Obama firma el plan de ayuda a Puerto Rico al borde de otro impago

Estados Unidos ha echado finalmente un capote a Puerto Rico, el estado libre asociado con el que mantiene una complicada relación jurídica y que atraviesa una dura crisis económica. El presidente, Barack Obama, firmó este jueves la ley por la que la isla podrá reestructurar una deuda pública de unos 70.000 millones de dólares que no puede pagar. El paquete aprobado, que incluye una junta fiscal bipartita para controlar las cuentas públicas puertorriqueñas, no impedirá que este viernes se produzca un nuevo impago.

El Senado estadounidense dio luz verde al proyecto legislativo, cuyas siglas forman curiosamente la palabra PROMESA, después de una larga negociación entre demócratas y republicanos. El partido conservador quería evitar a toda costa que el plan se convirtiera en un rescate que conllevara dinero público y el debate se complicó por la campaña electoral. Finalmente, lo que Puerto Rico ha conseguido es algo equivalente a la ley de quiebras a la que se pudo acoger la ciudad de Detroit en 2013, cuando suspendió pagos, renegoció sus pasivos, y salió de esa bancarrota un año después.

La isla caribeña, legalmente, no podía acogerse a ese esquema. En verano de 2015 su gobernador, Alejandro García Padilla, reconoció que después de una década de crisis las arcas públicas no daban más de sí y no eran capaces de asumir ese volumen de deudas que equivale a más de 100 % de su producto interior bruto (PIB). El primer impago se produjo en agosto y desde entonces se han repetido. Tampoco este viernes pondrá asumir el vencimiento de 2.000 millones de dólares.

“El pueblo de Puerto Rico tiene que saber que no los olvidamos, son parte de la familia estadounidense”, dijo Obama al firmar la ley en el Despacho Oval. “Como consecuencia de su incapacidad de reestructurar la deuda, hemos visto hospitales incapaces de operar, ambulancias sin operar, servicios básicos que se suspendían y trabajadores del Gobierno sin pago. Ha generado enormes dificultades para el pueblo de Puerto Rico”, indicó.

La junta de supervisión fiscal tendrá amplios poderes sobre Puerto Rico, le podrá obligar a despedir funcionarios, vender activos públicos o incluso derogar leyes -como la del salario mínimo- si considera que incumple Promesa. Esta capacidad de maniobra ha desatado las críticas del aún precandidato demócrata Bernie Sanders, quien ha tachado la ley de “colonialista”.

Los problemas de Puerto Rico se deben en parte a la endiablada situación jurídica en la que se encuentra: debe cumplir muchos requisitos y regulaciones económicas del nivel de Estados Unidos, cuando compite con países vecinos caribeños mucho más baratos. Mientras ha perdido ya una parte importante los incentivos fiscales que la hicieron atractivas para las inversiones extranjeras durante muchos años.

El País


Gobernador decreta impago en deuda constitucional

El gobernador Alejandro García Padilla emitió en la tarde de hoy dos órdenes ejecutivas para poner en vigor la Ley de Moratoria y suspender así el pago de las obligaciones generales garantizadas por el Estado Libre Asociado, mejor conocido como GOs.

Las órdenes ejecutivas se producen a solo horas de la aprobación en el Senado del proyecto federal PROMESA, que impone una junta de control fiscal sobre Puerto Rico. Minutos después de que el gobernador anunciara del impago, el presidente estadounidense Barack Obama, convertía en ley PROMESA.

La secretaria de la Gobernación, Grace Santana, había adelantado el domingo a este diario que García Padilla emitiría las órdenes se aprobara o no el proyecto federal.

Específicamente, García Padilla ordenó que se detenga la transferencia del impuesto al consumo del cigarrillo a la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), acorde con el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011.

Igualmente, autoriza la suspensión a la Autoridad de Edificios Públicos de los pagos por concepto de arrendamiento de todas las entidades gubernamentales declaradas en estado de emergencia.

También quedan suspendidos el pago de los bonos emitidos por la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico.

Las órdenes, que aún no sido distribuidas, declaran en estado de emergencia la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, el Sistema de Retiro de Empleados, la Compañía de Fomento Industrial y la Universidad de Puerto Rico (UPR). De esta forma, García Padilla intenta proteger a esas entidades gubernamentales contra posibles litigios.

