A pesar de su nombre, los “Papeles de Panamá” no son principalmente sobre Panamá. Ni siquiera son primordialmente sobre empresas panameñas. Los 11 millones de documentos sobre corporaciones offshore –ilegalmente obtenidos y publicados la semana pasada– recorren el mundo con revelaciones sobre la vulnerabilidad al abuso rampante de las estructuras legales por los poderosos.

Son injustamente llamados los “Papeles de Panamá” porque este particular grupo de documentos provienen de una firma de abogados basada en Panamá. Pero el problema de la evasión fiscal, como varios lideres mundiales han indicado, es global.

Panamá no merece ser señalado por un problema que afecta a tantos a nivel mundial. Pero estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de corregirlo, en parte porque la búsqueda de una mayor transparencia es la continuación de las muchas reformas que hemos emprendido en años recientes. El mundo debe atacar este problema colectivamente y con urgencia. Panamá está preparado para liderar ese camino.

La magnitud de la información revelada es verdaderamente sorprendente. Esto resalta el tamaño del reto que tenemos en frente. Los documentos incluyen información de más de 14 mil bancos, firmas de abogados, incorporadores corporativos y otros intermediarios de más de 100 países.

Esto es apenas una pequeña parte de una industria en la que circulan trillones de dólares, la que algunos calculan que representa entre 8% y 13% del total de la riqueza global. Aunque las transacciones offshore no necesariamente violan las leyes, el desvío ilegal de dinero a través de estas actividades podrían privar a naciones en desarrollo de ingresos tributarios hasta por 200 millones de dólares cada año.

Que algunos sean capaces de burlar los sistemas para esconder su riqueza y evitar cumplir las normas que todos deben acatar no es solamente injusto, sino que directamente daña las posibilidades de desarrollo global con el ocultamiento de ingresos que podrían ser dirigidos a educación, salud e infraestructura.

Contrario a lo que reportan los medios internacionales, Panamá no hace concesiones especiales a las estructuras offshore, sino que tratamos tanto a las corporaciones extranjeras como a las locales de la misma manera.

La asociación de Panamá con actividades offshore se deriva del hecho que nosotros solo gravamos impuestos sobre ingresos generados dentro de Panamá, no sobre ingresos generados fuera de nuestro territorio, los que quedan sujetos a las leyes de sus respectivas jurisdicciones. Esas normas corporativas, basadas en las leyes de Delaware y Nueva York, se establecieron en Panamá en 1927 y son comunes hoy.

Aunque con los años fueron fortalecidas con regulaciones adicionales, todavía pueden ser manipuladas para objetivos ilícitos. Bajo previas administraciones gubernamentales, sin duda Panamá ha sido objetivo de lavadores de dinero.

Hoy, Panamá está completamente comprometida con adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para cumplir con la comunidad internacional.

En los 21 meses de mi Administración, Panamá ha tomado pasos decisivos para aumentar la transparencia y fortalecer nuestros sistemas financieros y legales. Desarrollamos una red robusta de tratados bilaterales que permiten el intercambio de información.

Las normativas “Conoce tu Cliente” han sido substancialmente fortalecidas y ampliadas no solo para los sectores financieros y corporativos sino también para las industrias no financieras vulnerables al abuso. A partir de enero exigimos que se certifique la identidad de los accionistas para todas las sociedades panameñas. He anunciado el compromiso de Panamá con el intercambio automático de información financiera y corporativa.

Además hemos propuesto procedimientos que son consistentes con los objetivos de la comunidad internacional, incluyendo los de la Organización para el Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) a través de su propuesta de Estándares de Procedimientos Comunes.

Este conjunto de medidas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo el Grupo de Acción Financiero (GAFI), que reconoció el “avance significativo” de Panamá en el combate al lavado de dinero cuando nos removió de su “lista gris”.

La exclusión de Panamá se logró en tiempo récord. Desde 2013 nuestra posición en el ranking de transparencia financiera elaborado por la organización no gubernamental, Tax Justice Network, ha mejorado sostenidamente. Tanto así que hoy superamos a Japón, Alemania y Estados Unidos en éste ranking.

También hemos avanzado positivamente en una revisión de contrapartes realizada por el Foro Global de la OCDE. Las reformas emprendidas por Panamá, junto a otros esfuerzos internacionales, han producido resultados. La evidencia señala que desde 2009 se ha reducido la cantidad de compañías offshore activas.

A pesar de los avances, aún queda trabajo por hacer para eliminar el problema de la evasión fiscal en Panamá y el mundo. Es por ello que he anunciado la creación de una comisión integrada por expertos internacionales que evalúe nuestras prácticas, determine buenas prácticas y proponga la adopción de medidas específicas, las cuales serán compartidas con otros países a fin de fortalecer la transparencia financiera y legal en todo el mundo.

