La aprobación de la Ley federal para la Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica de Puerto Rico (PROMESA) no ha impedido que varios grupos de bonistas de Puerto Rico hayan demandado al gobierno puertorriqueño para que las cortes revoquen varias de las acciones de la administración de Alejandro García Padilla.

Los dos litigios más recientes fueron radicados esta semana por la firma Peaje Investments LLC y por un grupo de fondos de cobertura de riesgo que incluye a firmas que intentaron, hasta el último momento, llegar a un acuerdo para evitar el histórico impago del pasado 1 de julio.

Peaje Investments solicitó a la corte federal de distrito de Puerto Rico que le compense por la “expropiación” de los ingresos de peaje por parte del Gobierno central a la Autoridad de Carreteras y Transportación. También pidió que los ingresos de peajes que fueron tomados por el Gobierno central se restituyan a esa corporación para que se proteja el pago de la deuda.

Mientras, un grupo de fondos de cobertura de riesgo integrado por Monarch, Autonomous Capital, Aurelius Capital, FCO, Stone Lion Capital y otras firmas que poseen bonos de Obligación General (GOs en inglés) de Puerto Rico ha demandado a García Padilla y su equipo alegando que el mandatario ha violado PROMESA, la controversial ley federal que buscó aprobar para incumplir con el pago de la deuda pública de la Isla.

Entre los reclamos específicos que solicita el grupo Ad Hoc GO, se pidió a la corte que emita un interdicto para que se protejan los fondos productos de la activación de la cláusula de “clawback”, que no se transfiera dinero a los planes de pensiones como se aprobó en el presupuesto ni que se envíen al BGF otros $250 millones para el pago de préstamos y depósitos.

“El gobierno de Puerto Rico ha estado violando PROMESA desde prácticamente el momento en que se aprobó”, indicó en declaraciones escritas Andrew Rosenberg del
bufete Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, que actúa como asesor legal del grupo Ad Hoc GO.

En su reclamo, Peaje solicita a la corte que levante la suspensión automática de litigios que provee PROMESA en virtud de la sección 405 de ese estatuto, porque el gobierno está “desviando” fondos que en realidad deben utilizarse para el pago de la deuda que contrajo la ACT.

Según Peaje, la suspensión automática de litigios que provee PROMESA tampoco aplicaría porque los ingresos de peajes se consideran “ingresos especiales pignorados”.

“(Peaje) no puede quedar en un limbo durante el período de suspensión interina sin la protección adecuada de sus intereses”, subraya la firma de inversiones que posee unos $63 millones en bonos de la ACT.

Las demandas incoadas por Peaje y por prácticamente la mayor parte de los integrantes del grupo Ad-Hoc GO aumentan a prácticamente una decena, el número de litigios que se han incoado contra Puerto Rico desde que la administración García Padillacomenzó a legislar mecanismos para alterar la prioridad de pagos en la constitución puertorriqueña e incumplió con sus obligaciones con los bonistas.

De otra parte, los litigios radicados esta semana apuntan a que, en realidad, PROMESA no representa una protección abarcadora contra litigios como argumentó García Padilla el pasado 30 de junio, cuando celebró el controversial estatuto federal.

Según el grupo Ad Hoc, en la sección 204 de PROMESA, se establece claramente que antes de que entre la junta fiscal en funciones, Puerto Rico no aprobará nuevas leyes que permitan la transferencia de fondos o activos fuera del curso ordinario de negocios o que sean inconsistentes con la constitución o las leyes del territorio.

“A pesar de la clara garantía constitucional y de la prohibición explícita en PROMESA de nuevas medidas que violen las leyes o la constitución de Puerto Rico o permitan transferencias fuera del curso ordinario de negocios, Puerto Rico ha tomado medidas extraordinarias ignorando de manera flagrante la garantía constitucional de prioridad a la deuda”, reza la demanda en la que también se deja entrever que el presupuesto vigente es inconstitucional.

Acreedores no recibirán trato especial

La secretaria de la Gobernación de Puerto Rico, Grace Santana, afirmó que los acreedores que demanden al gobierno no recibirán un trato especial.

