Las enmiendas en material laboral propuestas por el gobierno ecuatoriano y que están en discusión en la Asamblea Nacional, plantean cambios a los artículos 229, 326, 370 y 372 y a una disposición transitoria de la Constitución del Estado, aprobada en la ciudad costera de Montecristi en 2008.

En la enmienda al artículo 229 de la Carta Política se propone unificar en el mismo marco jurídico, la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), a todos los trabajadores y servidores públicos.

En este sentido, los obreros y obreras que ingresen al sector público y que, según la normativa vigente, debían regirse por el Código de Trabajo, serán amparados por la Losep “sin distinción o discriminación” y podrán gozar “de los mismos derechos, deberes y oportunidades”.

De esa manera, también se plantea modificar el numeral 16 del artículo 326 con el fin de viabilizar la unificación de los trabajadores bajo un mismo cuerpo legal.
La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional, Marlley Vásconez enfatizó que quienes ahora son regidos por el Código de Trabajo mantendrá ese estatus ya que la ley no es retroactiva y, por tanto, mantendrán los derechos alcanzados con el contrato colectivo.
Para ello, la disposición transitoria prevé “que las y los obreros del sector público que antes de la entrada en vigencia de la presente enmienda constitucional se encuentren sujetos al Código del Trabajo, mantendrán los derechos individuales y colectivos garantizados por este cuerpo legal”.
La Enmienda dispone, además, que el órgano legislativo, en el plazo máximo de 180 días contados desde la entrada en vigencia de la enmienda, aprobará una ley reformatoria a las leyes que rigen al sector público.
El ejecutivo argumenta que “porque unos utilizan la fuerza física y otros el talento humano, no se puede dividirlos en distintos regímenes legales; por ello, la homologación de los servidores públicos regidos dentro de un mismo cuerpo legal, cumple este principio de igualdad y garantiza el derecho consagrado en la misma Constitución”.
Vásconez, coincidió en que la norma busca “reivindicar derechos porque no puede ser que se considere que los obreros y obreras solo usan el 20% de inteligencia en sus labores (el 80% de su capacidad se considera física) frente a los funcionarios que utilizan el 80% de trabajo intelectual. “Todos son servidores públicos y todos deben tener los mismos derechos”, señaló.
Indicó que, como parte de las negociaciones con el sector laboral, el organismo legislativo resolvió incorporar como texto constitucional el derecho de la huelga y a la organización para que quienes actualmente están amparados por la Losep tengan la posibilidad de exigir mejoras en sus prestaciones de servicios.
El ministro de Trabajo, Leonardo Barrezueta, por su parte, explicó que ahora los 4/5 de los trabajadores del servicio público tendrán ese derecho a la asociación y la huelga (se excluyen personal de libre remoción y personal de las FFAA de la Policía Nacional).
Algo que ha generado controversia es que, como parte de la Losep, los trabajadores no tienen posibilidad de negociar una contratación colectiva que, ahora se plantea como un derecho de los trabajadores privados amparados por el Código de Trabajo.
El secretario de Estado indicó que se planteó la eliminación del contrato colectivo “porque constituye una contradicción jurídica” ya que todos los beneficios que pudieran lograrse con un contrato colectivo ya están consagrados en la ley, como es el caso del salario o los beneficios a la seguridad social.
Como solución a este pedido del sector laboral, la asambleísta Vásconez anunció que se ratificará el acuerdo 151 Organización Internacional del Trabajo (OIT) en donde se establecen los mecanismos para lograr acuerdos en torno a conflictos que se presenten entre servidores públicos y empleadores.
Con la vigencia del acuerdo 151 de la OIT, dijo la legisladora, no sería necesaria la contratación colectiva que históricamente ha causado inmensos abusos en ciertos sectores sindicales.
El gobierno afirma que la Losep es superior al Código de Trabajo en cuanto garantiza una mayor estabilidad para los servidores de carrera y da una mayor profesionalidad al servicio público.
La escala remunerativa y los salarios de la Losep son superiores también. Además se establecen 30 días de vacaciones pagadas desde los 11 meses de servicio continuo y vacaciones acumuladas hasta 60 días, mientras que en el Código solo se otorgan 15 días.
Otra de las enmiendas contempladas tiene que ver con el artículo 370 en el que se añade la frese “El Estado garantiza el pago de las pensiones jubilares de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”.
Y, en el artículo 372, se cambie la palabra “provisionales” por “previsionales” para que quede así: “Los fondos ‘previsionales’ públicos y sus inversiones se canalizarán a través de una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”.
Con esto, dijo Vásconez, el Estado pretende garantizar el derecho a una jubilación digna para los miembros de las FF.AA y Policía Nacional. “En el artículo 372 se propone corregir un error semántico entre las palabras previsional y provisional para que los fondos y reservas del Seguro Social sigan garantizando los diferentes beneficios de los afiliados”, sostuvo la legisladora.

Andes