Puerto Rico entró en default por primera vez en su historia y elaboró un plan fiscal para estructurar el pago de la deuda

El impago llegó.

La situación financiera en Puerto Rico se pone color de hormiga brava cuando hoy lunes se suponía que el gobierno realizara un pago a los acreedores.

Pero, la decisión del gobierno de Puerto Rico de no pagar un vencimiento de la deuda de una de sus corporaciones públicas este fin de semana arrojó una sombra de duda sobre el resto de los $73,000 millones de dólares que se adeudan.

Las consecuencias del impago de $94 millones de dólares, correspondiente a una emisión de bonos de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés), una institución pública que depende del gobierno, son todavía una incógnita para los puertorriqueños.

El gobierno de Alejandro García Padilla adelantó que no se hará comentarios sobre el asunto y el Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF), el brazo financiero del Gobierno, tampoco dio detalles de un impago. Para algunos analistas es el primero de la historia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Por su parte, Melba Acosta-Febo, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) afirmó que debido a la falta de fondos destinados para el año fiscal, no se realizó el pago total a la PFC. Esto es una decisión que refleja las preocupaciones series sobre la liquidez del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en combinación con el balance de obligaciones a nuestros acreedores e igualmentemente importante la obligación con la gente de Puerto Rico para asegurar que los servicios esenciales se mantengan”, declaró.

La Isla afronta una difícil situación financiera, con una deuda de unos 73.000 millones de dólares, sobre la cual el primer mandatario, ALejandro García Padilla, dijo hace unas semanas que no podrá pagarse tal y como está acordado.

Sin embargo, el gobierno sostiene que el no poder hacer el pago que vence el lunes 3 de agosto, no constituye un incumplimiento, dado que involucra bonos de obligación moral y no hay requisitos legales para pagarlos. Los economistas refutan ese argumento y aseguran que sería el primer impago en la historia del territorio estadounidense.

Es por ello que el gobierno pidió que el territorio caribeño pueda acogerse al Capítulo 9 de la ley de quiebras federal. Incluso propuesieron una ley de quiebra criolla, lo que fue denegado por el Supremo.

En este momento, Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado a EE.UU., no puede acogerse a dicha ley, que le proveería de una herramienta para la reestructuración de la deuda pública, ya que la norma no considera a la isla como un estado más de la nación norteamericana. Sin embargo, la semana pasada el asunto de la deuda de Puerto Rico llegó a Washington, donde el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, señaló a través de una carta que es favorable a la reestructuración de la deuda de Puerto Rico y a que la isla pueda acogerse al Capítulo 9 del Código federal de Quiebras.

Según han explicado varios economistas, no realizar este pago le hace más daño a la isla y a sus corporaciones que a los mismos acreedores. Los $58 millones que se supone se paguen, irían directo a la corporación financiera publica en la isla, donde unos 900 mil puertorriqueños han aportado dinero a las cooperativas de crédito, asumiendo una pequeña tajada de la deuda.

La oposición asegura no pagar es “un delito”

Por su parte, el líder del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, dijo que es un “disparate” no pagar la deuda y que lo más urgente es sentarse con los acreedores en una mesa para negociar condiciones de pago asumibles.

El pasado viernes el BGF informara de que destinó 169 millones de dólares para el pago del vencimiento de su deuda más inmediata. Sin embargo, El BGF, brazo financiero del Gobierno local, no dio información alguna sobre el vencimiento de deuda de una emisión de su subsidiaria Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por su sigla en inglés) que cumplió el sábado.

El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, ya había adelantado la pasada semana que el Ejecutivo cumpliría con todos los pagos de las deudas que vencen a principios del presente mes con la excepción, precisamente, de la que corresponde a la PFC.

Asimismo, Ricardo Rosselló Nevares, aspirante a candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la gobernación, señaló que la determinación de la administración García Padilla de no emitir el pago que corresponde a la deuda de la Corporación para el Financiamiento Público “tendrá el efecto de destruir la poca credibilidad que le quedaba al gobierno de Puerto Rico”.

Ricardo Rosselló reiteró que “la administración actual ha dado pasos concretos desde que tomó posesión en 2013 encaminados a destruir nuestra credibilidad ante el mundo”. Rosselló exhortó al gobernador y a toda la administración a que “no le hagan esto al buen nombre que por décadas ha tenido la isla”. Y añadió que “aun en esta crisis que vivimos existen aquellos que se atreven a apostar por Puerto Rico. No causemos que todo el mundo nos cierre las puertas”.

La legisladora del PNP, Lourdes Ramos, dijo que no pagar a los acreedores la deuda de las corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es un delito.

Ramos recordó a través de un comunicado a los funcionarios del Ejecutivo que encabeza Alejandro García Padilla que en caso de favorecer un impago quedarán sujetos a acusaciones criminales, si se demuestra posteriormente que existía el dinero para cumplir con el vencimiento del pago de la deuda de corporaciones estatales.

La legisladora advirtió que si el PNP resulta ganador en las próximas elecciones generales pedirá responsabilidades a quiénes favorezcan un supuesto impago.

