Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

La reestructuración de la Deuda Pública de Puerto Rico. Por Alfredo González Martínez*

La gestión de reestructurar una deuda pública tiene el propósito de aliviar su peso sobre la condición financiera mejorando el balance entre sus activos y las obligaciones de alguno de los componentes del sector público y también aliviar el peso del servicio de esa deuda sobre el presupuesto o la cuenta de flujo de efectivo. La reestructuración puede realizarse fuera de tensiones fiscales para refinanciar emisiones bajo mejores términos de tipos de interés, vencimiento del principal de la deuda original o aprovechar cualquiera otra condición favorable al deudor.

El contexto en que actualmente se plantea una reestructuración de deuda de algunas de las corporaciones pública en Puerto Rico y determinadas emisiones responsabilidad del Gobierno del ELA es uno de grave urgencia fiscal para aminorar los nocivos efectos fiscales y económicos de una veloz espiral descendente de nuestro sistema económico. El objetivo al reestructurar la deuda pública de ciertas emisiones con diversos rangos de responsabilidad fiscal o prelación en el pago de sus servicios (liquidación del principal o la satisfacción de los intereses vencidos) es acordar un proceso consensuado de renegociación de los compromisos crediticios contraídos por Gobierno a nombre del Pueblo de Puerto Rico bajo una sucesión de administraciones. La responsabilidad crediticia pública sucesora presupone que en el proceso de emisión hubo diligencia en cumplir con las disposiciones constitucionales, legales y administrativas aplicables a cada emisión o formalización de deuda para caracterizarla como legítima y con carácter obligatorio para los ciudadanos de Puerto Rico.

La reestructuración de la deuda pública del Gobierno de Puerto Rico pudiera darse en el marco institucional de una ley especial como la ley federal de quiebras, la ley criolla de quiebras (declarada inconstitucional) o, en general, bajos las disposiciones del derecho civil relevante, por mutuo acuerdo, entre el Gobierno de Puerto Rico (deudor principal) y sus diversos acreedores. Las adjudicaciones dentro de cada marco institucional son efectivas al momento de ejercerlas el acreedor, si el deudor cuenta con los recursos para satisfacerlas o si no le imponen condiciones excesivamente onerosas a su supervivencia institucional. Dependiendo el marco institucional en el cual se reestructuren las obligaciones financieras el procedimiento fluirá en mejor orden y certidumbre para las partes o aquellos afectados indirectamente. Las circunstancias de la reestructuración serían tortuosas y lacerantes a las partes y a otros interesados cuando el marco institucional fuere complejo y novel con escasa jurisprudencia o antecedentes. También, el proceso sería problemático cuando los intereses y motivaciones de las partes están fragmentados como ocurre en el caso de Puerto Rico con los acreedores.

Han surgido tantas tensiones fiscales a nivel internacional que la Organización de las Naciones Unidas convocó una conferencia para desarrollar un marco mundial que establezca guías a los procesos para reestructura deudas y cumplir sus compromisos fiscales. En septiembre pasado, la Asamblea General aprobó los siguientes principios “que tenga en cuenta la obligación de los deudores soberanos y sus acreedores de obrar de buena fe y con espíritu de cooperación para pactar una reorganización consensuada de la deuda de estados soberanos”.

Los principios acordados son:

