Argentina sella acuerdo bajo condiciones con fondos buitre

Argentina llegó a un principio de acuerdo con el fondo NML Capital de Paul Singer y otros holdouts para pagarles hasta el próximo 14 de abril u$s 4.653 millones en efectivo y saldar el multimillonario juicio en Nueva York por su deuda en default desde 2001, anunció el lunes el mediador judicial del caso.

En conferencia de prensa, el special master Daniel Pollack destacó que el acuerdo representa el 75 por ciento de la totalidad de las sentencias, incluyendo capital e intereses, según anunció el lunes el abogado Daniel Pollack, un mediador designado por la corte de Nueva York que llevó el caso por la deuda argentina.

“Este es un gigantesco paso adelante en este largo litigio, pero no el paso final”, dijo el mediador.

Señaló que el pago se llevará a cabo en efectivo en dólares estadounidenses y destacó que “el país debe conseguir el capital” para saldar esa deuda. Asimismo, Pollack explicó que las partes acordaron que Argentina hará el pago de 235 millones de dólares en concepto de costos legales y para cerrar otros litigios fuera de Nueva York.

“El Principio de Acuerdo está sujeto a la aprobación del Congreso de Argentina y, específicamente, al levantamiento de la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano, que fueron puestas en vigor bajo un gobierno anterior y que ahora impiden tales acuerdos”, dijo.

Antes, en un comunicado, había destacado: “me da mucho placer anunciar que la batalla legal de 15 años entre la República Argentina y Elliott Management, liderado por Paul Singer, está en camino a ser resuelta”, dice. “Las partes firmaron anoche un principio de acuerdo después de tres meses de intensas negociaciones contrarreloj, bajo mi supervisión”.

“El principio de acuerdo, si se consuma, pagará a NML Capital Ltd, el fondo manejado por Elliot, y a varios otros fondos que han demandado con NML, la suma agregada de aproximadamente u$s 4.653 millones para arreglar todas las demandas, tanto en el Distrito Sur de New York como en todo el mundo.”, señala el escrito.

“Es un paso gigante para este litigio de larga data, pero no el paso final”, agregó el mediador,indicando que ahora el Congreso argentino debe derogar las leyes que impedían un acuerdo de este tipo (Ley Cerrojo y de la Ley de Pago Soberano).

Pollack dijo además que “después del pago, las restricciones interpuestas hace algunos años contra Argentina por el juez Thomas Griesa se disolverían automáticamente si el fallo indicativo del 19 de febrero es convertido en una orden final anulando estas restricciones”.

Asimismo, “las partes han acordado dar todos los pasos necesarios para cooperar conmigo en mi función de Special Master y con cada uno a los efectos de la consumación del principio de acuerdo y la finalización del litigio. Las partes esperan que todos los pasos necesarios sean realizados en un período de seis semanas”, resalta el escrito.

El principio de acuerdo “pagará a los fondos manejados por Elliott Management, Aurelius Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital, 75% de sus juicios incluyendo el capital y el interés, además de un pago para arreglar los reclamos fuera del Distrito Sur de Nueva York y algunos fees y gastos legales en los que incurrieron durante el período de 15 años”.

En otro tramo del escrito, Pollack destacó que “hay mucha gente que dedicó incalculables horas y talentos especiales para hacer este acuerdo posible. Principalmente entre ellos está Thomas Griesa, el juez federal que presidió todos los casos durante 15 años. Otros que merecen los mayores créditos son el presidente Mauricio Macri de Argentina, que inmediatamente luego de su elección se propuso cambiar el curso negativo en que la República se había conducido en este litigio. Él fue hábilmente asistido por Santiago Bausili, subsecretario de Finanzas. También involucrados como responsables importantes de Argentina fueron: Alfonso Prat Gay, y Marcos Peña y Mario Quintana”.

Por último, el mediador indicó que “este acuerdo, si es consumado, junto con acuerdos en principio previos con otros holdouts, resuelve el 85% de las demandas de aquellos con restricciones pari passu y me too. Continuaré trabajando hasta que todas las demandas sean resueltas”.

