Por Patricia Grogg

En un escenario que se hace común en la capital cubana, revendedores de toda clase de artículos generalmente deficitarios en las tiendas, abordan a las personas en las cercanías o en la misma puerta de los establecimientos formales para hacer sus ofertas, que van desde pañales desechables hasta costosos yacuzzi.

“Tengo juegos de baño desde 280 CUC (unos 314 dólares al canje de la moneda convertible local), bañaderas, duchas, lozas de cerámica, todo de muy buena calidad. ¿Qué busca?”, preguntó una mujer a una potencial clienta antes que terminase de estacionar su vehículo. “Le llevamos el producto a su casa y sin compromiso. Si no le gusta, no hay negocio”, agregó.

Dentro de la ferretería, ubicada en una acomodada zona residencial de La Habana, no había mucho que ver. Dos personas iban de un lado a otro observando la escasa mercancía, mientras una mujer sentada junto a la caja registradora los miraba con cara de aburrida. “No hay” respondió lacónicamente a alguien que buscaba un lavamanos blanco con pedestal.

El economista cubano Esteban Morales comentó a IPS que este mercado subterráneo se nutre de la corrupción en el sector del comercio que él denunció en 2010, lo que le costó ser separado durante varios meses de las filas del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC).

“Los revendedores aprovechan la escasez y lo que venden proviene del robo en las tiendas estatales”, aseguró.

Cuba es un país de economía centralmente planificada, donde el Estado controla todas las importaciones, así como el comercio interno y externo, si bien como parte del proceso de modernización de su modelo socialista permite el trabajo privado en determinadas áreas productivas y de servicios, como la gastronomía.

En un informe a la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral), en sesión durante esta primera semana de julio, la contralora general,  Gladys Bejerano, señaló que el análisis de los hechos delictivos reportados en 2015 en “las organizaciones económicas”, muestra que prevalece en algunas administraciones un ambiente de descontrol e impunidad.

Esa situación tiene mayor incidencia en el comercio,  gastronomía y en el sector agroalimentario. En el período analizado, el desvío de recursos y manifestaciones de corrupción administrativa costaron al país 30 millones en CUC (más de 33 millones de dólares)  y más de 100 millones en pesos cubanos.

Bejerano agregó que la esencia del problema radica en la conducta asumida por parte de quienes se asocian para delinquir o faltar a la ética en beneficio propio y de terceros y las fallas en los sistemas de control interno, así como el abuso en el ejercicio del cargo y en la utilización de facultades por parte de los directivos y funcionarios.

“La bolsa negra (mercado negro) es la expresión visible y diaria de la corrupción, porque detrás de ella está un problema más serio, que es la sustracción de reservas y recursos del Estado, único importador de equipos electrodomésticos, repuestos de automóvil, materiales de construcción, en fin, de todo lo que ofrecen estas personas”, insistió Morales.

En su opinión, esta economía sumergida que aprovecha la escasez para lucrar causa pérdidas millonarias al erario nacional, pero también perjudica moralmente. “La gente que no está involucrada se desalienta, se cansa y dice bueno, si otros lo hacen por qué yo no, que tengo tantas necesidades”, conjeturó el investigador.

Morales consideró insuficientes las inspecciones y los castigos penales, que a veces pasan inadvertidos porque no se publican.  En ocasiones, los revendedores desaparecen de los alrededores de las principales tiendas de La Habana debido a una sorpresiva redada policial. Pero pasado un tiempo, retornan.

Diría que en este momento “de mayor apertura para el ejercicio de la crítica, la prensa debía denunciar e investigar de manera sistemática estos problemas, exponer ante la opinión pública a los culpables, señaló Morales, convencido de que una mayor transparencia informativa ayudaría mucho a enfrentar el comercio clandestino.

Isbel Díaz, integrante del colectivo autónomo CUP (Consumidores y Usuarios Protegidos), quien observa el tema desde el punto de vista del consumidor, consideró  a IPS que, entre otras razones, las personas suelen optar por el “comercio informal” en busca de artículos de mejor calidad, como sucede con la ropa, por ejemplo.

