El lunes de esta semana que termina el presidente de la República, Juan Manuel Santos, expidió nueve decretos para reformar el sector rural. Era un revolcón que estaba anunciado desde la ley del Plan de Desarrollo, el cual le dio facultades extraordinarias al primer mandatario por seis meses para, entre otras cosas, liquidar el Incoder, crear nuevas entidades y reformar el sector de financiamiento agropecuario.

Con insumos que se venían conociendo desde el año pasado, como el censo agropecuario –el primero en 45 años– y las recomendaciones del grupo de trece expertos denominado Misión para la Transformación del Campo, el ejecutivo formuló elementos para hacer el sector más productivo y competitivo, y su institucionalidad, más técnica, según lo expresado por el Gobierno.

¿Qué se creó?

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, que según la Misión estuvo mal planteado desde su creación en 2003, al ser depositario de gran cantidad de funciones procedentes de cuatro entidades que fueron suprimidas, entró en liquidación y será escindido en dos instituciones: la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural.

La primera, creada por el Decreto 2363 de 2015, será la encargada, por ejemplo, de administrar los baldíos de la nación, coordinar los programas de acceso a tierra y ayudar a construir el catastro multipropósito –contemplado en el Plan de Desarrollo, ante 60 % de desactualización catastral en el campo, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)–.

La Agencia de Desarrollo Rural (Decreto 2364 de 2015), por su parte, se encargará de ejecutar planes para el desarrollo que contemplen la asistencia técnica, infraestructura, riego y comercialización en los territorios. Según el censo rural, tan sólo 16 % de los productores han tenido acceso a maquinaria y 11 % a asistencia técnica.

En este punto es importante resaltar que la Misión recomendó mirar el desarrollo no como puramente agropecuario, sino apostar por otro tipo de actividades económicas, como el turismo, servicios financieros, de información, entre otras, en las que, de hecho, las mujeres encuentran más de 73 % del empleo en el campo.

Para las mujeres rurales se creó la dirección de la Mujer Rural dentro del Ministerio de Agricultura, en lo que se decretó como una modificación a esa cartera (Decreto 2369 de 2015). Se introdujeron cambios como hacer explícito que el Ministerio se encargará de la formulación de políticas para el desarrollo de las zonas más afectadas por el conflicto, así como proteger y aprovechar los recursos genéticos vegetales y animales del país, de acuerdo con lo previsto en el Convenio sobre diversidad biológica de 1992.

La Misión recomendó crear dos nuevos viceministerios para reemplazar los actuales de Desarrollo Rural y Asuntos Agropecuarios. Los sugeridos son los de Servicios y Bienes Públicos y el de Desarrollo Rural Territorial, precisamente para ampliar la visión de un campo desarrollado a punta solamente de actividades agropecuarias. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, dijo a El Espectador que todavía no se sabe si esa será la estructura que adopte la cartera, pero se espera que entre febrero y marzo de 2016 estén listos otro cambios dentro del Ministerio, como la creación de la Dirección de Agricultura Familiar, actividad que hoy compone más de 70 % de la producción y en cuya potenciación y protección insistió la Misión.

Se creó, en el Decreto 2366 de 2015, la Agencia de Renovación del Territorio, que se encargará de implementar la política de sustitución de cultivos ilícitos. “Transformará el territorio de manera integral mediante Planes de Intervención Territorial construidos con sus habitantes y los gobiernos locales”, de acuerdo con el Ejecutivo.

También se conformó el Consejo Superior de la Administración de Ordenamiento del Suelo Rural (Decreto 2367 de 2015), que será presidido directamente por el presidente de la República. Esta instancia busca definir cuál es la vocación del suelo para orientar a productores e inversionistas. “Este consejo busca alinear las acciones del Gobierno en el uso del suelo y así dirimir los conflictos intersectoriales que hoy no tienen una instancia de decisión”, dijo el Gobierno.

Identificar la vocación de los suelos es una labor que ha venido asumiendo el brazo técnico del Ministerio en la materia, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). A la pregunta de si determinar la vocación de un territorio se puede convertir en una camisa de fuerza para los productores, el ministro Iragorri afirmó que el Gobierno pretende dar una asesoría para sembrar “lo que toca donde toca”. Quienes decidan acogerse a esas sugerencias y reconvertir sus cultivos podrán gozar de los beneficios (como asistencia técnica y acceso a crédito) prometidos por el plan Colombia Siembra, que busca sembrar un millón de hectáreas nuevas en tres años.

