La sociedad civil está atenta ante la avalancha de Alianzas Público-Privadas que se vendrán en los próximos años como una forma de promover la inversión extranjera en las economías de la región y uno de los puntos claves es prever la transparencia de estos acuerdos entre los capitales privados y los Estados.

Las alianzas público privadas (APP) no son suficientemente transparentes y se enfrentan a las críticas de las organizaciones de la sociedad civil porque son demasiado costosas y hacen un uso arriesgado del dinero público para asegurar las ganancias del sector privado. El lunes 29 de febrero más de 50 grupos de la sociedad civil escribieron al Grupo del Banco Mundial para pedir que la institución presione por una mayor transparencia financiera de los proyectos de APP.

Las organizaciones, pertenecientes a más de 20 países del Norte y del Sur, así como redes regionales e internacionales – incluidas Latindadd y Eurodad –, han escrito al Banco como parte de un proceso de consulta en respuesta a la publicación del “Marco para la divulgación de información en las Alianzas Público-Privadas” del Banco Mundial. Con sus comentarios las organizaciones presionan al Banco para que apruebe explícitamente prácticas que aseguren que todos los costos de las APP sean públicos – en otras palabras se incluyan “en las partidas de balance”. Actualmente muchos de los costos asociados, tales como los pasivos contingentes, están “fuera de balance”, lo que oculta los verdaderos costos para los gobiernos y fomenta la mala toma de decisiones, dificulta la supervisión por parte de los parlamentos nacionales y otros actores y pueden ocasionar graves problemas fiscales en el futuro.

Las APP – acuerdos contractuales a mediano o largo plazo entre el Estado y una empresa privada por los que la empresa privada participa proporcionando bienes y servicios que tradicionalmente proporciona el Estado – se promueven cada vez más como una forma de financiar proyectos de desarrollo, tales como hospitales, escuelas e infraestructura. Redes de la sociedad civil como Latindadd y Eurodad han criticado estos acuerdos, ya que son una manera costosa y arriesgada para los gobiernos y sus ciudadanos de financiar proyectos de desarrollo. Poca información está disponible acerca de por qué y cómo se eligen e implementan los proyectos.

El Grupo Banco Mundial como ‘organismo normativo’ de las APP

El Banco ha sido un actor muy activo en relación con las APP durante muchos años. Su rol ha ido más allá de la financiación de proyectos, ya que ha proporcionado asesoramiento a los gobiernos nacionales para crear un ambiente propicio para que proyectos de APP se lleven a cabo y su dirección es a menudo seguidapor los bancos regionales de desarrollo y las instituciones financieras europeas de desarrollo. El Banco también ha sido el organismo clave respecto a las APP en el trabajo del Grupo de los 20 (G20), ya que ha elaborado varios informes sobre el tema para contribuir al plan del G20 que apunta a promover su uso.

El Marco para la divulgación de información en las APP fue elaborado por el Banco y presentado al G20 en setiembre de 2015. De los muchos documentos presentados el año pasado, este es el primero que se abre a consulta pública.

Una fuerte demanda por una mayor transparencia en la contabilidad de las APP

En sus comentarios, los grupos de la sociedad civil demandan al Banco que expanda la lista de elementos propuestos para la divulgación. Un análisis detallado del marco permite observar que omite la divulgación de información financiera clave, como por ejemplo el análisis de costo-beneficio de las APP durante la vida útil del proyecto, teniendo en cuenta las consecuencias fiscales totales a largo plazo y una comparación de riesgo de los diferentes mecanismos de financiamiento– incluyendo la opción de endeudamiento público.

De acuerdo con las demandas incluidas en el informe que publicaron Afrodad, Eurodad y Latindadd en julio de 2015, los grupos de la sociedad civil subrayan que el marco para la divulgación de información debe ser una oportunidad para que el Banco se pronuncie públicamente en favor de un cambio sustancial en las prácticas contables con las que se registran las APP. No se trata de algo nuevo, sino que va en línea con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS, por su sigla en inglés). Las APP deben ser incluidas en las cuentas nacionales, es decir, los costos de las APP deben ser registrados como deuda pública, y por lo tanto, ser parte del análisis de sostenibilidad de deuda, en lugar de estar “fuera de balance”. Esto eliminaría los incentivos perjudiciales actuales en favor de las APP y permitiría un mayor nivel de transparencia sobre el verdadero costo para los fondos públicos.

