fijación de normas estrictas para actuar en la ciudad. La propiedad del local figuraba a nombre de una sociedad uruguaya offshore llamada Nueva Zarelux S.A. La investigación de la IGJ develó que había sido fundada por Henry Luis Vivas, un jubilado, changarín. “Fui, firmé y me retiré”, le dijo Vivas en el 2005 a Página/12. Junto con otra socia aparecía como presidente de otras tantas sociedades uruguayas. Un estudio de abogados les pagaba unos pesos por figurar como socios en compañías constituidas en Uruguay. La IGJ concluyó que aún cuando Rafael Levy no figuraba en ningún documento otorgado por la sociedad había evidencia de que era el controlante de la misma. Sin embargo, durante años el entramado societario ficticio lo mantuvo a cubierto de las consecuencias patrimoniales y penales del estrago del 30 de diciembre de 2004. Ninguna offshore se crea como mecanismo de transparencia.

Nissen recordó que en ese momento, cuando él encabezaba la IGJ, se empezaron a poner condiciones para desalentar la operación de las offshore que permiten diluir las responsabilidades de los verdaderos dueños. Se establecieron mecanismos para regularizar esas sociedades fijando un capital social adecuado, la nominalidad de las acciones, y se obligó a que pagaran dividendos. “En la Ciudad de Buenos Aires había 17 mil propiedades offshore, todas radicadas en Belgrano, Palermo Chico, Barrio Parque”, señaló el ex funcionario. En las torres Le Parc de Figueroa Alcorta, por ejemplo, casi todos los pisos eran propiedades offshore. Sólo ricos y famosos acceden a esa “contabilidad creativa” que les permite ocultar bienes, evadir impuestos y desentenderse de las consecuencias de actos ilegales.

“En las dos últimas décadas, el progresivo abuso de formas societarias offshore con fines de fraude a la ley ha generado un mundo jurídico paralelo, donde la eficacia de las leyes imperativas decae en beneficio de un sector privilegiado provocando un grave daño al resto de la sociedad. Cualquier estudio jurídico-contable que asesore en cuestiones que atañen a la evasión de impuestos y de responsabilidad ante terceros tiene un departamento dedicado a la creación de ‘sociedades offshore o pantalla’ a disposición de sus clientes”, explicó Gils Carbó en su presentación ante la Justicia en noviembre de 2008. Ante la develación del affaire de los Panama Papers, la descripción fiscal cobra vigencia: “a la par que se pregona la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, se mantiene un sistema que permite a las elites sustraerse del ordenamiento legal”. “La oferta de opacidad en que se basa el negocio de las plazas offshore se completa con la imposibilidad de realizar cualquier investigación y obtener alguna prueba en los ‘paraísos de la impunidad’”, advertía hace ocho años Gils Carbó.

La idea fija

Apenas se develó la participación de Macri en las offshore Fleg Trading LTD y Kagemusha SA, desde el Gobierno aguzaron su ingenio y dijeron que había sido “director ocasional”. Ante la escalada de la repercusión internacional que lo ponía entre los 12 líderes políticos del mundo que no habían informado sobre sus negocios en paraísos fiscales, el Presidente dijo “está todo perfecto. No hay nada extraño en esa operación declarada frente a la DGI Argentina por mi padre (Franco)”. Una denuncia judicial lo transformó en imputado y tendrá que demostrar por qué para ser transparente hay que armar empresas offshore en paraísos fiscales. Otros miembros del entorno de Macri como Néstor Grindetti (ex secretario de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús) y Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos aparecieron en los Panama Papers o denuncias paralelas.

La obsesión del PRO por estas sociedades pantalla es una constante desde que llegaron al poder político. Macri asumió en diciembre de 2007 como jefe de Gobierno porteño. El 9 de octubre de 2008, la Legislatura sancionó la ley 2875 que dispone la creación de un Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas de la ciudad. Entre las atribuciones del nuevo organismo figura “la fiscalización de las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Nissen ironiza: “No se trató de un mediático clamor popular reclamando un registro porteño por casos de corrupción o denuncias contra IGJ lo que motivó esa ley”.