  1. Un Estado soberano tiene derecho, en el ejercicio de su facultad discrecional, a elaborar sus políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración de su deuda soberana, derecho que no debe verse frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas. La reestructuración debe hacerse como último recurso y preservando desde el inicio los derechos de los acreedores.
  2. El principio de que el deudor soberano y todos sus acreedores deben actuar debuena fe implica su participación en negociaciones constructivas de reestructuración de la deuda soberana con el propósito de restablecer la sostenibilidad de la deuda y el servicio de la deuda de manera rápida y duradera y de obtener el apoyo de una masa crítica de acreedores mediante un diálogo constructivo acerca de las condiciones de la reestructuración.
  3. El principio de la transparencia debe promoverse para aumentar la rendición de cuentas de los interesados, lo que puede lograrse compartiendo oportunamente tanto datos como procesos relacionados con la renegociación de la deuda soberana.
  4. El principio de la imparcialidad exige que todas las instituciones y agentes involucrados en las reestructuraciones de la deuda soberana, incluso a nivel regional, de conformidad con sus mandatos respectivos, sean independientes y se abstengan de ejercer toda influencia indebida en el proceso y en otros interesados o de realizar actos que generen conflictos de interés o corrupción o ambos.
  5. El principio del trato equitativo impone a los Estados la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores, a menos que la diferencia de trato esté justificada conforme a derecho, sea razonable y se corresponda con las características del crédito, garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada por todos los acreedores. Los acreedores tienen derecho a recibir el mismo trato en proporción con su crédito y con las características de este. Ningún acreedor o grupo de acreedores debe ser excluido a priori del proceso de reestructuración de la deuda soberana.
  6. El principio de la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de la deuda soberana es un derecho de los Estados ante los tribunales internos extranjeros y las excepciones deberán interpretarse de manera restrictiva.
  7. El principio de la legitimidad implica que al establecer instituciones y realizar operaciones relacionadas con la reestructuración de la deuda soberana se deben respetar, en todos los niveles, los requisitos de inclusión y el estado de derecho. Los términos y condiciones de los contratos originales seguirán siendo válidos hasta que sean modificados mediante un acuerdo de reestructuración.
  8. El principio de la sostenibilidad significa que las reestructuraciones de la deuda soberana deben realizarse de manera oportuna y eficiente y crear una situación de endeudamiento estable en el Estado deudor, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores y a la vez promoviendo el crecimiento económico sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos.
  9. La reestructuración por mayoría implica que los acuerdos de reestructuración de la deuda soberana que sean aprobados por una mayoría cualificada de los acreedores de un Estado no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros Estados o por una minoría no representativa de acreedores, que deben respetar las decisiones adoptadas por la mayoría de los acreedores. Debe alentarse a los Estados a que incluyan cláusulas de acción colectiva en sus emisiones de deuda soberana.

Este marco institucional provisto por la Organización de la Naciones Unidas ha sido poco divulgado en Puerto Rico y mucho menos considerado en las discusiones sobre la deuda pública en Puerto Rico.

Independientemente que a Puerto Rico se le reconozca su condición soberana, los principios anteriores deben ser respetados en el proceso de una reestructuración de su deuda pública. La observancia de dichos principios rectores es más necesaria si se le negara la aplicabilidad del capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras. Las expectativas de incorporarlos al proceso de reestructuración de Puerto Rico confronta el hecho que la delegación de los Estados Unidos en la Naciones Unidos fue uno de los once votos en contra de la resolución.

* El autor es catedrático de economía jubilado del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico. alfredogonzalezm@gmail.com

Claridad Puerto Rico

La crisis y la estupidez. Por Thomas Rivera Schatz*

El diccionario de la Real Academia define “estupidez” como la “torpeza notable en comprender las cosas”. Atinada definición para lo que está ocurriendo con el manejo de la crisis de la colonia más antigua y poblada del mundo. Es casi imposible determinar con precisión qué es lo peor; si la descomunal crisis socioeconómica que padece este pueblo con la colonia estadolibrista o la estupidez con la que funcionarios, especialistas y asesores -locales y federales- intentan manejarla o, supuestamente, remediarla. Actúan como si tuvieran ante ellos a un paciente agonizante por hemorragias internas, pero la atención que le ofrecen es un tratamiento cosmético y superficial. Todo el mundo sabe que el ELA falleció, pero hay quienes creen que embalsamándolo podría hacerlo lucir vivo o resucitarle.

Mientras Puerto Rico continúe siendo una colonia, nunca podrá salir de la crisis. Podrán crearse más parchos o apariencias, pero ninguna sería solución real ni permanente. Mientras haya gente aquí o en Washington DC planteando cuanto invento se les ocurra, sin atender la raíz del problema, la desigualdad y las limitaciones coloniales, la crisis, la quiebra, el empobrecimiento y la emigración forzosa serán los únicos destinos posibles para nuestro pueblo.

En el ámbito local, este desgobierno estuvo un año, con la ayuda de sus fotutos en algunos medios de prensa, alegando que habían cuadrado las finanzas públicas. Aprobaron la Ley 66 y otras medidas para supuestamente reducir y controlar los gastos de las agencias públicas y más de la mitad nunca cumplieron. Desde que llegaron al poder aprobaron más de 80 aumentos contributivos y tarifarios, redujeron sorpresivamente beneficios de retiro y otras barbaridades más. Prometían que los recaudos públicos crecerían, pero se han reducido. Cuando en febrero de 2014 las agencias evaluadoras del crédito público reclasificaron los bonos del ELA como chatarra, la verdad comenzó a salir a flote. De allá para acá, todos conocemos la historia. La situación de Puerto Rico cada vez es peor. Lo que tenemos, es una economía chatarra.

