Aunque el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, y la ministra de Trabajo, Clara López, estuvieron este 20 de julio reunidos con miembros de la Asociación de Transporte de Carga (ATC) y su presidente, orlando Ramírez, no lograron llegar a ningçun acuerdo para acabar con el paro camionero.

A la reunión también asistieron mediadores de la Iglesia y la Defensoría del Pueblo para tratar de buscarle una solución a este paro que ya completó 45 días y que ha dificultado el transporte de productos en el país, especialmente de alimentos.

Luego de 14 horas de negociaciones, el Gobierno y los camioneros se levantaron de la mesa de diálogos, sin llegar a unos acuerdos para levantar el cese de actividades.

El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, dijo que este jueves se reunirán nuevamente y que se sigue trabajando en la adecuación de las propuestas.

Publimetro


Colombia afronta $1.000 millones de pérdidas por paro camionero

Con el peor paro camionero de la historia que ya cumple 45 días, Colombia afronta enormes pérdidas económicas, producto de los bloqueos de vías, falta de transporte, escasez de alimentos y combustibles.

Según datos no oficiales, el perjuicio superaría los $ 1.000 millones, ya que además de la parálisis del transporte de carga, se suma el incremento en el precio de los alimentos, la suspensión de muchos envíos al exterior y el impacto en el bolsillo de los consumidores. No en vano esta situación hizo que se incremente el costo de vida y por consiguiente la inflación anual que ya llegó a 8,6% hasta junio, cuando el Banco de la República de Colombia preveía apenas un 4%.

Ayer en un último intento se realizó una reunión entre las partes para hablar sobre los temas de la chatarrización y los fletes, los dos puntos más espinosos de las conversaciones y que tienen estancado un eventual acuerdo.

El encuentro fue en la sede del Ministerio de Transporte y todo indica que un cambio de estrategia del Gobierno a última hora, puede servir para lograr un acuerdo, pero al cierre de esta edición no se había logrado la firma final.

Al mismo tiempo, en Bogotá y varias ciudades se presentaron enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, en medio de las celebraciones del día de la Patria, un festivo que arrojó varias personas heridas por los disturbios.

Reformar el sistema y el ‘1 a 1’

De acuerdo con Luis Orlando Ramírez, directivo de la Cruzada por la Dignidad Camionera, que es la promotora del paro, “lo que se pide es reformar el sistema de ‘libertad vigilada’, de los fletes, que cumplió cinco años sin funcionar ni cumplir el papel para el que fue diseñado”.

La exigencia es que se retire el término que se emplea: “costos eficientes de operación”, el cual representa una ambigüedad que aprovechan algunos actores de la cadena para realizar pagos por debajo de los costos operativos del transporte de carga.

En cambio, sugieren la denominación “Estructura de costos operativos del transporte de carga”, con lo que, se nivelarían los valores que desde hace tiempo están distorsionados.

Ayer se registró un ingreso a Bogotá de 1.027 vehículos. Según los datos del Ministerio de Transporte, esta cifra generó un abastecimiento de 10.270 toneladas de alimentos, este ingreso estuvo por encima de lo esperado para un día como hoy (festivo) que generalmente son entre 600 y 900 vehículos, en toneladas promedio de 7.500.

En los últimos dos días, se observa relativa estabilidad en la oferta alimentaria y el mismo comportamiento de precios de productos perecederos.

Jorge Eduardo Rojas, ministro de Transporte, detalló que con miras a lograr un acuerdo la propuesta de Gobierno consiste en sostener el denominado ‘1 a 1’, es decir, que para ingresar un vehículo al país se chatarrice uno viejo. Y dentro de ese mismo tema, mantener, mejorar, modernizar y más que todo limpiar de corrupción y dar transparencia al proceso de la chatarrización, que resulta vital para el pequeño transportador.

Sin embargo, la posición del Gobierno es no mantener los fletes, uno de los 18 puntos en la agenda de los líderes del paro camionero. El Ministerio dice que si bien el objetivo es seguir con un sistema de costos firme y eficiente, sí reconoce los incrementos de los mismos (por ejemplo, que si un flete está impactado por el aumento de un peaje o del combustible, se le reconozca de inmediato).

De aceptarse esta propuesta, se pondría fin al paro.

Al término de una reunión en el Ministerio de Transporte, Jaime Moreno, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga Liviana manifestó  que no hacen parte de la inmovilización dado que los intereses del gremio que representa no están en sintonía con las peticiones que hace la Dignidad por la Cruzada Camionera.

Este gremio que tiene a cerca de 250.000 camioneros no cuenta la derogatoria de la Resolución 2308 del 2014, la cual ampara los derechos de los camioneros de carga liviana por la que se genera el paro.

Moreno reiteró que en diferentes ocasiones han manifestado que el paro perjudica los intereses del sector transportador, e invitó a todos los que hacen parte del sector liviano a seguir trabajando por el bien de Colombia y por el bien de los camioneros, al tiempo que lamentó los actos vandálicos que han perturbado el desplazamiento de quienes se encuentran trabajando por las carreteras del país.

Por su parte, el sector industrial, metalmecánico, cementero, minero, agroinsumos, avícola, lácteo, comercio y servicios advirtió un inminente desastre económico en la provincia de Boyacá.

Las empresas productoras reportaron ante las cámaras de comercio, el cese total de actividades por la falta de materias primas.

El sector siderúrgico por su parte, dijo tener cerca de 60.000 toneladas de productos represadas en patios, de las cuales más de la mitad ya estaban vendidas generando incumplimiento a clientes. Esto implica un riesgo latente de masivo desempleo.

Sandra Tiuzo, presidenta de la Cámara de Comercio de Sogamoso, manifestó que “no se ha podido llevar el normal funcionamiento de las empresas, tienen stock de productos que no han podido salir, material que se produce está en bodegas, existe el riesgo de perder clientes, paraliza las plantas y esto implica desempleo, reducciones de tiempos de contratación y que se deje de contratar mano de obra”.

Una de las principales preocupaciones está en que este empleo formal generado por las empresas afectadas significa la ocupación del 70% de la población económicamente activa de Duitama y Sogamoso, del cual dependen más de 19.000 familias.

Representantes de las empresas manifestaron que solicitarán a través de carta formal al Ministerio de Trabajo, la declaratoria de fuerza mayor en la región como mecanismo inicial que permita la suspensión temporal de por lo menos 6.000 contratos laborales.

De acuerdo con la Asociación de empresarios (ANDI), los sectores afectados dejaron de hacer transacciones comerciales de más de $250 millones (600.000 millones de pesos) durante los días de paralización.

El Telégrafo