El proyecto salió con dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja, presidida por el justicialista Alberto Roberti, y reunió las firmas del arco opositor: el Frente para la Victoria, Frente Renovador, Bloque Justicialista, Partido Socialista y un representante de Chubut Somos Todos. En tanto, Néstor Pitrola del Frente de Izquierda, firmó un dictamen en minoría para adelantó que la iniciativa será acompañada en el recinto.

La iniciativa busca prohibir los despidos en el sector público y privado hasta el 31 de diciembre de 2017, habilita la doble indemnización —uno de los 9 proyectos que sirvieron de base proponían una triple indemnización— y ordena que la prohibición sea retroactiva al 1 de marzo, por lo que los censateados desde ese mes deberían ser reincorporados. Además, los contratos con vencimientos quedarán prorrogadas de manera automática, según precisó el parlamentario.com.

El proyecto impulsado por la oposición retoma la “emergencia ocupacional” declarada en 2002 por el entonces presidente Eduardo Duhalde y prorrogada durante la gestión kirchnerista.

En minoría quedaron los legisladores de la alianza Cambiemos (PRO, UCR y Coalición Cívica) que intentaron postergar la votación y tildaron de “inconstitucional” la iniciativa. Ayer, el diputado macrista Daniel Lipovetzky había adelantado la negativa del oficialismo y había considerado esperar hasta que el desempleo llegara a los dos dígitos.

El proyecto deberá pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el macrista Luciano Laspina, antes de llegar al recinto. Los legisladores de la oposición acordaron enviar una nota al legislador para que impulse el debate de forma “urgente”, ante la declarada posición de impedir que el proyecto avance.

En la previa, algunos diputados opositores propusieron solicitar al presidente Mauricio Macri que ponga en marcha la “emergencia ocupacional” vía DNU, pero lejos de eso, no se descarta que el mandatario vete la ley en caso de ser aprobada.

Página 12


Primer paso del proyecto de la oposición, que busca prohibir los despidos hasta 2018

La oposición dio ayer un primer pero importante paso para intentar frenar la ola de despidos que, desde la llegada del macrismo al poder, ya creó más 150 mil nuevos desocupados. En la Cámara de Diputados, el Frente para la Victoria (FpV), el Frente Renovador (FR) el bloque Justicialista, el Partido Socialista (PS) y otros espacios firmaron dictamen en la comisión de Legislación del Trabajo para declarar la emergencia ocupacional y prohibir despidos sin causa hasta diciembre de 2017, con efecto retroactivo al primero de marzo. Los representantes del interbloque Cambiemos, en cambio, rechazaron la iniciativa acusando al proyecto de estar impulsado por cuestiones “ideológicas” -algo que los diputados de la oposición, lejos de negar, reafi rmaron orgullosamente-, adujeron vicios de “inconstitucionalidad” en la norma y minimizaron el escenario actual de despidos, comparándolo con 2001.

Igualmente, el trámite parlamentario está en etapa embrionaria. Los proyectos fueron girados también a la comisión de Presupuesto que preside Luciano Laspina (PRO), el hombre fuerte del macrismo en temas económicos en la Cámara baja. Por eso la oposición, para evitar el cajoneo del expediente, enviará una carta exigiendo el tratamiento “urgente” del proyecto que ayer tuvo despacho en la comisión de asuntos laborales. Si consiguieran reunir a ese cuerpo, hay diputados de sobra para cerrar el despacho.

Restaría forzar al ofi cialismo a sesionar o, más complejo, impulsar una autoconvocatoria. El texto consensuado por los bloques opositores, tras un par de semanas de discusión, ordena suspender los despidos hasta el 31 de diciembre de 2017, dejando al trabajador despedido una doble opción: iniciar acciones legales -vía un trámite sumarísimo- para exigir su reinstalación o convalidar el fi n de la relación laboral, caso en el que su patrón deberá abonarle el doble de la indemnización correspondiente.