Otro de los organismos creado es el Consejo Superior de la Administración para la Restitución de Tierras (Decreto 2368 de 2015). “Este consejo coordinará las acciones interinstitucionales para garantizar una ejecución integral de la política”, según el Ejecutivo. Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, entidad que ejercerá la secretaría técnica del naciente Consejo, explicó que el objetivo es resolver problemas o ineficiencias en el proceso restitutivo con los ministros o funcionarios que puedan tomar decisiones. Estarán los de Agricultura, Defensa y Justicia, el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia de Tierras, la de Desarrollo Rural, la Superintendencia de Notariado y Registro y el IGAC.

La reforma toca las finanzas para el agro (Decreto 2370 de 2015). Por un lado, se amplían las fuentes de las que se alimenta el Fondo de Microfinanzas. Para llegar a pequeños productores y combatir el “gota a gota”, el Gobierno decretó que ese Fondo recibirá los recursos de Agro Ingreso Seguro, que sólo se podrán transferir una vez. Asimismo, se recibirá dinero del presupuesto de la nación, de convenios con otras entidades, rendimientos financieros, entre otros. Por último, a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, rectora del financiamiento del sector, entrará el ministro de Hacienda y saldrá el Banco Agrario.

¿Cuándo estará listo?

Según el Gobierno, las nuevas agencias tendrán que estar en operación en febrero de 2016. Los cambios en el Minagricultura que aún no se han dictado por decreto serían anunciados entre febrero y marzo de 2016.

¿Cuánto costará?

“El costo de todo lo que se hizo en la reforma, en los nueve decretos, en relación con el presupuesto actual del Ministerio de Agricultura y las entidades adscritas, es cero”, aseguró el ministro de Agricultura.

¿Qué pasará con el Incoder?

El Incoder deberá ser liquidado en un año, con posibilidad de prórroga. El cargo de gerente general, que hasta esta semana ocupó Rey Ariel Borbón, fue suprimido el 7 de diciembre, con la expedición del Decreto 2365 de 2015. El liquidador será Mauro Rodrigo Palta, quien se venía desempeñando como secretario general de la entidad.

Según el minagricultura, el 31 de diciembre próximo se terminarán los contratos de más de 1.800 contratistas del Incoder y unos 329 empleados que son de carrera, de un total de más de 600 de planta, podrán ser ubicados en las nuevas agencias, sólo si cumplen con las condiciones requeridas, o acogerse a un plan de retiro voluntario.

¿Qué opinaron algunos sectores?

De acuerdo con la exministra de Agricultura Cecilia López, integrante del consejo directivo de la Misión, la reforma a la institucionalidad hecha por el Gobierno parece haber atendido la recomendación más urgente: la liquidación del Incoder y la creación de la agencia de Desarrollo Rural y la de Tierras.

Óscar Gutiérrez, director de Dignidad Agropecuaria, dijo a este diario: “lo más grave es que lo que se quiere hacer con la reforma al Ministerio de Agricultura es adecuarlo para que se desproteja la pequeña y la mediana producción, se niegue toda posibilidad de acceso a la tierra por parte de los trabajadores agrarios y de esa forma facilitar que grandes monopolios nacionales y extranjeros accedan a ella a través de concesiones”.

Por su parte Mario Bonilla, codirector de Agrosolidaria, un organización que promueve la agricultura familiar, opinó que su preocupación “es que tenemos una institucionalidad muy centralista, que no hace presencia en los territorios. Necesitamos una más cercana a los indígenas, a la gente”. Por eso, “falta ver la operación, porque si no, se convertirá en un ‘pool’ de burocracia que cambió de nombre”.

El Espectador

Reforma al campo va por la descentralización: Aurelio Iragorri

Hace una semana, el Gobierno expidió nueve decretos para transformar la institucionalidad del sector rural. Entre los cambios, se encuentran la liquidación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y la creación de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural.

En diálogo con este diario, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, explica cuáles son los propósitos de esos cambios, cuándo se llevarán a cabo y si hay presupuesto para hacerlos.

¿Por qué una reforma como la que se hizo?