“Deben coexistir ambas formas de comercio, siempre que se generen mecanismos de autocontrol, por ejemplo: de la calidad y precios, que tengan un vínculo real con los consumidores, y la sociedad”, opinó. El colectivo CUP es una iniciativa creada el pasado año con la intención de revertir la desprotección de los consumidores.

Con un salario medio equivalente a 23 dólares, una parte de la población cubana de 11,2 millones, busca resolver sus necesidades de alimento, calzado o ropa en el mercado informal, donde en algunos casos los precios son menores que en las tiendas estatales, las únicas permitidas.

El mercado paralelo o subterráneo tuvo su mayor auge en los años 90, tras el inicio de la recesión económica conocida oficialmente como período especial. Con la debacle del campo socialista y la extinción la Unión Soviética, Cuba perdió sus principales abastecedores y la escasez se hizo crítica.

Investigadores consideran, sin embargo,  que la economía sumergida en la isla caribeña se diferencia de la de la mayoría de la región, porque no compite con la formal –en este caso estatal- sobre la base de menores precios, la tendencia mundial, sino que, por el contrario, opera a precios más altos, debido a la falta de oferta del mercado oficial.

El gobierno de Raúl Castro creó la Contraloría General de la República en 2009 con el encargo de elevar el control interno y “el enfrentamiento directo a cualquier manifestación de corrupción”, entre otras funciones. Su autoridad está por sobre los ministerios y despacha directamente con el presidente.

En tanto, estudiosos coinciden en que el movimiento ilegal de mercancías existirá mientras no mejore la economía. Con el fin declarado de aumentar la capacidad adquisitiva del peso cubano, el gobierno rebajó en mayo pasado los precios de algunos productos de primera necesidad en las Tiendas Recaudadoras de Divisa (TRD).

Pero muchas personas consultadas por IPS consideraron insuficiente la medida y se quejaron de que no todas las TRD están bien abastecidas.  La familia cubana intenta, según sus ingresos, completar en esos establecimientos sus necesidades no satisfechas por la cartilla de abastecimiento racionado  que subsidia el Estado.

Tiempo de crisis


Cuba: Economía, propiedad, gestión y democracia

Por Ariel Dacal Díaz*

¿Quiénes deberían elegir y revocar a los directivos/as de las empresas de propiedad social? ¿Los colectivos laborales, dueños de los medios de producción y propietario común en su condición de pueblo? ¿El Estado que representa al propietario/a y ejerce el papel rector en la economía?

Este, entre otros posibles, es un asunto políticamente concreto en el debate sobre el socialismo, que no es nuevo ni se agotará en el futuro cercano, pero vive un momento singular al estar sobre la mesa la “conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista” que el Partido Comunista de Cuba propone a la Nación.Si bien los “lineamientos” pretenden responder a la pregunta de qué cambios hacer, la “conceptualización” del modelo pretende responder desde qué referentes se encaminan las soluciones. Si los “lineamientos” describen las formas de solucionar los problemas, la “conceptualización” plantea las esencias de estas soluciones.

Las esencias, puestas ahora a escrutinio público, permiten abrir una pregunta fundamental: ¿desde qué comprensión del socialismo se traza la ruta?

La “conceptualización” se posiciona en la compresión deconstrucción del socialismo, la que ha implicado, como práctica histórica, la consagración de un tipo de orden social con prevalencia del Estado, un modelo de llegada, una estructura productiva y política poco movible. Un orden histórico donde la abstracción de la propiedad social socialista de todo el pueblo se diluye en formas de representación y posesión que niegan esa condición en general, y la condición de dueña de la clase trabajadora en particular.