La posibilidad del impago generó incertidumbre en los mercados de deuda y las cooperativas financieras locales, que controlan en sus carteras de inversión buena parte de la emisión de cerca de 94 millones del PFC que vencía el sábado.

Un grupo creado por el gobierno para iniciar el diálogo para iniciar renegociaciones de la deuda y presentar un plan de reforma fiscal a cinco años el 30 de agosto se ha reunido con regularidad. Suárez dijo que hasta ahora, ellos han estudiado 59 propuestas para impulsar la economía de Puerto Rico, incluyendo reformas laborales y de prestaciones sociales, así como asociaciones públicas y privadas.

Fuente: Univisión

Incertidumbre por el futuro de la deuda

La decisión del Gobierno de Puerto Rico de no pagar un vencimiento de la deuda de una de sus corporaciones públicas este fin de semana arrojó una sombra de duda sobre casi 58 millones de dólares que se adeudan.

Las consecuencias del impago, correspondiente a una emisión de bonos de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés), son todavía una incógnita para los puertorriqueños.

El Ejecutivo de Alejandro García Padilla adelantó que no se hará comentarios sobre el asunto y el Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF), el brazo financiero del Gobierno, tampoco dio detalles de un impago que para algunos analistas es el primero de la historia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (1898).

Si embargo, el impago no ha sido una sorpresa, pues el gobernador García Padilla ya había anunciado que esa deuda no se iba a pagar.

También el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, cuando la semana pasada anunció un esfuerzo para reunir liquidez y saldar los vencimientos de deuda más inmediatos de agosto, matizó que quedaba fuera el de la PFC, una subsidiaria del BGF.

El funcionario fue el encargado de abordar el asunto en ausencia del gobernador, que viajó a Washington para recabar apoyo entre los legisladores del Congreso para que Puerto Rico pueda acogerse a la ley de quiebras federal que rige en el país estadounidense, algo con lo que el secretario del Tesoro de EE.UU., Jacob Lew, se mostró de acuerdo la pasada semana.

Fuente: Telemundo

Fundamental plan fiscal para renegociar la deuda tras el impago

La presentación del plan fiscal y económico a largo plazo, que prepara el Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica de Puerto Rico, será “fundamental” para iniciar de lleno las conversaciones con los acreedores de cara a una renegociación de la deuda, indicó hoy el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez.

De esta forma respondió cuando se le cuestionó si se sentarían con los acreedores de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC) a discutir nuevas condiciones de pago luego de que el Gobierno decidiera no emitir el pago de $94 millones al fideicomisario de esa entidad, lo que provocó que a principios de este mes se diera el primer impago de Puerto Rico al no realizarse la transacción de $57.9 millones para el pago de esos bonos.

“El plan fiscal y económico a largo plazo es fundamental para continuar los trabajos de renegociación de deuda de los distintos acreedores. Estamos bien activos trabajando en la realización de ese plan. Esperamos tenerlo para finales de este mes (el 30 de agosto). Las conversaciones continúan con distintos acreedores, eso es parte de, pero el plan es fundamental para tener un acuerdo final”, expresó Suárez en un aparte con los periodistas tras participar del foro Puerto Rico Desarrolla, relacionado a la construcción de viviendas, en el Centro de Convenciones, en Miramar.

El funcionario destacó que las conversaciones con los acreedores dependerán de “la disponibilidad” de estos a trabajar luego de que se presente el plan fiscal y, aunque dijo que son “muchos”, afirmó que se conglomeran en 18 deudas “distintas”. Estas deudas, entre ellas las de las corporaciones y las obligaciones generales (GOs), suman $72,000 millones aproximadamente.

Sobre el impacto del impago a PFC sobre las cooperativas y los distintos Sistemas de Retiro del Gobierno —principales tenedores de estos bonos, lo que afecta su disponibilidad de préstamos para los ciudadanos—, el secretario de la Gobernación sostuvo que “desde que iniciamos el proceso donde dijimos que íbamos a renegociar la deuda estamos en constante comunicación con todos estos sectores”.

“Para nosotros es importante q ellos entiendan el proceso que estamos llevando a cabo y les hemos dicho muy claramente que para que puerto rico pueda cumplir sus obligaciones es importante el crecimiento económico y renegociar los términos de pago”, manifestó.

De otro lado, sobre la junta de control fiscal que velará por el cumplimiento del plan fiscal a largo plazo —otra de las responsabilidades del Grupo de Trabajo—, Suárez dijo que continúan realizando los análisis constitucionales al respecto.

Sin embargo, no entró en detalles de la posible creación de una junta de control fiscal a nivel federal para evitar conflictos en la Isla debido a que el ente choca constitucionalmente con otros poderes. “Lo que estamos trabajando es la junta de control fiscal que el gobernador anunció en su mensaje”, se limitó a decir.

Fuente: Metro

Puerto Rico al borde del default: causas y consecuencia de la crisis fiscal

La isla de Puerto Rico se hunde en un mar de deudas. Ahora suman aproximadamente 70.000 millones de dólares, monto que equivale a más del ciento por ciento de su producto interno bruto (PIB). ¿Cuáles son las causas que explican ese alto nivel de endeudamiento? ¿Quiénes son los responsables de esta deuda?

