La segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, propuso hoy llevar a cabo en la Isla una reunión de trabajo del organismo sobre los efectos de la crisis fiscal en la situación de los derechos civiles y humanos de Puerto Rico.

“Claramente existe un serio problema” en Puerto Rico, dijo May Macaulay, tras escuchar a representantes de la sociedad civil de Puerto Rico que denunciaron en una audiencia de la CIDH  los planes de imponer una junta federal de control fiscal sobre Puerto Rico, y abogaron por una moratoria en el pago y un mecanismo para reestructurar la asfixiante deuda pública.

Junto a los comisionados Enrique Gil Botero (Colombia) y Paulo Vannuchi (Brasil), Macaulay presidió la sesión sobre “deuda pública, política fiscal y pobreza en Puerto Rico”.

“Es devastador el panorama”, indicó, por su parte, Gil Botero.

Vannuchi mostró interés en conocer cómo se presiona al presidente Barack Obama, pues por lo visto la atención de las autoridades estadounidenses y puertorriqueñas ha estado centrada en el Congreso, que no ha accedido a autorizar un mecanismo para el gobierno de Puerto Rico reestructurar su deuda pública.

La respuesta de los republicanos ha estado centrada en imponer una nueva autoridad federal sobre la Isla que le quite el control de los asuntos fiscales de la Isla al gobernador y los legisladores.

En el caso del liderato de la Cámara baja, un plan preliminar permitiría  una nueva junta federal de control fiscal decidir cuándo puede llevarse ante un juez federal la reestructuración de la deuda de una dependencia del gobierno de Puerto Rico.

En la presentación ante la CIDH, a nombre de cerca de medio centenar de grupos cívicos de la Isla, los ponentes denunciaron además que los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico son responsables de que la crisis fiscal y de deuda pública de la Isla tenga efectos regresivos en la población puertorriqueña e impacte principalmente a los más vulnerables.

Los representantes de la sociedad civil puertorriqueña declararon en el primer del 157 período de audiencias de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en la región?

El Nuevo Día 

La crisis fiscal hoy ante los países de América

Por José A. Delgado

Dejar en manos de cinco personas no electas, seleccionadas por Washington, las decisiones sobre los asuntos fiscales locales de Puerto Rico exacerba la falta de representación de los residentes de la Isla en la autoridad gubernamental que toma las decisiones últimas y alentaría una política de austeridad que limite más los servicios a los ciudadanos.

Para una población en la que casi una de dos personas vive bajo el nivel de pobreza federal, que ya ha visto una disminución en los servicios públicos, la nueva capa de poder que sugieren líderes republicanos del Congreso puede, por ello, representar una disminución de sus derechos civiles.

Un grupo de organizaciones cívicas y académicas trae hoy esa denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que por vez primera va a dedicar una audiencia a la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico, en momentos en que ese debate entra en una etapa decisiva en el Congreso estadounidense.

La propuesta preliminar del liderato del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes busca establecer una junta federal de control fiscal, cuyos cinco miembros serían nombrados por el presidente de EEUU -cuatro de ellos por recomendación de los jefes republicanos del Congreso-, con la tarea inmediata de buscar nuevos recortes y reformas fiscales.

Por un lado, permite a la junta decidir los presupuestos y planes fiscales, revisar toda ley aprobada en la Isla, y determinar cuándo llevar ante un juez federal un proceso de reestructuración de deuda de una dependencia del gobierno de Puerto Rico. La posibilidad de reestructurar la deuda depende de una moratoria de 18 meses en el pago de la deuda pública, que entraría en efecto con la aprobación de la ley.

Para grupos pro derechos humanos en la Isla, sindicatos y organizaciones de servicios de salud, la respuesta federal a la crisis fiscal y de deuda pública será, como incluso dice el borrador de legislación del Comité de Recursos Naturales, limitar beneficios laborales, como el salario mínimo, acelerar proyectos de desarrollo económico por encima incluso de normas ambientales y achicar el gobierno.