Desde 1994 hasta 2014 sólo se han sembrado 640.000 hectáreas nuevas, y hemos ido en reversa en el sector agropecuario con respecto a antes de la apertura. En los 60 la participación del sector en el PIB era casi 60%, después de la apertura pasamos a por debajo del 15% y hoy estamos con una participación del 6%. Necesitamos un plan de acción, que requería, entre otras cosas, un plan real de siembra para el país y una institucionalidad moderna, ágil, que se ajuste a los requerimientos del mercado. Los cambios se resumen en Colombia Siembra, que es la meta de sembrar un millón de nuevas hectáreas en los próximos tres años, motivados por la soberanía alimentaria del país, por la necesidad de sustituir importaciones y aumentar la exportación de los productos no tradicionales, y por el otro lado, el ajuste a la institucionalidad. El ministerio tiene que dedicarse a dictar las políticas para el sector agropecuario y transferir las funciones de ejecución (a sus instituciones adscritas).

La Ley 160 de 1994 también tenía la intención de reformar el sector. ¿Qué falló?

Es una pregunta buena para quienes estuvieron en el Gobierno antes de que llegara este. Creo que muchas cosas se quedaron en buenas intenciones, que se alejó la institucionalidad del sector en el campo. El conflicto armado afectó este proceso, al igual que la apertura, y había una necesidad de una especie de acuerdo nacional. Esperamos que se logre y en virtud de éste (acuerdo) vamos a producir alimentos, y ver quién los va a comprar. Hay que involucrar a los 48 millones de colombianos, que prefieran un menú lleno de productos colombianos. Si las buenas intenciones de las reformas hubieran funcionado los datos estadísticos que muestra el censo agropecuario habrían sido diferentes.

Habla de alcanzar un acuerdo nacional. ¿Se refiere a un acuerdo simbólico o tangible, por ejemplo, con la industria?

Tiene que ser tangible. Un acuerdo como el que logramos este semestre con el sector arrocero: definimos una tabla de precios del arroz que se les iba a comprar a los productores, que los beneficiara no solo a ellos sino a la industria molinera y a la que comercializa el arroz, y que no perjudicara a los 48 millones de colombianos cuando van a los centros de abasto. Corregimos inflación de 80%, se bajó el incremento en el costo al consumidor final al 25%, y eso se logró gracias a un acuerdo nacional. Sobre el maíz amarillo que necesita la industria de concentrados, necesitamos producir 3,4 millones toneladas. Las vamos a producir con el compromiso de que sean de buena calidad, que seamos competitivos. Necesitamos que, cuando sembremos ese maíz, resulte al precio justo, que las cantidades sean las que ellos (industria de concentrados) requieren, en la cantidad que requieren, y que así no prefieran el maíz extranjero.

La Misión Rural habló de un Confis y un Conpes para la transformación del campo. ¿Hay plata para todos estos cambios?

La asignación presupuestal ha sido la más grande que ha tenido el sector agropecuario, en promedio han sido $3 billones. El más alto había sido $1,6 billones. La Misión ha señalado que se requieren $13 billones por año no sólo del sector agropecuario sino de todos los sectores: salud, educación, vías, para poder corregir la inequidad en el campo. La Misión no era un documento de engavetar, el presidente dio la orden de ejecutarlo, además hay que complementarlo con el posconflicto. Si se firma el acuerdo de paz, tenemos que cumplir con un proceso. La paz no se siembra sólo con los 9.000 o 10.000 combatientes que tengan los grupos guerrilleros, sino con los 12 millones de personas que viven en el campo.

Otra de las recomendaciones de la Misión es un programa de cero analfabetismo en el campo, pero para eso se necesita, por ejemplo, una articulación con la cartera de Educación. ¿Se está llevando a cabo ese tipo de diálogo entre ministerios?

La obligación de articulación ya nació en el Plan de Desarrollo con la aprobación de una intervención integral en el territorio, que involucra al Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte. Esa integralidad quedó concebida en la nueva Agencia de Desarrollo Rural, en donde habrá un funcionario encargado de articular las funciones del Ministerio de Agricultura con los otros ministerios. La Misión Rural habla de $13 billones, no solo del sector agropecuario, y de actuar articuladamente. Ejemplo de eso es la intervención en las vías terciarias, alrededor de las cuales están siendo sembrados los productos que necesitamos. Si las vías que se intervienen son las cercanas a esas zonas, vamos a tener mejores resultados. En definitiva, la integralidad nace en la Presidencia, se concreta normativamente en el Plan de Desarrollo, tiene la recomendación de la Misión, e institucionalmente en el Ministerio de la Presidencia y en la Agencia de Desarrollo Rural quedan establecidos funcionarios para que esa integralidad sea real.

