Organismos internacionales recomiendan la implementación de políticas que velen por el desarrollo económico de las mujeres.

Pese a que Nicaragua ha mostrado significativos avances en el Índice Global de la brecha de Género, que elabora el Foro Económico Mundial y que se ubicó entre las diez principales economías este año, las empresarias resienten la necesidad de una verdadera inclusión social y económica.

¿Qué buscan y para qué? Blanka Callejas, presidenta de la Red de Empresarias de Nicaragua (REN), sostiene que el ideal para las mujeres que se abren paso en el mundo de los negocios es que exista un entorno favorable y que lejos de impedirles su desempeño, haya condiciones que faciliten sus inquietudes.

Para Callejas, el hecho que Nicaragua avance en ciertos indicadores no es precisamente una noticia alentadora para el sector que ella representa, porque considera que se necesitan más acciones enfocadas en accesos a créditos y creación de empleos.

Pero como empresaria siente que hay retos que impiden que el esfuerzo de ellas sea evidente.

“La participación de la mujer en el entorno laboral es difícil. Los sueldos de las mujeres son más bajos que el de sus pares hombres en el mismo puesto, ese dato sale maquillado y el que hace el mayor peso es la parte de 50/50 en la política”, sostuvo Callejas vía electrónica.

Tarea en casa

Uno de los aspectos en los que el punto de Callejas coincide con el índice que elabora el Foro Económico Mundial, es en el pilar sobre participación económica, donde el país retrocede su calificación y posición frente al resto de economías.

Para la elaboración del índice 2016, el Foro Económico Mundial tomó en cuenta nueve pilares, y el antes mencionado es en el que las autoridades deben concentrar esfuerzos, pues de 144 naciones en estudio, se ubicaron en el puesto 52 con una puntuación de 0.70 sobre la base de un uno.

Para la economista independiente Elizabeth Membreño, es necesario comprender que se ha avanzado como país en procesos legislativos y participación en cargos públicos, pero se convierte en un desafío a cumplir con la igualdad más allá de la justicia distributiva.

“Su limitación es que no te demuestra la calidad de esa participación y si en realidad se reduce la brecha de género en toma de decisiones relacionadas por ejemplo, a la división sexual del trabajo y en el acceso y control de los recursos productivos; ni tampoco te incorpora la participación de las mujeres en los movimientos sociales”, lamenta la economista quien también es especialista en desarrollo económico.

Se requiere regulación más flexible

Para el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro, otro de los aspectos que ayudaría no solo a incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral, sino también a incrementar su formalización, es una regulación laboral más flexible.

“La regulación vigente actualmente en el país no contempla salarios mínimos por hora sino por mes, lo cual no incentiva la habilitación de jornadas a tiempo parcial, que permita distribuir la carga de trabajo productivo y reproductivo”, asegura Chamorro.

A ello suma la necesidad de trabajar para reducir las brechas salariales entre hombres y mujeres, para que con los mismos años de educación y las mismas responsabilidades puedan tener el mismo ingreso.

Chamorro estima que “hay que ir introduciendo en la agenda, tanto del sector público como del privado, el enfoque de género, ya sea para promover la formalización laboral como en programas de financiamiento”.

Un brazo de ayuda

Uno de los aspectos del que más se ha presumido es el potencial en la política, la participación de mujeres en el parlamento o en los ministerios, pilar que ubica al país en el cuarto lugar de las 144 naciones en estudio con una puntuación de 0.5.

Para Chamorro ese aspecto es la oportunidad para que se ejecute un siguiente paso: “Trabajar para lograr un liderazgo efectivo, donde las mujeres empiecen a desarrollar su agenda de cambio”.

Para la presidenta de la REN, Blanka Callejas, es necesario que esas mujeres en posiciones de toma de decisiones en los ambientes políticos se conviertan en la voz de las demás.

“Esperamos que se acerquen a los grupos de mujeres organizadas, las escuchen y trabajen en función de romper brechas y legislar en función de las problemáticas de las mujeres. Tenemos que seguir luchando por seguir rompiendo la brecha hasta que se rompa el techo de cristal y seamos escuchadas con seriedad, a fin de que nuestras demandas sean incorporadas a planes y políticas de Gobierno”, explicó Callejas.

Ante ese panorama y con el fin de que el desarrollo económico sea inclusivo, la economista Membreño recomienda que desde el sector empresarial se promuevan políticas públicas inclusivas en el acceso, uso y difusión de tecnologías de la información, considerando la apropiación de diversidad cultural, así como asegurar y promover la inserción de las mujeres en el ámbito laboral inclusivo y generador de oportunidades.

En cifras

73.2 % de la población femenina en Nicaragua trabaja en la informalidad y de ese porcentaje el 99.4 por ciento se emplea por cuenta propia, según estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, basadas en la Encuesta Continua de Hogares de entre 2009 y 2012.

30% es la brecha bruta salarial entre hombres y mujeres en el 2012, tanto en el área urbana como rural.

05 años más de educación tenían las mujeres que laboraban en el sector formal entre 2009 y 2012, frente a las del sector informal.

Políticas innovadoras

Con la mirada puesta en el futuro, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, explica que los gobiernos deben fortalecer las políticas públicas de igualdad de género y de garantía de los derechos y la autonomía de las mujeres, tejiendo una red de interdependencia entre los objetivos, metas y medidas para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la agenda regional de género.

“Los nuevos retos que enfrenta América Latina y el Caribe demandan políticas públicas innovadoras y efectivas que sostengan y sean sostenidas por una arquitectura para la igualdad de género basada en instituciones sólidas y articuladas, así como en procesos de transversalización y participación claros”, explica en la introducción del estudio: Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible.

La Prensa