La Comisión de los Trabajadores de la Asamblea Nacional inició este lunes el tratamiento a la propuesta de ley sobre la Optimización de la Jornada Laboral y Seguro de Desempleo. Se prevé que el informe para primer debate esté listo este fin de semana con versiones de trabajadores, jóvenes y empresarios, así lo dio a conocer la presidenta del organismo legislativo, Marllely Vásconez.

Esta agenda de trabajo incluye 8 sesiones de la Comisión con la participación de más de 36 organizaciones sociales, gremios, sindicatos, estudiantes, empresarios, cámaras, ministros de Estado, entidades gubernamentales y no gubernamentales y jóvenes del país.

Para elaborar el informe que se presentará en el Pleno de la Legislatura se tomarán en cuenta las versiones de diferentes entidades como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio Coordinador de la Producción, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Comité Empresarial Ecuatoriano y de entidades como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), entre otros, que comparecerán a la comisión de acuerdo a un cronograma que aprobó el organismo en días anteriores.

A decir de Vásconez, desde el legislativo se garantizará que tanto trabajadores como empleadores resulten beneficiados. “Nosotros estamos pensando en que los trabajadores no sean despedidos y que el índice de desempleo no aumente en el país”, señaló la legisladora en una conferencia de prensa.

Por su parte, la Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, pidió a los miembros de la Comisión salvaguardar los derechos de los trabajadores. “Toda norma es perfectible, y cualquier vacío o inconsistencia debe ser solventada o señalada por la Comisión. Su responsabilidad es garantizar que el trabajo en Ecuador continúe siendo sinónimo de justicia y equidad, y que, bajo ningún concepto, exista afectación para las y los trabajadores”, escribió en su cuenta de Twitter.

Y agregó que “la construcción de la normativa no pasa únicamente por la decisión política de la Asamblea Nacional de proteger el sustento de los ecuatorianos, ni por la voluntad de los trabajadores para dialogar, sino también por el compromiso y la contribución del sector privado”.

A decir del asambleísta Fausto Cayambe, en el país existe 3,4 millones de personas que tienen un trabajo estable y hasta finales de 2015 y 58.000 ecuatorianos han perdido su empleo, por lo que se plantea dos tipos de jornadas transitorias temporales: el ajuste de la jornada laboral y la reducción de la misma, previo a cumplir cinco condiciones básicas.

Sobre el fondo para un seguro de desempleo, el legislador aclaró y garantizó que no se tocará el dinero del Fondo de Cesantía.

Los legisladores se dedicaran desde esta semana a trabajar en la construcción del Informe para Primer Debate; por el carácter de económico urgente que tiene la Ley, la Asamblea tiene 30 días para analizarlo y aprobarlo o rechazarlo.

Andes

Seguro de desempleo tiene cinco temas que preocupan

La propuesta de seguro de desempleo, que busca sustituir al actual fondo de cesantía de los afiliados, presenta cinco puntos complejos (ver infografía), que –según exfuncionarios y expertos en seguridad social– deben ser aclarados durante el debate del proyecto de Ley para la Optimización de la Jornada Laboral y Seguro de Desempleo, que el Ejecutivo remitió a la Asamblea el pasado martes con el carácter de urgente.

La norma plantea en lugar del fondo de cesantía, que era una cuenta individual del afiliado financiada con el 3% de sus aportes, un seguro de desempleo que se pagará por hasta cinco meses y se financiará de igual forma, pero con una redistribución porcentual.

De ese 3%, el 1% del aporte patronal irá a un fondo solidario y el 2% del de los trabajadores a la cuenta individual, según la propuesta.

Eso, a criterio del exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Marco Morales implicará una reducción en los recursos que, además, servían al afiliado como ahorro para su jubilación.

Con el 1% se cubrirá la parte de la contingencia de desocupación que antes asumía el Estado. Estará en un fondo manejado por el IESS, dijo el presidente del directorio de la entidad, Richard Espinosa, esta semana en rueda de prensa.

En entrevista con diario El Comercio aseguró que ese fondo solidario puede llegar a acumular $ 750 millones en un año.

Para Morales es necesario aclarar si ese fondo será exclusivamente de reparto o se capitalizará, y mostrar los estudios actuariales en los que se sustenta la norma y que hasta ahora no han sido públicos.

El seguro de desempleo, según el proyecto, será calculado sobre la base del promedio de la materia gravada percibida por el afiliado en los últimos 12 meses (no incluye los décimos) y se hará de dos formas.

Por un lado, el rubro que proviene del aporte patronal del 1% y que equivaldrá al 70% del salario básico, es decir, a $ 256. Aunque el afiliado tenga aportes de más de un empleador solo podrá acceder a eso.

Por otro lado, está el monto que proviene del aporte del 2% y que se establecerá según una tabla. Del promedio de lo percibido en el último año se recibirá el 70% el primer mes y el monto irá bajando 5% hasta llegar al 50% en el quinto mes. Por ejemplo, alguien que haya tenido un sueldo promedio de $ 1.500 debería recibir en el primer mes $ 1.050 y al final $ 750. Esto más los $ 256 que originó el aporte del 1% daría $ 1.306.

Sin embargo, se establece luego que los pagos mensuales se realizarán basándose en el saldo disponible por el aporte personal y que el “monto total de la prestación por seguro de desempleo (sumado el aporte personal y patronal) en ningún caso podrá ser superior al valor de dos canastas básicas correspondientes a diciembre del año inmediatamente anterior al pago de la prestación”, es decir, actualmente no más de $ 1.346.

Si hay más fondos, esos saldos sobrantes se podrán retirar cuando se acceda a la jubilación, según el texto planteado.

Omar Serrano, exrepresentante de los afiliados en el directorio del Biess, observa ahí una falla en la redacción de la norma porque al decir “el monto total de la prestación” y no el “monto total mensual” podría interpretarse que el máximo a recibir en esos cinco meses es $ 1.346 o $ 269,20 al mes.

También considera que al ser el fondo de cesantía (junto a los fondos de reserva) garantía de los préstamos quirografarios, es necesario establecer si ahora el fondo de desempleo respaldará dichos créditos (ver punto 2).

Marco Proaño, exdiputado y experto en temas de seguridad social, coincide con ello y cuestiona que en los considerandos del proyecto se mencione el principio de subsidiaridad establecido en la Constitución (art. 367), cuando el seguro de desempleo será financiado por los fondos de los afiliados sin contribución estatal, que más bien es eliminada (punto 3).

Para él, el proyecto implica una “regresión de derechos” porque establece que durante el periodo de recepción de la prestación por desempleo no se accederá a ninguna otra contingencia del seguro universal (ver el punto 1 del gráfico).

El proyecto establece que el seguro de desempleo se empezará a pagar 120 días (cuatro meses) después de haberse quedado cesante. Y quienes tienen acumulados fondos antes de la vigencia de la ley podrán retirarlos una vez cumplidos los cinco meses de la prestación.

Para Espinosa, según dijo en una rueda de prensa, se dan mayores beneficios a los ecuatorianos y se optimizan los recursos en el IESS. Pero para los exfuncionarios antes citados, el proyecto necesita mayor claridad en estos aspectos.

El Universo