El titular de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, se mostró molesto con el líder del Frente Renovador Sergio Massa por su proyecto alternativo a la iniciativa opositora que promueve el freno a los despidos mediante la implementación de la doble indemnización y la reincorporación vía legal.

“No es lo que nosotros habíamos conversado con él en la CGT y el Congreso, eso no es lo que corresponde”, sostuvo el sindicalista a DyN antes de ingresar a la sede de UPCN, donde matunvo una nueva reunión con los titulares de la CGT Alsina, Antonio Caló, y la CGT Azul y Blanca, Luis Barrionuevo, que pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles a las 16.

Anteayer, el jefe camionero había advertido que sería un “error muy grande” del presidente Mauricio Macri si vetara la ley contra los despidos que los bloques opositores impulsan en el Congreso y volvió a defender la iniciativa impulsado por todo el arco opositor: “Hay que hacer algo para evitar que este momento tan especial que vive el país alguien lo aproveche para despedir gente, sea esa ley o la que sea”.

“Ningún trabajador quiere perder su trabajo, por más que sea indemnización doble”, sostuvo y remarcó: “No se quiere perjudicar a nadie, sino garantizar un poco más la estabilidad laboral”, en referencia a las quejas surgidas desde el sector empresarial, en particular, de las pequeñas y medianas empresas, a las que los legisladores aseguraron estar dispuestos a escuchar para hacer modificaciones.

El miércoles, los tres referentes de la CGT se reunirán nuevamente para definir los últimos detalles para la concentración convocada para el viernes en el Monumento al Trabajo, en la que también participarán las dos centrales de la CTA.

Página 12

Alertan que desde diciembre se produjeron 73 mil despidos entre sector público y privado

Los datos surgen del relevamiento mensual de la CTA Autónoma. El 70% de los casos se registraron en lo tres niveles del Estado. El Gobierno estima solo 27 mil despidos

La creciente preocupación de las centrales sindicales por la situación del empleo y su determinación de redoblar la presión por la sanción de una ley para frenar los despidos se fortaleció ayer con los datos de un relevamiento que detectó que desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri y hasta el 31 de marzo pasado se produjeron más de 73 mil cesantías de trabajadores estatales y del sector privado.

El informe, realizado por el Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, contabilizó 73.073 despidos en el período diciembre 2015-marzo 2016, de los cuales el 70% (51.151) corresponde a cesantías de personal de los tres niveles del Estado y el 30% restante (21.922 casos) a trabajadores de diversas actividades del sector privado.

En el análisis específico de las desvinculaciones relevadas en el sector público, el trabajo indicó que el 49,57% de los despidos (25.355) se concretaron en la administración pública nacional, como producto de “la revisión de la totalidad de los trabajadores que se desempeñaban en planta transitoria y del personal contratado a través de los convenios de asistencia técnica con la universidades nacionales”. Una menor proporción de cesantías (5719 casos, que equivalen al 11,18%) se produjeron en estamentos públicos provinciales, en tanto que a nivel municipal los despidos acumulados en el período diciembre-marzo sumaron 20.077 casos, lo que representa el 39,25% del total de desvinculaciones en el sector público.

Por otra parte, el informe del Observatorio de la central que conduce Pablo Micheli consignó que los despidos en la actividad privada se concentraron fundamentalmente en la industria de la construcción y en el sector de producción de manufacturas. En la construcción se relevaron alrededor de 16 mil cesantías entre diciembre y el 31 de marzo, en su mayor parte por efecto de la paralización de los emprendimientos de obra pública, cifra que trepa a 54 mil casos si se amplía el período de análisis hasta octubre del año pasado.

En el caso de la industria manufactura, las mayores dificultades se registran en la actividad metalúrgica, la producción de autopartes y la automotriz y el sector textil. Al respecto, un relevamiento difundido la semana pasada por la conducción de la UOM, el gremio que lidera Antonio Caló, indicó que en esa actividad se acumularon en los últimos meses alrededor de 3 mil despidos, en tanto que otros 9 mi trabajadores se encuentran afectados por esquemas de suspensiones o reducción de la jornada laboral.