Se creará la Dirección de Mujer Rural. ¿Qué apoyos concretos y diferenciados habrá para ellas?

Lo primero era crear la Dirección. Me reuní con la Comisión de Seguimiento del Congreso. Hay una serie de senadoras y representantes que vienen liderando la bancada de la mujer y tienen propuestas, así como también las tenemos nosotros, sobre lo que debe hacer y ser la política de mujer rural. No será solo una política de cuotas, de participación de los programas. Cuando llegué tomamos la decisión de que mínimo de 30% de las inversiones en vivienda rural debe quedar a nombre de la mujer, tituladas a su nombre. Pero no se trata solo cuotas sino una política para el sector agropecuario teniendo en cuenta las ventajas de la mujer: la agricultura familiar campesina se basa en gran medida en el trabajo de la mujer en su casa. Se trata de reconocer las labores de campo que hace la mujer, que tienen que ver con temas culturales o ancestrales, trabajos artesanales. Aunque no estén necesariamente vinculados al pensamiento tradicional de lo que es el sector agropecuario, ese complemento de ingresos ayuda a que mejore la actividad agropecuaria del país. Las apoyaremos. No me quiero adelantar pero estamos esperando la reunión en los próximos días con la bancada de mujer y de ahí saldrá, sumado a lo que tenemos en el Ministerio, el plan de acción para posicionar esa dirección de la mujer rural.

Están impulsando la siembra, pero la Misión dice que la frontera agraria tiene que parar en algún punto para frenar la deforestación. ¿Cuál será ese punto?

Uno de los (nuevos) decretos crea un órgano consultivo para el ordenamiento de la propiedad rural. Allí se definirá hasta dónde llega la frontera agrícola, la pecuaria, la de reforestación, la de minería, hidrocarburos y otras actividades. La discusión de la vocación del suelo es muy técnica y dependiendo de los niveles que necesitemos sembrar para la seguridad alimentaria del país se irá definiendo.

La Misión insiste en la necesidad de que el sector agropecuario se vuelva ambientalmente sostenible. ¿Hay un componente al respecto en esta reforma?

En la Agencia Nacional de Tierras está incluido, y en la reforma del Ministerio lo vamos a incluir. Lo que pasaba es que la agricultura y la ganadería eran enemigos del medio ambiente. Venimos trabajando con gremios y asociaciones sobre el manejo de cuencas, por ejemplo con la Federación de Cafeteros, con Fedecacao. En esto tiene un papel trascendental la juventud. De pronto ya no quieren ser agricultores pero sí les gusta ser ambientalistas, y podemos generar una nueva generación de personas del campo que nos ayuden a cuidar esas cuencas, ríos y bosques.

Una de las dudas de los campesinos con esta reforma es si realmente llegará a las regiones.

Las oficinas de Incoder eran unos tramitadores de papeles de las regiones hacia Bogotá. La Agencia de Desarrollo quedó estructurada de manera que las políticas salen del Ministerio y su desarrollo se hace en las regiones. Se formula en las regiones y por eso la agencia tiene una vicepresidencia dedicada al diálogo social, para formular proyectos. Las anteriores reformas tendieron al centralismo, pero el censo muestra que fracasó. Esta reforma se va por la descentralización.

Se crea una entidad para determinar el uso del suelo y se le da peso como entidad técnica a la UPRA. ¿Este ordenamiento, sin embargo, no podría dar la sensación de que es una camisa de fuerza para la producción? ¿Qué va a pasar con alguien que hoy tiene ganadería en un sitio que según el ordenamiento debería ser para algún cultivo?

No podemos seguir dando subsidios cada vez que hay una quiebra de un sector. El ejemplo más claro es que no puede ser que en un departamento como La Guajira, donde la gente se muere de sed, en la parte de abajo de la represa de Ranchería, se siembren tres cosechas de arroz al año. Allí no se puede sembrar arroz porque no hay el volumen de agua necesario, y el agua de la represa tendrá que darles agua a muchos municipios no solo para resolver el problema de los seres humanos que no tienen acueducto sino también de poder regar a lo largo y ancho del departamento. Como esos hay 1,5 millones de hectáreas mal sembradas. Ese orden, o camisa de fuerza si así lo quiere llamar, es una especie de camisa de orientación. Ofrecemos una serie de beneficios a las personas que quieran participar de manera voluntaria (en la reconversión). Los que quieran seguir sembrando sandías en la sabana de Bogotá que lo hagan, no nos podemos oponer porque es propiedad privada pero que cuando les vaya mal no busquen al Ministerio de Agricultura para que les atienda el desastre.

