El secretario de comunicaciones de la Presidencia advirtió sobre las cifras publicadas por Oxfam, la  CEPAL y la UCA: $1,700 millones se han fugado a paraísos fiscales y la evasión en El Salvador ronda los $1,500 millones.

El portavoz del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén aseguró que el diálogo político en torno a un acuerdo fiscal nacional debe apuntar, en principio, a poner fin a la impunidad fiscal que existe en El Salvador.

“La impunidad fiscal que hay en el país es necesario atacarla, es necesario superarla, para eso hay que poner en el centro del diálogo político el tema tributario, porque no es el dinero que se le vaya a dar a este gobierno, es el dinero que se le debe devolver al pueblo salvadoreño para el desarrollo”, subrayó el secretario de comunicaciones, Eugenio Chicas, en  la entrevista El Salvador Ahora, transmitida por Televisión de El Salvador y Radio Nacional.

Citó las cifras presentadas recientemente por la organización Oxfam junto a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en un estudio sobre la tributación en El Salvador, que advierten sobre las cantidades de dinero que escapan de El Salvador hacia paraísos fiscales.

“Este informe señala, y este es un tema muy delicado, cómo, por ejemplo, 1,700 millones de dólares habrían salido de este país a paraísos fiscales”, alertó el secretario.

A esto añadió las cifras sobre evasión fiscal publicadas en un estudio de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), que cifran la evasión en alrededor de 1,500 millones de dólares anuales.

Indicó que si se logra resolver tan solo este delito, el dinero que se obtendría recaudaría mucho más que lo recaudado por el 5% de la contribución especial aplicada a  las telecomunicaciones y el cargo del 13% propuesto en el costo de la energía y frenado, como otros mecanismo de financiamiento, por la Sala de lo Constitucional.

“Tanto la contribución a la telefonía como el cargo que pudiera tener la energía eléctrica no llega ni al 10% de lo que es  la evasión fiscal”, dijo.

“Este país no necesitaría nuevos cargos, este país no necesitaría nuevos impuestos, si quienes tienen que cumplir su responsabilidad lo hicieran, por eso es que efectivamente la fiscalidad está considerado en la actualidad como un tema de justicia, y por lo tanto, cuando alguien no cumple su responsabilidad eso se llama impunidad”, añadió.

Presidencia de El Salvador


El Salvador: inversiones en paraísos fiscales representan un 7 % de su Producto Interno Bruto

Durante los últimos quince años, El Salvador ha multiplicado por 18 las inversiones en paraísos fiscales, lo que representa un 7 % de su Producto Interno Bruto

Las brechas de desigualdad continúan latentes en Latinoamericana teniendo a su base deficiencias en las políticas fiscales.  El Salvador no es la excepción y al igual que otros países se enfrenta a los efectos de un  sistema tributario inadecuado que recauda poco y mal los recursos, sumado a la evasión y elusión que cuesta la pérdida de  miles de dólares en ingresos; así lo revela el informe “Tributación para un Crecimiento Inclusivo”.

El estudio elaborado por OXFAM y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), también confirma que la  situación fiscal continúan profundizando algunas problemáticas sociales en toda la región por lo que urge reequilibrar el diseño de los sistemas tributarios bajo una perspectiva de justicia social.

Entre 2002 y 2015, solo las fortunas de los multimillonarios de la región crecieron un promedio de 21 por ciento (%) por año, lo que equivale a un aumento superior al del Producto Interno Bruto de la Región (PIB).  En muchos países el sistema tributario únicamente prende del hilo de los impuestos sobre el consumo, y dejan sin efecto impuestos sobre bienes inmuebles, sucesiones, propiedades y patrimonios.

Para Juan Pablo Jiménez, oficial de asuntos económicos de la CEPAL, los datos dejan clara una cosa y es que América Latina continúa siendo el “campeón mundial en desigualdad”, en la dimensión del ingreso relacionada a flujos de divisas anuales y por otra parte en la dimensión de la riqueza  relacionada a la adquisición de patrimonio.