En ese marco, el Ministerio de Hacienda y Finanzas anunció que su titular Alfonso Prat Gay y el secretario Luis Caputo darán una conferencia de la prensa a las 18 horas.

El pasado 5 de febrero, la nueva administración del presidente Mauricio Macri presentó una oferta para abonar u$s 6.500 millones (sobre un total de 9.000 millones) a fondos buitre y otros acreedores para poner fin al juicio por la deuda en default desde 2001.

EM Limited y Montreux Partners, dos de los seis principales fondos especulativos que ganaron juicios con sentencia firme en Nueva York, fueron los primeros en aceptar la oferta argentina, por la cual cobrarán 849,2 millones y 298,66 millones de dólares, respectivamente.

En cambio, NML Capital y Aurelius, que en 2012 lograron una sentencia favorable para cobrar una deuda que hoy asciende a 1.750 millones de dólares, no habían aceptado la propuesta y continuaron negociando hasta el acuerdo de hoy.

Antes, ya se habían anunciado acuerdos con un grupo de querellantes de una demanda colectiva, cuyo tamaño exacto aún se desconoce; otro acreedor, Capital Markets Financial Services, que cobrará 110 millones de dólares; y cinco fondos que recibirán 250 millones de dólares y 185 millones de euros.

A esto se suma el preacuerdo dado a conocer a inicios de febrero con 50.000 bonistas italianos para pagar al contado 150% del importe original del capital de 900 millones de dólares por títulos en default, es decir un total de “1.350 millones de euros”, según su representante Nicola Stock.

Griesa, en julio de 2014 congeló un pago de 539 millones de dólares en Nueva York a los bonistas que habían adherido a los canjes de 2005 y 2010, provocando un default parcial de Argentina.

Esas reestructuraciones, rechazadas por los fondos buitre y otros querellantes, fueron aceptadas en su momento por 93% de los acreedores e incluyeron importantes quitas.

El Cronista

Acuerdo con los buitres: el pago debe hacerse en efectivo hasta el 14 de abril

Si no se hace, todo vuelve a foja cero. Lo confirmó Pollack en conferencia de prensa. Igual aclaró que las partes -Argentina y los holdouts- pueden decidir una prórroga.

El acuerdo entre la Argentina y los mayores acreedores en litigio por la deuda en default por 4653 millones de dólares tiene un plazo cercano de vencimiento: si el país no paga en efectivo antes del mediodía del 14 de abril, todo vuelve a foja cero.

Así lo confirmó este mediodía el mediador Daniel Pollack, luego de dar a conocer, poco antes, la culminación de un principio de acuerdo entre la Argentina y los fondos NML, Aurelius Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital.

Tras el comunicado de la mañana, el “special master” designado por el juez Thomas Griesa brindó más detalles en una conferencia de prensa.

Ahí fue que confirmó la condición de pago en efectivo y el “deadline” del 14 de abril. “El pago debe hacerse en dólares estadounidenses” (es decir, no en bonos) para esa fecha, “si entonces no se hizo el pago, será como si este acuerdo no se hubiese firmado”, explicó. De todos modos, ante una pregunta aclaró que las partes -la Argentina y los holdouts- puede acordar una prórroga de ese plazo.

Pollack reiteró, tal como ya lo había hecho y como lo había anticipado el propio gobierno de Mauricio Macri, que la Argentina pretende salir a financiarse al mercado y que los holdouts se comprometieron a no trabar esa emisión.

esto representa un apuro para el Gobierno de Mauricio Macri, ya que antes de realizar el pago deberá conseguir que el Congreso derogue la Ley Cerrojo que le impedía hacer efectivo un acuerdo que mejore la oferta argentina del canje de 2005.

Las cuatro claves del acuerdo entre Argentina y los fondos buitre

1. ¿Fin al conflicto?

En su comunicado, el mediador Pollack advirtió que si bien “este es un gran paso adelante en este litigio de larga duración”, no significa que sea “el paso final”. Lo que se firmó entre las partes y bajo su supervisión es “un principio de acuerdo” que debe ser refrendado.