¿Hay garantías de dotación de herramientas para las personas que se quieran pasar a otro cultivo?

Si quiere sembrar esto o lo otro le decimos qué producto se le puede dar bien. En asistencia técnica ayudamos con la entrega de algunos abonos, de semillas certificadas, las cinco herramientas que contempla el plan Colombia Siembra: primero, el ordenamiento del uso del suelo. Segundo, la administración del riesgo agropecuario, con el seguro, el fondo de garantías, la cobertura de precios, en tipos de cambio. Lo tercero es la asistencia técnica. Volveremos al esquema de que no puede haber crédito sin que haya asistencia técnica. El acceso a crédito debe ser oportuno, y con tasas subsidiadas. Necesitamos comercialización, que no es sólo quién va a comprar, es solucionar el problema logístico que se tiene, promocionar la creación de empresas privadas de transporte, apoyar a las empresas para que tengan acceso a maquinaria, a tecnología y, finalmente, la educación especializada: tenemos campesinos pero no agricultores graduados, que sepan de buenas prácticas, sostenibilidad, entre otros.

¿La reforma se hizo pensando en que las Zidres van a existir?

Me encantaría responder, pero el ministro (Juan Fernando) Cristo es el encargado porque yo estoy impedido.

¿Qué ha conseguido en término concretos el plan Colombia Siembra?

El dinero lo tenemos todo, ya está en el presupuesto. Lo concreto que entregaremos en el mes de diciembre es el número de hectáreas que hemos ido acordando con los gremios. Son 100.000 hectáreas de maíz y fríjol que desde ya ofrecieron los cafeteros. Necesito que me den el plazo: hay que conseguir la tierra, acondicionarla, sembrar, con la semilla que toca, con las condiciones del clima. Esperamos a diciembre de 2016 tener sembradas, solo de maíz, soya, arroz, palma, cacao, caucho, forestales y frutales 2’493.000 hectáreas (en total, no nuevas). En 2015 tenemos 2’268.000.

El Espectador

Las peleas que enfrenta el tercer censo agropecuario

El censo agropecuario, aun antes de salir al ruedo para recolectar la información, ya tenía enemigos, y una vez iniciado el proceso de entrega de resultados, los reparos se incrementaron, pero el director del Dane, Mauricio Perfetti, también ha afinado sus argumentos para defenderlo.

Los gremios agrícolas, como Fedepalma, alegan que las cifras entregadas por una de las investigaciones más grandes sobre el campo no coinciden con las suyas. Fedegán, gremio ganadero, sostiene que “decir que más del 40 por ciento del área rural dispersa está en manos del 0,4 por ciento de los propietarios con más de 500 hectáreas es inducir a conclusiones falsas, pues el Gobierno sabe que esas cifras no incluyen los 34 millones de hectáreas entregadas a las minorías étnicas, los mayores propietarios de tierra del país”.

Entre las minorías étnicas también ha saltado la liebre. La llamada Mesa Interétnica Censal, integrada por afrodescendientes e indígenas, expuso que “el censo no se realizó en San Andrés y Providencia ni en el norte del Cauca”.

Entre los flancos que han atacado hasta se puso en tela de juicio la calificación de los encuestadores, sin contar con que hay otros que se fueron por el lado de los resultados, sosteniendo que el censo desapareció a muchos habitantes del campo. También hay alegato porque la entrega se hizo tarde, e inclusive habrá denuncias ante la Procuraduría contra el director del Dane, quien se refirió a cada una de las críticas.

Con respecto a las diferencias entre los datos de los gremios y los del Dane, Perfetti indicó que se trata de “diferencias de tipo conceptual. Por ejemplo, ellos no llegan a todos los productores por múltiples costos. Aquí hay que tener en cuenta que un censo es un censo. Cuando uno hace un censo, lo primero que hay que definir es la unidad censal con la que se va a construir el universo. El censo levanta la totalidad de lo que se definió como universo. Nosotros definimos los universos: los predios rurales, más las familias y comunidades étnicas y los parques nacionales”.

