Fernando Eguren,  presidente del Centro Peruanos de Estudios Sociales (CEPES) y director de la Revista Agraria, habla sobre la situación de la agricultura y la seguridad alimentaria en el país. Para Eguren el gobierno peruano todavía no ha tomado conciencia de la necesidad de debatir y crear políticas específicas para enfrentar los diversos problemas que se desprenden de la seguridad alimentaria como el acceso a los alimentos, la disponibilidad de estos y  las distintas formas de producción. La importancia de la agricultura familiar que supone el  97% de las unidades agropecuarias contrasta con una visión que la ha infravalorado, por lo que recomienda que se debería implementar una política que involucre a los tres niveles de gobierno y a los otros ministerios, para que este tipo de agricultura mejore su producción y genere mayores ingresos para sus agricultores.

 

P.-  ¿Por qué es relevante poner en discusión el tema de seguridad  alimentaria?

R.- Porque la alimentación es la condición básica de la vida y, siendo así, hay problemas en nuestro país porque mucha gente no está en condiciones de alimentarse debidamente. La seguridad alimentaria es algo que tiene que estar enfocado desde diferentes perspectivas e involucrar a diferentes sectores y diferentes espacios temporales. Por ejemplo, algunos de los tópicos que podemos distinguir al interior de este tema es el uso de los suelos; la mayor parte de la población de alimentos se realiza con actividad agrícola que depende de los suelos, del agua y también de la biodiversidad. Entonces, si uno quiere definir una política adecuada sobre la seguridad alimentaria tiene que ver cómo se va a usar el agua, cómo se van a usar los suelos y los temas que se derivan como quién tiene derechos sobre el agua y el suelo. Otro tema que involucra la seguridad alimentaria es el acceso a los alimentos. Por ejemplo, cuando estamos en épocas de lluvia, se generan  inundaciones como lo que está sucediendo en la Carretera Central que ha provocado que los alimentos no puedan llegar a las ciudades, lo cual genera que los propios productores no reciban ingresos y no puedan seguir vendiendo. Entonces, la seguridad alimentaria implica una variedad de temas que, en mi opinión, los partidos políticos no han abordado de manera convincente. Hay una complejidad de temas que existen bajo el sombrero de seguridad alimentaria que no está siendo discutida.

 

P.- ¿Qué factores podrían poner en riesgo nuestra seguridad alimentaria? ¿Existe algún plan de contención para enfrentar estos posibles casos?

R.- Creo que algo que podría afectar el acceso a los alimentos es el incremento súbito de los precios porque, inmediatamente, hay un sector de la población de menores ingresos que deja de consumir estos alimentos que –con frecuencia– son los más nutritivos y pasan a  alimentarse de alimentos con escaso valor nutricional. Cuando el aumento de precios del mercado internacional durante los años 2007  y 2008  repercutió en el Perú mostró que se incrementó el porcentaje de la población que consumió menos calorías de las que eran requeridas y esto sucedió por una elevación de los precios. Entonces, también ahí el Estado debe afinar mecanismos en circunstancias  que por razones económicas una parte de la población se le impida el acceso de alimentos. Debería haber una mayor preparación para generar diferentes medidas que contrarresten estos problemas.

 

P.- La quinua antes de ser conocido internacionalmente era un producto barato; sin embargo, luego su precio aumentó y dejó de ser accesible ¿Por qué no se aplicó un control de precios?

R.- El control de precios suena muy atractivo, pero la verdad es que donde ha sido practicado a la larga ha tenido efectos negativos y ha generado desabastecimiento. En el caso de la quinua –por ejemplo–, durante unos meses, la elevación de los precios benefició a los productores que viven en las zonas de sierra alta y eso fue algo positivo. Sin embargo, también es cierto que los campesinos productores preferían venderla por los altos precios que consumirla y con los ingresos mayores que recaudaban con la venta de la quinua lo que seguramente hacían era comprar alimentos más baratos con menos valor nutritivo como fideos o arroz. Entonces, el balance final desde el punto de vista alimenticio y nutricional ha sido negativo, lo cual es una paradoja para los propios productores de quinua: es una especie de bendición mezclada con maldición porque si uno produce algo y ese producto sube sus precios tremendamente resulta que no voy a poderlos consumir.