De aprobarse este pacto, el gobierno de Mauricio Macri habrá llegado a un entendimiento con el 85% de los bonistas en litigio con Argentina. Quedaría por resolver el 15 restante, en su mayoría de fondos “me too” y bonistas minoristas.

2. ¿De qué depende la aprobación del acuerdo?

Pollack afirmó que la convalidación del acuerdo está atada a la derogación de la Ley Cerrojo por parte del Congreso. En sus palabras: “El principio de acuerdo está sujeto a la aprobación del Congreso de Argentina y, en concreto, el levantamiento del bloqueo de la Ley Cerrojo y Ley de Pago Soberano, promulgadas en virtud de la administración anterior, y que prohibirían tales arreglos”. La ley que el juez Thomas Griesa y los fondos buitre quieren que Argentina derogue estipula que no se les puede pagar en mejores condiciones a los bonistas que no hayan ingresado a las reestructuraciones soberanas de deuda de 2005 y 2010 que a los que sí lo hicieron, con quitas más importantes que en esta oportunidad.

3. Cifra a pagar en dólares

Si se confirma el principio de acuerdo entre el gobierno y los buitres, el Estado argentino les pagará “la suma total de aproximadamente 4653 millones de dólares” a los fondos NML, de Elliot Management, Aurelius Capital, Dadivon Kempner y Bracebridge Capital. Para Pollack, ese monto significa el 75% de sus sentencias a favor, incluido el capital y los intereses, además de “ciertos honorarios legales y gastos incurridos” por los fondos durante los 15 años de conflicto judicial. La inclusión de los gastos legales a cuenta de Argentina es algo que no figuró en acuerdos anteriores.

4. Elogios a Griesa y Macri

En un apartado del comunicado, el mediador Pollack aprovechó para elogiar la actitud del juez Griesa y el presidente Macri. “Hay muchas personas que han dedicado incontables horas o talentos especiales, o ambas cosas, para hacer posible este arreglo. La más importante de ellas es el Honorable Thomas P. Griesa, el juez federal que presidió todos los casos de litigio de deuda de la Argentina durante 15 años. Otros que tienen derecho a mayor crédito son el presidente Mauricio Macri de Argentina, que inmediatamente después de su elección en noviembre, se dispuso a cambiar el curso negativo que la República había dirigido en este litigio”.

Tras mencionar a otros miembros del gabinete argentino, Pollack volvió a destacar la figura de Macri: “Su curso de corrección para Argentina fue nada menos que heroica”. El intermediario tampoco se privó de elogiar al titular de NML Capital, Paul Singer, a quien calificó como “un negociador duro pero justo”.

Los bonistas bailan la tarantela

Argentina no tiene una sentencia en firme desfavorable en el Ciadi (tribunal dependiente del Banco Mundial) en ninguna de las presentaciones realizadas por bonistas italianos con títulos en default 2001. No existe un único laudo. Uno está caratulado como “Giovanni Alemanni”, otro como “Ambiente Ufficio SPA”, y un tercero como Abaclat y otros (antes Giovanna a Beccara). La cantidad de bonistas involucrados no es muy precisa. En ese último caso, de 180 mil pasaron a 60 mil y la última estimación es de 50 mil, en otro eran 183 y luego descendieron a 74, y en otro apenas reunieron 29. El monto demandado inicialmente fue de 1500 millones de dólares que por una inflación no detallada se elevó a de 2500 a 2800 millones en publicaciones de prensa. En este extraño proceso de arbitraje, en uno de ellos el principal abogado patrocinante nunca se presentó. También hubo firmas falsas de bonistas demandantes (por caso, las de Antonio y Silvio Pilastro), irregularidad probada por peritos presentados por Argentina pero que fue desestimada por la mayoría de los árbitros del tribunal, en una muestra de la parcialidad del juicio. Incluso en dos de esos laudos, los respectivos tribunales declararon terminado el arbitraje, sin fallar a favor de los bonistas italianos, y por lo contrario reclamando a ellos y a la Argentina que paguen las costas del caso. Con semejante nivel de fragilidad documental en el respaldo de sus pretensiones, la indeterminada cantidad de bonistas italianos representados por abogados, lobbistas y financistas recibieron la gracia del gobierno de Mauricio Macri que les reconoció el pago del 150 por ciento del capital original más los intereses devengados acumulados de los títulos en cesación de pagos, por un total de 1350 millones de dólares. La cancelación de esa deuda será en efectivo.