El funcionario agregó que “el Dane no le pone limitaciones al levantamiento de la información. Esto significa que si hay 15 matas de café, 15 se cuentan. En cambio, la Federación de Cafeteros, por ejemplo, no considera a los que tienen menos de un cuarto de hectárea (0,25 hectáreas). A estos los deja por fuera. Entonces, claro que tiene que haber diferencias en los resultados”.

Perfetti afirmó que “nadie en el país –y eso que lo tengan claro todos los colombianos– tiene la capacidad del Dane para levantar la información que levantamos. No tienen los medios, los recursos. Por eso acotan y limitan lo que van a levantar”.

Hay que recordar que pasaron 45 años para que Colombia tuviera información actualizada del campo, para lo cual se dispuso de 13 meses, 25.000 encuestadores que cubrieron 3,9 millones de predios correspondientes a 113 millones de hectáreas en las que entraron parcelas, fincas y haciendas, además de resguardos indígenas, zonas de comunidades negras y parques naturales, entre otros.

Directro del Dane responde a críticas

Uno de los gremios con más reparos ha sido Fedegán, que alegó inconsistencia entre las cabezas de ganado contadas por el Dane y las que tienen ellos, con base en sus registros de vacunación.

“¿Quién dijo que todo el mundo en este país vacuna al ganado? La fuente de información de ellos es la vacunación y, aquí, el que tiene una vaquita o dos no las vacuna. Nosotros sí las contamos. Cómo nos reclaman si la fuente de información de ellos tiene limitaciones. Nunca va a dar igual”, dijo enfático Perfetti.

De acuerdo con el Dane, el censo levantó información de 495 productos, lo que explica hallazgos inimaginados.

“Se desconocía la información de 43.000 huertas caseras que tienen los colombianos solo para su sustento. De dónde nos vienen a hacer reclamos. Lo que deben hacer es entender las cifras”, dijo el director de la entidad.

Sobre las diferencias con el tema ganadero, Perfetti recordó que, “en la parte bovina, aquí hay zonas libres de aftosa, entonces el ICA no va allá porque, si son libres, sería perder el tiempo”.

En lo que tiene que ver con los habitantes de parques y los que argumentan que el censo no pasó por allá, el director del Dane dijo que “es normal que ellos digan eso porque están haciendo un uso inadecuado del suelo; eso está prohibido, pero el censo está completamente georreferenciado. No quieren que se sepa que ellos habitan allá”.

Sobre las amenazas proferidas de llevarlo a la Procuraduría, a causa de las críticas al censo, Perfetti indicó que “el censo siempre ha tenido enemigos, muchos no querían que se hiciera. Atacaron para que no hubiera censo, ahora quieren atacar los resultados. Nos pueden investigar si así lo creen conveniente”.

A cambio de los ataques Perfetti invitó a interpretar las cifras, como insumo para lo que deben hacer los alcaldes por las zonas rurales, donde la pobreza multidimensional es de 44,7 por ciento, por encima del promedio nacional (21,9 %).

En enero se hará el cierre del ciclo de entrega de datos

Como una base de datos gigantesca que contiene 3’000.000 de filas y 180 columnas, describió el director del Dane, Mauricio Perfetti, el volumen de información que recogió el Dane a través del tercer Censo Nacional Agropecuario, que se había dejado de hacer durante 45 años.

La entrega de la información fraccionada resultó ser para ellos lo más conveniente, y así lo hicieron. No obstante, ese ha sido uno de los reparos, pues, para José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, “el Dane no ha entregado el censo. Hasta ahora, solo conocemos informes de prensa. El cuerpo del estudio no lo ha visto nadie”.

Al respecto, Perfetti, indicó: “Nuestro compromiso en este mes es tener el microdato”. Y anunció: “Estamos trabajando para que la gente pueda tener los datos básicos de su municipio o de su departamento en el celular. Vamos a tener, a finales de enero, un gran foro para el cierre del ciclo de entregas”.

Perfetti agregó que, para ese evento, se contará con expertos invitados, porque la idea es mostrarle al país el microdato y cómo se usa.

“Las investigaciones que hace el Dane no son para nosotros, son para la gente, para que los alcaldes tengan insumos que les permitan tomar decisiones para promover el desarrollo en su área”.

El Tiempo