“En Washington D.C. la junta de control recortó servicios públicos para asegurar el pago de la deuda a toda costa. Cinco personas no pueden supervisar los 200,000 empleados públicos que hay en Puerto Rico. Solo vienen a garantizar el pago de la deuda a toda costa”, dijo el economista José Caraballo Cueto, profesor en el Recinto Universitario de Cayey de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y uno de los panelistas de mañana.

El informe que traen a la CIDH a nombre de cerca de 50 grupos de la sociedad civil de Puerto Rico se presenta en la segunda audiencia en un año que concede esa institución internacional – una dependencia de la Organización de Estados Americanos (OEA)-, a la situación de los derechos humanos y civiles en Puerto Rico.

La sesión de marzo de 2015 representó la primera vez que la CIDH examinaba la situación general de los derechos humanos en la Isla. Entonces le hablaron de las limitaciones en servicios para estudiantes de educación especial, de los abusos de derechos civiles de la Policía y de la encarcelación por más de tres décadas del prisionero político Oscar López Rivera, entre otras cosas.

Previamente, con respecto a Puerto Rico, la CIDH solo había dedicado una sesión las denuncias en contra de la Marina de Guerra por los antiguos entrenamientos militares en Vieques.

Por la sociedad civil, participarán de la audiencia grupos como la clínica de Derechos Humanos de la Universidad Interamericana (Inter), el Instituto Caribeño de Derechos Humanos, el Instituto de Estudio sobre Mujeres, Género y Derecho, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), la Alianza de Salud para el Pueblo, el Instituto para la Educación y Participación Ciudadana, y el Movimiento Amplio de Mujeres, entre otros.

El Gobierno de Puerto Rico estaría representado por el secretario de Asuntos Públicos, Jesús Manuel Ortiz. Mientras la representación estadounidense pudiera incluir a un enviado del Departamento del Tesoro, además de algún funcionario de la misión de Estados Unidos ante la OEA.

“No le debe caber duda a nadie que hay un interés muy particular en saber cómo se protegen los derechos humanos en nuestro territorio”, indicó Annette Martínez, directora de la clínica de Derechos Humanos de la Universidad Interamericana (Inter) y quien antes litigó ante la CIDH cuando trabajó para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Martínez destacó que el asunto es aún más significativo ante el hecho de que la CIDH, cuando revisa los asuntos de Puerto Rico, tiene que pasar por encima o contar con el visto bueno del gobierno de EEUU, ante la falta de representación internacional de la Isla.

Para los residentes de Puerto Rico, una junta federal de control fiscal, como la define el borrador de legislación, supone perder más democracia representativa, pues siendo el gobernador y los legisladores estatales la capa gubernamental más alta por la que pueden votar, sus acciones locales también quedarían bajo la supervisión de personas no electas por el pueblo.

A diferencia de las ciudades estadounidenses en que se han impuesto juntas de control fiscal, normalmente por gobiernos estatales, esos residentes tienen aún gobernador, legislador estatal, congresista y votan por el presidente de EEUU.

Aún en Washington D.C., que siempre ha estado mucho más controlado por el Congreso que Puerto Rico, sus residentes participan de la elección del presidente de EEUU. “La junta es un atentado contra la poquita democracia que tenemos. Limitaría la capacidad de decisión de nuestra población”, indicó Martínez.

Para el profesor Caraballo Cueto, en algunos sectores en la isla existe la percepción errónea de que la junta federal de control fiscal es un mecanismo para lidiar con la mala administración del gobierno, tras la experiencia de las pasadas décadas.

“De 1977 a 1985 la deuda, en términos reales, es decir ajustado al nivel precio, bajó. Pero, durante ese período también hubo mala administración y corrupción. Si la deuda pudo bajar en aquellos años aun habiendo mala administración, eso no me explica a mí por qué la deuda aumenta vertiginosamente desde finales de los años de 1990 hasta ahora. El indicador más claro es la baja en los empleos de la manufactura”, dijo el economista.

Poner la atención en desarrollo económico y en los servicios a los ciudadanos es la clave para un país con una alta tasa de pobreza y uno de los cinco peores del mundo en términos de desigualdad económica, sostuvo. “Necesitamos más servicios públicos que ayuden a las personas a superar la desigualdad”, dijo Caraballo Cueto.