Puerto Rico en el huracán de la crisis – Ariel Noyola Rodríguez*

Por todos los medios posibles, los dirigentes políticos de Estados Unidos pretenden hacer invisible la crisis económica que tienen ante sí. Mientras que hace apenas unas semanas la presidenta del Sistema de la Reserva Federal (Fed), Janet Yellen, insistía que el incremento de la tasa de interés de los fondos federales (federal funds rate) se llevaría a cabo finalmente durante el año en curso (tightening), ahora todo parece apuntar a que no será sino hasta el primer trimestre de 2016 cuando la Fed comience a cerrar el grifo de la liquidez global.

Tanto la caída de los precios (deflación) –consecuencia de la caída en la rentabilidad capitalista–, la extrema debilidad en las expectativas de inversión, como la volatilidad de los mercados financieros, producto de la debacle económica en Grecia y los países más castigados por la crisis de la Eurozona, y el desplome de la bolsa de valores de China, son los determinantes que, según Yellen, postergan la decisión para el próximo año.

Es evidente que Estados Unidos se inclina más en buscar culpables en el exterior que en mirar a sus adentros para resolver su propia crisis. El deterioro industrial de Silicon Valley, Detroit, Virginia occidental, Misisipi, Alabama, así como el atolladero fiscal de la isla de Puerto Rico son signos sintomáticos de la decadencia económica estadounidense, que aunque se han mantenido poco atendidos por Washington en los últimos años, ahora empiezan a ganar presencia mediática.

El caso de Puerto Rico es, por mucho, el de mayor notoriedad. Incluso, voces como la de Hillary Clinton (precandidata a la Presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata) buscan sacar ventajas electorales haciendo eco de una crisis que, según sus palabras, debe resolverse urgentemente a través del apoyo solidario de la llamada Unión Americana. Desde hace ya casi 10 años la isla de Puerto Rico se hunde en un mar de deudas. Ahora suman aproximadamente 70.000 millones de dólares, monto que equivale a más del ciento por ciento de su producto interno bruto (PIB). ¿Cuáles son las causas que explican ese alto nivel de endeudamiento? Más que por ser un centro turístico de prestigio mundial, la economía de Puerto Rico venía sobreviviendo gracias a la actividad manufacturera, sobre todo de la industria farmacéutica. Sin embargo, el protagonismo de Puerto Rico en el sector comenzó a disminuir una vez que sus contrincantes asiáticos y del Este de Europa se adelantaron en términos de productividad laboral y desarrollo científico, desde mediados de la década de 1960.

Ya en la siguiente década, las crisis petroleras provocadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) llevaron a que Estados Unidos obligara a la isla a aplicar leyes fiscales que permitieran incrementar la rentabilidad de las empresas estadounidenses. De esta manera, a partir de 1976, las corporaciones multinacionales instaladas en la isla estuvieron exentas de pagar impuestos sobre sus beneficios económicos, situación que marcó el principio de su debilidad fiscal.

Sin embargo, la mundialización capitalista a lo largo de la década de 1990 terminó por socavar todavía más la manufactura del país. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) precipitó la salida masiva de capitales hacia México y Canadá, países que se mostraron dispuestos a otorgar mayores condiciones de explotación a los capitalistas norteamericanos en comparación con Puerto Rico: disminución de impuestos, estancamiento de los salarios, desregulación ambiental, etcétera. De manera paulatina, la economía puertorriqueña comenzó su largo declive. Para colmo de males, a principios del siglo XXI, la isla atravesó por una grave crisis inmobiliaria producto de la desregulación estatal, ya ni qué hablar de las consecuencias de la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001, acontecimiento que terminó por socavar la competitividad de la actividad productiva de la isla del Caribe.

Así, en 2006, bastante agobiado por la desaceleración del crecimiento del PIB, el gobierno de Puerto Rico se decidió finalmente a eliminar el sistema de exenciones fiscales. No obstante, la cura resultó peor que la enfermedad. Ese mismo año la economía se sumergió en la recesión. Desde entonces el país se ha convertido en víctima de una crisis fiscal de enormes proporciones, producto tanto del cierre de empresas como de la emigración masiva de personas hacia Estados Unidos “continental” en busca de oportunidades.

El desempleo en Puerto Rico ya es alarmante. Actualmente la tasa se ubica en un máximo de 14%, casi tres veces el promedio nacional (5,5%). Ante las débiles perspectivas de la economía, las personas emigran a razón de 50.000 por año. Actualmente, la isla apenas posee 3.5 millones de habitantes, en tanto que en territorio estadounidense viven cerca de 5 millones de puertorriqueños (una quinta parte de ellos en el estado de Florida). No hay duda de que cada vez menos personas creen en un futuro promisorio para el país.

