En 1998 El Salvador reformó sus sistema de pensiones y pasó de un régimen público de reparto a un régimen de capitalización individual administrado por entidades financieras. Una intensa campaña publicitaria acompañó la reforma, con la promesa de que cada trabajador pasaba a ser dueño de sus ahorros y de que esos fondos sólo se utilizarían para pagar pensiones. La realidad mostró que, como sucedió en otros países latinoamericanos, las administradoras privadas se quedaron con las cotizaciones de los trabajadores más jóvenes y dejaron al Estado la obligación de pago de las pensiones de los jubilados y de los trabajadores próximos a jubilarse. A esto sumaron el cobro de comisiones excesivas y abandonaron el principio solidario que sostenía todo el régimen.

“Cuando se creó la ley del sistema de ahorro para pensiones se dispuso que los trabajadores que tuvieran hasta 36 años por ley pasaban a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) privadas y el resto de los trabajadores de más de 37 años podían optar por ir a las AFPs o quedar en el sistema de reparto”, explicó Batres y agregó que “entonces existía el Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (INSEP) y el Seguro Social. El INSEP y el Seguro Social quedaron con pocos cotizantes y el sistema privado se llevó a todos los trabajadores y trabajadoras jóvenes. Es decir, el sistema público quedó con todos los beneficiarios del sistema y con muy pocos cotizantes”.

De las cinco AFP que existían al inicio del nuevo sistema hoy quedan solo dos y muchos trabajadores en edad de jubilarse se encuentran con fondos escasos en sus cuentas individuales, que no alcanzan para garantizar una pensión mínima. Por eso el gobierno salvadoreño avanza en un proceso de reforma hacia un sistema mixto. “Hoy se busca hacer lo mismo que se hizo cuando se privatizó el sistema. Aquellos trabajadores que tengan dos salarios mínimos (u$sd 480) van a pasar a una AFP pública, aquellos que tengan un salario superior van a realizar la cotización al gobierno por u$sd 480 y el resto a las AFP privadas”, aseguró el Secretario General de AGEPyM.

En función de ello el gobierno habla de un sistema mixto y sostiene que esto va a permitir ampliar la cobertura de pensiones a los trabajadores informales y ofrecer una pensión universal a la tercera edad. Sin embargo desde AGEPyM señalan que se sigue sosteniendo un sistema privado que captura las cotizaciones más altas y un sistema público desfinanciado que debe garantizar las pensiones mínimas. “Cuando se habla de jubilación mínima hay que entender que el salario mínimo es de 253 dólares y que cientos de miles de trabajadores están afiliados a las AFP con ese salario, con los que nos podemos hacer a la idea del tipo de pensión que van a recibir”, sostuvo Batres.

Para el Secretario General de AGEPyM es necesario que las cotizaciones de los trabajadores estén administradas por un ente autónomo con participación del Estado, los empresarios y los trabajadores. Asimismo hace falta recuperar el carácter solidario del sistema, que además de las pensiones financiaba las necesidades de los trabajadores.  “Cuando existía el INSEP tenía la capacidad de invertir el dinero que recaudaba entre los mismos trabajadores a través de préstamos, ya sea que fueran personales o hipotecarios, con lo que muchos compañeros pudieron comprar su casa”, recordó Batres.

La reforma del sistema lleva más de un año y el gobierno de El Salvador espera su aprobación en la Asamblea Legislativa en los próximos meses. “AGEPyM fue la única organización que se opuso a las privatizaciones y a que los empresarios echen mano al dinero de los trabajadores a través de las AFP. Hoy sostenemos que necesitamos volver a un sistema de reparto porque las AFP fracasaron. Quienes se jubilan hoy por el INSEP reciben jubilaciones del orden del 60 al 70% del salario en actividad, mientras que las AFP pagan entre el 40 al 50%. Seguiremos dando la pelea hasta que seamos escuchados”, concluyó Orlando Batres.

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