En sintonía, el documento conjunto que presentaron las cinco centrales sindicales (las 3 CGT y las 2 CTA) el mes pasado en el Congreso para reclamar la sanción de una ley de emergencia ocupacional denunció la existencia de más de 50 mil cesantías desde el inicio de la administración macrista.

Desde el Gobierno, sin embargo, rechazaron los relevamientos de los sindicatos y negaron la existencia de “una ola generalizada de despidos”. Al respecto, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmó que “los datos que nosotros tenemos del sector privado hasta febrero nos da un neto negativo de 27 mil” cesantías.

Cronista

Marcha de las CGT y CTA promete “paro virtual” para el viernes

La jornada de protesta convocada por las tres CGT y las dos CTA contra las políticas de ajuste del Gobierno nacional promete un “paro virtual” el próximo viernes de casi todas las actividades y servicios en la ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana y la mayoría de las provincias del interior del país.

Por primera vez las cinco centrales obreras coincidirán en la “unidad de acción” y protagonizarán una masiva movilización por el centro porteño en conmemoración del Día del Trabajador. La CGT Azopardo de Hugo Moyano, la CGT kirchnerista de Antonio Caló, la Azul y Blanca de Luis Barrionuevo, la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky y la CTA Autónoma de Pablo Micheli pulen por estas horas los detalles de la marcha, que tendrá como consignas centrales el freno a los despidos y a la inflación, la eliminación del impuesto a las Ganancias y mejoras para los jubilados.

La convocatoria será a las 15 frente al Monumento al Trabajo, en el cruce de las avenidas Independencia y Paseo Colón. Si bien las organizaciones gremiales no anunciaron huelgas, se espera una parálisis de todos los sectores desde el mediodía.

Aquí, un repaso de los servicios afectados:

Transporte: colectivos, trenes, subtes, taxis, aviones, barcos, camiones y remises se acoplarán. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) se adhiere plenamente y durante la jornada habrá dificultades con el transporte público. Las mayores compl icaciones se verán por la tarde, en los horarios de regreso a los hogares.

El subte y premetro funcionarían con cronogramas de feriados y fin de semana. Desde el mediodía circularán pocos taxis: los choferes sumarán a la protesta las quejas contra Uber. No habrá cancelaciones de vuelos, pero sí demoras en los aeropuertos. Por la movilización de los Camioneros de Moyano se resentirán la recolección de residuos, los viajes de larga distancia, el transporte de combustibles, petróleo y sustancias peligrosas, material lácteo, cereales, aguas y gaseosas, provisión de cajeros automáticos y el clearing bancario, la logística, correos y mudanzas, entre otras ramas.

Administración pública: miles de trabajadores estatales de la Nación, provincias y municipios abandonarán sus puestos de tareas para celebrar por anticipado el primero de mayo. Gremios como UPCN, ATE, APL, APOC, STM, Supara y APOPS participarán de la manifestación. También se agregarán sindicatos judiciales (UJEN, Sitraju, AJB), de la salud (Cicop, Sanidad, Fesprosa, SSP, Sitas, APM) y de la educación (CTERA, Suteba, Soeme, Udocba, UTE, Ademys, UDA, Conadu, Fatun).

En la Justicia y los hospitales se brindarán guardias mínimas. Los docentes definirán en la semana si dan clases. Se plegarán además los empleados de organismos descentralizados (AGN, Aysa, INTA, Biblioteca Nacional, ANAC, Renaper, Banco Nación, Lotería, Parques Nacionales, Conicet) y de la seguridad social (Anses, INAES, SRT).

Servicios e industria: decenas de sindicatos encolumnados en las CGT o las CTA ya anunciaron que se movilizarán desde temprano y se vaticina una parálisis en varios sectores en el último día hábil del mes. Se congregan estacioneros, bancarios, trabajadores de peajes, alimentación, panaderos, encargados de edificios, canillitas, metalúrgicos, petroleros, los mecánicos de Smata, la Uocra, UECARA, Sitraic, de Luz y Fuerza, comercio, textiles, calzado, carne, entidades deportivas, cines, teatros, gastronómicos, maestranza, peones rurales, empleados del neumático, mineros, plásticos, aceiteros y químicos.