“Esta administración continúa enfrentando la peor crisis fiscal en la historia de Puerto Rico. Precisamente por esto, y para poder seguir proveyendo los servicios esenciales a nuestros residentes, el gobierno promulgó varias medidas de emergencia dirigidas a atajar la raíz de los problemas económicos del ELA. A pesar de estos esfuerzos, el país y sus entidades gubernamentales se han visto en la encrucijada de elegir entre la prestación de servicios esenciales, como hospitales, seguridad y educación, y el pago de la deuda”, dijo en un comunicado de prensa.

“Que quede tajantemente claro: los acreedores que demanden al Estado Libre Asociado no recibirán un trato especial ni asegurarán ventaja sobre otros. Estos pleitos no tienen mérito y son contraproducentes. Además, representan un obstáculo para la reestructuración ordenada de nuestras deudas y, en última instancia, afectan la recuperación de los acreedores. Por tal razón, esta administración combatirá agresivamente estas demandas de fondos buitres de Wall Street que conllevan gastos innecesarios y onerosos”, agregó.

El Nuevo Día


Seis acreedores demandan al Gobierno

Seis firmas de inversiones tenedoras de bonos de Obligaciones Generales (Aurelius Capital Management, Autonomy Capital, Monarch Alternative Capital, Stone Lion Capital Partners, Fundamental Credit Opportunities y Covalent Partners, entre otros) presentaron el miércoles una demanda en contra del Gobierno solicitando el pago de los bonos y alegando que el Gobierno habría violado los términos del proyecto aprobado recientemente por el Congreso de Estados Unidos, que permite la reestructuración de los $68,000 millones de deuda pública. Es la primera demanda desde que el 1 de julio se produjo el mayor incumplimiento en el pago de la deuda pública, que incluyeron $779 millones en Obligaciones Generales.

Según los litigios,  el Gobierno de Puerto Rico habría aprobado varias medidas para desviar cientos de millones de dólares antes del incumplimiento de pago de la mayoría de la deuda pública el 1 de julio. Los fondos de inversión sostienen que el Gobierno de Puerto Rico no podía tomar esas acciones antes de la creación de la Junta de Control Fiscal, que se encargará de supervisar las finanzas del gobierno de la Isla.

“El daño potencial es palpable: Los tenedores de bonos no pueden demandar reclamando el pago, el Gobierno podría intentar desviar los recursos hacia intereses políticamente más populares”, señala la demanda.

Los demandantes acusan al Gobierno de declara un moratoria en el pago de las Obligaciones Generales que consideran ilegal y de desviar unos $800 millones al Sistema de Retiro de Empleado del Gobierno y otros $800 millones a la Universidad de Puerto Rico “para mantener artificialmente bajas los costos de matrícula, muy por debajo de las de universidades públicas en Estados Unidos”. También menciona el uso “inapropiado” de $2.5 millones en la Oficina de la Primera Dama y $1.2 millones para el desarrollo de atletas de altorendimiento. La demanda solicita paralizar esas desviaciones de fondos hasta que se nombre la Junta de Control Fiscal.

“El gobierno de Puerto Rico ha estado violando PROMESA prácticamente desde el momento de su promulgación. La Sección 204(c)(3) de PROMESA requiere que Puerto Rico ‘no promulgará nuevas leyes que permitan la transferencia de cualesquiera fondos o activos fuera del curso ordinario del negocio o que sean incongruentes con la constitución o con leyes del territorio a la fecha de la promulgación de esta Ley’.  Pocas horas después de que PROMESA entrara en vigor, el gobierno de Puerto Rico violó desvergonzadamente esta cláusula al promulgar medidas extraordinarias que desvían muchos cientos de millones de dólares”, dijo Andrew Rosenberg, de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, asesor jurídico de los tenedores de bonos de obligación general.

“La Sección 204(c)(3) se creó para preservar el status quo hasta que se forme la Junta de Supervisión. Los funcionarios de Puerto Rico han trastornado el status quo. Nuestros clientes han demandado para restaurarlo”, añadió.

