En el orden del día previsto para la fecha no figura el proyecto; sin embargo, según los cooperativistas, el propio presidente del Congreso Nacional, Mario Abdo Benítez, se comprometió a que se estudiaría la propuesta.

Vigencia de la ley

Hace una semana que el Poder Ejecutivo promulgó el decreto reglamentario y la normativa entrará a regir a partir del 1 de noviembre del corriente año.

La presidenta de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fecoac), Myriam Báez, recordó que el plazo que dispuso el Gobierno es de cumplimiento imposible para las entidades, puesto que tienen que adecuar todos sus sistemas informáticos al nuevo método de facturación, tanto de los conceptos que pagan impuestos como los que no.

“Pese a que estamos totalmente en contra de esta ley, somos respetuosos de las normas y le dijimos al ministro de Hacienda (Santiago Peña) que los tiempos no nos dan para adecuar nuestros sistemas para cumplir correctamente, pero no nos escuchó”, lamentó.

La dirigente cooperativista dijo que el riesgo que corren las entidades por mal cumplimiento de la ley es de ser multados por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).

“Tenemos la esperanza de que esta propuesta se pueda aprobar para darnos el tiempo que necesitamos para adecuarnos a la nueva ley”, manifestó la gremialista.

Inconstitucionalidad

La titular de Fecoac señaló que en quince días más presentarán la acción de inconstitucionalidad contra esta ley que no solo les impone el IVA, sino también modifica su forma de elección de autoridades, obligando les a utilizar sistema D´Hont (listas sábanas).

“Apenas termina la vigilia mañana (por hoy) y comenzamos a trabajar con nuestros equipos jurídicos en esta presentación ante la Justicia, ya tenemos nuestros equipos jurídicos conformados y estamos esperando la aprobación de todas nuestras asociadas para tener una acción conjunta”, aseveró.

Finalmente, dijo que toda la logística de la vigilia durante esta semana provino de donaciones o aportes de los socios. “No hay ninguna motivación política, solo defender nuestros derechos”, aseguró.

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