El Gobierno de Honduras se apresta a asestarle esta semana la estocada final a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) debido a los “altos niveles de corrupción y los fuertes indicios de la penetración del crimen organizado” en esa entidad recaudadora de impuestos del Estado, confirmó a LA PRENSA una fuente institucional.

El viernes anterior, el presidente Juan Orlando Hernández adelantó, sin ofrecer mayores detalles, que antes del feriado de la Semana Santa el Poder Ejecutivo procederá a darle el tiro de gracia a la DEI para dar paso a un nuevo organismo recaudador.

Esta nueva entidad tendrá rango ministerial y pasará a denominarse Servicio Nacional de Rentas de Honduras.

Ya en diciembre pasado, el jefe de Gobierno había anunciado que la DEI debía convertirse en una nueva institución con personal altamente calificado, con un adecuado perfil profesional y que aprobara las pruebas de confianza patrimoniales, sicométricas, toxicológicas y del polígrafo.

Sin embargo, en esta ocasión Hernández sorprendió cuando dijo que antes de Semana Santa recurriría al cierre de dicha institución, lo que incluso cogió inadvertida a la misma directora de la DEI, Mirian Guzmán, quien dijo desconocer esa decisión.

El sindicato también se mostró sorprendido, ya que la próxima semana se tienen planificadas inspecciones a nivel nacional con motivo del feriado de la Semana Mayor y hay toda una planificación para aumentar la recaudación de los tributos en el presente año, la cual se ha fijado en más de L80,000 millones.

El malestar del gobernante obedece a las denuncias que ha recibido de la mala atención que reciben los contribuyentes y los cobros indebidos que se siguen practicando dentro de la institución para facilitar los trámites; sin embargo, la fuente confió que el principal motivo radica en informes de inteligencia que revelan la penetración del crimen organizado.

Megaoperación

LA PRENSA conoció detalles de los preparativos para el cierre de esta cuestionada institución que implicará el montaje de una megaoperación sorpresa a nivel nacional en todas las sedes regionales de la DEI, oficinas recaudadoras y aduanas, aéreas, terrestres y marítimas con la participación de agentes de seguridad del Estado.

Antes de esta operación, el personal de confianza de la DEI trabaja en asegurar la información confidencial y de alta seguridad, así como todos los documentos de la base de datos de los contribuyentes para evitar un boicot de la misma o que pueda ser sustraída o destruida.

“Se está trabajando contra el tiempo para asegurar el respaldo de toda la información contenida en las bases de datos, especialmente en la parte informática”, confió la fuente.

El plan del Ejecutivo consiste en despedir a los 2,600 empleados que están laborando en la institución y para ello tiene disponible una partida de L600 y L800 millones para pagar el 100% de los derechos laborales.

Se confirmó que algunos empleados serán reevaluados en los días posteriores, pero bajo nuevas y rigurosas pruebas de confianza, y quienes las pasen serán contratados para integrar el nuevo organismo.

La pregunta que surge es cómo la DEI podrá continuar operando y alcanzar la meta de recaudación fiscal de este año si todo el personal será despedido; sin embargo, se informó que ese es un aspecto en el que se está trabajando a toda prisa para no afectar la meta de ingresos.

Por lo pronto, se habla de la posibilidad de efectuar un “apagón tributario” que consistirá en suspender todas las operaciones de la DEI por un período de 24 horas o más si es necesario, aprovechando el largo feriado de Semana Santa, y restablecer las y actividades administrativas y recaudadoras con otro personal operativo. LA PRENSA intentó el fin de semana contactar a la directora de la DEI, Mirian Gúzman, a través de su celular y por medio de su oficina de Relaciones Públicas, pero no fue posible obtener una reacción.

La Prensa

Incertidumbre embarga a miles de empleados de la DEI

Un ambiente de preocupación e incertidumbre reinaba ayer en las oficinas principales de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) en esta ciudad, luego que el Poder Ejecutivo anunció el cierre de esa institución recaudadora en el curso de esta semana.

Aún así, la mayoría de los empleados seguían laborando con normalidad a la espera de las decisiones que tomará el Gobierno en las próximas horas con respecto a su continuidad o no.

Fuentes del Poder Ejecutivo informaron a LA PRENSA que el plan es decretar el cierre de la institución en las próximas horas y proceder al despido de personal, para lo cual el Gobierno dispone de una partida de 600 y 800 millones de lempiras.

Se intentó hablar con los trabajadores, pero la mayoría se negó a dar declaraciones aduciendo que no estaban autorizados para ello. “Nosotros estamos trabajando con normalidad y solo estamos a la expectativa de lo que digan o hagan las autoridades”, manifestó uno de los empleados que se atrevió a rendir declaraciones a cambio de que no se lo identificaran.

Los representantes del Sindicato de Trabajadores de la DEI (Sitradei) tampoco tenía claro el proceso de cierre de la institución y solo estaban a la espera que se les confirmara una reunión con el presidente Juan Orlando Hernández y la directora Mirian Guzmán.

Darwin Barahona, presidente del Sitradei, dijo que desconocen el procedimiento que se implementará para cesantear el personal de la DEI y reiteró que están anuentes a reunirse con las autoridades para buscar una salida que no impacte en los trabajadores, sus familias y en la recaudación fiscal.

Prestaciones

Carlos Madero, ministro de Trabajo, garantizó que todos los empleados de DEI tendrán sus derechos laborales al momento de ser despedidos de la institución.

“Nosotros podemos decir que se les garantizará todos sus derechos a los trabajadores de la DEI, tal como lo establece la ley”, indicó.

Mirian Guzmán, titular de la DEI, afirmó que lo que el Presidente demanda es tener instituciones eficientes, modernas y al servicio de la ciudadanía. En función de eso se va a ejecutar un proceso de revisión y de reforma estructurada en la DEI, en el que cada uno de los empleados que tienen el perfil adecuado no deben tener temor. “Pero todos aquellos que no cumplan y que a mi criterio nunca debieron entrar a la DEI, porque no reunían las condiciones, se les van respetar todos los derechos”, anotó.

No obstante, Guzmán indicó que no tiene aún el número de empleados que serán cesanteados y que más bien se tiene planeado ampliar la cobertura con nuevas oficinas en los municipios de alto crecimiento y que hasta ahora no tenían presencia tributaria.

Insistió en que los únicos que se quedarán en la DEI serán los trabajadores con capacidades de idoneidad profesional y técnica; cualquier otra consideración que se tomaba en cuenta en el pasado ya no será considerada en su administración.

La Prensa