La Confederación de la Clase Trabajadora(CCT), denunció “la política del gobierno del presidente Cartes, impulsada a través de la a actual administración del IPS, consistente en precarizar al máximo y en forma deliberada, los servicios del principal ente previsional de tal forma a crear las condiciones propicias que sustenten sus ambiciones privatistas para entregar la administración de la salud y la seguridad social a empresas privadas”.

En un comunicado la organización sindical recordó “los recurrentes anuncios realizados por el propio presidente Benigno López sobre los déficits de la previsional, que afectan fundamentalmente al rubro de la salud, y que según una publicación del día de hoy en el diario Ultima Hora registra un déficit de 600.000 millones para este año, es una expresión y el resultado concreto de la nefasta política administrativa sostenida por las actuales autoridades del ente”.

Agrega que “es total y absolutamente inconcebible aceptar que el IPS tenga déficits contando con una administración mínimamente seria, la Institución cuenta con todas las condiciones materiales y técnicas para funcionar perfectamente con sustentabilidad económica y financiera para garantizar la seguridad social, el problema es que la orientación es dejar que la institución vaya a la quiebra”.

Soluciones

“Nos llama poderosamente la atención que el Presidente del IPS, constantemente hable de los problemas y no de las soluciones. Benigno López grita a los 4 vientos que se prevé 600.000 millones de Gs. de déficit para este año, (hablamos del déficit en un año) sin embargo, por ejemplo la evasión del aporte patronal por parte de inescrupulosos empresarios es de 654.000 millones de Gs. mensuales”, recordó la CCT.

“López tampoco dice nada respecto de requerir al Estado paraguayo, que adeuda más de 350 millones de dólares al IPS, en concepto de aporte. El aporte del Estado al IPS debe ser 1,5 % del total de aporte realizado por los empleadores”, agrega.

Rechazo categórico

Por eso la central expuso: “Rechazamos categóricamente la absurda intención de aumentar a 70 años la edad requerida para la jubilación. Sumados a la nefasta política de precarización de los servicios pretenden además cargar sobre las espaldas de los trabajadores el déficit provocado por ellos mismos.”

Siguiendo con su análisis se pregunta: “¿Qué plantea el Gobierno y Benigno López ante la evasión del 60% de los aportes a la Previsional? ¿Puede una institución soportar y sobrevivir una situación como esta? ¿Cuáles son los planes del Gobierno para revertir de manera urgente el grave problema de la evasión?¿Cuál es la política del Gobierno ante el grave problema de morosidad, que también existe y que es de aproximadamente de un 30%?”

Sugiere entonces defender y fortalecer al IPS para contar con salud y seguridad social y hace un llamamiento “a todos los trabajadores y a todas las organizaciones sindicales a defender al IPS. Movilicemosnos para rechazar la política privatista del gobierno. Exijamos mayor transparencia en la administración y participación real de los trabajadores en la misma. Basta de supuestos representantes de los trabajadores que son nombrados a dedo para servir de tembiguai de las patronales y el gobierno.”

Pide entonces luchar “por una Ley que envíe a la cárcel a los inescrupulosos y criminales evasores de los aportes obligatorios para garantizar la seguridad social de los trabajadores y que garantice la regularización inmediata del pago de los aportes obligatorios por parte de las patronales.”

Finalmente le dice “No a la Ley que crea la Superintendencia de Seguros que plantea la unificación de los fondos de todas las cajas de jubilaciones y pensiones para entregar su administración a las empresas administradoras de fondos previsionales, nefasto mecanismo a través del cual se roba la plata de los trabajadores y se los deja sin jubilación ni cobertura de salud, situación demostrada con la lamentable experiencia en los países vecinos.”

Se despide en el texto pidiendo “la participación real de los trabajadores en la administración del IPS”, recordando que la seguridad social “es un derecho humano y no puede estar privatizada”.