Con 89 votos afirmativos, la Asamblea Nacional del Ecuador se allanó al veto presidencial y aprobó la Ley de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera que tiene por objeto estimular la generación de un mayor número de emprendimientos que se ejecuten bajo la modalidad de asociaciones público-privadas.

La presidenta de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, Lídice Larrea, destacó que este cuerpo legal generará mayores incentivos, fuentes de trabajo y sobre todo inversión para el país.

La normativa permite que las inversiones que se ejecuten bajo esta modalidad obtengan las exenciones al impuesto a la renta, al impuesto a la salida de divisas, a los tributos al comercio exterior y más beneficios previstos en la Ley de Régimen Tributario Interno.

Esta ley, que será remitida al Registro Oficial para su promulgación, procura además desincentivar la concentración de la propiedad respecto de tierras rurales.

De acuerdo con la ley, las empresas públicas tienen capacidad asociativa para el cumplimiento de sus objetivos empresariales y en consecuencia para la celebración de los contratos que se requieran, para cuyo efecto podrán constituir cualquier tipo de asociación, alianzas estratégicas, sociedades de economía mixta con sectores públicos o privados en el ámbito nacional o internacional o del sector de la economía popular y solidaria.

La ley establece la creación del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas como un órgano colegiado de carácter intersectorial de la Función Ejecutiva, encargado de la coordinación y articulación de políticas, lineamientos y regulaciones vinculados a las asociaciones público-privadas.

Este comité estará conformado por la máxima autoridad de la entidad coordinadora de la producción, empleo y competitividad, o su delegado; la máxima autoridad de la entidad coordinadora de la política económica o su delegado permanente; la máxima autoridad de la planificación nacional o su delegado.

Participarán en las sesiones del Comité Interinstitucional, con voz pero sin voto, la máxima autoridad de la entidad pública promotora del proyecto de asociación público-privada o su delegado; y, la máxima autoridad del Servicio de Rentas Internas o su delegado permanente.

Y contará con una Secretaría Técnica, la misma que la dirigirá un Secretario, designado por la máxima autoridad de la entidad coordinadora de la producción, empleo y competitividad.

El Consejo Sectorial de la Producción, dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la publicación de la presente ley en el Registro Oficial, conformará el Subconsejo para las Asociaciones Público-Privadas como parte del Consejo Consultivo de Desarrollo Productivo.

Entre tanto, el Ejecutivo aúna esfuerzos para atraer inversión por un monto de 37 mil millones de dólares en Sectores Estratégicos como exploración y explotación de petróleo, construcción de una refinería para productos petroquímicos, plantas de producción de acero y aluminio, construcción de astilleros navales, planta de pulpa de papel, proyectos mineros de producción de oro, plata, cobre, molibdeno, arenas preciosas; proyectos de energía alternativa eólica, solar, de biomasa,  entre otras.

Para los próximos tres años, el Gobierno prevé ejecutar bajo esta modalidad 576 millones de dólares en infraestructura portuaria, 1,737 millones en vialidad y $ 831 millones en vivienda social.

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