Ante el desplome de la economía y la menor captación de impuestos, el gobierno de Puerto Rico optó –de manera equivocada– por incrementarlos, disminuir el gasto público y aumentar las emisiones de bonos. Es evidente que resultaría imposible mantener esa estrategia de manera indefinida. Las medidas sólo contribuyeron a aumentar la deuda, socavar la economía y contraer aún más los recursos a disposición del gobierno.

Después de la bancarrota de Detroit, los inversionistas se desprendieron de los títulos municipales y, con ello, las primas de riesgo (prime interest risk) de los bonos de Puerto Rico aumentaron, limitando severamente su acceso a los mercados de crédito.

Aunque en los últimos meses las autoridades han demandado una reestructuración de la deuda, hasta ahora nada indica que se llevará a cabo. Detrás de la negativa de la Casa Blanca se encuentran los intereses económicos de poderosos fondos de inversiones (Franklin Templeton, OppenheimerFunds, etcétera), que se dedican a poner contra la pared a gobiernos a través de la especulación financiera, conocidos con el nombre de fondos buitre.

Entre 2006 y 2013, la isla emitió más de 60.000 millones de dólares en bonos, mismos que derivaron en cerca de 1.500 millones de dólares en honorarios para los banqueros de Wall Street y en un gran negocio para los despachos de abogados que defienden el cobro de deudas fraudulentas.

En suma, a Puerto Rico de poco le ha valido la fraternidad del gobierno estadounidense, más dispuesto a salvaguardar las ganancias de los banqueros que apoyar el alivio de la deuda y la recuperación económica en sus municipios y colonias más castigadas por la crisis.

*Ariel Noyola Rodríguez, economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Fuente: Telesur

La deuda: ¿Culpa de quién? – Alex Delgado*

Somos especialistas en repartir culpas. Todos son responsables de las crisis menos nosotros. Todo lo malo ha sido por culpa de pasados Gobiernos, dice la actual administración. No obstante, este Gobierno ha hecho sus aportaciones a empeorar dicha crisis.

“Si antes se abusó del crédito tomando prestado en medio de un panorama incierto, ahora comenzaremos cuadrando la caja para asegurar que no se gasta lo que no se tiene”, dijo la semana pasada el Secretario de Desarrollo Económico, Alberto Bacó. En marzo de 2014, en un panorama de mayor incertidumbre, el Gobierno hizo lo mismo tomando un préstamo de 3.5 billones. Ese es un ejemplo de cómo se responsabiliza al pasado, se hace lo mismo que se critica, y entonces uno fue irresponsable y el otro es un héroe.

Los puertorriqueños, si no ganamos, empatamos. Nunca perdemos. Si somos responsables de nuestra crisis, rápido buscamos, como niños, con quién compartir la culpa. Esa estrategia infantil comenzó a percolar en los medios de comunicación por líderes de Gobierno, políticos y otros, al decir que los bonistas tienen la culpa de nuestra deuda porque nos prestaron el dinero. ¿Cómo es?

Supongamos que usted termina de estudiar y comienza sus negocios. Consigue una cartera de clientes que le representan buen dinero. Sale del carrito sedán y se compra una SUV de asientos en piel. Eventualmente, deja el apartamentito al lado de “La Placita” para comprarse una casa en Montehiedra. Le llegan cartas de MC y AMEX ofreciéndole líneas de crédito y las coge todas. Ya no compra en el Paseo de Diego y, como buen boricua, los tarjetazos son desviados a The Mall of San Juan. Abre nuevas líneas de crédito y monta una nueva oficina con pisos de mármol en la Milla de Oro. Le ofrecen una “Black Card” y le echa mano. Le mete más millaje en transacciones que millas de avión. Los viajes de placer pasan de Orlando y Nueva York a París, Praga y Australia… Los “jangueos” que hacía en “El Ocho” ahora son en el antiguo “Bankers”. Los utensilios de cocina de su casa solo sirven de decoración, ya que desayuna en el Ritz, almuerza en Morton’s y cena en el Vandelbirt. En fin, una vida ostentosa. Poco a poco comienza a perder clientes, pero jamás le pasa por la mente hacer ajustes. Las “jevas” cuestan y usted pagará lo que sea por esa compañía. Si el dinero del negocio ya no le alcanza, para eso está la “Black”, la “Gold” y la “Platinum”. Comienzan los problemas financieros al punto que llega a la ruina. ¿Manejó apropiadamente sus finanzas? ¿Diría que todos los que le prestaron lo que usted pidió son los culpables de su quiebra? ¿Acusaría a la “Black” de ser la responsable de que esos viajes y esa vida de jolgorio que se dio?

Si la contestación es que no, pues lo mismo aplica cuando alguien le diga a usted que los acreedores, los que nos prestaron dinero, son responsables de lo que hicimos en Puerto Rico con ese dinero prestado. Esa vida ostentosa es la que nos dieron por décadas a base de préstamos y de la filosofía “que resuelva el que venga”.

Los responsables de nuestra deuda somos nosotros, ¡punto! No nos importó que nos prestaran, ni bajo qué condiciones. No nos importó si el dinero que cogimos prestado se estaba usando correcta y eficientemente. Lo que nos importaba es lo de siempre: ¿que hay pa’ mí?, ¿quién me dá más? ¿cuánto hay de aumento? ¿quién es el que me regala el agua y la Internet?