En la región el 1% más rico se lleva el 20% del total del ingreso  y es ante esta brecha que se ha hecho poco. “La policía fiscal tiene un rol fundamental para reducir la desigualdad, la región recauda poco, también es la tasa muy débil. Es evidente que las riquezas están altamente concentradas  es por esto que las administración tributarias debe tener mejores sistema, mejores brújulas”, dijo Jiménez.

Según las proyecciones, los países necesitan recaudar impuestos equivalentes a un 20% del PIB como techo mínimo para alcanzar los objetivos de desarrollo. No obstante, en el caso de El Salvador pese a los avances registrados en los últimos años,  se encuentra muy por debajo de la meta trazada, con un 16%.

De acuerdo con Susana Ruíz, responsable de justicia social en Oxfam Intermon, las políticas fiscales están en el corazón de la desigualdad y no se puede desvincular ingresos de gastos.  “No se están haciendo esfuerzos suficientes para que la brecha no empeore (…) entre más incremente  la brecha entre los que más tienen y menos tienen será más difícil afrontar la desigualdad,  se recauda poco y mal porque recae sobre las clases medias y más bajas”, indica Ruíz.

Una radiografía a El Salvador

Durante los últimos quince años, El Salvador ha multiplicado por 18  las inversiones en paraísos fiscales, lo que representa un 7 % de su Producto Interno Bruto (PIB).  Entre los destinos de estas inversiones destacan Bermuda, Luxemburgo, Irlanda, Holanda y Jersey según información divulgada este lunes por Susana Ruíz responsable de justicia social en Oxfam Intermon.

El Salvador es también uno de los pocos países en la región que no grava con impuestos las propiedades y patrimonios. El conjunto de privilegios fiscales, la elusión, evasión y los famosos paraísos fiscales, son catalogados por Ruíz como “agujeros”  y permiten fugas e impiden  que los Gobiernos perciban menos ingresos de los que debería entrar a las arcas, limitando las capacidades para cumplir las a demandas de la población.

Sobre la misma línea, en reciente conversación con ContraPunto, la economista Saira Barrera apuntaló que si bien durante los últimos se registra un aumento en la carga tributaria, esto no ha sido suficiente para “compensar el crecimiento del gasto y necesidad de endeudarse”.

Un estudio refleja que entre 2010 y 2015 la recaudación tributaria paso del 13.5% a 15.1%, presión tributario que llegó en momentos de crisis y lento crecimiento económico.

“Hemos señalado que no se puede dejar de lado el tema de la elusión evasión y apropiación indebida del IVA, la pérdidas de recursos unos de forma legal (elusión) y otros ilegal (evasión y apropiación) están sangrando las fianzas públicas porque limitan las posibilidad que tienen el Gobierno sin necesidad de incurrió a préstamos”, explica Barrera.

Si bien la búsqueda del crecimiento económico es un factor común  a los largo y ancho de América latina, según la especialista,  los esfuerzos que se hagan en la materia no pueden estar acompañados de políticas que agraven la desigualdad, el incorporar políticas fiscales y tributarias coadyuvan la construcción del desarrollo económico.

En 2015, se conoció que solo durante un año 160 “superricos”, acumularon 21,000 mil millones de dólares en riqueza, lo que equivale al 87% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.  También en un año, el número de multimillonarios en El Salvador creció de 150 en 2013 a 160 personas registradas el año pasado, su fortuna conjunta supera tres cuartas partes del PIB y la riqueza paso de 20 mil millones de dólares a 21 mil millones de dólares.

Uno de los temas más importantes para reducir la desigualdad, es el rediseño de los sistemas tributarios.  Desde OXFAM se sugiere, revisar incentivos a nivel regional, plantear los costos y beneficios, “la mayor parte de inversiones no dependen de estos incentivos podrían estar produciéndose sin incentivos (…) los incentivos se plantean temporales y se vuelven estructurales”, explica.

Bajo el análisis, no se plantean la total desaparición de los incentivos,  sino sólo de aquellos que lo generan lo esperado.  También se plantea una mayor contraloría y acceso a sistemas de información regionales que contribuyan a una mejor transparencia, reforzar y renovar acuerdos fiscales, propiciar igualdad de género, ejecutar reformas a códigos tributarios y priorizar la erradicación de la evasión y elusión.

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