Por Albino Vargas Barrantes*

Parece que no les va a quedar más remedio que aprobar el proyecto contra el fraude fiscal y contra el robo de impuestos, sin excluir las normas jurídicas para que haya en el país un registro de accionistas de los beneficiarios finales de las sociedades anónimas, de los fondos de inversión y similares.

Se los dijo en su propia cara el señor José Ángel Gurría Treviño, neoliberal economista mexicano, actual Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), misma que fuera fundada en 1961.

La OCDE tiene su origen en la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), a la cual se le encargó por parte de los Estados Unidos que aplicara, en aquellos años, el Plan Marshall para la reconstrucción europea luego de la devastación de la Segunda Guerra Mundial.

Para quienes no tenían hasta ahora noción de qué es eso de la OCDE, los países que se unen a ella deben comprometerse con los “principios de la economía de mercado”, así como con los de la “democracia pluralista”. La OCDE impulsa el desarrollo del comercio mundial bajo los principios del “libre comercio” (los TLC’s, como los conocemos a hoy); y tiene tal cantidad de información que la convierten en la oficina de estadísticas más completa del planeta.

Al afiliarse a la OCDE, Costa Rica tendrá que pagar una cuota anual de membrecía cuyo monto desconocemos hasta el momento, pues esta organización tiene una planilla de 2.300 funcionarios con muy buenos salarios a los que hay que mantener.

Como lo planteamos ayer martes 23 de febrero, en nuestro artículo semanal para La Prensa Libre (digital), “…no vemos por ningún lado en qué podría beneficiar a la clase trabajadora costarricense (asalariada, no asalariada, desempleada, en empleo parcial, informal y como mypmes), que Costa Rica ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)…”. (“LA VISITA DE LA OCDE AL PAÍS”).

Sin embargo, es de celebrar que siendo la OCDE lo que es, lo que significa como parte de la estructura burocrático-planetaria al servicio de la arquitectura financiera internacional de la globalización neoliberal, haya puesto “el dedo en la llaga” en materia de fraude fiscal y de robo de impuestos, al plantear que Costa Rica debe tener un registro de accionistas de las sociedades anónimas para conocer quiénes son los beneficiarios de las mismas, cuánta plata están ganando realmente y así establecer la cuantía justa del monto de impuestos que por concepto de renta deben pagar.

El señor Secretario General de la OCDE indicó que en los países afiliados a la misma, eso del registro de accionistas es algo normal, que eso no se discute. No tenerlo es, según entendimos nosotros, como estar en la “prehistoria tributaria”.

Los favorecedores de que el robo de impuestos se mantenga sin alteraciones, esos que están dentro del parlamento y esos del alto corporativismo gremial empresarial del país, se quedaron con la boca cerrada. Jamás imaginaron que frente a sus ojos y a sus narices se los diría la propia OCDE, eso de la necesidad del registro de accionistas.

Pareciera que no es posible que Costa Rica aspire a ingresar a tal organización, con las características de paraíso fiscal que ya está adquiriendo, toda vez que la figura jurídica actual de las sociedades anónimas permite que se hagan barbaridades con evasión fiscal, con elusión tributaria, con circulación de dinero sucio producto del narcotráfico y del crimen organizado.

Ridículamente, se ha venido sosteniendo por parte de los favorecedores del robo de impuestos y del fraude fiscal que en Costa Rica no puede haber tal registro de accionistas, porque existimos dirigentes sindicales (como el que escribe esta columna), con acceso a información tributaria.

Nada más pueril, sin ningún valor ni credibilidad, esgrimir semejante argumento como la “columna central” discursiva de quienes han venido oponiéndose, radical y filibusteramente, a que haya esa estratégica arma tributaria para la justicia y para la inclusión social, para la promoción del alicaído bien común en nuestra sociedad.

La única información tributaria que estuvo siempre disponible de manera pública, ahora es ya oficial: en Costa Rica la espantosa magnitud del robo de impuestos en todas sus formas anda por los 8.5 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB). ¡Más de 2 billones de colones y por año!

Eso es lo que siempre supimos. Lo que con nombre y apellidos logramos conocer es porque se publicó en la misma prensa nacional, como los dos casos de dos poderosos consorcios corporativo-mediáticos envueltos en controversias tributarias con el fisco costarricense. Así es que, ¡a otro con ese cuento de que los dirigentes sindicales tenemos acceso a información tributaria confidencial!

El planteamiento del señor Secretario General de la OCDE ha sido tan contundente que ahora están tratando de escamotearlo y están diciendo que aprobarían el registro de accionistas de las sociedades anónimas pero en otra entidad pública que no sea la que debe ser, tal como sucede en todos los actuales países integrantes de la OCDE y fuera de la misma: la natural administración tributaria.

¡Es inaudito! Y peor aún porque pretenden que en tal entidad paralela que manejaría el registro de accionistas, deben incluirse representantes del indicado alto corporativismo empresarial, lo que es lo mismo que indicar que estaría poniéndose “al ratón a cuidar el queso”, o a que “el zorro cuidara a las gallinas”.

Bien puede la legislación de creación del registro de accionistas de las sociedades anónimas, establecer reglas para garantizar la confidencialidad de la información tributaria que solamente deberá estar disponible para efectos impositivos. Aumentar la drasticidad sancionatoria por divulgar tales datos y/o, como el mismo señor Gurría Treviño lo planteó, un detector de la huella digital que registre la identidad del funcionario tributario con acceso a tal información, son mecanismos para garantizar la privacidad que tanto les preocupa. ¡Se trajeron a la OCDE y salieron trasquilados!