Como parte de su estrategia de sumar fondos buitres y bonistas con papeles de deuda argentina en default, el ministro Alfonso PratGay anunció “un acuerdo lo más rápido y justo posible” con bonistas italianos, ofreció como descripción de su política de negociación. Fue indudablemente rápido, lo que no es tan claro de definir es que haya sido justo en términos de las finanzas argentinas, no así de los lobbistas italianos.

PratGay informó que el acuerdo lo cerró con el representante de bonistas italianos, Nicola Stock, abogado y líder del grupo Task Force Argentina. Se mencionó en un comunicado de prensa que el monto involucrado asciende a 1350 millones de dólares, 900 millones de capital original y el resto de intereses acumulados. La suma es la mitad de lo reclamado ante el CIADI, lo que desnuda la estrategia de inflar la demanda para luego negociar una quita que no fue tal, como quedó en evidencia con el acuerdo sellado con el equipo económico de Prat-Gay.

Stock

El recorrido de la deuda argentina en default en manos de ahorristas italiano tiene como protagonista principal a la banca italiana. Cinco años y medio después de la declaración de la cesación de pagos, en junio de 2007 el gobierno italiano, con Romano Prodi como primer ministro, decidió indemnizar a los bonistas de su país que tenía esos papeles de deuda argentina. Lo hizo reconociendo que la responsabilidad de la estafa a los ahorristas italianos no fue del Estado argentino sino de los bancos italianos que les vendieron bonos a sus clientes, a pesar de tener información sobre la grave situación económica argentina. Esa indemnización sumó unos 6000 millones de euros, dinero proveniente de los denominados “fondos durmientes” que existen en los bancos de la península. Se trata del dinero que quedó “abandonado” en las entidades financieras sin que nadie lo reclamara durante diez años.

Los pequeños inversores italianos formaban parte de uno de los grupos más numerosos con papeles de la deuda argentina en cesación de pagos. Eran alrededor de 400 mil que reclamaban 12.600 millones de dólares, el 15,6 por ciento del total de la deuda defolteada. La banca italiana estaba acorralada por el reclamo de los ahorristas y por fallos de la justicia de su país que culpaban a las entidades por colocar papeles de una economía con destino de quiebra a sabiendas de que eso ocurriría. Esos bonos antes estaban en su cartera y por eso estaban desesperados para desprenderse de ellos. En ese contexto, la Asociación de Bancos Italianos recicló a un ex gerente del Banco de Roma, Nicola Stock, como “defensor de los intereses de los bonistas”. Stock fue uno de los principales lobbistas en contra del canje de la deuda, impulsor de la demanda ante el CIADI y quien cerró el preacuerdo con el equipo de finanzas de PratGay.

Arbitrajes

La lectura de los documentos publicados en la web del International Centre for Settlement of Investements Disputes (Ciadi, en castellano) correspondientes a los laudos iniciados por bonistas italianos permite comprobar el elevado grado de parcialidad en las resoluciones de los tribunales integrados para esos casos. Compuesto por tres árbitros (uno presentado por el demandante, otro por el demandado y el presidente elegido de común acuerdo o, en una situación de disenso, por el Consejo Administrativo del Ciadi), las votaciones de las resoluciones claves fueron dos a uno, con disidencias del nombrado por Argentina.

La competencia del Ciadi en una situación de default de deuda soberana es controvertida. Sólo un grupo de abogados, lobbistas y financistas italianos llevaron el caso a la instancia de arbitraje. Fondos buitres y otros dueños de bonos en default iniciaron juicios en Nueva York, Londres o Frankfurt porque el Ciadi no era considerado como una vía adecuada para presionar al país ni para cobrar. Hasta ahora porque se abrió otro mecanismo de extorsión financiera luego de la liviana estrategia del gobierno de Macri de reconocer una sentencia que no existe.

