La larga disputa entre el Estado argentino y los fondos buitre podría llegar a su fin. Los abogados de NML Capital -del multimillonario Paul Singer- anunciaron que hay un preacuerdo con el Gobierno argentino para saldar la deuda. Según aseguraron los letrados, la oferta del equipo que conduce Alfonso Prat-Gay sería de unos 5.000 millones de dólares en efectivo.
 “Estamos así de un acuerdo sobre las condiciones económicas con Argentina”, dijo juntando sus manos Matthew McGill, un abogado que representa a los acreedores Elliott Management, controlante del MNL Capital en una audiencia ante un tribunal federal de apelaciones en Manhattan.
Se trata de uno de los dos fondos más duros en las negociaciones con mayor cantidad de títulos defaulteados en sus manos por lo que de prosperar el entendimiento la Argentina comenzará a ponerle fin al default en forma definitiva.
McGill describió el principio de acuerdo como una “transacción de 5.000 millones de dólares”, pero luego agregó que las partes necesitan más tiempo para concluirlo, precisaron agencias internacionales de noticias que cubren el litigio.
El Gobierno argentino ya había llegado a un arreglo con otro grupo de bonistas, a los que se comprometió a pagarles 15 mil millones de dólares en efectivo, monto que piensa conseguir emitiendo un bono en el mercado de capitales, algo que hoy tiene vedado por la aplicación de la cláusula pari passu. Para avanzar en estos acuerdos, el Congreso nacional debería derogar las leyes de Pago Soberano y Cerrojo, que impiden hasta el momento mejorar la oferta de los buitres.

El Destape

Buitres: Singer reconoció ayer que está cerca de un acuerdo

Paul Singer comenzó ayer, a su modo, a reconocer que está a punto de perder el último capítulo del “juicio del siglo”. La Cámara de Apelaciones de Nueva York le negó ayer al dueño del fondo buitre Elliott la posibilidad de tomar la causa y quitársela aThomas Griesa, con lo que sus abogados comenzaron a replegar su estrategia y reconocieron que, ahora sí, tomarán en cuenta la negociación con la que habían avanzado el jueves pasado en el despacho de Daniel Pollack y que hasta ahora se mantenía en secreto. No será una derrota tan amarga: Elliott, Aurelius y el resto de los fondos buitre habrán ganado un 1.300% promedio en toda la larga historia de la batalla judicial contra la Argentina: recibirá el 100% de los bonos que compró a menos del 30% de su valor, con un interés anual del 3% desde 2002 hasta 2015.

El dato que cambió la historia durante la audiencia programada en la segunda instancia judicial de Nueva York fue cuando los jueces le informaron alrepresentante legal de Singer, Matthew McGill(colaborador del abogado principal Robert Cohen), que no prosperaría la iniciativa de concentrar el futuro de la causa en la Cámara. Y que de inmediato la definición pasaría nuevamente a la primera instancia (Griesa). Y demás éste estaría plenamente en condiciones y con poderes como para dictaminar la imposición del “stay” y el aval a los acuerdos que surjan de la aceptación de la oferta que la primera semana de febrero el secretario de Finanzas, Luis Caputo, llevó ante el “special master”, y que un tercio de los acreedores ya aceptaron. La audiencia de ayer había sido pedida el año pasado por la Argentina, para que se trate la prohibición que Griesa había impuesto en su momento para que el país pudiera pagar la deuda emitida luego del default, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, y que el Citibank debía liquidar. El banco mantenía una prohibición de parte del juez de Nueva York y la causa había pasado a la segunda instancia por una apelación de parte de la Argentina. Como fue el país el que recurrió a la Cámara, sólo el país puede retirarla, según el argumento que expuso ayer el representante de la Argentina, Michael Paskin, quien, de esta manera, debutó con un éxito como nuevo abogado contratado por el Gobierno de Mauricio Macri.

La Cámara avaló el argumento y derivó la causa nuevamente a Griesa. Fue en el momento en que McGill escuchaba esta decisión de los jueces de segunda instancia, sobre que ese panel le permitiría a Griesa levantar las órdenes judiciales contra la Argentina para que pueda avanzar con su oferta, cuando el abogado de Elliott reveló que el país y el fondo habían avanzado en un “principio de acuerdo”. “Hemos llegado a un acuerdo desde el jueves sobre las condiciones económicas con Argentina”, dijo el abogado, afirmando que las negociaciones volvían entonces al ámbito del negociador Pollack para que luego Griesa tome sus decisiones.