¿De dónde sale el dinero? Eso no nos importó. Los políticos que llegan al Gobierno quieren nuestro voto para ser reelectos y pagarán por eso, cueste lo que cueste. La ironía es que lo pagan con nuestro dinero, empeñando el futuro.

Esa combinación de un pueblo insaciable a la hora de pedir y un Gobierno igual de insaciable a la hora de malgastar para satisfacernos es lo que nos tiene donde estamos. No hubo controles, ajustes y se siguió gastando como si no hubiese señales de que venían tiempos difíciles. A nadie le importó en aquel momento y hoy nos va a tener que importar a la buena o la mala.

Dentro de este difícil proceso, parte de lo que debemos cambiar, como consecuencia de la lección que nos golpea, es la actitud infantil de buscar a quién culpar por todo. Aprendamos a asumir nuestras responsabilidades.

*Alex Delgado, periodista y analista político.

La crisis de Puerto Rico llena el bolsillo de políticos y cabilderos en Estados Unidos. Por Joel Cintrón Arbasetti*

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

El gobierno de Puerto Rico espera que el Congreso de Estados Unidos incluya este viernes el Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras o alguna medida que atienda la crisis fiscal de la isla en su presupuesto de fin de año, luego de cinco vistas sobre la situación económica del país realizadas por comités del Congreso en 2015 y que no han producido ningún resultado.

Simultáneamente, demócratas y republicanos con poder para autorizar o rechazar cualquier medida que atienda la crisis fiscal de la isla se preparan para las elecciones del 2016, y sus comités de campaña reciben donativos políticos de las empresas de fondos mutuos y de fondos de coberturas que poseen deudas del gobierno de Puerto Rico.

En 1984 las corporaciones y las municipalidades de Puerto Rico fueron excluidas del Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras a través de enmiendas. En 2014, tras una demanda de las empresas de fondos mutuos Oppenheimer Fund y Franklin Templeton al gobierno, el Tribunal Federal en Puerto Rico y el Primer Circuito de Boston declararon inconstitucional la “Ley de Quiebra Criolla”, que permitiría a las corporaciones públicas reestructurar su deuda. La semana pasada el Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció que evaluará nuevamente la decisión.

Las firmas de inversión que esperan cobrar de la deuda de $72 mil millones del Estado Libre Asociado y sus corporaciones se han dividido en dos bandos: las que se oponen y las que están a favor de una reestructuración de la deuda o de que se extienda a la isla el Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras. Los demócratas han dicho que apoyan un proyecto de ley, el H.R. 870, introducido en febrero en la Cámara de Representantes por el Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi, y que busca extender a Puerto Rico el Capítulo 9 de Ley Federal de Quiebras. Los republicanos, en su mayoría, se oponen a esta medida.`

Donativos en los pasillos del Senado de Estados Unidos

 

 

Políticos de ambos partidos que integran el Comité de Finanzas del Senado federal, el cual debe evaluar la medida relacionada a la crisis fiscal y económica de Puerto Rico, y que realizó una vista sobre el tema en septiembre de 2015, recibieron $327,250 en donativos de empresas de fondos mutuos y de fondos de cobertura que poseen bonos de Puerto Rico, indagó el Centro de Periodismo Investigativo. Los 14 republicanos que componen la mayoría del Comité de Finanzas del Senado, y 10 de 12 demócratas que forman parte del mismo Comité, recibieron donativos de estas empresas entre marzo de 2014 y octubre de 2015, según documentos de la Comisión Federal de Elecciones (FEC en inglés) revisados.

Por su parte, el Comité de lo Jurídico del Senado federal, que realizó la última vista sobre la crisis del gobierno de Puerto Rico la semana pasada, está compuesto por 11 republicanos y nueve demócratas, de los cuales siete republicanos y siete demócratas recibieron donativos de las firmas de inversión que tiene bonos del gobierno de Puerto Rico durante el mismo periodo. Los donativos políticos fueron realizados a través de los empleados de las firmas de inversión o por medio de Comités de Acción Política (PAC).

El político más beneficiado por los donativos de firmas de inversión con bonos de Puerto Rico ha sido el demócrata Charles “Chuck” Schumer, senador por Nueva York miembro del Comité de Finanzas y de lo Jurídico, quien ha expresado que apoya el Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras para el Estado Libre Asociado. Entre marzo de 2014 y octubre de 2015 recibió $99,150 en donativos de estas empresas.

