Una coalición integrada hoy por diversos sectores de la sociedad puertorriqueña se propone combatir la imposición por el Congreso de Estados Unidos de una junta federal de control fiscal.

La alianza, integrada por representantes del sector empresarial, cooperativista, sindical, académico, estudiantil, religioso, comunitario, ambiental y artístico, entre otros, se propone iniciar un proceso de militancia sobre lo que implicará para la sociedad puertorriqueña el organismo federal.

La coalición anticipó que la implantación de la junta federal de control fiscal agravará “la crisis humanitaria” en Puerto Rico, ante su incapacidad para afrontar la deuda pública de 70 mil millones de dólares debido a la insuficiencia fiscal.

En el grupo, entre los que se encuentran también defensores de los derechos humanos, profesionales de la salud y dueños de farmacias de la comunidad, esperan un agravamiento de la situación del país que ha provocado una elevada emigración.

“Esta junta no viene a ayudar al país sino que agravará la crisis humanitaria que ya estamos experimentando”, dijo el periodista Jerohim Ortiz Menchaca, portavoz del grupo, quien trabajó hasta hace poco en la Oficina de Prensa de La Fortaleza.

Agregó que la realidad es que esa junta federal no vendrá a investigar el despilfarro de fondos públicos, a enjuiciar políticos y a cuadrar el presupuesto para que los puertorriqueños tengan una mejor calidad de vida.

El organismo de control es impulsado por los republicanos en el Congreso y devolverá a Puerto Rico a una etapa de subordinación similar a la que prevalecía antes de la creación del Estado Libre Asociado (ELA) en 1952.

El proyecto ante la consideración del Congreso propone darle poderes a la junta para disminuir el salario mínimo de 7.25 a 4.25 dólares, sacar cientos de miles de ciudadanos del plan médico del Gobierno, disminuir o eliminar las pensiones de jubilados y quitar derechos laborales a empleados públicos y privados.

La propuesta junta federal de control fiscal igualmente tendrá potestad para eliminar cualquier ley ambiental y hasta vender las mejores tierras agrícolas para la construcción, según la denuncia.

Ortiz Menchaca afirmó que los integrantes de la coalición sienten una profunda frustración por la indolencia de la mayoría de la clase política del país.

“Nosotros como coalición compartimos la frustración, indignación y desconfianza que siente nuestro pueblo hacia la mayoría de la clase política, por eso en los próximos días vamos a presentar soluciones alternas viables, para atajar la crisis económica, la corrupción gubernamental y la falta de transparencia”, expresó.

El portavoz de la coalición planteó la necesidad de “sacar a quienes nos trajeron hasta aquí con una junta federal de control fiscal que es como si se tiene un fuerte dolor de cabeza y, como solución, te pegas un tiro en la cabeza”.

“Lejos de solucionar nuestros problemas agravará muchísimo la situación que enfrentamos”, manifestó Ortiz Menchaca.

Prensa Latina


No habrá votación sobre junta fiscal hasta mayo

Por falta de respaldo, el proyecto que busca imponer una junta federal de control fiscal tampoco podrá ir a votación la semana próxima en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU.

“La meta inmediata debe ser que el proyecto revisado se lleve a votación ante la Comisión de Recursos Naturales luego del próximo receso  del Congreso (que empieza el 29 de abril y) concluirá el lunes, 9 de mayo”, indicó el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi.

El comisionado Pierluisi hizo los comentarios tras reunirse con el presidente del Comité de Recursos Naturales, Rob Bishop, y con Antonio Weiss, consejero del Secretario del Tesoro.

“Me consta que ambos están genuinamente dedicados a revisar y afinar el proyecto para asegurarse de que incluya un mecanismo que permita la restructuración del pago de las deudas de nuestras entidades públicas con la mayor efectividad y prontitud”, indicó Pierluisi.