 

Ahí también creo que ha debido cumplir un papel el Estado. Cuando se comenzaron a hacer investigaciones atraídas por el alto precio de la quinua,  los resultados de estos estudios no se desarrollaron, ni aplicaron en las zonas de producción, sino que se utilizaron para trasladar el cultivo a la costa en donde no son  los campesinos los que producen la quinua, sino los inversionistas que no ven en eso una oportunidad para una mejor alimentación, sino una mercancía para tener mejores ganancias. Entonces, el Estado contribuyó a una gran inversión que al final se vio más beneficiada que los mismos productores de quinua y no se avanzó lo suficiente para mejorar la producción en las zonas de quinua tradicional para que la gente no reduzca el consumo  de este alimento.

 

En este caso, también uno se pregunta ¿qué hay de las universidades? ¿Qué hacen las universidades por orientar sus investigaciones y sus asesorías  para el mejoramiento de los productores tradicionales de estos cultivos? Ahí creo que no están cumpliendo con una tarea de volcarse a la sociedad cuando esta la necesita, sobre todo cuando se trata de agricultores pobres.

 

P.- La soberanía alimentaria resalta el derecho de los países a definir sus propias políticas agrarias y alimentarias. ¿Esto sucede en nuestro país?  

 

R.- No, no hay una política de soberanía alimentaria en el Perú. Hay países que han orientado sus políticas según este concepto; sin embargo, en el mercado actúan tanto los países que han optado por la soberanía alimentaria como política oficial como los que no. El caso más patético es el de Venezuela que desde hace muchos años importa más del 80% de sus alimentos.

 

No obstante, se debe resaltar que la soberanía alimentaria no está orientada solo a que un país sea menos dependiente de las importaciones,  también está referido a distintas formas de producción como la agricultura familiar, por ejemplo. Tanto la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como el Banco Mundial levantan desde hace años el peso de la agricultura familiar como un tipo de agricultura que está mejor preparada que toda esta industria moderna para afrontar los desafíos del cambio climático, que tiene una mejor capacidad de adaptación, un mejor uso de los recursos naturales y que en definitiva es una agricultura menos contaminante y económicamente mucho más redistributiva entre los ingresos que una agricultura que está basada en grandes unidades agropecuarias en donde los beneficiados son un grupo reducido de grandes empresarios. Me parece increíble que en el Perú en donde una abrumadora mayoría, casi un  97%,  de la agricultura es familiar haya sido invisible para todos los gobiernos.

 

P.-¿Qué opina de la Ley N° 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar? ¿Ha sido eficiente en impulsar el desarrollo de la agricultura familiar hasta el momento?

R.-  Es una ley nueva, me parece que todavía no se aplica plenamente porque hay una serie de lineamientos estratégicos en los que hay que trabajar como la cuestión de asistencia técnica, el financiamiento, entre otros temas.  Sin embargo, para lograrlo se necesita voluntad política y me parece que no hay eso. No me refiero al Ministerio de Agricultura porque cuando hablamos de agricultura familiar hablamos de una inmensa mayoría de familias que están en el campo; estamos hablando de amplios territorios y de recursos naturales. No se puede implementar una política en favor de la agricultura familiar que no esté estrechamente vinculada con los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local.

 

Por otro lado, el campo no solo requiere semillas o créditos; el campo necesita de obras de infraestructura, de edificación: el campo necesita de la intervención de diferentes sectores no solo del sector agricultura. Entonces, no solo depende del Ministerio de Agricultura, sino de una acción concertada; me refiero a una concertación horizontal entre los diferentes Ministerios y una concertación vertical entre los tres gobiernos. Además, la agricultura al ser un sector que está vinculado a otros sectores económicos como servicios, manufactura tiene que generar políticas intersectoriales. En este sentido, hay que enfocar el tema no viendo que es lo que se produce, sino viendo de qué depende la agricultura familiar.

 

P.- Perú es un país que promueve un modelo de agricultura de exportación que no beneficia a la agricultura familiar. ¿Cómo lograr que ambos modelos coexistan en un mismo territorio?

R.-  Yo creo que el tema no es la exportación, sino la existencia de un nuevo latifundio que concentra una gran inversión en capital que genera un acrecentamiento del poder económico de las corporaciones. Esto significa que se incrementa la desigualdad en la distribución de los activos, principalmente, de la tierra que fue una de las causas por las que se llevó a cabo la Reforma Agraria. Sin embargo, hoy en día, después de haber liquidado los latifundios con la Reforma tenemos en la costa más latifundios que son incluso más grandes de los que hubo en esa época.