Algunos de los donantes de Schumer que tienen bonos de Puerto Rico son los fondos de cobertura y los fondos buitre York Capital, Fore Research & Management, Appaloosa Management, Fir Tree Capital, Davidson Kempner, Redwood Capital, Centerbridge Capital, Avenue Capital, Blue Mountain, Apollo Management y D.E. Shaw. Además le han donado abogados de bufetes contratados por diferentes grupos de bonistas de Puerto Rico, como Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, contratado por el grupo ad hoc de bonistas de COFINA, Davis Polk & Wardwell, contratado por el grupo ad hoc de bonistas del Banco Gubernamental de Fomento, y Gibson Dunn, contratado por bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Schumer también tiene donativos de firmas contratadas para cabildear a favor y en contra de que se extienda el Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras a Puerto Rico: Podesta Group, contratada por el gobierno de Puerto Rico para cabildear a favor, y Venable LLP, contratada por firmas de inversión para cabildear en contra. Los fondos mutuos Investment Company Institute, MassMutual Life Insurance y Oppenheimer Fund también le han donado a Schumer. MassMutual y su subsidiaria Oppenheimer Fund, que según Morningstar posee más de 4 mil millones en bonos de Puerto Rico, se oponen a la reestructuración de la deuda.

Además de donar a Schumer, MassMutual y Oppenheimer Fund donaron al republicano Charles Grassley, quien preside el Comité de la Judicatura mientras forma parte del Comité de Finanzas del Senado, y quien se ha opuesto a que se incluya a la isla en el Capítulo 9.

“Hay intereses políticos que le dan a dos lados. Le dan más a un lado que a otro pero se cubren con el otro lado por si acaso o por no calentarse. Ese es el juego de los galleros: yo le apuesto al mío pero apuesto contra el mío por si acaso pierdo. Es cuestión de madurez política, de que no podemos pensar ya que hay gente que está a favor y en contra. Por eso no tengo ningún problema en decir que la quiebra para Puerto Rico es imposible, el dinero está en contra”, dijo Alfonso Giménez Lucchetti, comentarista de temas políticos e internacionales quien ha trabajado con el Partido Demócrata en Estados Unidos.

El pasado mes de julio Schumer presentó en el senado otra pieza legislativa para permitir a la corporaciones públicas y las municipalidades de Puerto Rico acogerse al Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras, un proyecto preparado junto al Demócrata Richard Blumenthal, miembro del Comité de lo Jurídico del Senado. La medida de Schumer consiguió apoyo demócrata pero no de los republicanos. En la última vista sobre el tema de la crisis celebrada en el Comité de lo Jurídico la semana pasada, Schumer pidió al Congreso que atienda la situación financiera de Puerto Rico y dijo que la protección del Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras es una medida necesaria pero no suficiente para resolver la crisis de la isla.

“No me sorprende que Schumer tenga muchos donativos de fondos de inversión porque él es el senador de Nueva York y la mayoría de esos fondos de inversión tienen su base de operación en Nueva York. Y Schumer es el primero que está propulsando el proyecto de Capítulo 9 que yo presenté en la Cámara, y es uno de los coautores en el senado”, reaccionó el Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi, al ser cuestionado sobre la influencia que podrían ejercer los donativos a políticos con jurisdicción sobre el tema de la deuda de Puerto Rico.

 

Bonistas de P.R. llenan los bolsillos a senadores de Estados Unidos

 

La influencia política de los fondos de cobertura

Tradicionalmente los empleados de los fondos de cobertura, entre los que se encuentran los fondos buitre, habían donado a campañas políticas en su carácter individual, pero no fue hasta el año 2007 que esta industria emergió como un sector significativo en el juego político estadounidense. La economista y periodista Monica Vendituoli, observa que el crecimiento de la industria de los fondos de cobertura como grupo político influyente coincidió con el aumento del escrutinio legislativo hacia la industria financiera de la cual son parte.

Los fondos de cobertura habían donado principalmente a las campañas de demócratas hasta el 2010, pero en 2012 los demócratas recibieron solo el 24 por ciento de las contribuciones de la industria de los fondos de cobertura. Los fondos de cobertura gastaron más de $7.1 millones en cabildeo y más de $40 millones en donativos políticos para el ciclo de elecciones de 2012, más del doble de lo que invirtieron en el 2008, según el Center for Responsive Politics.

La mayor preocupación de los fondos de cobertura entre 2010 y 2012 era la implementación de la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Esta ley, firmada por el presidente Barack Obama en julio de 2010, buscaba prevenir otra recesión y crisis económica como la iniciada entre 2007 y 2008 en Estados Unidos, cuando ocurrió el tumulto económico más grande en la historia después de la gran depresión de los años ‘30, según el economista Joseph Stiglitz. Esta crisis se vinculó a la especulación de la industria inmobiliaria, los bancos y las firmas de inversión de Wall Street.

La ley Dodd Frank introdujo cambios significativos al capitalismo financiero. En uno de sus artículos, por primera vez se requiere a los fondos de cobertura que se registren bajo la ley de “asesores de inversión” y aumenta la cantidad de informes requeridos por varias agencias federales a los asesores financieros, entre los se cuentan, a partir de esta ley, a los fondos de cobertura. A cincos años de haberse firmado, algunos sectores dicen que es insuficiente y piden más regulación para el sector financiero, mientras, los republicanos buscan debilitarla en el Congreso, según un editorial de The New York Times.

Súper PAC: campañas políticas, ¿no coordinadas?

