El Tribunal Constitucional, en una audiencia efectuada hoy, declaró admisible el recurso presentado por 31 parlamentarios de oposición para impugnar el mecanismo con el que el Gobierno quiere comenzar con la gratuidad en Educación Superior a partir de 2016. Se trata de una glosa incluida en el presupuesto para el próximo año, que beneficiará a 200 mil estudiantes del segmento más vulnerable.

El recurso presentado considera este mecanismo “discriminatorio” y añade además la incompatibilidad de entregar financiamiento para una política pública a través de una glosa y no de una ley especial, que recién comenzará a discutirse en las próximas semanas.

Esta admisibilidad implica una agenda de audiencias y no que el recurso se haya aprobado en el fondo. De esta manera, el próximo 7 de diciembre las instituciones que tengan intereses en este tema deberán presentar sus razones por escrito. Luego, el 10 de diciembre, serán los alegatos de los intervinientes y la sentencia final deberá pronunciarse a más tardar el 23 de diciembre.

Paralelamente, el Gobierno hasta el momento descartó impulsar una “ley corta” para sacar adelante la promesa de campaña en caso de que el Tribunal Constitucional finalmente se pronuncie en contra.

El Mostrador

Burgos y recurso por gratuidad ante el TC: “Muchas veces las leyes tienen que discriminar”

Ad portas de que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto del requerimiento presentado por la oposición por la glosa de gratuidad, el ministro del Interior, Jorge Burgos, explicó que la decisión del Ejecutivo se debió a los recursos disponibles y afirmó que “debiera ser un fallo negativo”.

“Si la causa es un alegato más de fondo de que se produce una discriminación arbitraria, creo que muchas veces las leyes tienen que discriminar, es imposible que las leyes no discriminen frente a distintas situaciones o grupos”, detalló el ministro en conversación con Tele 13 Radio.

“Y  no creo que se dé el carácter arbitrario, porque es una decisión que está vinculada a la cantidad de montos que hay disponibles para esta etapa de la gratuidad, y los cuales se distribuyen en determinado tipo de universidades”, añadió Burgos.

Por otro lado, sostuvo que “creo que debiera ser un fallo negativo a los recurrentes, porque la causa de pedir es una causa en que hay precedentes en el TC que establece que es perfectamente posible glosas de esta naturaleza en la ley de presupuesto”.

“En consecuencia yo creo que si una de las causas de pedir es que esta ley de presupuesto no sirve para el efecto, creo que la historia de las leyes de presupuesto desde el 90 en adelante muestras muchas situaciones similares que no han sido reprochadas por el TC”, dijo el titular del Interior.

De ser declarado admisible el recurso por parte del Tribunal, Burgos indicó que “se ha establecido planes B, todos jurídicamente amparados, destinados a que no se produzca un efecto lamentable que es que no pudiera iniciarse un proceso de gratuidad en sectores con menos recursos”.

La Tercera

FEUC: “La responsabilidad de que el TC pueda echar abajo la gratuidad es del gobierno”

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), Daniel Gedda, aseguró que va ser responsabilidad del gobierno una posible impugnación por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la glosa presupuestaria de la gratuidad.

“Que Chile Vamos crea que el TC es la única manera para echar abajo la gratuidad demuestra que fueron incapaces de dar la disputa política por sus ideas, y también refleja una forma mezquina de hacer política utilizando todos los resquicios posibles para bajar la gratuidad”, sostuvo el dirigente a Emol.

Agregando que “hay que entender que la responsabilidad de que el TC pueda echar abajo la gratuidad es del Gobierno: intentar meter la gratuidad a través de una glosa, algo que criticaron casi todos los sectores, significó también hacerlo de forma irresponsable, con falencias, con diferencias de criterio, que es lo que hoy dio paso a que la derecha pudiera hacer este recursos”.

“La principal responsabilidad de que Chile Vamos tenga la opción de hacer esto es de un Gobierno que improvisó con la gratuidad y fue irresponsable también al plantearla. Si hoy le permite al TC echarla abajo, también responde a una Nueva Mayoría que como sector no fue capaz de ponerse de acuerdo y funcionar”, hizo hincapié el timonel de la FEUC.

Asimismo, criticó a las autoridades por no considerar a los actores sociales: “Hay una incapacidad también de decidir con quiénes trabajan esta reforma, hoy hay actores sociales (…) podríamos estar pensando en una gratuidad distinta”.

“La lección que nos deja ésta glosa fue que hay un sector que fue incapaz de ponerse de acuerdo y de dialogar con los movimientos sociales. Ojalá que lo que no nos deje este proceso es que la reforma a la educación superior sea similar”, concluyó.

El Mostrador

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

La maldita primavera. Por Isabel Plá*

Los 21 meses de mandato de Michelle Bachelet han sido un continuo de malas reformas, marcadas por la consigna y la improvisación; ostensibles señales de retroceso para Chile, conflictos, ineptitud, etc. Pero nunca como en estas últimas semanas el gobierno y la izquierda se han mostrado en todo su esplendor: escandalosamente ideologizados, sin pudor por el doble estándar y muy poco talentosos para administrar los recursos públicos, producto no de las buenas ideas de los asesores del Ministerio de Hacienda, sino del esfuerzo y constancia de millones de contribuyentes.