Inmediatamente después de las declaraciones, el “special master” acusó al abogado de “violar la confidencialidad de las conversaciones entre las partes”. McGill había descripto el acuerdo como una “transacción de 5.000 millones de dólares”, y reconoció que se trataba de un principio de acuerdo en unas negociaciones que aún debían completarse y que estaban suspendidas hasta que la Cámara definiera si le quitaba o le dejaba el caso al juez de Nueva York. “Si tenemos un poco de tiempo, podemos concluir el acuerdo”, reconoció el abogado. La intención de McGill era pedirle a la Corte de Apelaciones que no descarte diversas apelaciones de Argentina que, al estar vigentes, impiden a Griesa levantar las órdenes judiciales. Los jueces negaron los pedidos, descartaron las apelaciones de los fondos buitre, y le dieron a Griesa un plazo de dos semanas para que defina si la oferta presentada por la Argentina es lo suficientemente sólida como para que el juez de primera instancia tenga el tiempo suficiente como para llevar adelante el proceso.

Luego de conocida la novedad surgida de la Cámara, Pollack emitió un comunicado donde se evidencia su mal humor ante la noticia. “Si se alcanza y cuando se alcance y se firme un acuerdo de principio entre esas u otras partes, yo lo anunciaré, dijo el mediador, en una nueva demostración que, al menos en esta parte del juicio, está de muy mal talante con la posición de los fondos buitre.

¿Cuál sería el principio del acuerdo entre la Argentina y Elliott y Aurelius, los dos fondos buitre más duros?. Desde el ministerio de Hacienda y Finanzas de Alfonso Prat Gay se reconocía que se aplicó en estos casos la capacidad habilitada por Pollack para que cada negociación puntual con cada acreedor pueda tener alguna ventaja particular para que se destraben situaciones conflictivas. pero que todas deben tener el mismo esquema: esto es, el reconocimiento del 100% de la deuda más un interés que no supere el 3%. La clave en el caso de Elliott y Aurelius (y quizá también en otros fondos con montos importantes) sería que se reconocerían intereses posteriores a la sentencia de Griesa de noviembre de 2012. Esto es, los intereses que se tomarían para pagarle a estos fondos buitre, contemplarían el período enero de 202- noviembre 2012 (mes del fallo de Griesa), sino desde ese momento hasta el final de las negociaciones.

Griesa convocó a una nueva audiencia el 1 de marzo

La audiencia será a las 13.30 (15.30 hora argentina), en la Corte del distrito sur de Nueva York, ubicada en al 500 de la calle Pearl.

La convocatoria es en respuesta al pedido realizado por la Corte de Apelaciones tras la audiencia tuvo lugar ayer. Durante la misma, dicho tribunal accedió a la solicitud de Argentina de dar de baja las apelaciones a las medidas cautelares que le impiden pagar a sus bonistas reestructurados, si bien puso condiciones.

La Corte Superior le ordenó a Griesa que llamara a una audiencia entre las partes para formalizar y notificar a los litigantes la decisión del jueza de levantar las restricciones en contra del país, y al mismo tiempo dispuso que se aplicara un “stay” para darle tiempo a los demandantes de completar el proceso de apelación, en medio de las negociaciones con la Argentina para alcanzar un acuerdo, que aún no se cerraron.

En este sentido, la Corte “instruyó a la Argentina a presentar una moción solicitando que esta Corte ingrese formalmente la `orden indicativa´ como mandato, notificando de la moción a todas las partes y dando a esas partes la oportunidad de ser escuchados en este tribunal”, señaló Griesa en su orden.

El viernes pasado, Griesa había emitido una “orden indicativa” en la que sostenía que podría poner fin a las medidas cautelares, que impedían el pago de deuda externa, entre otros, bajo las condiciones de que Argentina levante la “Ley Cerrojo ” y la “Ley de Pago soberano” y el país cumpla con la totalidad de los pagos de todos los acuerdos alcanzados hasta el 29 de febrero con los holdouts.

Telam