Según informó ayer el subsecretario de Fomento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) de Tabasco, Jaime Córdova Castillo, más de 7 mil trabajadores han sido despedidos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en esa entidad y en la vecina Campeche. El miércoles pasado el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo local (Sedet), David Gustavo Rodríguez Rosario, afirmó que si Tabasco ocupa el primer lugar nacional en desempleo se debe a la disminución de actividades en esa que fue hasta hace unos años empresa paraestatal.

Cabe recordar, como antecedentes, que durante 2015 Pemex eliminó 14 mil 694 plazas de trabajadores despedidos, jubilados o que optaron por el retiro anticipado; que en ese periodo su plantilla laboral se redujo casi en 10 por ciento; que para el actual tiene previsto eliminar otras 10 mil plazas y que en marzo pasado dejó sin trabajo a 139 ingenieros petroleros, geólogos y geofísicos adscritos a Pemex Exploración y Producción (PEP), los cuales habían sido contratados en el marco del Programa de Reclutamiento de Talento con el que la empresa planeaba renovarse y prepararse para la competencia.

Mientras en Pemex tiene lugar esa mortandad laboral, el presidente de la Asociación Nacional de la Industria Química (Aniq), Patricio Gutiérrez Fernández, destacó que su sector ha sufrido en lo que va del año una disminución de 20 por ciento de sus ingresos debido a la falta de entregas por parte de Pemex de materias primas derivadas del crudo. Se encuentra en una circunstancia crítica. “Esta situación –dijo el empresario– ha generado un importante desabasto para nuestra industria y, subsecuentemente, para las industrias a las que nuestro sector provee, como la automotriz (…), la del cuidado personal, alimentos, el campo, entre otras”. A modo de ejemplo, Gutiérrez Fernández subrayó que la producción de derivados del metano y etano y aromáticos se redujo en 2016 en más de un millón 400 mil toneladas, a lo que debe sumarse una disminución equiparable de enero a agosto del presente año. Para colmo, dijo, mientras los bajos precios del petróleo han permitido ser más competitivas a las industrias químicas de varios países, en el nuestro no se presenta tal fenómeno y, por el contrario, algunos insumos incluso han subido de precio.

La paradoja de una empresa energética sometida a una reducción en grado de desmantelamiento mientras aumenta la demanda interna de sus productos difícilmente puede entenderse si no es como resultado de una política de deliberada destrucción, primero en forma del saqueo fiscal al que se sometía a Pemex y después, tras la aprobación de la reforma energética, en la modalidad de una contención y un achicamiento orientados a abrir espacio para que competidores privados puedan realizar negocios con los recursos naturales de la nación.

Tales políticas han tenido ya consecuencias trágicas e irremediables para el desarrollo económico y la soberanía del país, y en la medida en que no se revierta el empeño privatizador de la industria energética sus efectos negativos se multiplicarán y agravarán: pérdida de empleos –como lo ilustran las cifras de Pemex–, devastación social en diversas regiones, pérdida de control del Estado en grandes zonas del territorio nacional, disminución o extinción de la renta petrolera y creciente dependencia energética, política y estratégica.

A contrapelo del discurso oficial, la terca realidad demuestra que la reforma energética es un error grave que debe enmendarse cuanto antes. El debilitamiento de Pemex –exponenciado por la entrega a manos privadas de prospección, yacimientos, plantas, obras, refinación, transporte y comercialización– debilita al país y a su economía y, en última instancia, a las instituciones y a la gobernabilidad.

La Jornada