 

Hay una concentración de poder y al mismo tiempo hay una pérdida de poder por parte de la población local que me parece totalmente negativo. Entonces, el asunto no es la exportación; lo que se ha constituido es un fortalecimiento fenomenal de corporaciones que han girado a la agricultura desde otros sectores como la minería, la pesca, entre otros. Los grandes grupos como Grupo Gloria, Grupo Romero o Campo Sol no vienen de la agricultura  son corporaciones que vienen de afuera a hacer plata. No tienen un interés especial por practicar una agricultura sostenible, tanto así que son estas exportadoras las que están llevando al colapso la agricultura. Un claro ejemplo es lo que sucede en el valle de Ica que utiliza las reservas de agua de los pozos subterráneos para abastecer a estas compañías.

 

P.- ¿Cómo se viene controlando el caso de Ica? Gran parte de los reservorios de la zona estás destinados a la agroindustria. ¿Por qué todavía el agua sigue siendo un objeto en disputa?

R.- Está ocurriendo lo que siempre ha ocurrido: estas empresas siendo las causantes de este problema, no asumen los costos implicados y es el Estado el que los asume trayendo agua desde Huancavelica. Los costos de la degradación de los recursos que han dañado esos ‘nuevos hacendados’ los asume el Estado peruano incluso en beneficio de las mismas compañías porque podrán recuperar el acceso al agua. Lo que le pasa a la gente en Ica o Huancavelica no está siendo considerado y esto se conecta justamente con la debilidad de los campesinos para oponerse. Yo no digo que si hay agua suficiente que no se lleve a Ica, lo que digo es que estos proyectos tienen que ser integrales y tienen que beneficiar a unos y a otros, pero acá los proyectos solo benefician a un lado. No hay capacidad de presión de las organizaciones y por supuesto los partidos políticos no hablan de este tema, ninguno ni los de izquierda.

 

P.- ¿Por qué hay un desinterés de la clase política por abordar estos temas?

R.- Hay varias razones, una de ellas es que los propios agricultores  no tienen instituciones que los representen debidamente o con la suficiente fuerza para ejercer presión sobre quienes toman las decisiones. No hay articulación, ni una organización que logre potenciar los intereses de estos sectores y, ciertamente, los partidos políticos tampoco están cumpliendo esa función. Cuando uno pregunta cuál es el partido político abanderado del desarrollo agrario, se da cuenta que no hay ninguno.

 

Otra razón es porque todavía no hay una situación grave de crisis alimentaria que llame la atención a los poderes públicos. Estamos saliendo de un periodo largo de crecimiento económico sin mayores sobresaltos.  Aunque ahora el crecimiento ha disminuido, no sabemos qué pasará en tres  o cuatro años cuando ya se sienta en diversos sectores de la población esta reducción de crecimiento. Yo creo que la mayor parte de los candidatos piensan que lo principal es retomar el crecimiento porque creen que  todo se resuelve con esto; creen que no es necesario hacer políticas específicas, porque ‘con el crecimiento se mojan todos’.

 

Una tercera razón es que desde hace varias décadas, el Ministerio de Agricultura especializado en el tema agrario es un Ministerio totalmente sometido al Ministerio de Economía y Finanzas, es un Ministerio al que se le hace poco caso y esto no es algo reciente.

 

P.- La Ley  N° 30021, más conocida como la “Ley de comida chatarra” todavía no se aplica porque no se ha abordado el reglamento sobre la supervisión de la publicidad.  ¿Por qué se sigue retrasando la aprobación de esta ley? ¿Qué papel están jugando las grandes industrias alimentarias distribuidoras?

R.-  La ley se aprobó en mayo del 2013 y requiere de varios reglamentos. Después de grandes oposiciones de las industrias alimentarias, se aprobaron los  parámetros para determinar cuál es la cantidad de grasa, sodio y azúcares que se consideran no saludables. Sin embargo, no se ha reglamentado, efectivamente, nada de lo que concierne a la publicidad.  En este sentido, hay una oposición de sectores empresariales que se puede esperar, lo que uno debería exigir es que el Estado no se someta a la presión de los grupos empresariales.

 

El gobierno es el que está incumpliendo, si yo fuera el propietario de una empresa de publicidad yo me opondría  lógicamente a la aplicación de esta norma porque me quitarían un espacio por el cual yo gano plata. Pero el Estado sí está obligado a proteger el derecho de una gran parte de la población que son los niños y adolescentes; su misión es colocar esos límites porque si no se colocan podría ocasionar un problema de salud pública.