Pierluisi exhortó al gobierno de Puerto Rico a dedicarse a evitar un impago masivo el 1 de mayo en  el servicio de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento por medio de la negociación con  los acreedores.

El Nuevo Día


La Junta de Control Fiscal es mala para Puerto Rico y EUA

Nuestra economía llegó al punto del estrangulamiento y está próxima a desatarse una crisis humanitaria como resultado de las medidas que se propone tomar la propuesta Junta de Control Fiscal que pretende crear el Congreso federal. Habrá escasez de alimentos, de servicios básicos de salud y seguridad y no habrá dinero para las necesidades de nuestra gente.

Pero no va a alcanzar para pagar la deuda con sólo quitarle empleos y servicios esenciales a los pobres. El Congresista Rob Bishop, republicano por el primer distrito de Utah, ha propuesto vender 3100 acres de Vieques a desarrollistas privados. Aunque nuestras leyes prohíben la venta de bienes patrimoniales tales como las playas, las zonas costaneras y el subsuelo, el Congreso tiene, según ellos, poder absoluto sobre nuestras leyes. Por lo tanto, querrán cobrarse con nuestras tierras, el cobre y otros minerales y el petróleo, si es que hay, como afirman algunos.

Lo que está sucediendo con la deuda es semejante a la llamada burbuja hipotecaria: primero te dicen que tu casa vale cien mil pesos más y te los prestan enseguida y luego te dicen que ahora vale menos y, como no la puedes pagar, te la quitan. Nuestros gobernadores “consumeristas” fueron llevados a creer que se podía coger prestado y pagar después con los ingresos futuros, pero eso ha resultado en una deuda impagable. Don Pepe Mujica, expresidente de Uruguay decía que el que paga deuda con deuda termina arruinado. También ha dicho que los prestamistas no quieren el dinero, quieren nuestros recursos naturales. El Congreso hasta ahora ha dicho que la quiebra no va, tampoco la reestructuración de la deuda y ni un solo dólar del contribuyente americano irá para ayudar a Puerto Rico.

De lo que estos señores no se dan cuenta es de que el colapso de nuestra economía provocará desempleo también en los Estados Unidos, así como la reducción de las ganancias de las corporaciones foráneas en nuestro país y la reducción de los impuestos que pagan en los Estados Unidos los agricultores y otros sectores exportadores hacia Puerto Rico.

El 85 por ciento de los alimentos que consumimos proviene directa o indirectamente de los Estados Unidos. Las compras de ésos y otros productos, convierten a Puerto Rico en el comprador número doce en el mundo en dólares y centavos. Pagar la marina mercante y los barcos viejos que forzosamente, y por ley, tenemos que usar es otra fuente de ingreso que se vería mermada por nuestra situación de crisis fiscal y económica.

La paradoja de esta parasitosis colonial es que si la víctima desfallece, el parásito se queda sin la víctima. Por eso el poder colonial no puede permitir, mucho menos provocar, el estrangulamiento económico de la colonia.

Algunos se oponen a la reestructuración de la deuda porque pretenden aprovecharse de la situación y cobrarse con ventaja los bonos artificialmente devaluados. No les interesa si nuestro país colapsa, les interesa apropiarse de nuestras riquezas.

Vienen a saquear el país como lo hicieron en el 1898. A lo mejor no les va a resultar. Esta vez sabemos quiénes son y a qué vienen. Además, existe la posibilidad de que otros sectores políticos de los Estados Unidos resuelvan sentarse a resolver el problema y ayudar a trazar la ruta del desarrollo económico. Uno de estos sectores está compuesto por las hoy poderosas comunidades puertorriqueñas que existen en ciudades como Nueva York, Chicago y en el Estado de Florida.

La solución final y mutuamente beneficiosa es la descolonización, tal y como ha ocurrido en el resto del mundo durante los últimos 50 años. ¿O será necesario provocarles una crisis política como la que ocurrió allá hace más de 200 años?

Claridad