Además de los gremios, se movilizarán cooperativistas y diversas agrupaciones políticas y sociales (Frente para la Victoria, Frente Renovador, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa (CCC) y FUBA).

Ámbito

Cómo será el plan de Macri para crear empleo joven

El Presidente enviará al Congreso un proyecto para crea un Régimen de Promoción del Primer Empleo Formal. Mauricio Macri optó por esta medida para estimular la creación de empleo formal con la reducción del costo laboral en “una economía estancada que hace cinco años no genera empleo”, según relató en Casa Rosada ante la prensa.

El plan retoma la política de exención a las contribuciones patronales de Domingo Cavallo y además el Estado les transferirá directamente un subsidio proporcional al salario del trabajador. Será para los empleadores de jóvenes de entre 18 y 24 años durante los primeros tres años de trabajo formal. La idea fue extraída de una propuesta de la UCA de 2012, donde estudió la mayoría del nuevo gabinete.

El kirchnerismo no logró combatir la informalidad más allá de la reducción a casi el 30% de la masa trabajadora. Sin embargo, en 2014 sacó una legislación similar que beneficiaba en exclusivo a las PyMEs con dificultades para hacer frente a las cargas laborales, con cierto impacto.

“Esa ley diferenciaba a las empresas entre las pequeñas que lo necesitaban para blanquear empleados y las grandes que tenían empleo informal como resultado de la evasión fiscal”, rescató Julia Strada, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). La semana pasada se descubrieron con los Panamá Papers sociedades offshore pertenecientes a los grandes empresarios, que no en todos los casos fueron declarados al fisco, por lo que se debieron haber utilizado para esconder ganancias.

En la experiencia anterior, de 1995, “la reducción de aportes no sirvió para reactivar la economía”, en palabras de Strada y Hernán Lechter. Entre 1993 y 2001, el PBI creció en promedio al 1,4%, por debajo de la década kirchnerista y en valores similares al periodo 1976-2001, donde creció al 1,3%.

Tampoco contribuyó a la generación de empleo. A pesar de que las contribuciones patronales totales al sistema pasaron del 33% en 1994, al 17,8% (promedio) en 2000, la tasa de desocupación creció de manera exponencial. Se sumó a esto que desfinanció al Estado, en tanto dejó de recaudar $ 47.939 millones.

“Nuevamente estamos frente a la evidente asimetría que propone el macrismo para el manejo de los recursos. La implementación de este subsidio empresarial constituye otra pieza más de una política de redistribución hacia los nuevos gerentes del Estado, que tiene como contracara la eliminación de los subsidios a los servicios públicos, el aumento de las tarifas del transporte y la reducción del salario real de los trabajadores y sus familias”, plantearon Strada y Lechter en un informe. Es que mientras el Plan del Primer empleo ofrece a las empresas un subsidio directo para financiar el salario de sus trabajadores, “los ciudadanos más vulnerables reciben una devolución indirecta del IVA por consumos de la canasta básica con un tope de $ 300”, remataron.

Del lado del empresariado, Aldo Espósito, saludó la propuesta del Ejecutivo como un paso para aumentar la producción y mejorar el mercado exportador y el local. El presidente de la Unión Industrial de Lanús no se conformó con esa medida, sino que pidió que el Gobierno dé definiciones más concretas para el sector fabril, hasta ahora afectado por las tarifas públicas, a diferencia del agro que recibió quita de retenciones y devaluación.

Sin embargo, de acuerdo a los miembros de CEPA, “la inversión privada se concreta en la medida en que existe un mercado pujante donde la producción tiene dónde insertarse (hay ‘demanda’)”, y esta fue la teoría económica del kirchnerismo. El mero incentivo a la producción difícilmente se efectivizará si los consumidores pierden poder adquisitivo por la inflación y la suba de las tarifas. Una situación similar enfrentan las compañías productoras de bienes exportables, dado que los principales clientes enfrentan crisis económicas graves.

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