LAS UNIONES. Los sindicatos- con cerca de 45,000 miembros en el gobierno central-, conocen la receta cuando se trata de emergencias fiscales. “La experiencia en otras jurisdicciones ha sido que la junta de control fiscal ‘congela’ los contratos colectivos de manera dictatorial y sin que medie negociación”, indicó Mairym Ramos, directora para Puerto Rico de la SEIU, con oficina en Washington D.C.

Al movimiento sindical le preocupa, además, que la junta federal, según propuesta por el jefe del Comité de Recursos Naturales, tenga entre sus tareas la posibilidad de congelar beneficios de los sistemas de retiro de los empleados públicos.

“El proyecto de junta de control fiscal discrimina contra las y los pensionados de los sistemas de retiro público así como de todos los empleados que cotizan con los sistemas de retiro porque se les marca como un grupo con menos derechos que otros acreedores. Los republicanos de la Cámara han insistido que no se les puede restructurar la deuda a los acreedores porque esto les cambiaría las reglas del juego. Pero eso le están haciendo a los pensionados con esta propuesta legislativa, porque nunca se debe cambiar los beneficios a una persona una vez retirado”, agregó Ramos.

SALUD. El Gobierno ha indicado que el gran reto de la Isla es evitar el precipicio al que se enfrenta el sistema de salud, ante el agotamiento de los fondos de Medicaid que subsidian cerca de la mitad del plan Mi Salud del gobierno y que fueron otorgados por la reforma federal de salud (Obamacare).

Para la primavera de 2018, a menos que el Congreso reemplace esos fondos, se acabarían los $6,300 millones otorgados para ser usados entre 2011 y 2019, pero que, debido a los mismos requisitos de Obamacare, se acabarían un año antes. Esos fondos representan cerca de $1,200 millones anuales del plan de salud del gobierno de Puerto Rico, del que dependen 1.6 millones de personas. La sociedad civil, no obstante, sostiene que la preocupación no puede estar en el monto de las asignaciones federales, sino en el sistema de salud.

“Hemos visto un desmantelamiento en el área de salud, por todos los intereses lucrativos del área de salud”, dijo Marinilda Rivera, de la Alianza de Salud para el Pueblo, quien considera que la junta federal de control fiscal “va a recrudecer más limitaciones en el sistema de salud”.

En torno al reclamo a favor de un mejor acceso a los programas federales de salud, en el debate “ha quedado ausente quien va a administrar esos fondos” y como insertar a la sociedad civil en el sistema, afirmó Rivera.

La Alianza de Salud para el Pueblo, por ejemplo, aboga por un sistema de pagador único que pueda sacar el medio a las aseguradoras y que permita la representación de sectores de la comunidad en el manejo del sistema de salud. “Si vamos a poner fondos adicionales de salud en manos de aseguradoras con fondos lucrativos, nuestro pueblo va a seguir sufriendo las mismas penurias y problemas, e invirtiendo en un sistema en que no le ha importado la prevención’, agregó Rivera.

Como amplios sectores en Washington y San Juan han documentado, las organizaciones insistirán en que es más necesario que nunca autorizarle a Puerto Rico un proceso para reestructurar gran parte de su deuda pública, que ronda los $70,000 millones y cuyo servicio de pago está a punto de llevar a la Isla a su insolvencia. “El pago de la deuda para el 2015 fue de $4,500 millones. Los recaudos de Hacienda en ese año fueron de $5,300 millones. La única salida que tiene Puerto Rico es desarrollo económico. Para viabilizar eso hay que reestructurar la deuda”, sostuvo Caraballo Cueto.

A juicio de los grupos que declararán mañana es clave que el pueblo mismo no se recete “la medicina contraindicada” y que haya transparencia en todo el proceso hacia el reajuste de la deuda, incluida su auditoría. “Si el pueblo quiere mejor administración tenemos que insertarnos en el proceso político – indicó Caraballo Cueto-, reclamar presupuestos participativos y una regla fiscal como la que propone el Centro para la Nueva Economía. Necesitamos exigir más derechos y más transparencia”.

El Nuevo Día