Chile: proyecto condiciona la gratuidad universal de la educación a alcanzar ingresos del 29,5% del PIB

Bachelet propone establecer por ley que “no hay vuelta atrás” en la gratuidad

Tras visitar a la selección nacional en Juan Pinto Durán en la jornada de homenaje a La Roja bicampeona, Michelle Bachelet se dirigió ayer a La Moneda a grabar un mensaje audiovisual, acaso uno de los más emblemáticos de su administración. La cápsula, transmitida anoche en cadena nacional, informaba del envío del Proyecto de Educación Superior al Congreso para iniciar su tramitación.

Secundada por un retrato palaciego de Andrés Bello -fundador de la Universidad de Chile, entre otras cosas- Bachelet realzó el carácter refundacional del proyecto. “Con él, cerramos el ciclo de leyes de la Gran Reforma Educacional que iniciamos el año 2014”.

En su discurso, la mandataria fijó su primer “pilar” de lo que aspira el nuevo sistema; se “consagrará” la condición mixta -convivencia pública y privada- de la educación superior. Pese a lo anterior, el proyecto se focalizará en “las universidades del Estado”.

Junto a ello, Bachelet abordó el arduo debate previo que ha tenido este proyecto, donde las federaciones estudiantiles y los rectores del Cruch, han sostenido una cerrada oposición a las líneas gruesas de lo conocido hasta ahora. “Sabemos que no es posible dejar a todo el mundo contento, porque hay muchas miradas diferentes en juego, pero la propuesta que enviamos es resultado de ese amplio debate y de las opciones que guían mi gobierno”, aseveró.

La ruta de la gratuidad

La pretensión del gobierno es dejar la gratuidad en la educación superior como un derecho establecido irreversible. Bachelet así lo expresó en su alocución: “Miles de estudiantes ya han podido comprobar que la gratuidad llegó para quedarse. Ahora queremos que quede establecido por ley que no hay vuelta atrás”.

Esa promesa será polémica. Ya varios dirigentes de Chile Vamos, entre ellos el ex Presidente Sebastián Piñera, han hablado sobre la presunta rectificación que necesitarían las reformas de su gobierno.

Hasta ahora, la gratuidad beneficia hasta el quinto decil de menores ingresos. La reforma establece la ruta que se seguirá para alcanzar el 100%, según un minuta distribuida ayer entre parlamentarios. Para ello, el Estado deberá elevar sus recursos. El sexto decil se incorporará en 2018, una vez que los ingresos estructurales como porcentaje del PIB tendencial (la capacidad de crecimiento de la economía de largo plazo, estimada por un grupo de expertos cada año) lleguen al 23%. El séptimo decil se sumará con el 23,5%; el octavo decil, con un 24,5%. De ahí, el avance es más difícil. Para subir al octavo decil se requieren dos puntos adicionales y para completar el último decil se exigen otros tres puntos extras, un 29,5% del PIB tendencial (ver tabla). Estas dos últimas metas deberán cumplirse por dos años consecutivos.

Según escucharon parlamentarios presentes ayer en el cónclave oficialista en La Moneda -donde se decidió enviar el proyecto pese a las peticiones de postergación- el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, habría estimado que el séptimo decil de gratuidad recién podría alcanzarse hacia fines del próximo gobierno. Es decir, en 2022. Lo refrendó la diputada Camila Vallejo: “El 70% más pobre no está pensado para este gobierno, probablemente se alcanzaría para fines del próximo gobierno”.

Los economistas ven en la ruta trazada un camino altamente exigente. “Hoy los ingresos estructurales como porcentaje del PIB están cerca del 22%, por lo que los requisitos que pone para avanzar en deciles son altísimos. Llegar al 29% es un esfuerzo enorme”, dice el economista Patricio Rojas. “Por eso el compromiso hacia la gratuidad es una situación muy difícil de cumplir”, agrega. “Hay que recordar que la reforma tributaria aumentó la carga tributaria en 3 puntos del PIB”.

La ex directora de Presupuestos, Rossana Costa, cuestionó el amarre que significa la fórmula. “Esta modalidad de financiamiento, que compromete recursos futuros, se hace cargo de las limitaciones del presente, pero en definitiva compromete recursos de gobiernos futuros que pueden legítimamente establecer que es injusto destinar recursos para dar gratuidad a los deciles más altos mientras estudian y probablemente después cuando trabajen, habiendo tanto déficit en educación básica y media, en el Sename y en tantas otras necesidades. Es realmente discutible comprometer holguras futuras de esta manera”.

La Tercera


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