Quiero dejar muy claro que Panamá continuará colaborando con otras jurisdicciones, tal como lo ha venido haciendo en temas judiciales para el procesamiento de ofensas que son ilegales en nuestro Código Penal.

Seguiremos colaborando con el intercambio de información financiera y legal dando cumplimiento a los múltiples tratados ratificados por la Republica de Panamá. Reiteramos nuestra disposición a establecer un diálogo con la OCDE y su Foro Global para alcanzar acuerdos sobre transparencia financiera que pueda contribuir al desarrollo económico de nuestros países.

Después de décadas de dictadura Panamá es una democracia estable. Es la sede de más de 100 empresas transnacionales y un país donde impera la ley y no el capricho personal. En aras de fortalecer nuestra democracia debemos continuar siendo un Gobierno comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas, la separación de poderes y el fortalecimiento institucional.

Nuestra respuesta a la crisis actual pondrá a la prueba nuestra determinación y potencial.

Prensa

Lea la nota original publica en The New York Times:

Don’t Blame Panama. Tax Evasion Is a Global Problem.

DESPITE their name, the Panama Papers are not mainly about Panama. They are not even primarily concerned with Panamanian companies. The more than 11 million documents, illegally hacked and released last week relating to previously undisclosed “offshore” corporations, is roiling the world with revelations of the vulnerability for rampant abuse of legal financial structures by the wealthy.

They are unfairly called the Panama Papers because this particular trove of documents came from a single law firm based in Panama. But the problem of tax evasion is a global one.

Panama does not deserve to be singled out on an issue that plagues many countries. But we are willing to accept the responsibility for fixing it, in part because greater transparency is ultimately a continuation of reforms we have recently undertaken. The world must tackle this problem collectively and with urgency, and Panama stands ready to lead the way.

The scope of the information is breathtaking: The files include information on more than 14,000 banks, law firms, corporate incorporators and other middlemen from more than 100 countries, which is just a small part of a worldwide industry that harbors trillions of dollars.

That some can rig the system to hide their wealth is not merely unjust; it also harms global development by siphoning off revenues that could be directed to education, health care and infrastructure.

Contrary to media reports, Panama does not make special allowances for “offshore” structures. The association of Panama with offshore activities comes from the fact that we tax only income derived from within Panama, not from without, which remains taxable pursuant to the laws of relevant jurisdictions. These rules, based on laws in New York and Delaware, originated in 1927 and are common today. While these laws have been buttressed by additional regulations, they can still be manipulated for illicit purposes.

Under previous governments, Panama was no doubt a target of money launderers. Today, Panama is committed to adopting all transparency reforms needed to satisfy the international community. In the 21 months of my administration, Panama has taken steps to increase the transparency and strength of our financial legal systems. We developed a robust treaty network that allows exchange of information. “Know your client” regulations were substantially enhanced and extended not only for financial and corporate providers but also for key nonfinancial industries vulnerable to abuse. And as of January this year, we require identity certification of shareholders of all Panama companies.

I have announced a commitment to the automatic exchange of financial and corporate information, and we have proposed steps we believe are consistent with the goals of the international community, including the Organization for Economic Cooperation and Development through its Common Reporting Standards proposal.

These reforms have been recognized and validated by the international community, including the Financial Action Task Force on Money Laundering, which cited Panama’s “significant progress” in combating money laundering when it removed us this year from its “gray list.” Removal from that list occurred in record time.

Our financial transparency ranking with the nongovernmental organization Tax Justice Network has steadily improved since 2013, and we now rank well ahead of Japan, Germany and the United States. We have also progressed positively in a peer review by the O.E.C.D.’s Global Forum for Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. These reforms in Panama, along with other international efforts, have been paying dividends.

Still, more work is needed. I have announced that Panama’s Ministry of Foreign Affairs will create an independent committee of international experts to evaluate our policies, determine best practices and propose measures that will be shared with other countries to strengthen global financial and legal transparency. We expect their findings within six months.

Panama will continue to cooperate with other jurisdictions to prosecute offenses outlawed in our Criminal Code, and we will continue to exchange financial and legal information to comply with the many treaties we have ratified. We also reiterate our willingness to engage in dialogue with the O.E.C.D. and its Global Forum with respect to reaching financial transparency agreements that can further the economic development of our countries.

After decades of dictatorship, Panama is a stable democracy committed to the rule of law and the regional headquarters of more than 100 transnational companies. To fulfill our democratic evolution, we must have a government committed to transparency, accountability and the separation of powers. Our response to the current crisis will test our resolve and our potential.

The New York Times