Los donativos individuales a comités de candidatos políticos en Estados Unidos no podían exceder los $2,700 por persona. Mientras, las corporaciones y los sindicatos no podían hacer donativos políticos ni gastos relacionados a las elecciones.

Pero desde el 2010, a partir del caso Citizen United vs. FEC, las corporaciones, los sindicatos y los individuos tienen una nueva opción para hacer donativos políticos en Estados Unidos: los Super Pacs. Estos comités se establecen para recaudar una cantidad ilimitada de dinero para campañas que atacan o promocionan candidatos, pero no pueden coordinar estas campañas con los candidatos ni con los partidos que apoyan.

“Por ejemplo, vean el Super Pac de Marco Rubio. No pueden coordinar con Marco Rubio. Los Super Pacs no pueden coordinar con los candidatos que apoyan pero pueden hacer desembolsos independientes ilimitados provenientes de cualquier fuente, como corporaciones, individuos, etcétera”, explicó Will Tucker, periodista de la organización Open Secrets, una base de datos especializada en campañas políticas y donativos.

¿Cómo el político va a saber quiénes le donaron?

“Es una buena pregunta, porque entonces levanta el cuestionamiento de si la campaña en realidad es coordinada o no”, contestó Tucker.

“Citizens United abre paso a la participación de empresas y corporaciones, acentúa el poder de emporios poderosos, quita regulaciones, amplía el monto permitido y a través de eso se violenta el balance entre libertad de expresión y la transparencia”, comentó Marcia Rivera, socióloga y analista política.

60 Plus, Mainstreet Bondholders y Center for Individual Freedom

Otra opción para influir en la política es la creación de organizaciones sin fines de lucro 501c4 que se desempeñan como grupos de presión política. Este tipo de corporaciones registradas bajo la Sección 501 del Código de Rentas Internas (IRS), “frecuentemente pueden utilizar su dinero para influir (políticamente), usando gastos independientes y no tienen que decir cómo recibieron el dinero”, explicó Tucker.

Un ejemplo de este tipo de organización es 60 Plus, la cual creó el proyecto “Mainstreet Bondholders” y en Puerto Rico ha convocado a una coalición de personas con bonos del gobierno. La entidad 60 Plus es una que dice representar a personas mayores y está financiada principalmente por los multimillonarios David y Charles Koch.

A este tipo de organización le está prohibido que su propósito principal sea influir en temas de política partidista, pero no se les requiere revelar quiénes son sus donantes. Mainstreet Bondholders cabildea en Estados Unidos y en Puerto Rico en contra de la reestructuración de la deuda del gobierno y en contra de que se extienda el capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras a la isla. En Puerto Rico han invertido decenas de miles de dólares en pautas mediáticas en radio, periódicos impresos y en internet en contra de la Ley Federal de Quiebras y de las posturas de la administración actual.

El CPI preguntó a Matthew Kandrach, vicepresidente de 60 Plus, quien estuvo en Puerto Rico, quiénes son los donantes de su organización y cuánto han invertido en pautas mediáticas relacionadas al tema de la deuda de Puerto Rico. Kandrach rehusó a revelar la información.

En 2014, la organization Citizens for Responsibility and Ethics presentó una querella en contra de 60 Plus y su presidente Amy Noone Frederick al Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés), por violar la ley federal al no revelar $11 millones que el grupo gastó en actividades políticas en 2010 y 2012.

En informes firmados por Frederick, 60 Plus informó a la FEC que gastó $6,719,111 en “gastos independientes” para campañas políticas en 2010, y otros $4,615,957 en 2012. La mayoría de esos fondos se usaron en la producción y transmisión de anuncios de televisión apoyando la candidatura del republicano Mitt Romney a la presidencia y otros en contra de demócratas candidatos al Congreso. Pero a pesar del informe en FEC y los contenidos del anuncio, el grupo no informó esos gastos al IRS. Jordán Libowitz, director de comunicación de Citizens for Responsibility and Ethics, explicó al CPI a aún no se conoce el resultado de la investigación del IRS contra 60 plus.

Otra organización sin fines de lucro 501(c4) que tiene campaña en contra del Capítulo 9 para Puerto Rico es Center for Individual Freedom, una agrupación conservadora que en 2012 reservó 1.9 millones para gastos en campañas mediáticas en contra de políticos demócratas. Este año, el Center for Individual Freedom ha gastado $26,000 en cabildeo en el Congreso, incluyendo su oposición al Capítulo 9.

“Mínimo debería haber un requisito en ley de que los donantes se tienen que identificar. Yo pienso que como parte de la democracia, el pueblo, la prensa, debe tener acceso a los nombres, las direcciones de los donantes y si son corporaciones saber qué corporaciones están donando y si son individuos de igual manera. Estoy a favor de que haya más transparencia en el proceso electoral y de donativos”, dijo Pierluisi en entrevista con el CPI.

“En Estados Unidos se pasaron medidas que dan el poder a quienes tenían que ser fiscalizados. (Con el caso de Citizens United) se ha abierto una especie de mercado electoral. Quien aporta lo hace a cambio de alguna expectativa. Se hace una análisis de futuro, como en las finanzas; eso se ha naturalizado”, opinó Rivera.