Cuando se les acabaron las mentiras y las falsas imágenes, cambiaron el discurso. Antes decían que la deuda pública debía y podía ser pagada porque es importante para Puerto Rico mantener acceso al financiamiento; como lo es para cualquier gobierno en el mundo. Ahora, después de mentirles a todos, de ocultar estados financieros auditados durante dos años, entonces cambian el discurso para admitir la crisis y la total ausencia de alternativas. Surgieron los discursos fetichistas de una ley criolla o federal de quiebras para lo que ellos llaman la reestructuración de la deuda pública y suplicar la ayuda económica del gobierno federal. Como si acogerse a la quiebra fuese la gran tabla de salvación. En realidad, la quiebra legal no es otra cosa que la entrada a un largo, complicado y costoso camino al desastre económico y a litigios que serían perdidos por el gobierno colonial.

Los próceres del criollismo insularista, de la falsa puertorriqueñidad, de la soberanía separada de los Estados Unidos, ahora buscan auxilio en la metrópolis. Claro, con más mentiras, con dramatismos exagerados y con el descaro de siquiera presentar los números auditados de la caótica situación de colonia.

Pero si torpe y estúpida ha sido la actuación del desgobierno del PPD en el manejo de esta crisis, igualmente parece serlo la actuación de algunos congresistas y funcionarios en Washington DC.

Quien crea que una junta de control fiscal estatal o federal; o una ley de quiebras estatal o federal, serían las soluciones a los graves problemas estructurales de un sistema político y económico colonial que ya dio lo que podía a base de embrollas y préstamos, se equivoca.

El estilo de calidad de vida de los Estados Unidos que quieren vivir y tienen derecho a vivir los ciudadanos americanos de Puerto Rico, solamente es posible de manera estable y permanente siendo la isla un estado de la Unión. Ninguna junta federal ni ley de quiebras podría viabilizar ese estilo de vida para Puerto Rico. Al contrario, ambos parchos van a dirigidos a forzarnos a vivir con menos, a tener menos calidad de vida y a tener que conformarnos con ser una colonia cada vez más pobre. Esa no es la aspiración de Puerto Rico. Pregúntenle a los cientos de miles de puertorriqueños que han tenido que emigrar a los estados durante los últimos años.

Bien lo dijo el congresista de Alaska, Don Young, durante la última vista congresional. Que si le hubieran hecho caso hace 15 años cuando propuso convertir a Puerto Rico en un estado de la Unión, toda esta crisis no existiría y nadie tendría que estar en el Congreso bregando con los desastres de esta colonia.

Para lo único que serviría una junta federal de control fiscal es para manejar la crisis a corto plazo y estabilizar a Puerto Rico, aunque sin una cura real ni permanente que no existe mientras esto sea una colonia con irreparables defectos.

Las deudas de dinero, sin embargo, solo se resuelven con dinero. Plantear en el Congreso una junta de control sin asignar dinero federal para ayudar a Puerto Rico a pagar parte de su deuda pública durante los próximos 3 a 5 años, sería un ejercicio inútil. Por ejemplo, entre mayo y junio próximos habrá que pagar más de $1,700 millones en deudas. Esa junta federal solo tendría sentido si estuviese acompañada de asistencia económica federal que debería ascender a entre $10 mil y $15 mil millones durante los próximos cinco años. De lo contrario, nada se resolverá aunque nombren en esa junta federal a Indiana Jones con todos sus trucos. Después de todo, esa cantidad de dinero le saldría baratísima al Congreso federal. Ellos, con su indiferencia, han alargado la agonía y el discrimen colonial contra Puerto Rico. Por ser colonia, Puerto Rico recibe del Tesoro federal entre $15 mil y $20 mil millones anuales menos que los recibidos por cualquier estado de la Unión con nuestra misma población y niveles de necesidades.

La junta federal, acompañada de financiamiento federal suficiente, sí tendrían sentido solo para estabilizar esta colonia a corto plazo. Lo contrario, sería otra estupidez que empeoraría y perpetuaría la crisis. De lo demás, nos encargaremos los ciudadanos americanos de Puerto Rico que ya sabemos la verdad y conocemos la mejor alternativa… la igualdad con la estadidad.

*Ex presidente del Senado

El Vocero 

Ley de Responsabilidad Fiscal preferible a Junta. Por Agustín Criollo Oquero

Existe una alternativa más viable para atajar el rápido deterioro económico en la Isla de acuerdo al Centro para una Nueva Economía (CNE), más allá de la recién anunciada Junta de Control Fiscal (JCF) que impondrá el Congreso estadounidense para monitorear y controlar las finanzas de la Isla en quizás la más grande crisis económica por la que ha atravesado Puerto Rico.

