Los demócratas de la Cámara baja pueden aportar la mayoría de los votos para aprobar esta semana el proyecto ómnibus presupuestario, lo que ha renovado las esperanzas de algunos en que tendrán el mollero para convencer al liderato republicano del Congreso para que se autorice la reestructuración, por lo menos parcial, de la deuda pública de Puerto Rico.

El proceso ha ido hacia atrás y hacia delante, según admitió ayer el senador demócrata Charles Schumer (Nueva York), miembro del Comité de Finanzas, cuyo presidente, el republicano Orrin Hatch (Utah), presentó su propio proyecto de ley para quitarle el control de sus finanzas al gobierno de Puerto Rico y ha encabezado las negociaciones en el Senado.

Schumer afirmó, por ejemplo, que el pasado jueves “estábamos escuchando cosas buenas”, pero el viernes el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan (Wisconsin), y el liderato republicano del Senado le indicaron que el acceso a un proceso de reestructuración “estaba fuera de la mesa”.

Hoy, las negociaciones todavía estaban abiertas, dijeron fuentes demócratas y republicanas.

“Todavía siguen las conversaciones y negociaciones”, indicó esta mañana Jorge Aguilar, portavoz de la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, con la que han estado en contacto autoridades boricuas como la congresista Nydia Velázquez (Nueva York) y el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi.

El plan ha sido tener listo a más tardar hoy el acuerdo sobre el ómnibus presupuestario y, como consecuencia, saber si lograron consenso sobre algún lenguaje referente a la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico. Pero, ahora hay fuentes que no descartan que el lenguaje final del ómnibus no se conozca hasta mañana, martes.

En las discusiones del fin de semana hubo variaciones sobre cuáles de las 18 entidades que emiten deuda puedan entrar a beneficiarse de una reestructuración, si es que finalmente demócratas y republicanos se ponían de acuerdo sobre ese asunto.

Hasta el gobernador Alejandro García Padilla parecía esperar la decisión para complementar su mensaje de esta tarde. García Padilla regresará esta semana a la capital estadounidense. Tiene previsto ser orador del almuerzo del miércoles del National Press Club. Mientras, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, está desde anoche en la capital federal.

Consulta

El comisionado Pierluisi, quien regresa esta noche a Washington, afirmó ayer que “de todo lo que ha estado planteado por proyectos o propuestas, lo que aparenta tener mayor posibilidad de éxito es que se le provea a Puerto Rico un mecanismo de reestructuración del pago de deudas, acompañado de una junta o concilio de supervisión fiscal que apruebe los presupuestos de nuestro gobierno y vele porque el gasto se ajuste a los mismos”.

Para Pierluisi,la junta que ve posible tendría algún mecanismo -como ha planteado el congresista republicano Sean Duffy (Wisconsin)-, para permitir al gobierno de Puerto Rico, por medio de sus funcionarios electos, tomar la decisión final sobre la puesta en marcha del mecanismo de control o supervisión fiscal.

Del proyecto 2381 del senador Hatch, que propone una junta de control con funciones más amplias que la de Duffy y plantea desde el tiro que Puerto Rico es una posesión de Estados Unidos, Pierluisi piensa que puede sobrevivir la idea de reducir durante cinco años de 6.2% a 3.1% la aportación de los trabajadores de la Isla al Seguro Social, para que vean un aumento en su cheque.

El proyecto del senador Hatch crearía la Autoridad de Responsabilidad Financiera y Asistencia Gerencial con poder para asumir el control de las finanzas de la Isla, a cambio de una asignación de hasta $3,000 millones que permitiría evitar la insolvencia del gobierno este año fiscal.

Propuesta Duffy

La otra propuesta republicana es la del congresista Duffy, que persigue crear una junta federal de control fiscal bajo el nombre del Consejo de Estabilidad Financiera, que tendría que ser ratificado por la Legislatura y el gobernador de Puerto Rico si quieren tener acceso al capítulo 9 de la ley federal de quiebras para la reestructuración de la deuda de las empresas públicas de la Isla.

Duffy considera que su legislación, que lleva el número 4199, se entremete menos con la Isla que lo que fue la junta de control impuesta sobre Washington, D.C.

“No me importa el nombre que la Legislatura le quiera dar a un parque, no quiero que el Consejo de Estabilidad Financiera se meta en eso. Lo diseñé para que se limitara a la recolección de los impuestos, finanzas y presupuesto. Ahí es que está el problema”, dijo Duffy, quien ha indicado que el proyecto del senador Hatch constituye “un rescate financiero”.