La formación de un registro “mellizo” del Nacional que se anunciaba con trámites más ágiles y rápidos en una jurisdicción que por la ley de autonomía de la comuna –conocida como ley Cafiero– mantiene en la Nación las atribuciones de la IGJ fundamentaron el planteo de inconstitucionalidad de la fiscal el 2 de febrero de 2009. “En la medida en que rijan en los registros locales diferentes políticas sobre el control y fiscalización de sociedades extranjeras offshore, ello permite la creación de ‘paraísos societarios’ en nuestro país, en beneficio de un sector privilegiado de la sociedad y con grave daño al resto de la comunidad”, sostuvo la fiscal y abundó: “La creación de un registro local paralelo y simplificado no permite un control eficaz del fraude societario y, menos aún, del fraude cometido a través de offshore (…) La sola idea de liberalizar la actuación de sociedades pantalla amenaza el tejido social y el Estado de Derecho, a la vez que conduce a descargar el peso tributario sobre la gente más pobre (la evasión elevada lleva a gravar el consumo) y sobre los que no tienen facilidades para recurrir a los sofisticados tipos societarios que permiten ocultar las rentas”.

La presentación se realizó ante el fuero Comercial, el derrotero judicial llevó la causa al fuero Contencioso Administrativo y, ocho años más tarde, la jueza subrogante Marra Giménez desconoce las atribuciones de la fiscalía como demandante.

La forma como pantalla

Durante el kirchnerismo, Gils Carbó ascendió a la Procuración General de la Nación con acuerdo mayoritario del Senado. Ya en campaña electoral Mauricio Macri la había elegido como una de las funcionarias a eyectar de su cargo a pesar de la estabilidad que le garantiza la ley. Entre los motivos de su antipatía hacia la funcionaria se encuentra la medida cautelar con la que logró suspender la IGJ porteña. Esta semana, la frontalidad del embate mutó a cuatro proyectos de ley para recortar sus atribuciones que el Gobierno acaba de enviar al Congreso. El acotamiento de su permanencia a cuatro años, que el ministro de Justicia Germán Garavano pretende aplicar en forma retroactiva, y la fragmentación de la Procuración para subordinarla políticamente son los ejes de la reforma de Cambiemos.

Gabriela Boquin, la nueva fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Comercial y el fiscal en lo Contencioso Administrativo Fabián Canda apelaron el fallo de Marra Giménez y cada uno fundamentará antes de fin de mes su decisión. Boquin consideró ante Página/12 que “el fallo de por sí es nulo porque le niega legitimidad procesal al Ministerio Público fiscal cuando la Constitución establece que su función es velar por el interés general y el debido proceso” y destacó que este fallo que después de ocho años no se pronuncia sobre la constitucionalidad de la ley “quiere silenciar al ministerio público que es un extrapoder garantizado por la Constitución”. Boquin señaló como un agravante la actitud de la Inspección General de Justicia que también era demandante en esta causa y del Ministerio de Justicia, de quien depende la IGJ, que no apelaron el fallo a pesar que desconoce la función del Ministerio Público Fiscal.

El macrismo ahora tiene el terreno allanado para rediseñar los mecanismos de inscripción y control de las sociedades nacionales y extranjeras: gobierna en la Nación y en la Ciudad y la Justicia, en este caso, parece haberse despertado al ritmo de los nuevos actores políticos. La fiscal Boquin machacó en que la apelación del fallo de Marra Giménez “tiene efecto suspensivo”. En buen romance, la Ciudad no puede avanzar en la creación de su IGJ. En la comuna, sin embargo, piensan distinto: ya empezaron a activar los resortes para organizar esa nueva estructura.

Página12