Los representantes legales de los fondos buitre y el gobierno de Mauricio Macri volvieron a reunirse ayer en Nueva York. No se hicieron las propuestas que había anunciado el equipo económico sino que se trató de otro “encuentro preliminar” en las oficinas de Daniel Pollack, el abogado mediador impuesto por el juzgado de Thomas Griesa. La oferta para el grupo más agresivo de acreedores se presentará antes que termine la semana y estará a cargo del secretario de Finanzas, Luis Caputo. El monto pretendido por los acreedores alcanza los 10 mil millones de dólares. Las autoridades argentinas anticiparon que reconocerán los cuestionados términos de las órdenes del magistrado neoyorquino y concentrarán sus esfuerzos en lograr una quita sobre los “intereses punitorios”.

“La propuesta del Gobierno, aún en elaboración, se presentará ad referéndum de la aprobación del Congreso”, indicó el Palacio de Hacienda a través de un comunicado. El visto bueno del Parlamento es necesario para habilitar un acuerdo en mejores condiciones financieras que las recibidas por el 92,4 por ciento de los acreedores que reestructuraron sus pasivos en default y permitir la emisión de deuda externa para pagarles. Caputo mantuvo ayer un extensa reunión con los abogados buitres supervisado por Mario Quintana, responsable de la coordinación interministerial de la Jefatura de Gabinete.

En el universo de acreedores con quienes negocia el equipo económico figuran los demandantes originales encabezados por Elliott Management de Paul Singer y los “me too”. Representan alrededor de la mitad del 7,6 por ciento de tenedores de bonos que rechazaron los canjes y optaron por la vía del hostigamiento judicial. Por eso, el hipotético acuerdo con esos buitres redundaría en el levantamiento al bloqueo legal para el mecanismo de pago de la deuda externa en Estados Unidos pero no representa una solución integral al conflicto. Cuando se contempla la totalidad de los títulos que no fueron ingresados a los canjes de 2005 y 2010 la erogación necesaria para una clausura el conflicto podría superar los 20.000 millones de dólares. La intención del gobierno de Macri es financiar el acuerdo emitiendo nueva deuda externa. Entienden que es fundamental para la reinserción plena del país en la lógica del sistema financiero internacional.

A comienzos de enero, el funcionario precisó que los títulos en poder de todos los buitres neoyorquinos representan un valor nominal de 2943 millones de dólares. Bajo los términos de la reestructuración aceptada por la mayoría de los acreedores, los buitres hubieran recibido alrededor de 900 millones de dólares. Una abultada ganancia si se contempla que esos bonos fueron adquiridos a precio de remate, incluso después del default de 2001-2002. En cambio gracias a la fórmula validada por las cortes estadounidenses y los intereses acumulados, el monto de esas sentencias asciende, según los números manifestados por el responsable de Hacienda y Finanzas, hasta 9882 millones de dólares.

Abandonada la discusión sobre los términos de las órdenes validadas por Griesa, el Palacio de Hacienda indicó ayer que “el Gobierno quiere lograr una quita a los intereses punitorios que pesan sobre la deuda con los bonistas”. Los tribunales incluyen junto al pago de los intereses contractuales hasta el vencimiento del bono, un interés judicial anual que ronda el 9 por ciento. Esa penalidad es inferior para quienes tienen una sentencia de pago como los “me too”. La tasa post sentencia está en sintonía con la que paga el Tesoro norteamericano por sus bonos: alrededor de 0,25 por ciento. Sobre esos números girará la disputa.

La modificación del plexo normativo que impide proceder de esa manera reviste una importancia equivalente a las conversaciones en Estados Unidos. El gobierno no solo deberá modificar la ley Cerrojo y la ley de Pago Soberano sino que además requiere obtener el visto bueno para emitir nueva deuda. El titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, están encargados de negociar con gobernadores, diputados y senadores las adhesiones necesarias que le permitan validar esa y otras iniciativas económicas.

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Cumbre con buitres: tanteos y reclamos ya por u$s 9.000 M

Comenzaron ayer los contactos formales para lograr un acuerdo con los fondos buitre. La misión argentina se concentró en la primera jornada de discusiones en Nueva York a explicarle al “special master” o mediador, Daniel Pollack, que para el país es inaceptable el criterio de “intereses y punitorios” que el juez Thomas Griesa decidió aplicar al capital adeudado. Según lo quelos secretarios de Finanzas Luis Caputo, y de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, hablaron ayer en las oficinas de Pollack en Park Avenue, lo más importante de lo que en estas jornadas se debe discutir, tal como lo adelantó este diario, es una reducción importante del “taxi” que el juez norteamericano aplicó sobre el país para calcular el monto final de la deuda a pagarle a los fondos buitre. Si esta gestión tiene éxito, la presión sobre el pasivo se reduciría sustancialmente en no menos de 2.000 millones. Luego vendrá el capítulo de la discusión del mecanismo de pago a los acreedores.

