Después de más de nueve horas de debate el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó con 96 votos a favor, 24 en contra y 1 abstención el proyecto de Ley de Incentivos para la Alianza Público Privadas que busca fomentar la inversión privada en proyectos estatales como inmobiliaria, vialidad e infraestructura portuaria.

Según el informe aprobado en el Pleno, bajo la modalidad de asociaciones público-privadas, en los próximos tres años podrían ejecutarse proyectos de infraestructura portuaria por 576 millones de dólares, infraestructura vial por 1.737 millones de dólares y vivienda social por 831 millones de dólares.

La normativa busca dinamizar la economía nacional mediante alianzas estratégicas entre el Estado y la iniciativa privada en la inversión de obras. Según la presidenta de la Comisión de Régimen Económico y ponente de la ley, Lídice Larrea, lo que se busca es atraer la inversión extranjera en obras en las que el gobierno nacional no pueda tener participación desde el punto de vista económico.

Una vez que los miembros del órgano legislativo escucharon a distintos sectores de la sociedad, el proyecto fue modificado desde que ingresó a la Asamblea Nacional el pasado 30 de agosto. En el texto no se incluye a los sectores estratégicos pero sí la posibilidad de que la empresa privada invierta en hidroeléctricas.

El legislador oficialista Virgilio Hernández precisó que la ley no abre la puerta para la privatización, como se había manifestado desde algunos sectores de oposición.

Por su parte la asambleísta Soledad Buendía manifestó que esta no es la primera vez que desde el gobierno se toma en cuenta al sector privado. Según ella, ya se han generado otros instrumentos para realizar asociaciones públicos-privados, como el Código de la Producción, en el cual se establecieron las normas de juego para estos mecanismos.

Buendía hizo énfasis en que en las asociaciones público-privadas hay una delegación controlada para garantizar los intereses de los ciudadanos y que las mismas “abren una puerta de desarrollo para el país, fuentes de empleo y fortalecen la dolarización”.

Uno de los puntos que centró el debate, que inició cerca de las 09:00 locales (14:00 GMT), fue el tema del arbitraje internacional. Al final los legisladores decidieron que estos no podrán hacerse fuera de América Latina. “No podemos nosotros someternos a una jurisdicción diferente, máximo lo que la Constitución permite es que se puede hacer en el ámbito regional”, dijo Hernández

Respecto al tema la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, señaló que los arbitrajes se deben resolver conforme lo establece el artículo 422 de la Constitución del Ecuador, en la que se da preferencia a las instancias primero nacionales y luego regionales.

“La principal apuesta de esta revolución fue garantizar la soberanía de nuestro país en política internacional, que el tema de controversias pueda resolverse en la gran institucionalidad que estamos conformando en esta integración de la Patria Grande”, manifestó.

En el texto final también se incluye la remisión de multas e intereses por mora patronal con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tal como lo había solicitado el titular de ese organismo Richard Espinoza, con lo que se prevé una recaudación de fondos para el Instituto de 370 millones de dólares.

A esto se suma una ampliación del plazo para el pago de deudas del Banco de Fomento (BNF) hasta finales de este año.

El texto crea además un Subcomité de Alianzas para que el sector privado tenga una voz que llegue al Comité Interinstitucional con el aporte y las dudas que se generen desde los empresarios. Esta información se analizará en el Comité, y es este organismo el que terminará definiendo las asociaciones público privadas.

El texto de ley aprobado la noche de este martes será enviado en las próximas horas al Ejecutivo para su sanción.

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