La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará el 4 de abril en Washington una audiencia pública para analizar la crisis económica de Puerto Rico, informaron hoy organizaciones de la isla.

“Sabemos que hay preocupación de la comunidad internacional sobre la situación urgente” de la isla, señaló hoy en un comunicado la directora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos, Annette Martínez Orabona.

Según Martínez Orabona, esta será la primera vez que se celebra una audiencia sobre la deuda pública de Puerto Rico ante un foro internacional.

Las organizaciones peticionarias de la audiencia presentarán además un informe escrito que será presentado y discutido también en un panel ante el Congreso estadounidense y con funcionarios del Ejecutivo federal en Washington.

En ese informe, la sociedad civil propondrá varias medidas dirigidas a atender la situación económica “desde un enfoque que garantice de los derechos humanos”, añadió Martínez Orabona.

“Los Gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico tienen una responsabilidad internacional que asumir y vienen llamados a responder sobre los efectos de esta crisis en la población”, enfatizó.

En la audiencia 42 organizaciones, detalló Martínez, informarán a la CIDH sobre la manera en cómo las políticas fiscales adoptadas para paliar la crisis económica “han impactado los derechos a la educación, la vivienda digna, el trabajo, la salud, el acceso a la información pública y el acceso a la justicia”.

Además, se le informará sobre el efecto que ha marcado la crisis fiscal en la isla “en las poblaciones más vulnerables”, como a los niños de educación especial, las mujeres, los emigrantes, “las personas privadas de libertad, y las poblaciones pobres y la población negra, entre otros colectivos.

“Si bien es cierto que la situación económica nos afecta a todos, los datos que hemos recogido indican que el peso fuerte de esta crisis recae en grupos históricamente marginados”, aseguró por su parte la portavoz del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, Eva Prados.

“La segregación social es real y las políticas fiscales implantadas con el fin de atender el tema económico han logrado ahondar esas grandes desigualdades que vivimos en este país”, enfatizó Prados.

La CIDH es un órgano autónomo de la OEA que supervisa la protección y promoción de los derechos humanos en el continente americano.

Puerto Rico afronta una difícil situación financiera, con una deuda de unos 73.000 millones de dólares, sobre la cual el gobernador Alejandro García Padilla ha dicho que no podrá pagarse como estaba acordado y por ello pidió que el territorio pueda acogerse al Capítulo 9 de la ley de quiebras federal estadounidense.

En este momento, Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado a EE.UU., no puede acogerse a dicha ley, que le proveería de una herramienta para la reestructuración de la deuda pública, ya que la norma no considera a la isla como un estado más de la nación norteamericana.

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Puerto Rico: Partido del Pueblo Trabajador (PPT) llama a la desobediencia civil frente a Junta de control fiscal de EEUU

El candidato a la gobernación del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Rafael Bernabe, hizo hoy un llamado a la movilización y a la desobediencia civil para demostrar el rechazo a la imposición de una junta de control fiscal.

Según Bernabe, la medida no resolverá los problemas provocados “por la politiquería, sino que acelerará el saqueo a la clase trabajadora con la excusa de garantizar el pago a una deuda insostenible”.

El político dijo que la misma mayoría republicana en el Congreso de Estados Unidos que ha estado impulsando ataques al pueblo trabajador por años es la que ahora presenta la propuesta para continuar arrebatándole derechos a la gente en Puerto Rico.

“Han atacado a las comunidades pobres, a las mujeres, a las personas afroamericanas y a las inmigrantes. Han promovido la destrucción del ambiente y obstruido la posibilidad de un seguro universal de salud. Ahora van contra nuestros derechos, que son limitados pero reales. Y no hay duda de que vienen a imponer más sacrificios al pueblo”, aseguró.

El profesor universitario lamentó que figuras locales usen los estragos provocados por décadas de administraciones del PNP y del PPD para justificar e incluso darle la bienvenida a una junta.

Bernabe recalcó que la junta no atenderá las profundas raíces de la crisis de Puerto Rico, sino que es parte de un plan perjudicial, injusto e insostenible para continuar aplastando al pueblo trabajador en beneficio de unos pocos, entre ellos, los acreedores la deuda de Puerto Rico.

“La medida dispone que antes de renegociar la deuda hay que reducir pensiones, encarecer servicios, reducir el salario mínimo y tomar otras medidas que empobrecen y que perpetúan la crisis. Eso es lo que ha ocurrido en otros países en que se ha implantado. Para colmo, estas decisiones no las tomarán funcionarios electos, sujetos a revocación por el electorado, sino funcionarios impuestos”, explicó.

Claridad