Esta comprensión refiere la “coexistencia” de varias formas de propiedad, al tiempo que mide el carácter del modelo por el porcentaje de propiedad socialista prevaleciente, no por el contenido liberador u opresor de las relaciones sociales de producción que generan las diferentes formas de gestión. Se obvia que toda propiedad implica tipos de posesión en el modo de gestión.

La “conceptualización” confiere condición de propietarios comunes a la ciudadanía bajo formas no estatales de producción, visión que obvia el carácter de conflicto de esta “coexistencia”, dada la apropiación del trabajo ajeno y la enajenación de unas, y los procesos socializadores del poder y los bienes de otras. De igual manera, obvia el aprendizaje histórico de que un tipo de relación social de producción, con sus formas de propiedad concomitantes, tiende a vencer a la otra. Por tanto, tal “coexistencia” es una ilusión con fecha de caducidad.

Frente a la comprensión que implica la construcción del socialismo se contrapone la de transición socialista. Esta apunta a un proceso, no a una estructura social fija, un período de contradicciones donde conviven de manera conflictiva relaciones sociales de producción, debido a su contenido antagónico.

Es transición hacia un orden social que no reproduce las estructuras de explotación y exclusión que median entre quienes crean con su trabajo bienes y servicios, y su disfrute tanto de los beneficios materiales como de la gestión de los asuntos públicos. Orden social donde el ser humano, productor/a y ciudadano/a, alcance su plenitud creadora. Transición de carácter socialistaporque el modo de transitar entraña políticas socializadoras del poder, la producción y el saber.

Ambas visiones bifurcan el camino, convierten en distintas las rutas políticas a trazar para el orden social cubano. Tómese como concreción práctica de esta diferencia el tema de la propiedad: ¿cómo se resolvería este desde ambas visiones?

En el caso de la construcción del socialismo, la propiedad social socialista asume la forma de propiedad estatal, donde el Estado actúa como representante del dueño, que es el pueblo. Desde esta comprensión, el poder económico del pueblo se garantiza en la nominalización misma de la propiedad, al tiempo que se reduce la socialización a la distribución de bienes que resultan del proceso productivo y no a la gestión directa de la propiedad por parte de la clase trabajadora.

Visto desde la perspectiva de la transición socialista, se potencian las condiciones necesarias para que el dueño/a participe de manera creciente en la gestión de su propiedad. Dueño/a que elije, controla y revoca a sus representantes en el sistema productivo. Desde esta visión, el rol de servidor público del Estado se concreta en facilitar el proceso de socialización del poder para la gestión de la propiedad. Es decir, el asunto sería planteado en términos de propiedad y gestión socialista como par indivisible.

Volvamos a la pregunta de inicio ¿quiénes deberían elegir a los directivos/as de las empresas de propiedad social?

En el estructura cubana actual, la jerarquía en materia de decisión política sobre la producción, cuenta con tres actores fundamentales: el Estado (burocracia política), directivos/as del sistema empresarial (burocracia económica), y los/as trabajadores (clase trabajadora). El Estado designa y revoca a los directivos/as, al tiempo que la clase trabajadora cumple las orientaciones. De igual manera, en su rol de representante del dueño/a, también esde facto poseedor con la capacidad de conceder esa posesión a otros actores en forma de usufructo, arrendamiento, asociación mixta, etc.

La propuesta de “conceptualización” permite ahondar en el debate sobre estas visiones del socialismo y concretar las salidas políticas de cada una de ellas. Veamos algunos ejemplos.

Al rescatar las diferencias entre ambas comprensión se abren tres posibilidades: a) el Estado designa y revoca a los representantes del propietario para que administre la economía (socialismo de Estado); b) el Estado y los colectivos laborales en cada unidad productiva negocian quiénes serán los directivos/as y comparten el control sobre ellos (cogestión); c) los colectivos laborales eligen y revocan a los directivos/as (autogestión).

En cualquier modelo la representación sería necesaria. Lo distinto es quiénes eligen a los/as representantes, y en consecuencia, a qué intereses responden estos/as, ¿a los de arriba o a los de abajo? ¿A la burocracia, al capital o los trabajadores/as?

