Los congresistas Sandra Morán y Leocadio Juracán, de la bancada Convergencia, efectuaron el foro de Desarrollo Social Económico, relativo a la educación, salud, seguridad y transporte de los pueblos indígenas, después de haber planteado una iniciativa de ley para detener la explotación y exploración minera en el país.

En la actividad participaron representantes de la sociedad civil, así como los viceministros de Educación, Daniel Domínguez López,  y de Salud, Edgar González y Adrián Chávez.

En la reunión se destacó que las comunidades indígenas han tenido poco acceso a empleos, educación y salud, por lo que se solicitó a las autoridades correspondientes buscar los mecanismos para que los recursos lleguen a las comunidades sin exclusión.

“El foro tuvo la finalidad conocer la economía de los pueblos indígenas y buscar un modelo de desarrollo, y cómo los trabajos mineros han afectado la salud, la seguridad y la educción en las poblaciones donde se han registrado trabajos mineros”, destacó el diputado Juracán.

Por su parte, la congresista Morán resaltó la necesidad de iniciar un diálogo nacional para tratar el desarrollo económico social que incluya a la sociedad civil, pueblos indígenas y autoridades gubernamentales.

Congreso de Guatemala


Foro de los pueblos impugna modelo extractivista en Guatemala

Los participantes en el Foro Económico Social Desde los pueblos viene el desarrollo impugnaron la lógica asociada al modelo extractivista imperante en Guatemala y abogaron por una mejor redistribución de los recursos públicos.

Pese a la gran cantidad de bienes naturales extraídos por los distintos megaproyectos instalados en el territorio, las comunidades asentadas en torno a estos continúan aquejadas por el escaso acceso a los empleos, educación, salud y otros derechos básicos, concordaron.

Otra cuestión analizada fue la conflictividad social acrecentada por la irrupción en las comunidades de agentes externos animados por la búsqueda de capitales, a partir de la explotación de los recursos minerales, hídricos, maderables, y otros, casi siempre en regiones pobladas por indígenas.

El impacto ambiental y la criminalización de defensoras y defensores de los territorios y de la vida, vinculados a esta realidad, también fueron objeto de análisis durante la cita en el capitalino hotel Panamericam.

Autoridades del Ministerio de Educación Pública y del de Salud y Asistencia Social acudieron a la convocatoria de los diputados de la Bancada de la Dignidad Convergencia, Leocadio Juracán y Sandra Morán, quienes promueven una iniciativa de ley para detener la explotación y exploración minera en el país.

Ambos legisladores instaron a la realización de un diálogo nacional para tratar el desarrollo económico social, en el cual participen la sociedad civil, pueblos indígenas y autoridades gubernamentales.

Guatemala es el tercer país del continente con mayor cantidad de población bajo la línea de pobreza (59,3 por ciento) y el primero en cuanto a desnutrición crónica, flagelo que para junio de 2016 afectaba a siete mil 352 menores de edad, según el comisionado presidencial para la reducción del problema Andrés Botrán.

Frente a esta realidad la Misión Internacional sobre el Derecho a una Alimentación Adecuada y a la Nutrición en Guatemala cuestionó la imposición por el Estado de un modelo de desarrollo que se basa en la extracción de recursos naturales para la exportación, en beneficio del sector empresarial transnacional.

Dicho modelo es contrario a la visión de desarrollo de las comunidades indígenas, campesinas y otras poblaciones rurales, pues ocasiona el acaparamiento de los recursos naturales limitando su acceso, gestión y control por parte de las comunidades, señaló ese equipo en un informe.

“Los niveles muy elevados de concentración de la tierra, junto con la expansión de los monocultivos a gran escala, impactan directamente sobre los derechos de las personas y la soberanía alimentaria de Guatemala, con fenómenos alarmantes de violencia y de violación de los derechos humanos”, agregó.

Prensa Latina