Diario Extra

 

La visita de la OCDE al país

Albino Vargas Barrantes*

Todavía no vemos por ningún lado en qué podría beneficiar a la clase trabajadora costarricense (asalariada, no asalariada, desempleada, en empleo parcial, informal y como mypmes), que Costa Rica ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entidad que más bien parece ser como la oficina de estadísticas más completas del planeta; aparte de integrar ese conjunto de entidades mundiales inherentes a la hegemonía total de la globalización neoliberal en desarrollo y su expresión más preponderante, la del capital financiero-bancario internacional.

Además, aún no se le ha dicho al país la cuantía que habrá que pagar por afiliarse a la OCDE y bien haría el presente Gobierno en indicarlo abiertamente a la ciudadanía.

La visita de los personeros de la OCDE a Costa Rica fue recibida con entusiasmo, aplauso y genuflexiones por parte de la clase político-corporativa y empresarial-financiera afín al pensamiento neoliberal. Sin embargo, pareciera que algunos señalamientos por los expertos visitantes de la OCDE habrían sido “inapropiados”, dado que estarían señalando serios fracasos de las políticas públicas costarricenses de los últimos Gobiernos marcados por el neoliberalismo.

Por ejemplo, la OCDE fue enfática en que no puede el país entrarle en serio a la reducción de las desigualdades con la clase de sistema tributario actualmente vigente, dado que este es débil en materia de impuestos directos, es decir, es sumamente regresivo: pagan más, proporcionalmente hablando, los que menos tienen. ¡La OCDE descubrió el agua tibia en Costa Rica!

Efectivamente, llevamos tiempo insistiendo en la necesidad de una Transformación Tributaria Estructural para que, por ejemplo, se incrementen los impuestos a las rentas del capital, ahora sumamente débiles como lo reconoce la propia OCDE; a la necesidad de aplicar, con rigurosidad, lo tributariamente concerniente a las actividades profesionales ejercidas en el mercado de los servicios; y, en lo que podríamos conceptuar como el “manjar” dejado en su visita al país por estos señores de la OCDE, es que Costa Rica tiene que tener un registro de accionistas que le permita al sistema tributario conocer los beneficiarios finales de las sociedades anónimas. Punto. ¡No se hable más!

Si bien es cierto la OCDE habló del tema de los salarios públicos, los enfoques mediáticos de corte neoliberal lo sobredimensionaron, tratando de opacar estratégicos señalamientos como los apuntados en el párrafo anterior.

Ahora bien, a nuestro modo de entender los desafíos actuales del Empleo Público vinculados al tema del déficit fiscal, no van para ningún lado. Si bien es cierto, estamos convencidos de que es más que necesario nuevos paradigmas de evaluación del desempeño en la función pública para resaltar la excelencia y dejar en evidencia la mediocridad; la mezcla tóxica neoliberal de que los salarios públicos son igual al déficit fiscal, no ha dejado espacio alguno para abordajes pausados, constructivos, dialogados y acordados, sobre la imperiosa necesidad de que la eficiencia y la eficacia del desempeño en el servicio público se impongan definitivamente en aquellos ámbitos donde muestran perniciosas debilidades.

Y si se trata de abordar el tema salarial del Empleo Público, las generalizaciones propiciadas por los enfoques mediáticos del capital neoliberal, la peonada político-parlamentaria a su servicio, más la corte de amanuenses contratada para “disparar” a mansalva e indiscriminadamente al respecto, tampoco ha dejado espacio alguno para el diálogo y para la negociación; toda vez que, por ejemplo, áreas doradas del “otro” Estado han estado por la libre en material salarial, se han dado cuatro gustos al respecto y no han sido objeto de abordajes “periodísticos” subjetivizados, malintencionados, manipuladores y satanizadores.

Los altos y escandalosos salarios en las Superintendencias (de Pensiones, de Seguros, de Valores, de Entidades Financieras, de Telecomunicaciones); los de entes reguladores como la propia Contraloría y la Aresep; los de la alta cúpula gerencial del Sistema Bancario Nacional, por ejemplo, dejan al desnudo la precariedad salarial en zonas muy debilitadas del Gobierno Central, golpeadas por las políticas neoliberales; mismas en las cuales su segmento profesional tiene niveles salariales de tres a cinco veces inferiores a los de ese “otro” Estado, el que ha sido impuesto para el servicio de los sectores financieros, de la transnacionalización de la economía, de la apertura comercial desbocada y de la traslación hacia el sector privado de los servicios públicos estratégicos que todavía quedan como patrimonio estatal.

Cuando se acabe el histerismo apocalíptico del déficit fiscal, cuando se detenga la campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del Empleo Público, con sus generalizaciones odiosas de alta carga subjetiva; cuando las correcciones estratégicas en materia fiscal-impositiva se materialicen por el lado correcto, el de la progresividad; entonces podría haber disposición para la construcción compartida de soluciones con relación a los desafíos integrales en estos campos señalados por la OCDE.

Por ahora, solamente podemos entregarnos a una intensa labor de concientización, de recomposición de fuerzas, de relanzamiento de articulaciones unitarias al menos en el plano de la acción para la movilización, antes de que nos pasen por encima. En eso estamos…

La Prensa Libre

*Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)