Vamos con tres escenas de esta extraña primavera.

La consigna de la gratuidad. Más que una política de justicia, que garantice el acceso y la permanencia en la educación superior a los jóvenes vulnerables y de clase media, los propósitos del gobierno son otros. Si el año pasado la reforma educacional no buscaba garantizar calidad, sino ahorcar a los colegios particulares subvencionados, el turno ahora es para las universidades privadas, los institutos profesionales y los centros de formación técnica (CFT).

El objetivo es terminar con el sistema de becas, que pasó a la lista de malas palabras (“lucro”, “privado”, “subsidiario”, “consenso” y “acuerdo”), reemplazándolo por la gratuidad. Cuál es la diferencia, se preguntará usted, si en el fondo cumplen la misma finalidad: permitir que el alumno estudie una carrera en la educación superior e impedir que la falta de recursos ponga una lápida a sus legítimas aspiraciones de progreso. La beca se entrega al alumno, de acuerdo a su mérito académico y vulnerabilidad y es él quien decide en qué institución se va a matricular (instituciones, desde luego, acreditadas). La gratuidad, en cambio, no exige mérito académico y los recursos se entregan a las instituciones, excluyéndose a prácticamente todas las privadas, institutos profesionales y CFT.

Cuando se terminan las becas, se terminan dos resabios neoliberales que la izquierda detesta: el especio de elección del alumno y la promoción del mérito. Y, a cambio, se inicia la era de la gratuidad, cuya tutela se entrega exclusivamente a las universidades públicas (algunos mal hablados insinúan la intensión de un sector por recuperar la influencia en la formación de generaciones de profesionales, algo cercano al “lavado de cerebro”, una expresión que me aterra porque se asemeja a las películas de terror, prefiero asilarme en mi ingenuidad de provinciana, de la que me siento sumamente orgullosa).

*Isabel Plá, @isabelpla, Fundación Avanza Chile.

El Líbero

Gratuidad y Conicyt: fin de una ilusión. Por Alejandro Jadresic*

La aprobación de las glosas presupuestarias sobre gratuidad y financiamiento de Conicyt ilustra los problemas de la reforma de la educación superior. El programa presidencial prometió que los estudiantes del 70% más vulnerable de la población accederían a la gratuidad en el presente gobierno y en seis años alcanzarían la gratuidad universal. Para ello las instituciones de educación superior debían cumplir una serie de requisitos, incluyendo no tener fines de lucro y fijar los aranceles que periódicamente determinaría un grupo de expertos. Respecto de la investigación, el programa fue menos preciso, pero igualmente ambicioso. Planteó un fuerte incremento en el fomento a la ciencia, incentivos para que la innovación se oriente a los objetivos del desarrollo nacional y una institucionalidad fuerte con una Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El programa reconoció que requería un fuerte incremento del gasto público y propuso una reforma tributaria destinada principalmente a financiar los gastos asociados no sólo a la educación superior, sino también a la escolar y parvularia. La reforma tributaria ya se concretó y dejó en claro que será una fuente limitada de recursos, pues los impuestos afectan el crecimiento. Una proporción importante ya se comprometió en fines diversos, incluyendo el fin al copago en la educación escolar, el subsidio al Transantiago, la construcción de hospitales, los estudios para una nueva Constitución o los bonos de los funcionarios del Registro Civil.

Velando por las arcas fiscales, Hacienda apretó la mano. La gratuidad se limitó el próximo año a menos de la mitad de los jóvenes de los cinco primeros deciles, quienes estudian en universidades del Cruch y unas pocas entidades privadas elegidas a dedo. Aunque el beneficio se ha restringido a menos del 20% de la masa estudiantil, aún lejos de la meta presidencial, el esfuerzo fiscal es sustantivo. Requirió quitar la mitad de los fondos del AFI a las universidades privadas, aprobar un aumento menor del presupuesto de Conicyt -no obstante la movilización de los científicos- y postergar cualquier discusión sobre la reforma de la institucionalidad.

La tramitación del Presupuesto dejó en claro que la política de gratuidad obliga a renunciar a otros objetivos, como es el aumento de fondos para la investigación científica. También, que la futura fijación de aranceles limitará los recursos para investigación que hoy provienen del sector privado, pues en importante medida ella se financia con ingresos que las universidades recaudan por aranceles. Inevitablemente la gratuidad implicará menores recursos para la investigación o, en su defecto, y como variable de ajuste, un deterioro en la calidad de la enseñanza.

¿Cuál es la conclusión para la comunidad científica? Que una política de gratuidad universal restará recursos a la investigación y postergará el objetivo de una institucionalidad fuerte. Asimismo, que la dependencia estatal reducirá la autonomía académica, restringiendo la investigación a los objetivos de desarrollo nacional que establezca el gobierno de turno. Fatalmente la ilusión de los recursos ilimitados para una educación superior y ciencia de calidad se ha esfumado.

*Decano Facultad de Ingeniería y Ciencias Universidad Adolfo Ibáñez.

Voces La Tercera