Anoche un comunicado difundido por Pollack señalaba lo siguiente: “Negociaciones entre la Argentina y sus tenedores de bonos holdout fueron mantenidas en mi oficina hoy (por ayer). Por la Argentina estuvieron el secretario de Finanzas Luis Caputo, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana y el subsecretario de Finanzas, Santiago Bausili. Por los tenedores de bonos holdout estuvieron directivos de Elliott Management, Aurelius Capital, Bracebridge Capital, Montreux Partners, dart Management y Davidson Kempner. La reunión comenzó a la 1 pm y concluyó aproximadamente a las 5 pm. Se discutieron ideas informalmente para la resolución de los reclamos que ahora totalizan aproximadamente los u$s 9.000 millones. Ningún acuerdo se alcanzó aún. Ninguna fecha específica o tiempo se fijó para la reanudación de las negociaciones, pero es posible que continúen esta semana. En mi rol de “special Master”, continuaré con reuniones con las partes, individualmente y posiblemente en conjunto, en un intento para ayudarlos a alcanzar un acuerdo”.

La delegación argentina había ingresado a las 9 a las oficinas de Pollack aclarando: “No esperen novedades hoy”. La idea del funcionario es estar presente en la ciudad al menos hasta mañana. Ese día, si hay hoy avances, se le presentarían a Griesa los términos de las negociaciones con la petición oficial del Gobierno argentino de que no haya más presentaciones judiciales de parte de los fondos buitre, al menos mientras duren las negociaciones avaladas por el juez. El punto es clave para la posición del Gobierno de Mauricio Macri: la idea es que a la par de las discusiones neoyorquinas, y ante la imposibilidad de que NML Elliott, Aurelius, Dart y compañía puedan generar nuevas causas contra el país, la Argentina pueda emitir deuda sin el peligro del pedido de embargos por parte de los acreedores. Pollack llegó a su oficina a las 10, una hora más tarde que los argentinos. Los últimos en arribar al bufete del “special master” fueron Ronald Cohen y Edward Friedman, los abogados de Elliott y Aurelius respectivamente; que ingresaron por la puerta de servicio en medio de proveedores varios para evitar fotos incómodas.

Por la tarde, desde el Ministerio de Economía de Alfonso Prat Gay se emitía un comunicado donde se aseguraba que la propuesta final que se les entregaría a los fondos buitre estaba “aún en elaboración”, que ésta tenía “términos muy distintos a los trascendidos periodísticos” (en relación con las versiones periodísticas sobre la quita del 15%) y que “el Gobierno quiere lograr una quita a los intereses punitorios que pesan sobre la deuda con los bonistas”. Finalmente se aclaraba que la oferta “se presentará ad referéndum de la aprobación del Congreso de la Nación”. Lo central de la discusión de ayer fue la negativa, ya oficial de la Argentina a reconocer los términos indexatorios aplicados por Griesa. Para el Ministerio de Hacienda y Finanzas sería inaceptable tomar como válido el cálculo de indexación de intereses, multas, gastos y punitorios que desde su fallo definitivo en diciembre de 2012 viene aplicando Thomas Griesa y al que aún le falta la actualización final.

Preacuerdo con bonistas italianos

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunciaron que el gobierno nacional “ha llegado a un preacuerdo” por una deuda de “900 millones de dólares” por títulos en default con 50 mil bonistas de la asociación Task Force Argentina, representada por Nicola Stock, que habían quedado afuera de los canjes de 2005 y 2010.

Se llegó “a un preacuerdo con 50 mil bonistas italianos, los primeros en litigar, reunidos en una asociación llamada Task Force Argentina” representada por “Nicola Stock. Son alrededor de 900 millones de dólares en bonos no pagos de Argentina, lo que representa el 15 por ciento de la deuda que quedó fuera de los acuerdos (de 2005 y 2010) y el 30 por ciento de la deuda que se discute en cortes de Estados Unidos”, puntualizó Prat Gay.

“Este es un primer paso para ir normalizando lo que a nosotros más nos preocupa, que es el cálculo de intereses”, dijo Prat Gay durante la conferencia de prensa que dio junto a Peña en Casa de Gobierno.

Por otra parte, admitió que, a pesar de la reunión de ayer en Nueva York con el medidador Daniel Pollack, la negociación con los fondos buitre está trabada debido a que hay “algunos bonistas” que quieren cobrar una tasa de interés “inaceptable”. “Por eso es que el ejemplo del acuerdo con los italianos es muy importante, porque los intereses es la tercera parte”, afirmó.

No obstante, reiteró que el presidente Mauricio Macri quiere llegar “a un acuerdo lo más rápido y justo posible”, y afirmó que el tema de los denominados “fondos buitres” es “la herencia (del Gobierno anterior) que más impide avanzar”.

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