“De esta manera, la actual administración continúa tomando pasos históricos para asegurar la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía, como parte de su política pública aún en medio de la delicada situación financiera por la que atraviesa el país. Sin embargo, el gobernador García Padilla ha sido claro en cómo la insuficiencia de fondos le impide al País continuar realizando los pagos de la deuda pública. Ante estas circunstancias, mediante orden ejecutiva, se protegen los limitados recursos disponibles en las agencias señaladas en estas órdenes, evitando que estos puedan ser reclamados por los acreedores y se deje desprovista a la ciudadanía de servicios básicos”, se informó en comunicado de prensa.

“Estas medidas son razonables y necesarias para garantizar los servicios esenciales mientras se reestructura la deuda al amparo del andamiaje legal que ofrece PROMESA”, añadió.

De paso, García Padilla reiteró su “satisfacción” con la aprobación de la medida federal.

Con la decisión de no pagar las obligaciones generales, Puerto Rico se convierte en la primera jurisdicción estatal que incumple con sus acreedores desde 1933 cuando el estado de Arkansas incumplió con el pago de sus obligaciones generales.

El Nuevo Día



Poderoso sindicato boricua reafirma rechazo a junta fiscal de EE.UU.

La poderosa Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) reafirmó hoy su oposición a la junta de control fiscal que el Congreso de Estados Unidos pretende imponer al gobierno de Puerto Rico.

El presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, la catalogó de un acto más del dominio colonial a Puerto Rico, a la vez que reconoció que tal intención del gobierno estadounidense ha permitido al menos que “cada vez más puertorriqueños se den cuenta de que esa imposición colonial no debe ser permitida en esta nación caribeña”.

Advirtió que hay que diferenciar a los que de buena fe están luchando contra la junta federal de control fiscal de aquellos representantes del gobierno puertorriqueño que ya impusieron un organismo equivalente a la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Figueroa Jaramillo afirmó que esa junta de control fiscal en la AEE solo representará aumentos, a punto de implementarse, en la factura de la luz con el propósito de pagar a los bonistas, mientras proseguirá el deterioro de la capacidad de producción de la corporación pública, considerada la más importante para el crecimiento económico de Puerto Rico.

Insistió en que se pretende privatizar la generación de la energía eléctrica de igual forma que lo propone el proyecto del Congreso estadounidense, lo que conllevaría incrementos aún mayores en el coste de la electricidad al sumarse las ganancias que pretenden obtener los privatizadores.

Para el dirigente gremial, a ese escenario hay que sumar las medidas de austeridad que el gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) pretende imponer al plan médico de los trabajadores y al sistema de retiro, una clara expresión de conducirlos a la miseria con el único propósito de pagar a los bonistas.

El ente estatal de electricidad tiene acumulada una deuda de nueve mil millones de dólares, la que ha estado negociando con sus acreedores en los últimos dos años para cumplir con los pagos requeridos.

“No podemos obviar que aquellos que han impuesto la junta de control fiscal en la AEE, la cual según pretende el gobierno será un modelo para implementarla en otras agencias públicas, actuará cada vez más en contra del pueblo con aumentos en la factura de consumo y contra los trabajadores, que somos parte integral de nuestro pueblo”, alertó.

El gremialista anotó que con propuestas como las que impulsan esas juntas, “sólo se logrará afectar los intereses colectivos de este pueblo, para favorecer los intereses privados de Wall Street”.

Recordó que la Utier ha denunciado consistentemente los daños que el actual gobierno del PPD ha hecho a la AEE con el denominado Plan de Revitalización, que tiene el propósito de desmantelar esa empresa pública y de encarecer el servicio eléctrico.

“El pueblo que debe estar alerta ante la doble cara de politiqueros de la actual administración de gobierno, que por un lado critican la junta de control fiscal, mientras por el otro impusieron una similar en la AEE”, aseguró.

Figueroa Jaramillo insistió en que “esos politiqueros y sus aliados sólo buscan aprovecharse del genuino rechazo del pueblo a la junta federal, para embaucarlos y que no se percaten del daño que ya comenzaron a hacerle a nuestras agencias públicas”.

Prensa Latina