Una demanda resonante para el más alto nivel de transparencia

La divulgación completa de los contratos e informes de seguimiento es clave para una rendición de cuentas democrática de todo el proceso. Esto permite a los funcionarios públicos ejercer presión sobre las empresas del sector privado para que cumplan con las cláusulas del contrato y desalienta las prácticas corruptas.

Un marco sólido para la divulgación de información es también una salvaguardia primaria y necesaria – aunque no suficiente – contra algunos de los riesgos planteados por las APP. Tal como demuestra informe que publicaron Afrodad, Eurodad y Latindadd, Lo que yace bajo la supericie, , estos riesgos pueden tener impactos sociales y ambientales, afectar el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas democrática y dar lugar a problemas macroeconómicos, incluyendo el endeudamiento público oculto que surge de las APP. La necesidad de tal salvaguardia es particularmente importante en vista de la reciente decisión del G20 de promover los llamados proyectos de “transformación”, que los grupos de la sociedad civil entienden como una idea muy problemática, ya que supone un mayor apoyo para proyectos de infraestructura de gran escala ( ‘megaproyectos’), financiados principalmente con capital privado internacional. Tal como ha demostrado también la investigación de académicos, esto plantea una señal de alerta en cuanto al diseño, la implementación y el seguimiento de los proyectos.

El marco de divulgación de información respalda el principio de presunción de divulgación e incluye recomendaciones sobre cómo ponerlo en práctica. Sin embargo, los grupos de la sociedad civil están preocupados ya que no está claro si estas recomendaciones se transformarán en requisitos para los proyectos de APP. Es importante destacar que el público tiene derecho a acceder a la información y los mejores estándares nacionales asumen la divulgación de todos los documentos como principio básico. El Banco también ha adoptado este principio para los préstamos que otorga a los gobiernos. Los grupos de la sociedad civil creen firmemente, sin embargo, que la exención general de la confidencialidad comercial, tal como se menciona en el marco, contradice el principio de presunción de divulgación. Hay preguntas clave que siguen sin respuesta en el marco. Por ejemplo:

  • ¿Quién determina lo que es comercialmente confidencial?
  • ¿Cómo se coloca la confidencialidad comercial en relación al “interés público”?
  • ¿Qué criterios deberían utilizarse para determinar qué es y qué no es “interés público”?
  • ¿Cuánta capacidad tiene la autoridad pública para determinar el período durante el cual la información clave puede permanecer confidencial?

Además, para que el argumento de confidencialidad comercial sea válido, es necesario presentar una prueba concreta del posible daño que causaría la divulgación.

En general, los grupos de la sociedad civil hacen hincapié en que, si los países tienen una baja capacidad para lograr los más altos estándares de transparencia, las APP deben ser evitadas hasta que estos países hayan construido dicha capacidad. En los países donde la capacidad de divulgación no esté desarrollada, una APP no es una opción viable y el Banco debería indicar este punto de manera inequívoca en el marco.

¿Qué sigue?

Los grupos de la sociedad civil dan la bienvenida a la oportunidad de comentar sobre este documento. Aunque no hay una fecha concreta en la que se hará pública la versión revisada del marco de divulgación de información, los grupos de la sociedad civil esperamos mejoras sustanciales. Asimismo, esperamos que documentos similares sobre las APP, incluso los que ya se han presentado al G20 – como el Informe sobre disposiciones contractuales recomendadas para proyectos APP- también sean abiertos a consulta. Los grupos de la sociedad civil también solicitan que las futuras consultas ocurran antes, y no después, del envío de documentos al G20. Es importante que el Banco evite dar la impresión de que las consultas con otros actores interesados son una mera formalidad carente de posibilidades reales de impacto.

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