Más aún, dos de los procedimientos abiertos en el Ciadi se cerraron sin emitir fallo sobre el fondo de la cuestión. El motivo fue económicofinanciero: ninguna de las dos partes se comprometió a pagar los gastos del arbitraje. Era esperable esa resistencia por parte de Argentina que había cuestionado la competencia del tribunal, no así de los representantes de los bonistas italianos.

Es una situación desopilante cuyos detalles reflejan la audacia especulativa de abogados y financistas lanzados a esperar que el país deudor, cuando las condiciones políticas lo facilitaran, por ejemplo con un gobierno “market friendly” como el de Mauricio Macri, les reconociera el pleno apostado en el paño parcial de un tribunal del Ciadi.

Alemanni

Uno de esos casos extravagante es el de Giovanni Alemanni y otros contra la Argentina (Ciadi Nº ARB/07/8). El tribunal arbitral estuvo compuesto por Franklin Berman más los árbitros Karl-Heinz Böckstiegel y J. Christopher Thomas.

El 9 de enero de 2007, el Ciadi recibió una solicitud de arbitraje fechada el 22 de diciembre de 2006, presentada por Giovanni Alemanni. El 3 de julio de 2008 el Centro notificó a las partes la constitución del tribunal de arbitraje. El 5 de diciembre de ese año, el tribunal llevó a cabo la primera sesión con las partes en su sede, en Washington. Desde entonces hubo diferentes diligencias procesales hasta que el 17 de noviembre de 2014 emitió un falló sobre jurisdicción y admisibilidad en contra de la posición argentina.

Los demandantes eran inicialmente un conjunto de 183 personas físicas y jurídicas italianas, pero luego del canje de deuda en default del 2010, la cantidad se redujo a 74. El italiano Luca Radicati di Brozolo y el abogado y ex titular de la Corte Suprema menemista Rodolfo Carlos Barra actuaron como correpresentantes de los bonistas italianos. La demanda solicitaba un resarcimiento e indemnización por los bonos en default en base al compromiso que surge del acuerdo entre Argentina e Italia de Promoción y Protección de las Inversiones firmado en Buenos Aires el 22 de mayo de 1990 (TBI).

El artículo 8 de ese tratado contempla el Ciadi en caso de controversias, y en la demanda pedían la restitución a cada acreedor del valor nominal total de sus bonos, más los intereses devengados hasta el vencimiento, más el interés compuesto desde el vencimiento hasta la fecha de la solicitud; más “los otros daños que se demostrara que son consecuencia directa de las violaciones al derecho internacional por la demandada; y el interés compuesto sobre lo anterior entre la fecha de la solicitud y la fecha de pago”.

Argentina sostuvo que el Tribunal carece de competencia y que el Ciadi carece de jurisdicción para tramitar acciones colectivas de esta naturaleza.

El tribunal celebró una audiencia oral el 7 y 8 de junio de 2011 y resolvió que los reclamos planteados eran admisibles. Los bonistas italianos tenían el arbitraje a su favor.

Pero el proceso no pudo avanzar porque ninguna de las partes desembolsaba el dinero para financiar el arbitraje, hasta que el tribunal resolvió dar por concluido el caso. “El tribunal se encuentra en la inusual posición en la que, no sólo ninguna de las partes en el procedimiento de arbitraje ha efectuado los anticipos requeridos, lo que impulsó la propuesta de terminación, sino que todas las partes de ambos lados están instando activamente al tribunal a cumplir con esa medida”. Luego viene la definición más insólita: “El tribunal no encuentra razón alguna para no hacerlo y, por ende, pretende poner fin formalmente al arbitraje por falta de pago”.

Este caso en el Ciadi no continuó porque los interesados no desembolsaron los dólares necesarios para financiar los gastos del arbitraje que los favorecía.