“Quien más dinero tiene, quien más dinero aporte a la campaña, más consigue. Hablar de democracia americana es una falsedad, un mito. Yo aporto un millón de dólares a la campaña de un senador. Obviamente, ¿que intereses tiene ese senador en mente? Los míos. Y vemos que cada vez pasa más, más multimillonarios aportan a la campaña y esos multimillonarios tienen una alta facilidad de no tan solo elegir sino mantener gente en el Congreso y en el Senado. Es un país donde menos del 50% de la población participa (del proceso eleccionario), para participar necesitas dinero, necesitas dinero para ganar y ellos responden a quien le pagó la campaña”, añadió Giménez Lucchetti.

En Estados Unidos, una nación de más de 320 millones de habitantes, sólo 158 familias y las compañías que poseen han donado casi la mitad del dinero que ha entrado a la Casa Blanca, $176 millones solo en la primera fase del ciclo eleccionario de 2016, según el New York Times.

“Están empezando, todavía estamos en primaria. Están calentando”, comentó Giménez Lucchetti.

¿Cada cuánto tiempo los políticos verifican las listas de donativos para ver quién y cuánto dinero han donado a sus campañas políticas?, preguntó el CPI a Lucchetti.

“Eso es como un tecato: ellos saben quién le da y quién no le da. Ellos saben quién le da continuamente. Hay tantos intereses tratando de influenciar la política pública que a veces hay intereses a favor y en contra de una medida, y ambos intereses son igualmente poderosos o ambos intereses han tenido un peso o cierta influencia en el candidato o en el partido”, contestó Lucchetti, quien considera que las vistas del Congreso se han convertido en un procedimiento “proforma”.

“En teoría, tú escuchas a las partes y los tomas en consideración. Desafortunadamente hace algún tiempo atrás las vistas públicas dejaron de ser el ejercicio de escuchar a las partes y tomar en consideración, sino que ha sido algo proforma, que conste para récord de que escuchamos a las partes”, dijo Giménez Lucchetti.

El Comisionado Residente acepta que “la razón de ser de estas vistas es que tienen que atender el tema, o lo mínimo tienen que escuchar. No tienen alternativa, porque el tema de Puerto Rico ha generado tanta prensa, en Washington, en Nueva York, en Europa, que no pueden ignorarlo… lo mínimo que tienen que hacer (los miembros del Congreso) es ‘versarse’, informarse”, dijo Pierluisi.

“Las vistas yo creo que son bastante proforma. Que haya habido tres vistas no representa que haya ningún interés por Puerto Rico, al menos de forma estructurada, de meterse en este lío”, comentó Marcia Rivera.

El cabildeo por el “Chapter 9”

 

El cabildeo por las dos medidas que se han sometido en el Congreso para extender a Puerto Rico el Capítulo 9 suma más de de $1,377,800 en contra y $1,010,000 a favor en los tres trimestres que van de 2015. Estas cantidades podrían ser mayores, ya que en algunos casos, en los informes de cabildeo de la Cámara y el Senado federal se incluyen varios proyectos bajo un mismo presupuesto, y no se especifica qué cantidad fue a cada proyecto en particular.

Los esfuerzos del gobierno a favor de la medida se canalizan a través de las firmas Podesta Group, Smith Dawson & Andrews, The Roth Group y Primer Policy. En total, el Estado Libre Asociado ha desembolsado $300,000 en 2015, un total que incluye esfuerzos de cabildeo para otros asuntos que no están relacionados al Capítulo 9. Otro jugador que cabildea a favor del Capítulo 9 es Empresas Fonalledas. En los tres cuatrienios que van de 2015 ha gastado $490,000 en cabildeo a favor de esta medida a través de las firmas East Por LLC y Akin Gump.

Los fondos buitre Blue Mountain, Knighthead, Marathon Asset, Angelo Gordon & Co. han cabildeado en contra junto a la aseguradora Ambac Financial Group, el Center for Individual Freedom y National Public Finance Guarantee Corp.

“En los cabilderos la ideología ha pasado a otro plano y se han impuesto los intereses de los cabilderos y sus negocios. No es tanto el peso de la visión ideológica, sino estar seguros de que gane uno u otro”, opinó Rivera.

“El cabildeo es una industria que vive de esos intereses. Si tú te opones yo cabildeo en contra. Yo sé que ustedes van a ganar, pero yo gano dinero cabildeando en contra tuyo. Es capitalismo salvaje. El cabildear en contra de algo que es imposible derrotar es parte del negocio. Los cabilderos saben pero dan esperanza de que te podemos hacer ganar aunque saben que no. Ese es el juego de la -entre comillas- democracia norteamericana”, comentó Giménez Lucchetti.

¿Pero tiene influencia esa estrategia en los políticos?

“Muy poca. Cuando están claros a favor de una parte, pues no”, concluyó Giménez Lucchetti.

*Periodista. Centro de Periodismo Investigativo

Claridad

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