Así lo aseguraron portavoces de la entidad quienes presentaron una Ley de Responsabilidad Fiscal para Puerto Rico, la cual aseguraron sería mucho más efectiva que la JCF.

Según la propuesta del CNE, la Legislatura de Puerto Rico deberá adoptar una Ley de Responsabilidad Fiscal abarcadora con dos componentes. El primero, una regla fiscal simple, fácil de entender y objetiva, y segundo, guías procesales que den paso a una reestructuración a gran escala de los sistemas, instituciones y prácticas de gerencia fiscal.

“Una ley de responsabilidad fiscal no es una varita mágica que va a arreglar todos los problemas económicos de la Isla pero parte del asunto aquí es que muchas de esas reglas al ser estáticas y poco flexibles incentivan a buscar maneras alrededor, darle la vuelta a las leyes, mientras que si tenemos una regla de este tipo nos ayudará a manejar nuestras finanzas sin necesidad de recurrir a estos subterfugios”, indicó el director de política pública del CNE, Sergio Marxuach.

“Ahora mismo, la propuesta que ha salido de la JCF tiene un color bastante imperialista y colonialista, y es inconsistente con la filosofía republicana que aboga por el menor gobierno federal y por devolverle a los estados y municipalidades más poder. Imponer esa Junta no hace nada para mejorar la capacidad del Gobierno”, explicó.

Según la Ley de Responsabilidad Fiscal propuesta por el CNE, el gasto del Fondo General no debe exceder los ingresos ajustados cíclicamente, según los determine y certifique un panel independiente de economistas profesionales y otros expertos en materia fiscal, menos un pequeño superávit estructural.

Dentro de estos límites, la Legislatura entonces asignaría los fondos a las agencias y departamentos de gobierno de acuerdo a sus prioridades. Con el plan, el gasto del gobierno sería independiente a las fluctuaciones en el ingreso que puedan causar a corto plazo las oscilaciones de la economía.

“Es como crear un techo, que dentro de este la Legislatura asigna fondos según vea necesario de acuerdo a las prioridades. Las ventajas de esto es que va a tener un ingreso estructural y actúa de manera dinámica en vez de estática, como lo hace la JCF”, añadió Marxuach.

“Aquí en Puerto Rico en la ejecución es donde fallamos grandemente. La auditoría es casi inexistente. Los reportes internos no cumplen con sus objetivos. El Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Banco Gubernamental de Fomento no tienen herramientas entre ellos para comunicarse en tiempo real”, sostuvo el experto.

Marxuach señaló además la importancia de que el Gobierno publique sus informes financieros auditados para el año fiscal 2014 a la mayor brevedad posible y de implementar las políticas que sean necesarias que aseguren la producción y publicación oportuna de estos informes auditados en el futuro.

También, explicó que el objetivo del Plan en general es llevar al país a tomar decisiones fiscales prudentes, someter presupuestos creíbles, transacciones eficientes y que incluya rendición de cuentas.

“Estamos conscientes de que con esta propuesta encontraremos mucha resistencia política tanto aquí como en Washington pero para nosotros no es prudente traer unos expertos a que corran el país por cinco años y a la larga, en diez años estemos en el mismo sitio que estamos ahora”, indicó.

Sin embargo, el fundador del CNE, Miguel Soto, admitió que parte del problema de asumir una propuesta local es la falta de credibilidad que existe en y fuera del país con las instituciones gubernamentales.

“Aunque es autoimpuesto, se crearían mecanismos legales para asegurarnos de que el plan se observe. Es importante que no seamos ingenuos en creer que esto lo va a resolver todo pero sabemos que ha funcionado en otros países como Chile, Colombia y Nueva Zelanda, teniendo graves problemas financieros como nosotros”, explicó Soto.

“Nos toca a todos, no solo al Gobierno, sino otros grupos civiles, como la empresa privada y la prensa. La credibilidad no se adquiere así porque así, la credibilidad se gana trabajándola y somos nosotros mismos los que debemos arreglar nuestra credibilidad”, indicó por su parte, el director de investigaciones del CNE, Deepak Lamba Nieves.

Los expertos insistieron en que estas trasformaciones deben ocurrir como parte de una reestructuración institucional más abarcadora de las diferentes agencias del gobierno encargadas de establecer e implementar las políticas y planes de desarrollo económico para Puerto Rico.

Claridad Puerto Rico