El tribunal emitió esa resolución el 14 de diciembre pasado, en los primeros días del gobierno de Mauricio Macri. Fue una decisión beneficiosa para la Argentina que podía haber utilizado para negociar con un poco de firmeza antes de firmar el acuerdo con los bonistas italianos. Prefirió no hacerlo lo que Nicola Stock festejó, como se ocupó de trasmitir en el comunicado de prensa agradeciendo a Macri.

Gastos

Resulta ilustrativo detallar algunos de los eventos del caso Giovanni Alemanni (el de Ambiente Ufficio SPA es muy similar) como prueba que en el mundo de las finanzas y de las instituciones que lo respaldan no es muy relevante la rigurosidad de los argumentos, sino el poder para imponerse.

El tribunal del Ciadi solicitó a las partes en noviembre de 2014 que efectuaran un sexto pago adelantado de 200.000 dólares cada una, a fin de cubrir los gastos en los que habría de incurrirse en el marco del procedimiento durante los tres a seis meses siguientes.

El 9 de enero de 2015, la secretaria del tribunal notificó a las partes que el Ciadi no había recibido los pagos que se les habían solicitado e invitó a cualquiera de las partes a pagar el monto total de 400.000 dólares dentro del plazo de 15 días.

El 10 de agosto de 2015, la secretaria del tribunal informó a las partes de que habían transcurrido casi seis meses desde la suspensión del procedimiento (el arbitraje) por falta de pago y que, por consiguiente, la secretaria general del Ciadi estaba considerando la posibilidad de proponer que el tribunal pusiera fin al procedimiento.

El 14 de agosto de 2015 Argentina solicitó que la secretaria general propusiera que el tribunal pusiera fin al caso y, posteriormente, que ordenara a los demandantes que pagaran los costos y gastos del arbitraje.

Mediante una carta de fecha 18 de agosto de 2015, la secretaria general propuso que el tribunal pusiera fin al procedimiento.

En una carta del 23 de septiembre de 2015, los bonistas italianos afirmaron que la terminación del procedimiento parecía “inevitable”, puesto el “comportamiento de mala fe” que Argentina había adoptado con los bonistas, incluida su negativa a compartir los costos del arbitraje; su obstaculización y demora constante del procedimiento mediante la formulación de excepciones carentes de fundamento y, además, fuera del propio procedimiento de arbitraje, la creación de pánico y frustración con el objeto de provocar confusión entre los participantes, los había desalentado de continuar a la fase de fondo del caso.

Acusaron a la Argentina de haber aprovechado el hecho de que la mayoría de los inversionistas del arbitraje “son personas de clase media-baja que carecen de experiencia financiera y son fáciles de impresionar o asustar, lo que no sólo era injusto, sino que también constituía un incumplimiento del compromiso de arbitrar asumido por la demandada en virtud del TBI”. Por último, solicitaron que se le ordenara a la Argentina que se hiciera cargo de las costas del procedimiento.

O sea, una demanda presentada en el Ciadi para cobrar los bonos en default había mutado en una controversia sobre quién debía pagar los gastos del procedimiento, que el tribunal arbitral había dado por concluido.

Argentina replicó en una carta del 15 de octubre de 2015 que “no debería ser responsabilizada por la falta de interés de los demandantes en el arbitraje”, y recordó que había sido coherente al adoptar la posición relativa a la “improcedencia de este procedimiento arbitral como un mecanismo para resolver una controversia relativa a una deuda soberana, la inviabilidad de un procedimiento iniciado por un número de demandantes que va variando a medida que avanza el proceso y cuya identificación y titularidad respecto de los intereses sobre títulos reclamados no ha sido posible establecer hasta el presente”.

Este tipo de demanda en el Ciadi (que han concluido porque no se pagaron los gastos, y el que está vigente no tiene sentencia) son las que el ministro Alfonso PratGay y su secretario de Finanzas, Luis Caputo, decidieron acatar pagando el 150 por ciento del capital original de la deuda en default. La banca italiana disfrazada de bonistas, Nicolas Stock, abogados y lobbistas están agradecidos.

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