La demanda fue presentada en el Tribunal Federal de San Juan, y entre los demandados están también  Juan Zaragoza Gómez, Secretario de Hacienda, y Luis Cruz Batista, director ejecutivo dela Oficina de Gerencia y Presupuesto.

“Que quede tajantemente claro: los acreedores que demanden al Estado Libre Asociado no recibirán un trato especial ni asegurarán ventaja sobre otros. Estos pleitos no tienen mérito y son contraproducentes. Además, representan un obstáculo para la reestructuración ordenada de nuestras deudas y, en última instancia, afectan la recuperación de los acreedores. Por tal razón, esta administración combatirá agresivamente estas demandas de fondos buitres de Wall Street que conllevan gastos innecesarios y onerosos”, fueron  las declaraciones de la secretaria de la Gobernación, Grace Santana Balado, ante las demandas radicadas recientemente y posibles litigios futuros en contra del Gobierno.

“Esta administración continúa enfrentando la peor crisis fiscal en la historia de Puerto Rico. Precisamente por esto, y para poder seguir proveyendo los servicios esenciales a nuestros residentes, el gobierno promulgó varias medidas de emergencia dirigidas a atajar la raíz de los problemas económicos del ELA. A pesar de estos esfuerzos, el país y sus entidades gubernamentales se han visto en la encrucijada de elegir entre la prestación de servicios esenciales, como hospitales, seguridad y educación, y el pago de la deuda”, dijo Santana Balado.

“El peso de estas medidas extraordinarias que el gobierno ha tenido que implementar ha recaído sobre los hombros de las familias trabajadoras puertorriqueñas, mientras que los acreedores se han negado a poner de su parte. De hecho, el Estado Libre Asociado y sus agencias e instrumentalidades se enfrentan ahora a múltiples demandas por parte de los tenedores de bonos y otros acreedores exigiendo el pago de sus obligaciones, incluyendo la demanda radicada hoy por fondos buitres de Wall Street en el tribunal federal en Puerto Rico. Prevemos más demandas como esta en la medida en que el gobierno continúe trabajando con las herramientas provistas por PROMESA para salir de la crisis fiscal”.

“No está en duda que la deuda de Puerto Rico es impagable. A la luz de esta realidad, hemos intentado en múltiples ocasiones reestructurar nuestras deudas tomando en cuenta los intereses de los acreedores. A lo largo de este proceso, esta administración ha estudiado diferentes opciones para lograr acuerdos voluntarios con los ellos y así continuaremos haciéndolo. Por los pasados 11 meses, este gobierno se ha reunido con representantes de los tenedores de deuda y ha modificado sus medidas de emergencia para respetar sus derechos. A pesar de que no hemos podido llegar a un acuerdo con nuestros bonistas, apreciamos y reconocemos a aquellos que estuvieron disponibles para reunirse y discutir de buena fe las posibles soluciones”.

Entre las seis firmas de inversiones demandantes está Aurelius Capital Management, uno de los conocidos como fondos buitres, que podría tener un 10% de la deuda de Puerto Rico. Aurelius ya jugó un papel muy importante en el litigio con Argentina.

Un fondo buitre es un fondo de inversión que invierte en una deuda de una entidad o gobierno que se considera cercana a la quiebra. La forma en que operan la describe el periodista Carlos Burgueño en su libro “Los Buitres, Historia oculta de la mayor operación financiera contra la Argentina”. Estos fondos compran en el mercado de Estados Unidos deuda al 20% o al 30% de su valor nominal, y luego deciden y luego litigar o presionar para intentar cobrar la totalidad del valor de esos bonos. Por medio de la intermediación financiera consiguen una rentabilidad enormes.

El año pasado, Aurelius contrató los servicios de Carlos Loser, ex economista del Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de Centennial Group, para refutar algunas de las conclusiones del informe de Anne Krueger, que trabajó también como economista en el FMI. A diferencia del informe Krueger, el informe Loser (que ya ha estado en varias ocasiones en la Isla para presentar el estudio) señala que Puerto Rico puede pagar su deuda y que no necesita una reestructuración.

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