Este rango de posibilidades debe aplicarse a otro énfasis que aparece en la “conceptualización”, el que remarca que el Estado, en su condición de representante del dueño/a, decide y controla las utilidades de las empresas de propiedad socialista. Añádase como posibilidad que, a) rinde cuenta al dueño/a; b) administra las utilidades en consulta permanente con este/a; c) cumple los mandatos que para este fin defina el dueño/a.

Ante la propuesta de una sociedad socialista próspera, alcanzable a partir del trabajo, la productividad, la eficiencia y el ahorro, añádasele, con la participación creciente en la gestión política de la producción por parte de los trabajadores/as, como modo inalienable de ejercer su condición de dueño/a de los medios de producción.

Ante el otorgamiento de especial relevancia a la formación de valores en los ámbitos de la actividad económica y social, añádasele, la formación para la práctica política de los productores/as, con base en el bien individual, colectivo y social.

Ante la propuesta de desplegar iniciativas en función del desarrollo socialista que complementa la transformación del sistema empresarial de propiedad de todo el pueblo, con métodos de dirección participativos, sustitúyase por métodos de control directo de los trabajadores/as en la gestión de las empresas.

Ante la propuesta donde los trabajadores/as cumplen los planes, políticas y directivas definidas por el Estado, sustitúyase por la creación de las condiciones para la elaboración conjunta de las mismas.

Añádase como política del modelo la priorización de las formas de propiedad y gestión que aseguren la socialización del poder para la gestión económica, social y política por parte de la clase trabajadora. En las formas de propiedad y gestión planteadas, priorícese las cooperativas. Añádanse a las mismas la cogestión y la autogestión como pilares de la socialización.

La cogestión busca asegurar la participación de los trabajadores/as en la gestión económica, en igualdad de condiciones con el capital y la burocracia. Se organiza desde el puesto de trabajo, pasando por la fábrica y empresa, hasta los más altos niveles de política económica. No es un planteamiento meramente económico, sino esencialmente político, pues busca llevar a la actividad económica en general los mismos planteamientos con los cuales ha de funcionar el sistema democrático en la sociedad. Apunta a sacar al ser humano de su reducida función instrumental de simple fuerza de trabajo, potenciando el derecho a la iniciativa y a la creatividad.

La autogestión constituye una fórmula que supera la cogestión pues con ella se remueven todas las mediaciones entre el trabajador/a y el disfrute de sus beneficios. Con la autogestión el carácter de propietario del pueblo en general, y de la clase trabajadora en particular, se realiza a plenitud, entendiendo que el propietario, en la práctica, es quien posee los amplios poderes de disposición que acompañan a la propiedad. Desde esta perspectiva la política económica se estructura de abajo hacia arriba, en los espacios de integración micro, meso y macro sociales.

Todo este debate nos coloca delante de un asunto vital: la democratización económica. Las relaciones sociales de producción del capital y del socialismo estadocéntrico tienen pies de barro en este terreno. La transición socialista tiene en él un contenido determinante.

Parte importante de lo que podrá encaminar la transición socialista como superadora del domino del capital está en la democratización de los procesos económicos. Al igual que sucede con la democratización política, no implica la eliminación del poder, de la autoridad, de las normas y los límites, sino la ampliación de sus bases y la transformación de sus formas jerárquicas, profesionales y excluyentes. Tampoco implica el desconocimiento de las líneas de decisión dentro del mundo económico, sino su legitimación democrática.

La democratización económica es el modo de transición socialistaa la gestión directa de los productores/as que son dueños/as, sin mediaciones de ninguna índole, rompiendo las dinastías económicas del capital y las representaciones sin control desde abajo del modelo estatista de construcción del socialismo.

*Doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana. Miembro del Equipo de Educación Popular del Centro Memorial Luther Martin King Jr. de Marianao, La Habana. Publicado en sinpermiso.info

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