 

P.- El otro lado sería  cultivar una cultura nutricional adecuada. ¿A través de qué instituciones se debería comenzar a abordar este problema? ¿Todo empieza en la familia? ¿En la escuela?

 

R.- La educación y la información son muy importantes y por eso están contemplados en la Ley de Promoción de Alimentación Saludable. Es una necesidad que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud incorporen en el curriculum escolar la educación nutricional, sobre todo porque hay problemas muy graves como la malnutrición, el sobrepeso y la obesidad en donde la publicidad juega un papel decisivo. Por ejemplo, en el diario La República una nutricionista sugería que consumir el pan blanco de la marca Bimbo era superior a la leche, cuando cualquier nutricionista que no esté pagado por una empresa de la industria alimentaria sabe que no es así. El otro día que estuve en el supermercado Wong había un estante dirigido a las loncheras de los estudiantes y cogí unas galletas con unos dibujos  de animalitos, evidentemente utilizados para atraer la atención de los niños, pero cuando leí el contenido nutricional en la etiqueta me di cuenta que tenía grasas trans que son prohibidas en una serie de países y aquí en Perú estaba dirigida totalmente a los niños. Yo cerraría la fábrica que produce esos productos, multaría a Wong que es en parte responsable  y por supuesto llamaría la atención al Ministerio de Salud para saber qué es lo que están haciendo. No puede ser que por un lado tengamos unas leyes que no se están aplicando, pero al mismo tiempo se vendan libremente productos que se saben que son perjudiciales para la salud.

 

P.- Los programas sociales alimenticios han sido muy criticados por la calidad de los alimentos que reparten. ¿Ha habido efectos positivos en reducción de tasas de desnutrición con estos programas? ¿Por qué no se ha priorizado el aporte nutricional sobre las raciones entregadas?

R.- Yo creo que el balance sí es positivo aunque también es cierto que hay que mejorarlos. Creo que estos programas son importantes, sobre todo, en un país en donde los niveles de ingresos son muy bajos y la población no tiene otro tipo de acceso a una alimentación necesaria para el desarrollo, el crecimiento y la salud misma. Ahora, también existe una debilidad institucional cuando se sacan las licitaciones porque los ofertantes de los paquetes de alimentación no abundan y se exige que se compren insumos locales de las zonas en donde estos programas se ejecutan. Esta es  una situación  a la que hay que llegar, pero que tiene que pasar por una serie de exigencias en cuanto a la calidad del producto, que no se utilicen insumos químicos tóxicos que puedan perjudicar la salud de los niños. En el caso de la leche tiene que haber toda una infraestructura, tiene que haber refrigeración porque la leche fresca se malogra muy rápido. Un amigo que trabajaba en el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) me decía que al final tenía que optar por entregar leche Gloria porque era más fácil de trasladar, te duraba varios días y te daba una serie de garantías que no te daba la leche local. Entonces, los productores locales pensaban que se estaba beneficiando a la gran empresa. Creo que lo que deberían hacer estos programas, en estos casos, es conseguir una suerte de convenios con productores locales en los cuales se establezca una manera para mejorar su producción y así puedan calificar en términos de calidad e inocuidad.

 

P.- Según la FAO, en la última década el Perú  redujo a la mitad el porcentaje de personas que padecían de hambre y el número de personas con desnutrición. ¿Cuál es el reto para el siguiente gobierno en materia de desnutrición y malnutrición

R.- Perú ha cumplido exactamente con esas metas y en buena medida ha sucedido porque ha sido una década grande, excepcional en términos de crecimiento económico y creo que eso no se va a repetir porque no habrá mayor crecimiento en los próximos años. Eso va a afectar también al Estado porque va a tener menos ingresos y al mismo tiempo tendrá que ampliar estos programas sociales porque la gente que durante los últimos años  no ha requerido del apoyo de estos programas  ahora sí va a necesitarlos.

 

Por otro lado, estoy convencido de que se debe implementar una política de apoyo a la agricultura familiar de distintas formas y con la participación de diferentes Ministerios. La agricultura familiar involucra a una gran cantidad de campesinos que, a su vez, refleja, buena parte de la pobreza rural. En este sentido, si se apoya la agricultura familiar también se estaría haciendo una lucha efectiva contra la pobreza porque se estaría mejorando las condiciones de producción consiguiendo mejores ingresos para esos agricultores y también para las economías regionales.

Alainet