El congresista Duffy es parte de la delegación del estado de Wisconsin, como el “speaker” Ryan.

Pierluisi sostuvo que en la etapa final de la redacción de un posible lenguaje sobre una junta federal que fiscalice las finanzas de la Isla será importante conocer si su jurisdicción va a ser “sobre el proceso de reestructuración de la deuda” y no descartó una autorización que esté entre el capítulo 9 tradicional y la petición del gobierno del presidente Obama para poder revisar los términos de todas las obligaciones.

“Se debe respetar la prioridad del pago de los bonos de obligaciones generales, los que están garantizados por el gobierno central”, afirmó.

El peso de la minoría

Los republicanos tienen el control del Senado (54-46) y la Cámara de Representantes de Estados Unidos (246-188, con un escaño vacante). Pero, para aprobar el ómnibus presupuestario que precisa las asignaciones por agencias, el liderato republicano dela Cámara baja puede necesitar los votos de los demócratas debido a que los más conservadores se opusieron al nivel de gastos ya acordado en otra legislación y votarían también en contra de ese proyecto de asignaciones.

Hasta hoy, la intención del liderato del Congreso era aún aprobar el ómnibus presupuestario el miércoles, antes de la medianoche, cuando vence el presupuesto vigente. Pero, no se descarta un nuevo retraso.

Con la votación sobre el ómnibus presupuestario y un proyecto que renueva medidas tributarias -que debe incluir el aumento en el reembolso por el arbitrio al ron puertorriqueño y la reducción de 35% a 32% de la tasa tributaria para las empresas que hacen negocios en Puerto Rico como compañías domésticas estadounidenses-, el Congreso cerraría sus trabajos de 2015.

Desde Nueva York

En una conferencia de prensa frente la alcaldía de Nueva York, junto al senador Schumer y la presidenta del Concejo Municipal neoyorquino, Melissa Mark Viverito, la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) sostuvo ayer que la jefatura republicana habría cedido a los “fondos de cobertura de riesgo” si excluyen del ómnibus una autorización para el gobierno de Puerto Rico reestructurar su deuda, que ronda los $70,000 millones.

“Las ofertas (de los republicanos) son inaceptables”, indicó Mark Viverito.

“En Puerto Rico (y los estados claves de las presidenciales estadounidenses), Florida, Pensilvania y Ohio, los puertorriqueños están atentos”, dijo, por su parte, Velázquez, quien ha coordinado la presión de los demócratas boricuas del Congreso y grupos de la diáspora en respaldo a las propuestas presentadas en octubre por el gobierno del presidente Obama.

“Si el liderato republicano no nos apoya ahora, lo van a entender cuando vayamos a votar el año que viene”, expresó el presidente de la Federación Hispana, José Calderón, en referencia al creciente número de boricuas en Florida, un estado en el que los republicanos reconocen que tienen que triunfar para ganar la Casa Blanca en 2016.

Velázquez ha insistido en que la líder de la minoría demócrata en la Cámara baja, Nancy Pelosi, ha hecho de la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico una prioridad.

En los medios de Washington, el debate sobre las diferencias que mantienen demócratas y republicanos en torno al ómnibus presupuestario, no obstante, ha estado dedicado a asuntos como levantar la prohibición para que el gobierno federal pueda financiar investigaciones sobre la violencia causada por armas de fuego y se le permita exportar petróleo.

Además, los demócratas han presionado a los republicanos para que descarten propuestas que quieren agregar relacionadas al ambiente.

Como telón de fondo sigue la posibilidad de que el gobierno de Puerto Rico caiga en dos semanas, el 1 de enero, en su primer gran impago. Con la llegada del nuevo año,el gobierno de Puerto Rico tiene que cumplir con el servicio de la deuda de más de $900 millones, un tercio de ellos obligaciones generales protegidas por la Constitución de Puerto Rico.

“Para resolver la situación necesitamos -además de reestructurar parte de la deuda, entre otras cosas-, un mejor trato en programas federales como Medicaid y un nuevo enfoque para reactivar nuestra economía, aunque la situación permanente es cambiar el status que tenemos para que nos traten con igualdad”, dijo el comisionado Pierluisi.

Esta tarde, líderes de la diáspora, encabezados por el senador estatal Darren Soto (Florida) pedirán acción a los miembros de su delegación del Congreso, incluido el senador Marco Rubio, precandidato presidencial, y quien se ha opuesto a ofrecerle ahora al gobierno de Puerto Rico acceso al código federal de bancarrotas?

El Nuevo Día