Las 19 firmas del despacho de mayoría las aportaron diez legisladores del FpV, cinco del interbloque massista, dos del Justicialista, Alicia Ciciliani (PS) y el canillita Omar Plaini. La izquierda presentó un proyecto propio aunque adelantó su apoyo al consensuado. Un universo de voluntades que, proyectada al mapa del recinto, alcanzaría los 150 votos.

Muy por encima del quórum necesario para sesionar. Para evitar que el empresariado y el propio Gobierno utilicen el tiempo de trámite legislativo para seguir achicando sus plantas bajo el régimen vigente, la ley plantea un efecto retroactivo al 1 de marzo pasado. Este fue uno de los aspectos más discutidos, pero consensuaron extender el alcance de la ley a esa fecha, cuando mayor aceleración tomó la avalancha de despidos impulsada por el Gobierno en estamentos estatales y multiplicada en el sector privado. La Unión Industrial Argentina (UIA) amenazó días atrás con engordar la lista de despidos. Su secretario General, Juan Carlos Sacco, mencionó que entre “100 y 200 mil puestos de trabajo” podrían perderse por el efecto de la crisis brasileña y el impacto del tarifazo en los costos de producción. Para las empresas que busquen ampararse en “falta o disminución del trabajo” o “causas económicas o tecnológicas” para justifi car despidos, la ley prevé la aplicación del procedimiento de crisis regulado por la ley de Empleo, en el que las compañías tienen que abrir sus libros contables para demostrar su fragilidad fi nanciera, independietemente de cuántos sean los trabajadores despedidos.

BAE


Para la CAME, “implementar la doble indemnización crearía niveles de conflictividad alarmantes para las Pymes”

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reconoció la “fundamentada preocupación” por los “más de 120.000 despidos” en el sector público y privado, pero advirtió que “implementar la doble indemnización crearía niveles de conflictividad alarmantes para las Pymes”, en el marco de la “presión fiscal inédita” que enfrentan las empresas.

“Más de 120.000 despidos han provocado una fundamentada preocupación de Senadores y Diputados de la Nación que obliga a buscar alternativas para detener ese flagelo en el sector público y privado, y que afecta a los trabajadores y a miles de familias argentinas”, señaló CAME en un comunicado.

En el mismo, dijo que “hay que dimensionar que en el sector privado, y especialmente en las pequeñas y medianas empresas, esa situación ocurre por la caída en los niveles de producción provocada por la retracción en la demanda de consumo, por la casi nula demanda de inversión, por la aceleración de la inflación, y por las altísimas tasas de interés del mercado”.

Por esos motivos, la entidad advirtió que “implementar la doble indemnización crearía niveles de conflictividad alarmantes para las Pymes, especialmente en las más pequeñas, que llevarían al cierre definitivo de muchas de ellas”.

En este contexto, agregó que “las empresas no pueden operar en una economía donde el Banco Central fija tasas de referencia del 38%”, y que “las Pymes se están financiando al 70% anual o más, transfiriendo cotidianamente hacia el sistema financiero y especulativo una masa de recursos que deberían ir a la producción y al empleo”.

Además, indicó que “hay empresas que no pueden resistir un ajuste tarifario brusco como el que se hizo. Entendemos que la energía es un recurso escaso y el ajuste era necesario, pero se hizo en forma brutal, sin gradualismo, dejando a muchísimas empresas mal paradas”.

“No olvidemos que los empresarios enfrentan una presión fiscal inédita, que asfixia y desincentiva a todo”, subrayó CAME.

“Lo urgente es reactivar la economía, y para eso hay que bajar las tasas de interés, implementar incentivos fiscales para impulsar la inversión y el empleo en las Pymes, y agilizar los procesos para mejorar la liquidez de la empresa y darle mayor capacidad de respuesta frente a la crisis actual”, concluyó.

Télam